{"id":10284,"date":"2016-08-15T15:10:49","date_gmt":"2016-08-15T15:10:49","guid":{"rendered":"http:\/\/www.debateplural.com\/?p=10284"},"modified":"2016-08-15T15:10:49","modified_gmt":"2016-08-15T15:10:49","slug":"la-denuncia-ante-la-cidh-por-los-derechos-violados-de-dilma","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/debateplural.net\/site\/2016\/08\/15\/la-denuncia-ante-la-cidh-por-los-derechos-violados-de-dilma\/","title":{"rendered":"La denuncia ante la CIDH por los derechos violados de Dilma"},"content":{"rendered":"
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Martin Granovsky (teleSur, 14\/8\/2016)<\/strong><\/div>\n

La Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH con sede en Washington, tiene en sus manos el caso m\u00e1s delicado de su historia: debe resolver si acepta que el derecho al debido proceso fue violado en el caso de Dilma Rousseff<\/a>. Es lo que sostiene una petici\u00f3n de cinco parlamentarios brasile\u00f1os que la CIDH ya tiene en sus manos. Si entiende que los derechos de Dilma no fueron respetados la CIDH deber\u00eda pedir su restituci\u00f3n en el cargo de presidenta de Brasil<\/a> y la suspensi\u00f3n del juicio pol\u00edtico. Para que una medida as\u00ed tenga sentido real la CIDH deber\u00eda que tomar una decisi\u00f3n r\u00e1pida. La consumaci\u00f3n del delito contra Dilma es inminente y es p\u00fablico. Lo cometer\u00e1 el Senado a lo sumo el 2 de septiembre, si es que de aqu\u00ed a esa fecha, como todo indica, la sacar\u00e1 definitivamente de la Presidencia.<\/p>\n

\u00a0La petici\u00f3n est\u00e1 firmada por los diputados nacionales Wadih Nemer Damous Filho, Luiz Paulo Teixeira Ferreira y Paulo Pimenta y por el senador nacional Telm\u00e1rio Mota de Oliveira. Tiene el patrocinio de tres abogados brasile\u00f1os, Camila Gomes, Angelo Ferraro y Nadine Borges. Y firma un abogado argentino que, convocado por el equipo de Dilma Rousseff, viaj\u00f3 especialmente a Brasilia esta semana para la elaboraci\u00f3n del escrito: Dami\u00e1n Loreti, uno de los mayores expertos del continente en las garant\u00edas y los mecanismos que ofrece el sistema interamericano de derechos humanos.<\/p>\n

El grupo de parlamentarios pertenece al Partido de los Trabajadores de Luiz In\u00e1cio Lula da Silva<\/a> y la propia Dilma. En el reclamo a la CIDH ellos cuatro se presentan como \u201cv\u00edctimas\u201d. La quinta v\u00edctima es la presidenta que fue desplazada de la Presidencia y afronta el proceso de impeachment que, si la CIDH no act\u00faa r\u00e1pido, podr\u00eda terminar con su desplazamiento definitivo de una mandataria elegida por el 54 por ciento de los votos hace menos de dos a\u00f1os, en octubre de 2014.<\/p>\n

La CIDH act\u00faa en el marco de la Organizaci\u00f3n de los Estados Americanos pero es aut\u00f3noma. Con sede en Washington, est\u00e1 integrada por siete miembros: James Cavallaro (presidente), Jos\u00e9 de Jes\u00fas Orozco Henr\u00edquez, Paulo Vannuchi, Margarette May Macaulay, Esmeralda Arosemena, Francisco Eguiguren y Enrique Gil Botero.<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0 Igual que Paraguay<\/strong><\/p>\n

