Nuestro Tribunal Constitucional (TC), en principio, siempre tiene la raz\u00f3n. Pero esa raz\u00f3n no le viene porque el \u00f3rgano jurisdiccional especializado dice en todo momento lo correcto, sino debido a que es el que impone su criterio a los dem\u00e1s \u00f3rganos, instituciones y entes del Estado.<\/p>\n
Conforme al art\u00edculo 184 de la Ley Suprema, las decisiones del TC son irrevocables y sus precedentes surten efectos vinculantes para todos los que nos encontramos en el territorio nacional.<\/p>\n
Por tanto, nadie puede ignorar ni violar su precedente v\u00e1lidamente. Hay estamentos p\u00fablicos que est\u00e1n eludi\u00e9ndolo bajo el planteamiento de que es una argumentaci\u00f3n secundaria, que t\u00e9cnicamente se denominan obiter dicta, y no el razonamiento esencial que fundamenta la decisi\u00f3n, que recibe el nombre de ratio decidendi.<\/p>\n
Tambi\u00e9n el presidente del TC, magistrado Milton Ray Guevara ha manifestado su preocupaci\u00f3n porque muchas de las sentencias de ese tribunal no se est\u00e1n cumpliendo. El TC deber\u00e1 tomar medidas urgentes.<\/p>\n
Afirmar que del TC surgen errores es una osad\u00eda para muchos guardianes de la tradici\u00f3n autoritaria de nuestro pa\u00eds. Sus santos y se\u00f1ores son el general Pedro Santana, Buenaventura B\u00e1ez, Ulises Heureaux (Lil\u00eds), Trujillo y paro para no causar urticaria en cierta epidermis. Esos se\u00f1oritos odian el disenso. Para ellos la cultura democr\u00e1tica y el pluralismo de ideas son aberraciones, y atrevimientos imperdonables. \u00a1Qu\u00e9 pobrecitos!<\/p>\n
Pero la verdad es que el TC reproduce un grave error conceptual cuando afirma en muchas de sus decisiones y por su cuenta de Twitter que tiene la potestad para revisar, con la existencia del recurso correspondiente y con fines de revocar o anular, las sentencias dictadas por el Poder Judicial, con posterioridad al 26 de enero de 2010, que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.<\/p>\n
Ese error es el producto de reiterar textualmente y sin criticidad la mala redacci\u00f3n del art\u00edculo 277 de la Constituci\u00f3n, que fue arrastrada tambi\u00e9n por el art\u00edculo 53 de la Ley 137-11, Org\u00e1nica del TC y de los Procedimientos Constitucionales. En ellos se consigna el yerro de atribuirle al TC la facultad de revisar las sentencias que han adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. El mandato hay que cumplirlo, pero la redacci\u00f3n incorrecta no debe ser reiterada.<\/p>\n
Si esas sentencias gozaran de la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, nadie tendr\u00eda la potestad de revocarlas ni anularlas. Se violar\u00eda la seguridad jur\u00eddica. Tambi\u00e9n la tutela judicial efectiva, como garant\u00eda y derecho fundamental, con todas sus consecuencias jur\u00eddicas negativas en el sistema.<\/p>\n
Por tanto, esas sentencias solo tienen el car\u00e1cter de firmes para el Poder Judicial, porque solamente pueden ser atacadas ante el TC.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/article>\n