La autopsia presentada por la representaci\u00f3n en el pa\u00eds de Oxfam , que opera en m\u00e1s de 100 naciones, pretende ayudar al debate del presupuesto para el 2020 y de los contenidos y propuestas de quienes postulan para las pr\u00f3ximas elecciones referentes a la justicia fiscal y la reducci\u00f3n de las desigualdades. Se presenta como \u201cla hoja de ruta y acciones concretas de parte del Ejecutivo para propiciar el impostergable pacto fiscal que requerir\u00e1 el pa\u00eds\u201d en el pr\u00f3ximo per\u00edodo gubernamental.<\/p>\n
El estudio presenta al pa\u00eds como el tercero de m\u00e1s baja inversi\u00f3n social en Am\u00e9rica Latina y el Caribe, s\u00f3lo por delante de Guatemala y Hait\u00ed, promediando 8.1% del producto bruto\u00a0 interno (PBI), que descender\u00eda al 7.8% en el 2022, cuando el promedio regional es de 11.2. Sostiene que con tan baja inversi\u00f3n ser\u00e1 imposible cumplir los compromisos del desarrollo sostenible y de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END).<\/p>\n
La ley de END promulgada en enero del 2012 dispuso los pactos por la educaci\u00f3n, fiscal y el\u00e9ctrico, pero apenas se ha materializado el primero, y los otros debieron entrar en vigor en el 2015. El el\u00e9ctrico se discuti\u00f3 durante dos a\u00f1os y a fines del 2018 se lleg\u00f3 a anunciar su inminente firma, pero qued\u00f3 engavetado. El pacto fiscal se comenz\u00f3 a considerar al inicio del gobierno de Danilo Medina en el 2012, pero fue abandonado tan pronto los sectores empresarial y social pusieron en la mesa la reducci\u00f3n de la malversaci\u00f3n y el gasto clientelar. El gobierno impuso otra simple reforma tributaria y ni siquiera tras la reelecci\u00f3n de Medina en el 2016 se retom\u00f3 el mandato legal.<\/p>\n
La sostenibilidad fiscal<\/strong><\/p>\n Con una diferencia de 246 mil millones de pesos (US$ 4,736 millones de d\u00f3lares) entre ingresos y gastos presupuestados para el 2020, este ser\u00e1 el onceno a\u00f1o consecutivo de d\u00e9ficits fiscales solventados con un financiamiento que en ese per\u00edodo m\u00e1s que duplic\u00f3 la deuda consolidada de todo el Estado, generando reiteradas advertencias de los organismos internacionales especializados y de economistas dominicanos sobre lo ineludible del pacto fiscal para garantizar la sostenibilidad financiera del pa\u00eds. Mientras se va generalizando la convicci\u00f3n de que cualquiera que constituya el pr\u00f3ximo gobierno, y sobre todo si es de un partido diferente al actual, tendr\u00e1 que emprender la ruta del pacto fiscal para procurar mayores recursos para la inversi\u00f3n social y el desarrollo, para mantener un crecimiento econ\u00f3mico significativo, y garantizar la sostenibilidad fiscal. Que la pista del endeudamiento se va estrechando y sin las correcciones correspondientes la bomba que se ha ido armando en estos a\u00f1os podr\u00eda estallarle en las manos a las nuevas autoridades.<\/p>\n Podr\u00eda repetirse la ocurrencia del gobierno de Hip\u00f3lito Mej\u00eda que, al comenzar en el 2000, hered\u00f3 la bomba de Baninter, pero no la desarm\u00f3 y le explot\u00f3 en las manos y lo hundi\u00f3 apenas iniciaba su segunda mitad. Herencia malhadada fue tambi\u00e9n la recibida por el gobierno de Salvador Jorge Blanco en 1982, fruto de los desequilibrios que pag\u00f3 la democracia a partir de 1978 cuando no se pudieron mantener las deudas sociales impuestas por los 1os a\u00f1os autocr\u00e1ticos de Balaguer. La demanda inducida del r\u00e9gimen de Antonio Guzm\u00e1n produjo desequilibrios, atizados por el alza del petr\u00f3leo y la ca\u00edda de los precios de las exportaciones nacionales. Las duras pol\u00edticas de ajustes del FMI en la \u201cd\u00e9cada perdida de Am\u00e9rica Latina\u201d, hundieron pol\u00edticamente a ese gobierno y su partido, y contribuyeron a devolver al poder a Balaguer en 1986.<\/p>\n Legitimar mayores tributos<\/strong><\/p>\n Las conclusiones del estudio patrocinado por Oxfam comienzan indicando que el gobierno dominicano \u201cnecesita cuanto antes allanar el camino para situar la ruta hacia una reforma fiscal integral. Son muchos los pasos que habr\u00eda que dar para ello, pero el fundamental va en la ruta de ganar confianza y legitimidad para convocar un proceso abierto y democr\u00e1tico de pacto fiscal\u201d.<\/p>\n Despu\u00e9s indica que se ha demostrado que con voluntad pol\u00edtica de poner la casa en orden en corto plazo se podr\u00edan realizar ajustes para garantizar derechos, de al menos el 1% del PIB, equivalente a $43 mil 750 millones. A lo largo del informe se muestran los indicadores de corrupci\u00f3n, malversaci\u00f3n, duplicidades e ineficiencias que consumen m\u00e1s del 10% del presupuesto nacional, determinando la necesidad de remediarlos.