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<\/a><\/p>\nLAS SANCIONES<\/p>\n
\u00abLas sanciones unilaterales impuestas, cada vez en mayor medida, por los Estados Unidos, la Uni\u00f3n Europea (UE) y otros pa\u00edses han exacerbado las calamidades (en Venezuela)\u00bb, explic\u00f3 Douhan, quien mencion\u00f3 que el pa\u00eds hoy percibe menos del 1 % del ingreso que ten\u00eda antes de que comenzaran las medidas coercitivas.<\/p>\n
Principalmente desde Estados Unidos, pero tambi\u00e9n desde otros pa\u00edses americanos y europeos, se han aplicado cientos de sanciones contra funcionarios de la llamada revoluci\u00f3n bolivariana y sobre el sistema financiero nacional.<\/p>\n
Este embargo econ\u00f3mico incluye la prohibici\u00f3n de hacer negocios con la estatal petrolera Pdvsa o la congelaci\u00f3n de activos del Banco Central de Venezuela (BCV), pero tambi\u00e9n el hecho de que EE.UU. ha tratado de impedir que Venezuela reciba combustible de Ir\u00e1n y de que ha habido \u00abamenazas\u00bb y \u00abpresiones\u00bb para que terceros no suscriban contratos con Caracas.<\/p>\n
Tambi\u00e9n en el marco de las sanciones, que en su mayor\u00eda est\u00e1n sustentadas en el se\u00f1alamiento del Gobierno de Nicol\u00e1s Maduro como una dictadura, Venezuela, o al menos el Ejecutivo, no ha podido acceder a dinero p\u00fablico depositado en el extranjero.<\/p>\n
La relatora subray\u00f3 que sancionar sectores econ\u00f3micos como el petr\u00f3leo, oro, miner\u00eda y otros, la aerol\u00ednea estatal y la industria de la televisi\u00f3n estatal constituyen \u00abuna violaci\u00f3n del derecho internacional y su ilicitud no se excluye con hacer referencia a las contramedidas\u00bb.<\/p>\n
En este sentido, record\u00f3 que los activos del BCV y los bienes utilizados para funciones p\u00fablicas pertenecen al Estado venezolano y no al Gobierno y, por lo tanto, la congelaci\u00f3n de estos recursos \u00abviola los derechos soberanos del pa\u00eds e impide a su Gobierno ejercer su deber de garantizar las necesidades de la poblaci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n
LAS RECOMENDACIONES<\/p>\n
Douhan concluye que las sanciones impuestas al pa\u00eds \u00abafectan al pueblo venezolano\u00bb y \u00abhan exacerbado las calamidades econ\u00f3micas y humanitarias existentes\u00bb, lo cual \u00abha tenido un efecto devastador en toda la poblaci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n
Esto, adem\u00e1s, deja a las personas cada vez m\u00e1s dependientes de la ayuda social de un Gobierno que tradicionalmente ha usado las importaciones para saciar las necesidades de comida y salud, y que ahora no es capaz de sufragar estas demandas, entre otras razones, por la merma casi total de su poder adquisitivo.<\/p>\n
La relatora subray\u00f3 la \u00abinadmisibilidad de la aplicaci\u00f3n de sanciones extraterritorialmente\u00bb e inst\u00f3 al Gobierno de los EE.UU. a \u00abreconsiderar y levantar las sanciones impuestas al sector p\u00fablico venezolano\u00bb, as\u00ed como \u00abrevisar y levantar las sanciones secundarias impuestas a terceros pa\u00edses\u00bb, relacionadas con la tirantez entre Caracas y Washington.<\/p>\n
El exhorto tambi\u00e9n se dirigi\u00f3 a todos los Estados para que revisen y levanten las sanciones selectivas \u00abpara garantizar que los funcionarios del Gobierno de Venezuela puedan representar al Estado con base al principio de igualdad soberana\u00bb.<\/p>\n
Asimismo, se exhorta al Gobierno de Maduro para que, junto a agencias de la ONU, negocie un acuerdo para \u00abgarantizar la distribuci\u00f3n transparente, justa y no discriminatoria de los bienes esenciales y la ayuda humanitaria bajo el control de las instituciones internacionales sin distingos\u00bb.<\/p>\n
Douhan se dijo preocupada por la falta de personal sanitario y de medicamentos en Venezuela, por lo que lament\u00f3 que los intentos por liberar los fondos congelados del pa\u00eds en el extranjero hayan sido infructuosos pues, remarc\u00f3, estos ser\u00edan usados para paliar esta situaci\u00f3n.<\/p>\n
