Victoria Korn (CLAE, 6-7-19)<\/p>\n
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Un direccionado y poco balanceado informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicado esta semana insta al gobierno de Venezuela a adoptar de inmediato medidas espec\u00edficas para detener y remediar las graves vulneraciones de derechos econ\u00f3micos, sociales, civiles, pol\u00edticos y culturales que se han documentado en el pa\u00eds.<\/p>\n
La Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela present\u00f3 70 observaciones al informe difundido luego de la visita al pa\u00eds de la m\u00e1xima autoridad de esta instancia de la ONU, Michelle Bachelet, semanas atr\u00e1s y \u201csolicita a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas adoptar las medidas necesarias para corregir los errores del informe, cuya \u201cversi\u00f3n avanzada no editada\u201d, en idioma ingl\u00e9s, fue entregada al gobierno.<\/p>\n
Ante la revisi\u00f3n, la canciller\u00eda venezolana se\u00f1al\u00f3 que fueron encontrados varios errores, entre ellos, que las fuentes utilizadas no fueron las correctas, ya que no se usaron las oficiales, adem\u00e1s se omiti\u00f3 el resultado de las visitas realizadas por Bachelet en el pa\u00eds. El 82% de las entrevistas referidas en el informe, indica, fueron realizadas a personas ubicadas fuera del territorio venezolano.<\/p>\n
El informe de \u00bfBachelet?<\/b><\/p>\n
El \u201cinforme\u201d, que en partes discrepa con las declaraciones de Bachelet durante si visita del 19 al 21 de junio a Venezuela, advierte que, si la situaci\u00f3n no mejora, continuar\u00e1 el \u00e9xodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el pa\u00eds, y empeorar\u00e1n las condiciones de vida de quienes permanecen en \u00e9l. Afirma que en el \u00faltimo decenio \u2013y especialmente desde 2016- el Gobierno venezolano y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia \u201corientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposici\u00f3n y a quienes critican al Gobierno\u201d.<\/p>\n
En el documento se destaca la repercusi\u00f3n de la profunda crisis econ\u00f3mica, que ha privado a la poblaci\u00f3n de los medios necesarios para satisfacer sus derechos fundamentales en materia de alimentaci\u00f3n y cuidados m\u00e9dicos. El informe se basa en 558 entrevistas con v\u00edctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada situaci\u00f3n econ\u00f3mica, en Venezuela y otros ocho pa\u00edses, as\u00ed como en otras fuentes, y abarca el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019.<\/p>\n
\u201cEl Gobierno se comprometi\u00f3 con nosotros a solucionar algunas de las cuestiones m\u00e1s espinosas \u2013entre otras, el uso de la tortura y el acceso a la justicia\u2014y a facilitarnos la entrada ilimitada a los centros de reclusi\u00f3n. La situaci\u00f3n es compleja, pero este informe contiene recomendaciones claras sobre las medidas que pueden adoptarse de inmediato para frenar las violaciones actuales, impartir justicia a las v\u00edctimas y crear un espacio para discusiones significativas. Estamos dispuestos a colaborar con todas las autoridades competentes y a seguir promoviendo los derechos de todos los venezolanos, cualesquiera sean sus afiliaciones pol\u00edticas\u201d, dijo Bachelet.<\/p>\n
El informe detalla la paulatina militarizaci\u00f3n de las instituciones del Estado durante la \u00faltima d\u00e9cada y se\u00f1ala que la proporci\u00f3n de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales (FAES), en el contexto de las operaciones policiales ha sido sorprendentemente elevada, e indica que, hasta el 31 de mayo de 2019, hab\u00eda 793 personas privadas \u201carbitrariamente\u201d de libertad, entre ellas 58 mujeres, y en lo que va de a\u00f1o 22 diputados de la Asamblea Nacional (en desacato), incluido su Presidente Juan Guaid\u00f3, han sido despojados de su inmunidad parlamentaria.<\/p>\n
Si bien la Alta Comisionada acogi\u00f3 con benepl\u00e1cito la reciente puesta en libertad de 62 presos pol\u00edticos, tambi\u00e9n pidi\u00f3 a las autoridades que liberasen a todas las dem\u00e1s personas detenidas o privadas de libertad por haber ejercido de manera pac\u00edfica sus derechos fundamentales. Lo que sorprende del informe es su unilateralidad, ya que admite que se basa en declaraciones de personas entrevistadas y no en una investigaci\u00f3n real y exhaustiva de los hechos: \u201cSeg\u00fan los entrevistados, son pocas las personas que presentan denuncias, por miedo a las represalias o por falta de confianza en el sistema judicial\u201d, expresa.<\/p>\n
En cuanto a la libertad de expresi\u00f3n, el informe se\u00f1ala que el espacio para los medios de comunicaci\u00f3n libres e independientes se ha reducido, mediante la prohibici\u00f3n o la clausura de medios de comunicaci\u00f3n, y la detenci\u00f3n de periodistas independientes, pero se abstiene de considerar la guerra comunicacional y terrorista de medios locales e trasnacionales. \u201cEn los \u00faltimos a\u00f1os el Gobierno ha tratado de imponer una hegemon\u00eda comunicacional imponiendo su propia versi\u00f3n de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicaci\u00f3n independientes\u201d. Pareciera que la \u00fanica versi\u00f3n debiera ser de la oposici\u00f3n y de los medios cartelizados.<\/p>\n
