{"id":27173,"date":"2018-08-27T10:43:14","date_gmt":"2018-08-27T14:43:14","guid":{"rendered":"http:\/\/debateplural.com\/?p=27173"},"modified":"2018-08-27T10:43:14","modified_gmt":"2018-08-27T14:43:14","slug":"el-lawfare-guerra-juridica-contra-la-democracia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/debateplural.net\/site\/2018\/08\/27\/el-lawfare-guerra-juridica-contra-la-democracia\/","title":{"rendered":"El 'lawfare': guerra jur\u00eddica contra la democracia"},"content":{"rendered":"
Enrique Santiago Romero<\/a><\/span>\u00a0(teleSur, 22-8-18)<\/div>\n
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El 'lawfare' se muestra ahora con toda intensidad. Su planificaci\u00f3n comenz\u00f3 hace a\u00f1os mientras la izquierda en Am\u00e9rica Latina pon\u00eda en marcha sistemas democr\u00e1ticos m\u00e1s participativos e igualitarios que eran apoyados mayoritariamente.<\/div>\n
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El 1 de septiembre de 2016 el Senado de Brasil destituy\u00f3 a Dilma Rousseff de la presidencia del pa\u00eds en un \u201cjuicio pol\u00edtico\u201d en el que result\u00f3 condenada por supuestamente haber manipulado el presupuesto p\u00fablico.<\/p>\n

Entre el 2 de noviembre de 2017 y el 6 de marzo de 2018, la expresidenta argentina Cristina Kirchner recibi\u00f3 tres procesamientos judiciales, dos por presuntos delitos de corrupci\u00f3n y uno por interferir presuntamente en la investigaci\u00f3n del atentado de la AMIA, ocurrido en Buenos Aires en el a\u00f1o 1994.<\/p>\n

El 24 de enero de 2018 el Tribunal Supremo de Brasil ratifica la sentencia contra el que fuera presidente del pa\u00eds y actual candidato mejor situado en las encuestas para las pr\u00f3ximas elecciones presidenciales, Lula da Silva, condenado a 12 a\u00f1os de prisi\u00f3n por corrupci\u00f3n. Acaba en prisi\u00f3n en abril de 2018 y resulta inhabilitado para la reelecci\u00f3n presidencial.<\/p>\n

El 9 de abril 2018 la Fiscal\u00eda de Colombia ejecuta una orden de captura con fines de extradici\u00f3n de los EE.UU. contra el diputado electo del partido FARC y responsable de la implementaci\u00f3n del Acuerdo de Paz Jes\u00fas Santrich, por un supuesto delito de conspiraci\u00f3n para exportar coca\u00edna a los EE.UU.. Desde entonces permanece en prisi\u00f3n, apartado de la implementaci\u00f3n del acuerdo de paz y sin haber podido tomar posesi\u00f3n de su esca\u00f1o en la C\u00e1mara Legislativa a pesar de no existir acusaci\u00f3n alguna contra \u00e9l en Colombia.<\/p>\n

El 3 de julio de 2018 se dicta por un tribunal de Ecuador una orden de prisi\u00f3n y captura internacional contra el ex presidente Rafael Correa. Previamente, el 14 de diciembre de 2017, era condenado a seis a\u00f1os de prisi\u00f3n el vicepresidente Jorge Glas, acusado de corrupci\u00f3n. Y el 17 de junio de 2018 era capturado en Madrid, por solicitud de Ecuador, Pablo Romero, quien fuera parte del equipo de Gobierno de Rafael Correa.<\/p>\n