Aunque la petici\u00f3n ante la CIDH no habla de golpe\u00a0 –ni blanco, ni parlamentario, ni blando ni de ning\u00fan tipo–\u00a0 de la lectura de las 98 p\u00e1ginas del texto se desprende que las fuerzas que iniciaron el derrocamiento de Dilma violaron su derecho a defensa del mismo modo en le sucedi\u00f3 hace cuatro a\u00f1os en Paraguay a Fernando Lugo. Solo que en el caso brasile\u00f1o los plazos fueron m\u00e1s largos que las 48 horas utilizadas para el golpe expr\u00e9s en Paraguay.<\/p>\n

Seg\u00fan el documento, la C\u00e1mara de Diputados vulner\u00f3 garant\u00edas cuando ignor\u00f3 recursos presentados por parlamentarios del PT. De esta forma qued\u00f3 el camino libre hacia \u201cun rito sumar\u00edsimo para la realizaci\u00f3n del proceso de impeachment sin garant\u00edas del debido proceso legal\u201d. El entonces presidente de la c\u00e1mara baja y promotor de la conspiraci\u00f3n, Eduardo Cunha, fue obteniendo ventajas que ampliaron su poder y lo convirtieron en el art\u00edfice del golpe.<\/p>\n

Una de las rarezas que ayudaron a Cunha: el 7 de octubre de 2015, por primera vez desde 1937 el Tribunal de Cuentas rechaz\u00f3 la administraci\u00f3n contable de Dilma correspondiente a 2014.<\/p>\n

Fue en ese clima adverso que los partidos de oposici\u00f3n de siempre, como el PSDB, y los que pasaron a la oposici\u00f3n en 2015 como el PMDB, presentaron una denuncia nueva por un supuesto delito de responsabilidad fiscal. Cunha sugiri\u00f3 que ser\u00eda bueno actualizar la denuncia sobre el manejo de las cuentas p\u00fablicas. La oposici\u00f3n lo hizo. La nueva denuncia dec\u00eda que las presuntas irregularidades hab\u00edan ocurrido tambi\u00e9n en 2015, es decir en el primer a\u00f1o del segundo mandato de Dilma. Entretanto aparec\u00edan nuevos indicios sobre la existencia de cuentas secretas de Cunha por sobornos dentro de la Operaci\u00f3n Lava Jato. Cunha se apur\u00f3 y, ante una inminente presentaci\u00f3n en contra suya por parte del tribunal de \u00e9tica de la C\u00e1mara de Diputados, maniobr\u00f3 hasta que el tr\u00e1mite para el impeachment fue aceptado.<\/p>\n

\u00a0La Abogac\u00eda General de la Uni\u00f3n, equivalente de la Procuraci\u00f3n del Tesoro de la Argentina, es decir la jefatura de los abogados del Estado, impugn\u00f3 el procedimiento de los diputados y pidi\u00f3 nulidades. El Superior Tribunal Federal (Corte Suprema) no las acept\u00f3. Luego suceder\u00eda lo mismo en el Senado: impugnaci\u00f3n y rechazo. En otros momentos del proceso el Senado no acept\u00f3 el pedido de una auditor\u00eda a cargo de un organismo internacional independiente. Tambi\u00e9n redujo el plazo de alegatos finales de 15 d\u00edas a cinco, redujo los elementos de prueba que pod\u00edan ser analizados y despreci\u00f3 la realizaci\u00f3n de m\u00e1s pericias independientes.<\/p>\n

El cap\u00edtulo 4 de la petici\u00f3n detalla cu\u00e1les fueron las violaciones a la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos.<\/p>\n

La denuncia sostiene que Dilma fue discriminada. El Tribunal de Cuentas le aplic\u00f3 un criterio que jam\u00e1s hab\u00eda utilizado antes y que tampoco utilizar\u00eda contra Michel Temer, vice de Dilma y actual presidente interino.<\/p>\n