En el informe se afirma que las \u00faltimas sanciones econ\u00f3micas vinculadas a la exportaci\u00f3n de petr\u00f3leo est\u00e1n agravando a\u00fan m\u00e1s los efectos de la crisis, pero no lo vincula a la escasez creciente de alimentos y su precio cada vez m\u00e1s alto se han traducido en un n\u00famero menor de comidas con menos valor nutricional, elevados \u00edndices de desnutrici\u00f3n y una repercusi\u00f3n especialmente adversa sobre las mujeres, algunas de las cuales informaron de que, en promedio, pasaban 10 horas al d\u00eda en las colas para comprar alimentos.<\/p>\n
En el informe se formula un conjunto de recomendaciones dirigidas al Gobierno en relaci\u00f3n con las principales violaciones de derechos humanos documentadas por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.<\/p>\n
Las observaciones del gobierno<\/b><\/p>\n
El gobierno constitucional venezolano se\u00f1al\u00f3 que en el informe fueron omitidos los logros y avances alcanzados en materia de derechos humanos y se le da m\u00e1s relevancia a las posturas adversas al presidente Nicol\u00e1s Maduro, y omite en su totalidad los logros y avances alcanzados en materia de derechos humanos y de atenci\u00f3n social, tal es el caso de los programas sociales.<\/p>\n
Entre las afirmaciones del informe, se asegura que el gobierno venezolano reconoci\u00f3 la \u201ccrisis humanitaria\u201d, cuando la realidad es que se reconoci\u00f3 un impacto negativo en la situaci\u00f3n venezolano a ra\u00edz del bloqueo econ\u00f3mico. Asimismo, se omiti\u00f3 el 75% de inversi\u00f3n que recibe el \u00e1rea social venezolana del presupuesto de la naci\u00f3n, informaci\u00f3n que fue presentada a Bachelet en un informe detallado por el Ministro de Educaci\u00f3n Aristobulo Isturiz.<\/p>\n
Por otra parte, condena que el informe de la Alta Comisionada omite incluir el impacto generado por el bloqueo econ\u00f3mico implementado por el Gobierno de los Estados Unidos, en los niveles de vida del pueblo venezolano, a\u00fan cuando fue parte importante del discurso de Bachelet durante su visita a Caracas.<\/p>\n
En el \u00e1rea comunicacional, el informe hace referencia a m\u00faltiples agresiones a la prensa, a\u00fan y cuando el Gobierno indic\u00f3 que entre 2018 y 2019 se produjo la deportaci\u00f3n de tres periodistas extranjeros, en virtud del incumplimiento de las disposiciones migratorias. Adem\u00e1s omite que se otorgaron 32 nuevas concesiones de radio y una concesi\u00f3n de televisi\u00f3n y han sido renovadas 12 concesiones de radio y televisi\u00f3n entre 2018 y 2019.<\/p>\n
Asimismo, Venezuela denunci\u00f3 que en el p\u00e1rrafo 13 del informe se sostiene que el Estado no ha demostrado usar todos los recursos a su disposici\u00f3n para asegurar el derecho a la alimentaci\u00f3n, a\u00fan cuando se aport\u00f3 a la OACNUDH informaci\u00f3n sobre las medidas implementadas para garantizar este derecho, tanto en el caso de alimentaci\u00f3n a trav\u00e9s de los Comit\u00e9s Locales de Abastecimiento y Producci\u00f3n (CLAP), como en el campo de salud.<\/p>\n
Omite adem\u00e1s, la informaci\u00f3n otorgada por el Ministerio P\u00fablico, donde se conoce 292 casos donde se encuentran vinculados 388 funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), adscritos al Cuerpo de Polic\u00eda Nacional Bolivariana, durante los a\u00f1os 2017 al 2019, por los delitos de homicidio, trato cruel y violaci\u00f3n de domicilio.<\/p>\n
La OACNUDH acusa al Gobierno venezolano de desarrollar una pol\u00edtica de represi\u00f3n y persecuci\u00f3n de la disidencia, se\u00f1alamiento que califica Venezuela como falso porque dejan de mencionar las diversas acciones de violencia y contra la Constituci\u00f3n emprendidas por sectores de la oposici\u00f3n venezolana desde el a\u00f1o 2002.<\/p>\n
A\u00f1ade que el informe no refleja las informaciones oficiales suministradas por el Estado en cuanto a salud p\u00fablica, mortalidad infantil, los beneficios otorgados a trav\u00e9s del Carnet de la Patria, los derechos colectivos de los pueblos ind\u00edgenas y la libertad de prensa que existe en el pa\u00eds y que fue reflejada en la visita de la Alta Comisionada.<\/p>\n
Considera extra\u00f1o que el informe tampoco evalu\u00f3 el impacto generado por las medidas coercitivas de EEUU y que recomendara al gobierno a adoptar resoluciones para atender la situaci\u00f3n de derechos humanos, mientras se abstiene de subrayar el deber de levantar el bloqueo de EEUU, tal y como lo han solicitado diversos procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos.<\/p>\n
El informe recomienda otorgar libertad a todas las personas detenidas \u201cpor motivos pol\u00edticos\u201d en Venezuela. Esta recomendaci\u00f3n, resulta inaplicable y por tanto equivocada, seg\u00fan el documento oficial, pues en Venezuela no existen personas detenidas por tal condici\u00f3n. Luego de la evaluaci\u00f3n, el Gobierno venezolano solicit\u00f3 directamente a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas adoptar las medidas necesarias para corregir los errores del informe A\/HRC\/41\/18, antes de su publicaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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