Ana Cristina Bracho (Sin permiso, 2-4-19) <\/p>\n\n\n\n
Una nueva\u00a0decisi\u00f3n\u00a0fue publicada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre Juan Guaid\u00f3. En su contenido reitera lo dispuesto en el\u00a0dictamen\u00a0del 29 de enero de enero de 2019, adem\u00e1s de imponerle una multa al verificar que el diputado incumpli\u00f3 las medidas cautelares de prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds,\u00a0y solicita la Asamblea Nacional Constituyente que allane la inmunidad parlamentaria del diputado por el estado Vargas.\u00a0<\/p>\n\n\n\n
En consecuencia, a partir de ahora, el caso de Guaid\u00f3 ahora va a ser tratado por otra instancia del Estado venezolano, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).<\/p>\n\n\n\n
La ANC, como cuerpo colegiado, entr\u00f3 en funciones en agosto de 2017, tras haber sido electos sus 537 miembros el 30 de julio de 2017. Sus poderes est\u00e1n enmarcados en lo dispuesto en el art\u00edculo 349 de la Constituci\u00f3n que le otorga un rango superior sobre el poder constituido, el cual queda subordinado a sus mandatos y con el cual se relaciona de conformidad con las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional, publicadas en Gaceta Oficial el 8 de agosto de 2017.<\/p>\n\n\n\n
Desde su nacimiento, la ANC ha asumido varias competencias del Parlamento en virtud del abandono de esta instituci\u00f3n con respecto a los\u00a0principios constitucionales que le imponen obligaciones, entre ellas, la de\u00a0respetar las decisiones que en el marco de sus competencias toma el\u00a0Poder Judicial.<\/p>\n\n\n\n
Esta es la situaci\u00f3n, que desde el\u00a0a\u00f1o 2016\u00a0ocurre en el pa\u00eds, se denomina desacato y ha alterado el equilibrio de los poderes en Venezuela, pues\u00a0al promover diversas acciones contra de la Rep\u00fablica le ha correspondido a la\u00a0Sala Constitucional, y ahora a la Asamblea Nacional Constituyente, actuar por defecto en defensa de los intereses del Estado y de la ciudadan\u00eda.\u00a0<\/p>\n\n\n\n
Por estas razones, es la ANC quien recibe la solicitud de allanar la inmunidad parlamentaria de Guaid\u00f3, en tanto seg\u00fan el ordenamiento jur\u00eddico venezolano le corresponder\u00eda a la Asamblea Nacional decidir sobre su procedencia. Sin embargo, el golpe de Estado en marcha ha desestabilizado a tal punto el orden constitucional, que el Estado ha tenido que adaptarse a la nueva realidad planteada.<\/p>\n\n\n\n
En concreto, podemos observar que desde enero el\u00a0Ministerio P\u00fablico\u00a0ha desarrollado, con la autorizaci\u00f3n de la Sala Plena, investigaciones sobre Guaid\u00f3 por \"hechos violentos en el pa\u00eds, pronunciamientos de gobiernos extranjeros y el congelamiento de activos de la Rep\u00fablica, lo que implicar\u00eda la comisi\u00f3n de delitos graves que atentan contra el orden constitucional\", para lo cual hab\u00eda recibido la autorizaci\u00f3n del m\u00e1ximo tribunal del pa\u00eds\u00a0que no se hab\u00eda pronunciado hasta ahora sobre la inmunidad parlamentaria.<\/p>\n\n\n\n
Al respecto, es el art\u00edculo 200 de la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela, la norma fundamental que se refiere a la inmunidad parlamentaria al indicar que: \"Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozar\u00e1n de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamaci\u00f3n hasta la conclusi\u00f3n de su mandato o la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan los o las integrantes de la Asamblea Nacional conocer\u00e1 en forma privativa el TSJ, \u00fanica autoridad que podr\u00e1 ordenar, previa autorizaci\u00f3n de la Asamblea Nacional, su detenci\u00f3n y continuar su enjuiciamiento. En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo o la pondr\u00e1 bajo custodia en su residencia y comunicar\u00e1 inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia\". <\/p>\n\n\n\n
En virtud de la funci\u00f3n del Parlamento, muchas veces cr\u00edtica y controladora de la actividad p\u00fablica en general, dispone la Constituci\u00f3n un margen mayor de la maniobra para quienes se dediquen a esta funci\u00f3n p\u00fablica. Ha de observarse que la norma establece con toda claridad que la protecci\u00f3n se deriva de la condici\u00f3n parlamentaria, se enmarca en los tiempos y en los actos propios de los parlamentarios, no siendo posible transformar esta instituci\u00f3n la fuerza de una patente de corso porque esto equivaldr\u00eda a la ruptura del principio de igualdad ante la ley.<\/p>\n\n\n\n
Por ello, se observa que la inmunidad no es un derecho individual ni una protecci\u00f3n absoluta, sino la posibilidad de valorar los argumentos que en contra de uno diputado o diputada se esgrimen determinando si estos tienen la entidad y naturaleza que ameriten que la persona sea, como cualquier otro ciudadano, presentado ante la justicia.<\/p>\n\n\n\n
Bajo estas consideraciones, es preciso esperar que la ANC proceda a convocar una sesi\u00f3n con el objeto de estudiar el levantamiento de esta protecci\u00f3n, y, en caso de estimar que la pretensi\u00f3n fiscal se trata de hechos con relevancia penal, lo considere adaptado a derecho y pueda proseguirse, ante instancias y con las leyes ordinarias, al enjuiciamiento de Guaid\u00f3. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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