La Administraci\u00f3n P\u00fablica (AP), que es el Estado, siempre se manifiesta por medio de actos, actuaciones o regulaciones. Por medio de ellos ejerce sus potestades y cumple con su misi\u00f3n, visi\u00f3n y valores, que siempre deber\u00e1n estar orientados a servir a las personas. Pero, muchas veces producen efectos contrarios, con actos antijur\u00eddicos, y violan derechos fundamentales.<\/p>\n
Es bueno tener en cuenta que la AP es cada instituci\u00f3n p\u00fablica, y varias agrupadas o todas juntas tambi\u00e9n lo son tambi\u00e9n.
\nTodos los actos de la AP son impugnables jurisdiccionalmente.<\/p>\n
Algunos publicistas dominicanos, especialistas en derecho administrativo, son del criterio contrario. Creen que existen ciertos actos que no pueden ser atacados por la v\u00eda jurisdiccional. Este es un garrafal error. Esa opini\u00f3n tiene su origen y causa en lecturas mal asimiladas y peor practicadas. Se corresponden con teor\u00edas de tratadistas internacionales de la materia. En algunos pa\u00edses esa posici\u00f3n es correcta, porque se sustenta en el ordenamiento jur\u00eddico de ellos. Pero en el nuestro es contrario a la Constituci\u00f3n, como norma suprema de la naci\u00f3n.<\/p>\n
Ciertamente, conforme a los arts. 138 y 139 de la Carta Magna, en este pa\u00eds la AP act\u00faa con sometimiento pleno al sistema jur\u00eddico, y los tribunales controlan la legalidad de sus actuaciones. Y sin importar que el acto sea calificado como de simple tr\u00e1mite o que tenga la categor\u00eda de pol\u00edtico. Por tanto, basta que la actuaci\u00f3n de la administraci\u00f3n viole un derecho fundamental o que una persona tenga inter\u00e9s en impugnarlo, para que sea objeto del juzgamiento correspondiente.<\/p>\n
Recordemos que los actos de la AP gozan de la presunci\u00f3n de legalidad. Por eso no son nulos, aunque sean evidentemente contrarios al orden jur\u00eddico, sino anulables. Su nulidad o ineficacia tiene que ser pronunciada por una autoridad competente, que puede ser la misma instituci\u00f3n que lo gener\u00f3, su superior jer\u00e1rquico, el \u00f3rgano habilitado o el tribunal competente.<\/p>\n
Los actos administrativos se impugnan por medio de los recursos que la ley ha creado. En sede administrativa, proceden los recursos de reconsideraci\u00f3n y, a veces, el jer\u00e1rquico, conforme a los arts. 53 y 54 de la ley 107-13, sobre los derechos y deberes de las personas en su relaci\u00f3n con la AP, y de los procedimientos administrativos.<\/p>\n
En sede jurisdiccional, tenemos el recurso contencioso administrativo, ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), de acuerdo a los arts. 164 y siguientes de la Ley Suprema y 5 de la ley 13-07, sobre el traspaso de competencias al TSA, de acuerdo a los arts. 164 y siguientes de la Ley Suprema y 5 de la ley 13-07, sobre el traspaso de competencias al TSA.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/article>\n