\u201cLa legitimidad otorgada al proceso de judicializaci\u00f3n de la pol\u00edtica emana del consenso sobre la 'corrupci\u00f3n' como problema fundamental de Am\u00e9rica Latina\u201d. Esta premisa cargada de raz\u00f3n formal fue manifestada por instituciones financieras internacionales y agencias del Gobierno estadounidense promotoras del Ajuste Estructural del Estado en la d\u00e9cada de los a\u00f1os 90. Viene siendo utilizada para atacar gobiernos, fuerzas pol\u00edticas y l\u00edderes de izquierdas de Am\u00e9rica Latina que se oponen a los ajustes neoliberales dictados por el FMI, afirmando que los \u201cpopulismos de izquierda\u201d presentan un problema de corrupci\u00f3n estructural, omitiendo que la corrupci\u00f3n \u00a0es intr\u00ednseca al neoliberalismo y a las pol\u00edticas de ajuste y austeridad. Contra todos los que han puesto en marcha con \u00e9xito alternativas a las pol\u00edticas neoliberales se ha utilizado el 'lawfare', la \u201cguerra jur\u00eddica asim\u00e9trica\u201d, que ha sustituido la doctrina de la Seguridad Nacional -guerra contra insurgente- que se impart\u00eda desde las Escuelas de las Am\u00e9ricas. Ahora son judiciales las escuelas desde las que el Norte expande su estrategia para acabar con los gobiernos de izquierdas inhabilitando pol\u00edticamente a los l\u00edderes que pretenden rescatar la soberan\u00eda nacional de sus pueblos.<\/p>\n

Guerra jur\u00eddica o 'lawfare' es una palabra inglesa correspondiente a una contracci\u00f3n gramatical de las palabras \"ley\" (Law) y \"guerra\" (warfare), que describe una forma de guerra asim\u00e9trica. Una \"guerra jur\u00eddica\" que se despliega a trav\u00e9s del uso ileg\u00edtimo del derecho interno o internacional con la intenci\u00f3n de da\u00f1ar al oponente, consiguiendo as\u00ed la victoria en un campo de batalla de relaciones pol\u00edticas p\u00fablicas, paralizando pol\u00edtica y financieramente a los oponentes, o inmoviliz\u00e1ndolos judicialmente para que no puedan perseguir sus objetivos ni presentar sus candidaturas a cargos p\u00fablicos. De esta forma describe el 'lawfare' el \u201cInforme del Encuentro de expertos en Cleveland sobre el 11 septiembre y sus consecuencias\u201d, del a\u00f1o 2010.<\/p>\n

El 'lawfare' se muestra ahora con toda intensidad. Su planificaci\u00f3n comenz\u00f3 hace a\u00f1os mientras la izquierda en Am\u00e9rica Latina pon\u00eda en marcha sistemas democr\u00e1ticos m\u00e1s participativos e igualitarios que eran apoyados mayoritariamente. Mientras esto ocurr\u00eda, las fuerzas neoliberales lideradas por el \u201cestablecimiento\u201d estadounidense, dise\u00f1aban la nueva estrategia de combate y desprestigio a esos movimientos pol\u00edticos que cosechaban \u00e9xitos para la izquierda.<\/p>\n

Remont\u00e9monos al 16 de octubre de 1998. El exdictador chileno Augusto Pinochet fue detenido en Londres acusado de cr\u00edmenes contra la humanidad por una orden emitida por el juez Garz\u00f3n a petici\u00f3n de colectivos defensores de v\u00edctimas. El final de la \u201cguerra fr\u00eda\u201d caus\u00f3 la desorientaci\u00f3n estrat\u00e9gica de su vencedor, los EEUU. Era imprescindible definir un nuevo enemigo que permitiera mantener el conglomerado militar-industrial base del sistema capitalista que dobleg\u00f3 a los pa\u00edses socialistas. Ese periodo de desorientaci\u00f3n posibilit\u00f3 que el ejercicio de acciones penales desde terceros pa\u00edses -la 'jurisdicci\u00f3n universal' contemplada en las legislaciones nacionales desde hac\u00eda a\u00f1os, pero imposible de aplicar durante la 'guerra fr\u00eda'-, se convirtiera en una poderosa herramienta contra reg\u00edmenes autoritarios responsables de cr\u00edmenes contra la humanidad, conductas il\u00edcitas ejecutadas para reprimir los anhelos de cambio de los pueblos. Fueron a\u00f1os de expansi\u00f3n de la 'jurisdicci\u00f3n universal'. A la detenci\u00f3n de Pinochet le sigui\u00f3 el inicio de procedimientos judiciales impulsados por colectivos de v\u00edctimas contra militares y pol\u00edticos argentinos, uruguayos, colombianos, congoleses, estadounidenses, israel\u00edes\u2026 responsables de masivas violaciones a los derechos humanos.<\/p>\n

