Juan Bolivar Diaz (Hoy, 10-8-19)<\/p>\n
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El Tribunal Constitucional (TC) acaba de dictaminar eliminando el arrastre de los senadores y reconociendo los cuatro niveles de elecci\u00f3n, pero a\u00fan tiene pendiente m\u00e1s de una decena de impugnaciones de aspectos relevantes sobre el proceso electoral en marcha, a menos de dos meses de las elecciones primarias.<\/span><\/p>\n Tambi\u00e9n la Junta Central Electoral (JCE) tiene pendiente los reglamentos de su Unidad de Control Financiero de los partidos y del Registro de Contribuyentes, fundamentales para reducir el alto costo de la democracia dominicana, mientras la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica alega falta de recursos para instituir la Fiscal\u00eda Especial para los delitos electorales.\u00a0 \u00a0<\/span><\/span><\/p>\n Nuevas reglas pendientes<\/b><\/span><\/p>\n Las\u00a0nuevas leyes de Partidos (33-18) y del R\u00e9gimen Electoral (15-19) contienen numerosas nuevas\u00a0\u00a0<\/span>normativas que de ser ejecutadas redundar\u00edan en un mejoramiento de la democracia, especialmente las referentes a la transparencia del financiamiento, como tambi\u00e9n algunas que implican retroceso o limitaciones, por ejemplo en la extrema desigualdad del financiamiento estatal y en las sanciones que establecen para los delitos electorales, consideradas poco disuasorias.<\/span><\/p>\n La Ley de Partidos cumple un a\u00f1o el pr\u00f3ximo martes, pero a\u00fan la JCE no ha emitido dos reglamentos fundamentales para el control del ingreso y el gasto de los partidos y candidatos, el de la\u00a0\u00a0<\/span>Unidad Especial de Control de Control Financiero de los Partidos, y el del Registro de Contribuyentes.<\/span><\/p>\n No se puede culpar a la JCE de lentitud, porque en poco tiempo ha tenido que elaborar m\u00faltiples reglamentaciones<\/b>\u00a0y por las nuevas responsabilidades derivadas de la organizaci\u00f3n de las elecciones primarias. Se ha informado que ya la JCE cre\u00f3 la Unidad de Control Financiero, pero falta el reglamento para obligar a los partidos a cumplir las nuevas normativas al respecto, que incluyen topes de gastos para los precandidatos, algunos de los cuales hace tiempo que est\u00e1n derrochando recursos sin registro ni rendici\u00f3n de cuentas.<\/span><\/p>\n El Registro de Contribuyentes est\u00e1 contemplado en el numeral 2 del art\u00edculo 69 de la Ley 33-18, el cual indica que \u201ccontendr\u00e1 los nombres y apellidos de los contribuyentes, as\u00ed como la c\u00e9dula de identidad y electoral, la direcci\u00f3n y el monto de la contribuci\u00f3n\u201d. La legislaci\u00f3n obliga a los partidos a llevar un sistema de contabilidad que refleje claramente los ingresos y gastos, no s\u00f3lo provenientes del financiamiento p\u00fablico, sino tambi\u00e9n del privado.<\/span><\/p>\n Principio de Transparencia\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/span><\/b><\/span><\/p>\n <\/b>La Ley 33-18 se inscribe en el principio de transparencia, consignando el derecho de los miembros de los partidos a recibir informaci\u00f3n sobre todas sus ejecutorias, incluidas las recaudaciones y gastos, con obligaci\u00f3n de mantenerlos actualizados en una p\u00e1gina de internet. Con los topes de gastos y contribuciones a partidos, precandidatos y candidatos, y el registro de los contribuyentes se procura evitar la incursi\u00f3n de dinero il\u00edcito y el predominio de las mayores fortunas en\u00a0\u00a0<\/span>las actividades democr\u00e1ticas.