Juicio sin juicio<\/strong><\/p>\n

Otro art\u00edculo violado habr\u00eda sido el 8, sobre garant\u00edas judiciales. El problema previo ser\u00eda c\u00f3mo controlar el cumplimiento del debido proceso en un juicio pol\u00edtico, o sea un juicio fuera del marco judicial. Seg\u00fan el documento de las v\u00edctimas, el discurso de la intangibilidad del impeachment \u201cfren\u00f3 la apreciaci\u00f3n de diversas medidas judiciales de urgencia\u201d. Esas medidas est\u00e1n relacionadas con asuntos como el abuso de poder de Cunha y \u201cviolaciones al derecho de defensa\u201d por l\u00edmites a testimonios y peritos. Tanto el tr\u00e1mite en las dos c\u00e1maras como le negativa del Poder Judicial de controlar judicialmente el respeto a las garant\u00edas judiciales\u00a0 (bajo la excusa de no interferir en un juicio de naturaleza pol\u00edtica) se contradicen con los preceptos de la Convenci\u00f3n Americana y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si el Senado es la c\u00e1mara encargada de juzgar, \u201cla sesi\u00f3n de juzgamiento por parte del Senado solamente ser\u00e1 v\u00e1lida una vez verificada la observancia de las garant\u00edas del debido proceso\u201d.<\/p>\n

\u201cLa regla de la mayor\u00eda no constituye la fuente \u00fanica y aislada de legitimidad de una decisi\u00f3n o acto, debiendo \u00e9stos inevitablemente estar en conformidad con los derechos humanos\u201d, dice el documento. Y como no puede haber una decisi\u00f3n sin control, aun proveniente de una mayor\u00eda, no existe una figura de juicio pol\u00edtico sin garant\u00edas procesales m\u00ednimas y el derecho al debido proceso. Conclusi\u00f3n: \u201cSin proceso justo no hay ejercicio de poder sancionatorio sino ejercicio arbitrario del poder del Estado\u201d.<\/p>\n

Hay un antecedente en el an\u00e1lisis del caso peruano por parte de la Corte Interamericana, en el 2001. \u201cEn un Estado de Derecho el juicio pol\u00edtico es una forma de control que ejerce el Poder Legislativo con respecto a los funcionarios superiores tanto del Poder Ejecutivo como de otros \u00f3rganos estatales\u201d, dijo entonces la Corte. Y a\u00f1adi\u00f3: \u201cToda persona sujeta a juicio de cualquier naturaleza ante un \u00f3rgano del Estado deber\u00e1 contar con la garant\u00eda de que dicho \u00f3rgano sea competente, independiente e imparcial y act\u00fae en los t\u00e9rminos del procedimiento legalmente previsto para el conocimiento y la resoluci\u00f3n del caso que se el somete\u201d.<\/p>\n

Otra violaci\u00f3n habr\u00eda sido la de la garant\u00eda de contar con un juez imparcial y de que no haya presiones externas. Esa garant\u00eda habr\u00eda sido pulverizada por el prejuzgamiento y el voto org\u00e1nico por bancada en Diputados. En un impeachment los parlamentarios deben actuar como jueces, no como partes. La Corte Suprema se neg\u00f3 a ejercer el control sobre las garant\u00edas violadas.<\/p>\n

Cunha tambi\u00e9n habr\u00eda incurrido en falta de exposici\u00f3n de motivos y en abuso de poder, por el car\u00e1cter vengativo de su decisi\u00f3n. El mismo problema de falta de motivos caracteriz\u00f3 a la votaci\u00f3n de admisibilidad del impeachment en Diputados, el 17 de abril, por 367 votos contra 137. \u201cFueron proferidos votos por los m\u00e1s variados motivos de orden personal (familiares, amigos, etc\u00e9tera), religioso, por categor\u00edas profesionales y equipos de f\u00fatbol, sin menci\u00f3n al objetivo de denuncia\u201d, dice el documento al alegar que hubo \u201cuna flagrante y absoluta desconexi\u00f3n\u201d entre motivos y objeto. En el Senado pas\u00f3 lo mismo. \u201cLa decisi\u00f3n que tom\u00e9 tiene en cuenta apenas la cr\u00edtica pol\u00edtica que le manifest\u00e9 personalmente a la propia Presidenta\u201d, dijo el senador Roberto Rocha del Bloque Socialismo y Democracia.<\/p>\n