La respuesta de las democracias occidentales no fue expandir la jurisdicci\u00f3n universal, sino combatir la oportunidad abierta para hacer respetar el derecho internacional y acabar con la impunidad de los cr\u00edmenes internacionales. Las contrarreformas legales de la 'jurisdicci\u00f3n universal' en B\u00e9lgica en el a\u00f1o 2003 y Espa\u00f1a en los a\u00f1os 2009 (PSOE) y 2014 (PP), son ejemplos de esta regresi\u00f3n, as\u00ed justificada: \u201c(\u2026) La jurisdicci\u00f3n universal puede usarse por motivos pol\u00edticos o con fines vejatorios, y puede afectar negativamente al orden mundial causando fricciones innecesarias entre los Estados, abusos potenciales de los procedimientos legales y privaci\u00f3n de derechos humanos individuales\u201d (I.B.C. Revue internationale de droit p\u00e9nal, 2008\/1, Vol. 79).<\/p>\n

Quienes mantienen el actual orden mundial extrajeron lecciones sobre las potencialidades de la 'jurisdicci\u00f3n universal' -f\u00e1cil accesibilidad, bajo coste y alta eficiencia- para utilizarla a favor de sus intereses. Comenz\u00f3 el dise\u00f1o de nuevas estrategias que les permitieran mantener su poder y capacidad de intervenci\u00f3n cuando ello fuera necesario. Debido a los efectos pol\u00edticos contraproducentes que tuvo la doctrina de la Seguridad Nacional -torturas, desapariciones forzadas, dictaduras, protestas sociales…-, desde el fin de la guerra fr\u00eda los Estados Unidos no utilizan como primera opci\u00f3n la implantaci\u00f3n de reg\u00edmenes autoritarios si les es posible mantener el control sobre cualquier pa\u00eds por medios de apariencia m\u00e1s democr\u00e1tica. La intervenci\u00f3n jur\u00eddica se convierte en una opci\u00f3n eficaz siempre que exista un plan para alcanzar el fin buscado. El plan requiere una t\u00e1ctica -intervenci\u00f3n jur\u00eddico-pol\u00edtica para cooptar al poder judicial y operadores jur\u00eddicos -, unos recursos -escuelas y programas de formaci\u00f3n de jueces y juristas- y unos objetivos: derrocar a los gobiernos que pretenden rescatar la soberan\u00eda nacional de sus pueblos. La estrategia es desprestigiar a las fuerzas pol\u00edticas que los dirigen e inhabilitar electoralmente y destruir pol\u00edticamente a los l\u00edderes que los encabezan.<\/p>\n

Los precedentes de esta estrategia jur\u00eddico-pol\u00edtica los encontramos en la denominada \u201cguerra contra el terrorismo\u201d impulsada despu\u00e9s del 11-S de 2001. Los EE.UU. intentaron crear una nueva interpretaci\u00f3n del derecho aplicable a los conflictos armados, pretendiendo hacer desaparecer paulatinamente la abismal diferencia entre derecho penal interno y derecho internacional humanitario. Han intentado imponer nuevas categor\u00edas jur\u00eddicas no previstas en las leyes internas ni internacionales, como el \u201ccombatiente enemigo ilegal\u201d o su derecho unilateral a \u201cvigilar y ejecutar\u201d con el que justifican la utilizaci\u00f3n de drones asesinos. Un paso m\u00e1s ha sido la masiva judicializaci\u00f3n de la pol\u00edtica con sustento en el consenso sobre la \u201ccorrupci\u00f3n\u201d, aplicada de forma generalizada a los l\u00edderes de la izquierda alternativa latinoamericana que han pretendido garantizar la soberan\u00eda nacional frente a la injerencia.<\/p>\n