<\/span><\/p>\n La legislaci\u00f3n electoral moderna privilegia la transparencia como mecanismo para reducir los abusos del dinero, bien o mal adquirido, con el objetivo de impedir la inequidad en las competencias democr\u00e1ticas, con sanciones especiales para los que abusen del patrimonio p\u00fablico. En algunos pa\u00edses se sanciona hasta con el desconocimiento de la elecci\u00f3n de aquellos que sobrepasen los l\u00edmites de gasto o apelen a financiamiento il\u00edcito.<\/span><\/p>\n Las nuevas normativas de las leyes 33-18 y 15-19 persiguen reducir el elevado costo de las campa\u00f1as electorales, que incentiva el financiamiento il\u00edcito y deja en desventaja competitiva a partidos y candidatos escrupulosos que no apelan al clientelismo ni al rentismo. Es de p\u00fablico conocimiento que ya para competir por una regidur\u00eda se requiere invertir millones de pesos, y decenas de millones para una curul de diputado o senador.<\/span><\/p>\n Los\u00a0\u00a0<\/span>topes de gastos que se han establecido todav\u00eda son elevados, por ejemplo hasta 519 millones de pesos por precandidato presidencial.\u00a0\u00a0<\/span>Ser\u00eda necesario una reglamentaci\u00f3n y un seguimiento minucioso para evitar que sean burlados, para lo cual ser\u00eda imprescindible considerar hasta las contribuciones en especies.\u00a0<\/span><\/p>\n La Procuradur\u00eda electoral<\/b><\/span><\/p>\n Un indicio de falta de voluntad en la aplicaci\u00f3n de las nuevas normativas electorales es que a seis meses de la promulgaci\u00f3n de la Ley 15-19 del R\u00e9gimen Electoral todav\u00eda no se haya establecido la Procuradur\u00eda Especializada para la investigaci\u00f3n y persecuci\u00f3n de los cr\u00edmenes y delitos electorales, instituida en su art\u00edculo 289. Se establece que se regir\u00e1 seg\u00fan las disposiciones de la Ley Org\u00e1nica del Ministerio P\u00fablico, lo que en la pr\u00e1ctica la deja dependiente del Poder Ejecutivo.<\/span><\/p>\n En su primer informe de Observaci\u00f3n Electoral 2020, publicado en julio, el movimiento Participaci\u00f3n Ciudadana reclam\u00f3 p\u00fablicamente el establecimiento de la Procuradur\u00eda Especializada, ante lo cual el Procurador General, Jean Alain Rodr\u00edguez, declar\u00f3 que es un \u201cproceso complejo\u201d que requiere recursos presupuestarios que no tiene y que la ley no contempl\u00f3, y sin mayor consideraci\u00f3n la releg\u00f3 para el presupuesto del pr\u00f3ximo a\u00f1o. Esto cuando el Estado est\u00e1 cargando con dos o tres mil millones de pesos adicionales para las elecciones primarias de los partidos, que seg\u00fan la ley se financiar\u00eda de la subvenci\u00f3n establecida para las organizaciones pol\u00edticas.<\/span><\/p>\n En la pr\u00e1ctica siempre aparece\u00a0\u00a0<\/span>dinero adicional para la compra de equipos y la organizaci\u00f3n de los procesos electorales, pero ahora no se dispone para cumplir el mandato de investigar los cr\u00edmenes y delitos electorales, que no deber\u00eda implicar, al menos para comenzar, m\u00e1s que algunas decenas de millones de pesos, a no ser que quieran construirle uno de los tantos \u201cpalacios\u201d p\u00fablicos.<\/span><\/p>\n Un paso a lo democr\u00e1tico\u00a0<\/strong> El dictamen del TC que anula el arrastre de los senadores, por el voto de los diputados, es un paso de avance democr\u00e1tico por muchos a\u00f1os reclamado. La decisi\u00f3n est\u00e1 fundamentada en la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica que establece el voto directo para la elecci\u00f3n de los legisladores, y en la Ley del R\u00e9gimen Electoral, que en tres disposiciones instituye cuatro niveles separados de votaci\u00f3n: presidencial, senatorial, de diputados y municipal.Un paso democr\u00e1tico<\/b><\/span><\/p>\n