De igual modo, se mostr\u00f3 alerta ante \u00abla vigilancia y enjuiciamiento\u00bb del personal de las ONG involucradas en el trabajo humanitario y la ausencia de normas provisionales que regulen el trabajo de estas asociaciones en el pa\u00eds, por lo que cree necesario que se establezca un marco legal claro y no discriminatorio al respecto.<\/p>\n
LAS REACCIONES<\/p>\n
La oposici\u00f3n venezolana acus\u00f3 a la relatora de seguir la narrativa del Gobierno sobre las sanciones econ\u00f3micas a su pa\u00eds, si bien Douhan asegur\u00f3 en la rueda de prensa que su trabajo se rigi\u00f3 por un independencia total.<\/p>\n
\u00abLamentamos que una relatora de ONU se preste para la propaganda y narrativa que excusa al r\u00e9gimen de su responsabilidad en la Emergencia Humanitaria y la violaci\u00f3n de DDHH en el pa\u00eds\u00bb, dijo el exparlamentario Miguel Pizarro en Twitter.<\/p>\n
El opositor indic\u00f3 que la relatora cometi\u00f3 imprecisiones pues, seg\u00fan dijo, no mencion\u00f3 \u00abtemas como corrupci\u00f3n, ineficiencia, violencia pol\u00edtica y uso del hambre como herramienta de control social y pol\u00edtico\u00bb.<\/p>\n
Maduro, por su parte, reconoci\u00f3 que la crisis humanitaria de Venezuela es \u00abenorme\u00bb y reiter\u00f3 su denuncia de que es causada por las sanciones, pese a que la situaci\u00f3n cr\u00edtica comenz\u00f3 a\u00f1os antes de que el pa\u00eds fuera sancionado.<\/p>\n
\u00abHoy la relatora ha hecho un llamado al Gobierno de Estados Unidos, al Gobierno de la Uni\u00f3n Europea (UE) a que revisen las sanciones y levanten las sanciones contra Venezuela porque han exacerbado una crisis humanitaria gigantesca, enorme, contra el pueblo\u00bb, dijo Maduro, que hasta mediados de 2019 negaba la existencia de la urgencia humanitaria.<\/p>\n
Fuente: https:\/\/www.eldiario.es\/internacional\/onu-pide-levantar-sanciones-venezuela-efectos-devastadores_1_7216472.html<\/p>\n
A continuaci\u00f3n, el informe completo<\/strong><\/h2>\nDerechos humanos y medidas coercitivas unilaterales:<\/em><\/p>\nLa Relatora Especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Sra. Alena Douhan, concluye su visita a la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela<\/em><\/p>\nResultados preliminares de la visita a la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela<\/strong><\/em><\/p>\nCaracas (12 de febrero de 2021), La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Sra. Alena Douhan, visit\u00f3 la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela del 1 al 12 de febrero de 2021. La Relatora agradece al Gobierno de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela por permitir y apoyar su visita al pa\u00eds. El prop\u00f3sito de la visita fue evaluar el impacto de las sanciones unilaterales en el disfrute de los derechos humanos de las personas que viven en Venezuela y cualquier otra persona afectada.<\/p>\n
Estas observaciones son de car\u00e1cter preliminar, resultado de extensas consultas con una amplia gama de interlocutores. El informe completo se presentar\u00e1 al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de 2021.<\/p>\n
El Relator Especial se reuni\u00f3 con el Presidente y el Vicepresidente de la Rep\u00fablica; los Vicepresidentes a cargo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral; los Ministros de Relaciones Exteriores, de Salud, de Educaci\u00f3n, de Planificaci\u00f3n, de Econom\u00eda, de Finanzas, de Petr\u00f3leo, de Miner\u00eda, de Alimentaci\u00f3n, de Mujer e Igualdad de G\u00e9nero, de Bloqueo, de Vivienda, de Trabajo Social, de Ciencia, de Tecnolog\u00eda, de Transporte, de Cultura y de Pueblos Ind\u00edgenas; el Coordinador de los Comit\u00e9s Locales de Producci\u00f3n y Abastecimiento (CLAP); el Secretario General del Comit\u00e9 de Derechos Humanos; el Presidente de PDVSA; el Presidente del Banco Central, el Director de Telecomunicaciones el Presidente del Tribunal Supremo, el Fiscal General, el Procurador General; el Presidente y los miembros de la Asamblea Nacional; el Defensor del Pueblo; el Secretario Ejecutivo del ALBA; representantes de todo el espectro de partidos pol\u00edticos, de la oposici\u00f3n y de los sindicatos; de organizaciones humanitarias nacionales e internacionales; del sector privado; de la iglesia cat\u00f3lica; as\u00ed como actores no gubernamentales venezolanos que trabajan en los \u00e1mbitos de la salud, los derechos humanos, la protecci\u00f3n de la infancia, las mujeres y los ancianos; personal m\u00e9dico; profesores universitarios; maestros de escuela; investigadores independientes y, lo que es m\u00e1s importante, v\u00edctimas de violaciones de los derechos humanos.<\/p>\n