Desde principios del siglo XXI comenzaron a invertir recursos en programas de cooptaci\u00f3n de las instituciones judiciales de numerosos pa\u00edses, en especial los de Am\u00e9rica Latina. Las \u201cEscuelas de las Am\u00e9ricas\u201d para militares se han sustituido por escuelas judiciales y programas de capacitaci\u00f3n jur\u00eddica, tanto en los Estados Unidos -donde acuden a recibir doctrina jueces y operadores jur\u00eddicos-, como en los pa\u00edses de Am\u00e9rica del Sur, donde a trav\u00e9s de una generosa financiaci\u00f3n de la agencia estadounidense para el desarrollo, la USAID, se han creado y controlado pol\u00edticamente las escuelas de capacitaci\u00f3n judicial. En Colombia, desde la creaci\u00f3n de la escuela de formaci\u00f3n del poder judicial \u201cRodrigo Lara Bonilla\u201d, financiada por USAID, se ha transitado del sistema jur\u00eddico de naturaleza 'continental' -imperio de la ley escrita- previsto en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, a un sistema de precedente judicial -’common law' estadounidense- carente de sustento constitucional. Ahora son los jueces de la Corte Constitucional quienes redactan las leyes mediante el proceso de revisi\u00f3n constitucional. En caso de sentenciar que una ley no se ajusta a la Constituci\u00f3n, proceden a darle una nueva redacci\u00f3n actuando como una segunda y definitiva c\u00e1mara legislativa. En Am\u00e9rica Latina asistimos a la paulatina sustituci\u00f3n de los sistemas penales inquisitivos o mixtos, por el sistema penal acusatorio a imagen y semejanza del de los Estados Unidos, provocando un desmesurado empoderamiento de las fiscal\u00edas nacionales, que en la pr\u00e1ctica operan sobre las instrucciones, informaciones e 'indictments' remitidos por la justicia estadounidense.<\/p>\n

El plan dise\u00f1ado para la expansi\u00f3n del 'lawfare' ha comenzado a alcanzar sus objetivos. Dilma Rousseff, Fernando Lugo, Cristina Kirchner, Lula, Jes\u00fas Santrich, Rafael Correa\u2026 todos ellos han sido objeto de esta estrategia pol\u00edtico-jur\u00eddica que los inmoviliza pol\u00edticamente en esta nueva guerra jur\u00eddica. El objetivo es desprestigiarlos a ellos y a sus fuerzas pol\u00edticas equipar\u00e1ndolos a delincuentes comunes e inhabilit\u00e1ndolos electoralmente. El poder judicial que permiti\u00f3 que Am\u00e9rica Latina fuera uno de los continentes con m\u00e1s corrupci\u00f3n institucional -en muchos casos se benefici\u00f3 de ella-, que nunca fue capaz de combatirla, ahora se ha convertido en un arma de intervenci\u00f3n directa en los asuntos pol\u00edticos internos, al servicio de los intereses de las oligarqu\u00edas y fuerzas conservadoras for\u00e1neas y locales. La guerra jur\u00eddica implica un gran retroceso en los procesos de fortalecimiento institucional de los pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina. El Poder Judicial deber\u00eda mantenerse al margen de la confrontaci\u00f3n pol\u00edtica para evitar repetir fracasos institucionales de otras \u00e9pocas que le causaron graves crisis de legitimidad y el desafecto popular. Esta injerencia en los asuntos pol\u00edticos supone la anulaci\u00f3n de la independencia judicial por su consciente politizaci\u00f3n, y provoca irremediablemente la desaparici\u00f3n de la divisi\u00f3n de poderes que sustenta el Estado de Derecho. El 'lawfare' se ha convertido en uno de los mayores peligros para la democracia en todo el mundo y en especial en Am\u00e9rica Latina.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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