La resoluci\u00f3n es alentadora, pero el TC tiene pendientes una docena de recursos adicionales de inconstitucionalidad, referidos a aspectos importantes del proceso electoral ya en marcha, la mayor\u00eda referentes a la Ley de Partidos y en manos del organismo desde el a\u00f1o pasado. El 4 de febrero el tribunal celebr\u00f3 vistas p\u00fablicas sobre ellos y los declar\u00f3 de urgencia. Ha fallado sobre cinco, acogiendo tres, dos referentes a las sanciones hasta con prisi\u00f3n por la difusi\u00f3n de mensajes negativos sobre candidatos y dirigentes pol\u00edticos, considerados violatorios de la libertad de expresi\u00f3n.<\/span><\/p>\n Entre los recursos pendientes est\u00e1 uno que impugna el requisito de ser miembro de un partido para que un ciudadano pueda ser postulado a cargos electivos, establecido en la misma Ley de Partidos que, sin embargo, permite a todo ciudadano votar para elegir candidatos. Hay otro sobre la distribuci\u00f3n de la subvenci\u00f3n estatal a los partidos, que se aplica retroactivamente reduci\u00e9ndolo a los que menos recib\u00edan. Tambi\u00e9n se impugna la prohibici\u00f3n a los nuevos partidos\u00a0\u00a0<\/span>de ir aliado en su primera participaci\u00f3n.-<\/span><\/p>\n El dictamen contra el PRM<\/b><\/span><\/p>\n Esta semana se hizo p\u00fablico el dictamen del Tribunal Superior Electoral, con votaci\u00f3n dividida que establece que la cuota del 20 por ciento en reservas de candidaturas tiene que realizarse por nivel de elecci\u00f3n y no del total de las candidaturas, como hizo el Partido Revolucionario Moderno, despu\u00e9s que la JCE dej\u00f3 a los partidos en libertad de optar.<\/span><\/p>\n El dictamen se inscribe en el esp\u00edritu de la ley que al establecer un l\u00edmite de candidaturas que no se someten a elecci\u00f3n democr\u00e1tica, busca preservar los derechos de los miembros de los partidos, y establece un buen precedente. El recurso fue originado porque el PRM se reserv\u00f3 29 de las 32 candidaturas a senadores<\/span><\/p>\n Aunque no lo vayan a confesar, esas reservas concentradas est\u00e1n determinadas por las dificultades de competir en el nivel senatorial contra el dominio que mantiene el partido gobernante sobre las senadur\u00edas, con titulares que durante varios per\u00edodos han recibido financiamiento ventajista, los llamados \u201cbarrilitos\u201d, de hasta un mill\u00f3n de pesos mensuales para \u201casistencia social\u201d. Los actuales tienen una ventaja adicional, en el pago de personal auxiliar, hasta 10 en la sede central, y una docena en las provincias, que en la pr\u00e1ctica son agentes electorales.<\/span><\/p>\n No s\u00f3lo el PRM, tambi\u00e9n los partidos peque\u00f1os tienen dificultad en encontrar militantes o simpatizantes que quieran asumir candidaturas a senadores por el costo que implica la competencia. Y se sabe que en los pactos de alianza nunca piden candidaturas senatoriales y pocas a alcald\u00edas, tambi\u00e9n uninominales, y se quedan en las m\u00faltiples de diputados y regidores. Lo mismo es dif\u00edcil que personalidades independientes asuman candidaturas uninominales, a no ser que dispongan de fortuna para competir.-\u00a0\u00a0 \u00a0<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Juan Bolivar Diaz (Hoy, 10-8-19) El Tribunal Constitucional (TC) acaba de dictaminar eliminando el arrastre de los senadores y reconociendo los cuatro niveles de elecci\u00f3n, pero a\u00fan tiene pendiente m\u00e1s de una decena de impugnaciones de aspectos relevantes sobre el proceso electoral en marcha, a menos de dos meses de las elecciones primarias. 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