La Relatora Especial tambi\u00e9n se reuni\u00f3 con representantes del equipo de las Naciones Unidas en el pa\u00eds y de la comunidad diplom\u00e1tica. Visit\u00f3 el Hospital Infantil del Coraz\u00f3n; la planta farmac\u00e9utica Quimbotiec; el complejo Canaimita; la escuela primaria Hugo Ch\u00e1vez y el preescolar Ciudad Mariche, en las afueras de Caracas. En el Estado de Carabobo, el Gobernador facilit\u00f3 una reuni\u00f3n con los directores de las empresas p\u00fablicas (agua, electricidad, gas y telecomunicaciones), la maternidad adscrita al hospital estatal, uno de los centros provinciales de salud primaria inspirados en el modelo cubano y varias organizaciones no gubernamentales.<\/p>\n
La Relatora Especial extiende su agradecimiento y gratitud a todos estos interlocutores que han ofrecido generosamente su tiempo, informaci\u00f3n, an\u00e1lisis, experiencias y pensamientos para ayudarla a comprender en poco tiempo lo que ha resultado ser una situaci\u00f3n muy compleja y alarmante.<\/p>\n
La Relatora Especial elogia la c\u00e1lida acogida y la forma constructiva y cooperativa en que el Gobierno facilit\u00f3 su visita, lo que permiti\u00f3 un di\u00e1logo franco y abierto. Expresa su especial agradecimiento al Ministerio de Asuntos Exteriores por su eficaz colaboraci\u00f3n con su oficina. Tambi\u00e9n agradece a la oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas su apoyo y asesoramiento durante la visita.<\/p>\n
Contexto de la visita al pa\u00eds<\/strong><\/p>\nEstados Unidos ha impuesto sanciones contra Venezuela desde 2005, cuando introdujo sanciones selectivas contra personas y entidades presuntamente implicadas en el tr\u00e1fico de drogas. Impuso un embargo de armas en 2006 por considerar que el Gobierno no cooperaba suficientemente en los esfuerzos antiterroristas.<\/p>\n
Una ley estadounidense de 2014 dio lugar a sanciones contra funcionarios venezolanos a los que se acusa, entre otras cosas, de reprimir violentamente las protestas, perseguir a los opositores pol\u00edticos, recortar las libertades de prensa y la corrupci\u00f3n. En 2015, Estados Unidos declar\u00f3 la situaci\u00f3n de Venezuela como una emergencia nacional que amenazaba la seguridad y la pol\u00edtica exterior de Estados Unidos.<\/p>\n
En 2017, Estados Unidos calific\u00f3 de ileg\u00edtimas las elecciones legislativas venezolanas e impuso sanciones contra el Gobierno y sus entidades, incluida PDVSA, bloqueando sus transacciones y el acceso a los mercados financieros estadounidenses. En 2018, tras las elecciones presidenciales venezolanas, Estados Unidos endureci\u00f3 sus sanciones contra el gobierno, citando la mala gesti\u00f3n econ\u00f3mica, la corrupci\u00f3n, la represi\u00f3n de los opositores pol\u00edticos y los esfuerzos por socavar la democracia.<\/p>\n
En enero de 2019, tras reconocer al l\u00edder legislativo Juan Guaid\u00f3 como presidente interino de Venezuela, Estados Unidos impuso m\u00e1s sanciones contra PDVSA, el Banco Central de Venezuela y funcionarios clave del gobierno, e impuso un embargo econ\u00f3mico total en agosto de 2019. Estados Unidos tambi\u00e9n dio a Guaid\u00f3 el control de los activos y propiedades del Gobierno venezolano en cuentas bancarias estadounidenses, incluido el dinero que va a PDVSA desde su unidad estadounidense, Citgo. Otras sanciones de Estados Unidos en 2018 y 2019 se dirigieron a los sectores del oro y otras minas, los alimentos, las criptomonedas y la banca. En septiembre de 2020, se impusieron sanciones estadounidenses a cinco legisladores que dirig\u00edan partidos que cooperaban con el Gobierno. Desde 2020, Estados Unidos ha tratado de bloquear a Venezuela para que no obtenga combustible de Ir\u00e1n mediante la inclusi\u00f3n en la lista de capitanes de petroleros, la prohibici\u00f3n del uso de puertos a\u00e9reos y mar\u00edtimos venezolanos y el bloqueo de activos de Rosneft. Al parecer, funcionarios estadounidenses han proferido amenazas extraoficiales para impedir las transacciones de empresas de terceros Estados con Venezuela.<\/p>\n