<\/p>\n Como es convicci\u00f3n general tambi\u00e9n recomienda reformular la base tributaria para hacerla menos regresiva con mayores grav\u00e1menes a la propiedad inmobiliaria y a la renta, partiendo de que RD tiene una de las m\u00e1s bajas presiones tributarias de la regi\u00f3n latinoamericana, despu\u00e9s de Guatemala y Paraguay, estimada en 13.9 del PIB, cuando el promedio es de 22.8%. Tambi\u00e9n que est\u00e1 entre los 5 pa\u00edses que m\u00e1s dependen de los impuestos a los bienes y servicios, con un 29% menos que la regi\u00f3n en impuestos directos, al patrimonio y la renta. As\u00ed mismo urge la revisi\u00f3n de los sistemas de incentivos. La corrupci\u00f3n y dispendio<\/strong><\/p>\n \u201cNing\u00fan gobierno con tantos casos de corrupci\u00f3n y ejemplos de dispendio de recursos p\u00fablicos puede presentar ante la sociedad una propuesta leg\u00edtima de reforma impositiva, en el marco de un pacto fiscal\u201d, plantea el estudio de Oxfam, dirigido\u00a0 por el economista Rafael J\u00f3vine y con Airon Fern\u00e1ndez Gil de investigador asociado. Citan las evaluaciones de Transparencia Internacional que sit\u00faan al pa\u00eds entre los 10 de mayor corrupci\u00f3n en Am\u00e9rica Latina y el Caribe, y el segundo donde m\u00e1s creci\u00f3 en el 2018, seg\u00fan el Latinobar\u00f3metro.<\/p>\n Plantean que los casos de desfalcos al fisco recogidos en el per\u00edodo 1998-18 arrojan un estimado anual de $41 mil 629 millones. Y cuando recogen m\u00faltiples tipos y casos de malversaci\u00f3n, dispendio, clientelismo y gastos irregulares, estiman que envuelven $154 mil 760\u00a0 millones, de los cuales podr\u00edan reorientarse $ 43 mil 750 millones, que desglosan en gastos discrecionales, potencialmente clientelistas, asignaciones directas a despachos de ministros y directores, y a casi 60 instituciones p\u00fablicas que duplican funciones o no rinden cuentas, as\u00ed como en incremento de recursos sin justificar al Congreso Nacional y 10 ministerios.<\/p>\n Estos estimados son m\u00e1s conservadores que los presentados en el 2017 en un estudio auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo que plantea hasta un 3.8% del PIB, que este a\u00f1o ser\u00edan unos 165 mil millones de pesos, en gasto ineficiente y malversaci\u00f3n. Miguel Ceara Hatgton, director de la secretar\u00eda de Pol\u00edticas P\u00fablicas del PRM los estima en 2.8% del PIB, unos $122 mil millones en el 2019. Ya en la campa\u00f1a electoral del 2016 plantearon que se ahorrar\u00edan gran parte de esa suma para reorientar las pol\u00edticas sociales y la inversi\u00f3n p\u00fablica. L\u00edderes en empleo p\u00fablico<\/strong><\/p>\n El estudio de Oxfam ataca una de las bases fundamentales del clientelismo pol\u00edtico dominicano, la macrocefalia del Estado, con el tercer escal\u00f3n en el liderato latinoamericano, con un registro de 61 mil 911 empleados p\u00fablicos por cada mill\u00f3n de habitantes, s\u00f3lo superado por Panam\u00e1 y Uruguay. Es 38.6% superior al promedio de 15 pa\u00edses de la regi\u00f3n analizados y 35% m\u00e1s que los cinco centroamericanos evaluados.<\/p>\n Sostienen que nada ha crecido tanto como el empleo p\u00fablico, al 5.2% de promedio anual, cuando en las otras categor\u00edas ocupacionales aumenta apenas en 1.8%. Que el gasto en remuneraciones de empleados p\u00fablicos pas\u00f3 del doble en seis a\u00f1os, de $89 mil 142 millones en el 2012, a $189 mil 459 millones en el 2018. Que para ajustar la proporci\u00f3n de empleados p\u00fablicos al promedio regional en RD habr\u00eda que sacar de la n\u00f3mina a 178 mil 618 personas. Eso implicar\u00eda un ahorro anual de $71 mil 800 millones.<\/p>\n Por supuesto que ning\u00fan gobierno podr\u00eda emprender un ahorro de tal magnitud, pero si producir en primer lugar un congelamiento, y reducir progresivamente la macrocefalia, incluso con reubicaci\u00f3n de empleados en actividades reproductivas y de servicios. Para eso cualquier nuevo gobierno tendr\u00eda que producir \u201cel milagro\u201d de planificar y ejecutar para el desarrollo, lo que obligar\u00eda a reducir el clientelismo y a racionalizar el gasto, aplicando innumerables leyes y normativas ya existentes, o auspiciando otras, incluyendo una de sostenibilidad y racionalidad fiscal.<\/p>\n Mientras tanto hay que agradecer a Oxfam la \u201cAutopsia Fiscal\u201d que acaba de entregar a la sociedad dominicana, en un momento oportuno, en el que se deber\u00edan esperar propuestas para resolver los desaf\u00edos del desarrollo, la equidad y la sostenibilidad.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Juan Bolivar Diaz (Hoy, 9-11-19) La evaluaci\u00f3n de los gastos e ingresos del gobierno dominicano reci\u00e9n publicada por la organizaci\u00f3n internacional Oxfam contiene abundante informaci\u00f3n clasificada que muestra una pesada herencia y podr\u00eda ayudar al pr\u00f3ximo gobierno a enfrentar los retos de la sostenibilidad econ\u00f3mica y la inversi\u00f3n social y productiva. 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