Las v\u00edctimas no habr\u00edan podido ejercer plenamente su derecho a defensa por el prejuzgamiento y por la limitaci\u00f3n de testimonios y de tiempo, lo cual significa \u201cvedar el acceso a todos los elementos probatorios\u201d. Su abogado, adem\u00e1s, fue censurado al ejercer la defensa, por ejemplo cuando utiliz\u00f3 la palabra \u201cgolpe\u201d. A Dilma le ocurri\u00f3 lo mismo, nada menos que por presi\u00f3n de la Corte Suprema.<\/p>\n

Sin reglas<\/strong><\/p>\n

Encima Rousseff fue llevada a responder a un procedimiento de impeachment basada en el cambio de criterios del Tribunal de Cuentas. \u201cEl dictado de decretos de cr\u00e9dito suplementario siempre fue practicado en ejercicios anterior, por la propia v\u00edctima y por otros presidentes, sin que fuese considerada irregular por el Tribunal de Cuentas\u201d, dice la petici\u00f3n. En ese tablero, pas\u00f3 a estar prohibido para Dilma lo que antes estaba permitido para cualquiera. Un cambio f\u00e1ctico de reglas legales. Adi\u00f3s leg\u00edtima expectativa de certeza.<\/p>\n

De acuerdo con la petici\u00f3n de las v\u00edctimas, se agotaron todos los recursos internos dentro de Brasil para ejercer la protesta jur\u00eddica y qued\u00f3 abierta la instancia de protecci\u00f3n jur\u00eddica interamericana.<\/p>\n

En 2013 la CIDH acept\u00f3 el pedido de Gustavo Petro y reclam\u00f3 al Estado colombiano que no interrumpiera el mandato del intendente de Bogot\u00e1. Petro fue apartado por el presidente Juan Manuel Santos y finalmente restituido. El 31 de diciembre pasado complet\u00f3 su mandato. En el medio, parad\u00f3jicamente, garantiz\u00f3 la reelecci\u00f3n de Santos por un acuerdo program\u00e1tico del presidente y los sectores del centroizquierda con eje en las negociaciones de paz.<\/p>\n

Como Dilma\u00a0 –\u201ccasi con certeza, podemos decir\u201d–\u00a0 ser\u00e1 destituida e inhabilitada mediante una violaci\u00f3n flagrante de sus derechos humanos y pol\u00edticos de manera inminente, cuadra la aplicaci\u00f3n de una medida cautelar \u201cpor gravedad y urgencia\u201d ante el riesgo de \u201cun da\u00f1o irreparable\u201d.<\/p>\n

El supuesto delito de responsabilidad de la \u201cpedalada fiscal\u201d (la bicicleteada) ni siquiera fue considerado un crimen por el Ministerio P\u00fablico Federal en la investigaci\u00f3n penal. Seg\u00fan los fiscales la intenci\u00f3n de la ley de responsabilidad fiscal no era paralizar las cuentas p\u00fablicas, y por eso no consideraba cualquier obligaci\u00f3n financiera del Estado nacional como si fuera un cr\u00e9dito desembolsable solo con autorizaci\u00f3n legal. O el tipo de relaci\u00f3n financiera entre el Estado y la banca p\u00fablica fue siempre un delito o no lo fue nunca, argumentaron los fiscales. No hay conductas tipificadas como delito. Entonces no es necesario un castigo. Y, seg\u00fan la petici\u00f3n, corresponde restituirle la presidencia a Dilma o al menos suspender el impeachment hasta que la CIDH pueda revisar el proceso completo.<\/p>\n

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