El Relator Especial toma nota de la decisi\u00f3n del Gobierno de los Estados Unidos, de 21 de enero de 2020, de revisar las sanciones de los Estados Unidos para minimizar el impacto humanitario de la pandemia, y de la medida del Gobierno de los Estados Unidos, de 2 de febrero de 2021, de suavizar las sanciones que afectan al funcionamiento de las operaciones ordinarias en los puertos y aeropuertos venezolanos.<\/p>\n
La Uni\u00f3n Europea impuso sanciones contra Venezuela en 2017, entre ellas un embargo de armas, la prohibici\u00f3n de exportar otros bienes que pudieran utilizarse para la represi\u00f3n interna, la prohibici\u00f3n de exportar tecnolog\u00eda y material hecho para la vigilancia o interceptaci\u00f3n de las telecomunicaciones, y la prohibici\u00f3n de viajar y la congelaci\u00f3n de activos de personas cuyas acciones fueron consideradas por la UE como un atentado contra la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos, que han sido impugnadas por Venezuela ante el Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea. Tambi\u00e9n se inform\u00f3 de que 1.200 millones de d\u00f3lares en fondos del Gobierno de Venezuela han sido congelados por un banco portugu\u00e9s en 2019. Cerca de 2.000 millones de d\u00f3lares en oro propiedad del Banco Central de Venezuela y depositados en el Banco de Inglaterra tambi\u00e9n est\u00e1n congelados mientras avanza un caso en los tribunales brit\u00e1nicos.<\/p>\n
En 2017 y 2018, Canad\u00e1 congel\u00f3 activos y prohibi\u00f3 las transacciones de bienes de funcionarios venezolanos acusados de represi\u00f3n, graves violaciones de los derechos humanos, corrupci\u00f3n, censura, ejecuciones extrajudiciales y otros actos. En 2018, M\u00e9xico congel\u00f3 activos e impuso prohibiciones de viaje a 13 altos funcionarios venezolanos. En 2018 y 2019, Suiza impuso un embargo de armas a Venezuela y congel\u00f3 activos e impuso prohibiciones de viaje a funcionarios venezolanos. En 2019, Colombia prohibi\u00f3 la entrada de unos 200 venezolanos vinculados al gobierno. Panam\u00e1 impuso sanciones selectivas contra personas y entidades venezolanas en 2018 consideradas de alto riesgo de participar en el blanqueo de capitales, la financiaci\u00f3n del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/p>\n
En 2019, 13 de los 14 pa\u00edses del Grupo de Lima acordaron prohibir la entrada de funcionarios venezolanos y negarles el acceso a sus sistemas financieros. Tambi\u00e9n en 2019, la mayor\u00eda de las partes del Tratado de R\u00edo aprobaron una resoluci\u00f3n que permit\u00eda imponer sanciones selectivas, incluida la congelaci\u00f3n de activos, a funcionarios venezolanos presuntamente implicados en el narcotr\u00e1fico, las actividades terroristas, la delincuencia organizada y\/o las violaciones de derechos humanos.<\/p>\n
El 13 de febrero de 2020, Venezuela present\u00f3 una remisi\u00f3n a la Corte Penal Internacional en virtud del art\u00edculo 14 del Estatuto de Roma con respecto a las medidas coercitivas unilaterales.<\/p>\n
Situaci\u00f3n econ\u00f3mica y humanitaria en Venezuela<\/strong><\/p>\nVenezuela cuenta con una de las mayores reservas de petr\u00f3leo del planeta. El petr\u00f3leo ha sido la principal exportaci\u00f3n del pa\u00eds y la principal fuente de ingresos y divisas. Desde el a\u00f1o 2000, el Gobierno ha anunciado la puesta en marcha de un amplio abanico de proyectos sociales en los \u00e1mbitos de la vivienda, la educaci\u00f3n, la alfabetizaci\u00f3n, la alimentaci\u00f3n, el suministro de electricidad y agua, la atenci\u00f3n sanitaria, la planificaci\u00f3n familiar, la alfabetizaci\u00f3n inform\u00e1tica y el desarrollo de las comunas, muchos de los cuales se han ejecutado sin coste alguno para el pueblo o han sido sustancialmente subvencionados por el Estado. La econom\u00eda monoorientada ha dependido en gran medida de las ventas de petr\u00f3leo; la mayor\u00eda de los productos, desde la maquinaria y las piezas de repuesto hasta los alimentos y los medicamentos, se han importado principalmente de Estados Unidos y Europa. La producci\u00f3n interna se ha mantenido en un nivel bastante bajo y no ha podido satisfacer las necesidades del consumo interno. El declive de la econom\u00eda comenz\u00f3 en 2014 con la ca\u00edda de los precios del petr\u00f3leo. Entre otros factores que afectan a la econom\u00eda de Venezuela, se han citado la mala gesti\u00f3n, la corrupci\u00f3n y los controles estatales de precios.<\/p>\n
Las sanciones unilaterales impuestas cada vez m\u00e1s por Estados Unidos, la Uni\u00f3n Europea y otros pa\u00edses han agravado los problemas mencionados. Se ha informado de que los ingresos del Gobierno se han reducido en un 99% y que el pa\u00eds vive actualmente con el 1% de sus ingresos anteriores a las sanciones. Las remesas procedentes del extranjero han disminuido debido al bloqueo de los activos del Estado y a la complejidad de las transferencias bancarias y a los impedimentos para realizarlas. Cuatro a\u00f1os de hiperinflaci\u00f3n han provocado la devaluaci\u00f3n total de la moneda nacional (1 USD = 1,8-1,9 millones de bol\u00edvares). Esto ha provocado la disminuci\u00f3n de los salarios del sector p\u00fablico de 150-500 USD en 2015 a 1-10 USD en 2020, y un creciente nivel de pobreza. En 2018-2019, el Gobierno introdujo nuevas pol\u00edticas econ\u00f3micas: se levant\u00f3 el control de precios y se permiti\u00f3 que el sector privado volviera a entrar en la econom\u00eda.<\/p>\n
Sin embargo, el endurecimiento de las sanciones a las que se enfrenta el pa\u00eds desde 2015 socava el posible impacto positivo de las actuales reformas, as\u00ed como la capacidad del Estado para mantener las infraestructuras y ejecutar proyectos sociales. Actualmente, Venezuela se enfrenta a la falta de maquinaria necesaria, repuestos, electricidad, agua, combustible, gas, alimentos y medicinas. Los activos venezolanos congelados en bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal ascienden a 6.000 millones de d\u00f3lares. Se informa de que la compra de bienes y los pagos de las empresas p\u00fablicas est\u00e1n bloqueados o congelados. El sector privado, las organizaciones no gubernamentales, las universidades, los clubes deportivos y los ciudadanos de Venezuela denuncian el rechazo o la reticencia de los bancos extranjeros a abrir o mantener sus cuentas bancarias, incluidas las de los bancos corresponsales en Estados Unidos y Europa; las dificultades para obtener visados y comprar billetes; la necesidad de actuar a trav\u00e9s de agentes de terceros pa\u00edses; y la necesidad de pagar costes de seguro adicionales. El refuerzo de las sanciones econ\u00f3micas y el creciente exceso de cumplimiento dieron lugar a la aprobaci\u00f3n de la Ley Constitucional Antibloqueo en octubre de 2020.<\/p>\n
Se ha informado de que las l\u00edneas el\u00e9ctricas pueden trabajar hoy en d\u00eda a menos del 20% de su capacidad. Se estima que el n\u00famero de venezolanos que han abandonado el pa\u00eds en busca de una vida mejor desde 2015 oscila entre 1 y 5 millones, y que la poblaci\u00f3n se reducir\u00e1 a unos 27 millones en 2021. La mayor\u00eda de los servicios p\u00fablicos se han visto mermados entre un 30% y un 50% de su personal, incluido el m\u00e1s cualificado (m\u00e9dicos, enfermeras, ingenieros, maestros, profesores, jueces, polic\u00edas, etc.), lo que ha provocado una desorganizaci\u00f3n interna, un aumento de la carga de trabajo para el personal restante, una reducci\u00f3n de los servicios y una disminuci\u00f3n de su calidad.<\/p>\n
Se calcula que el 90% de los hogares est\u00e1n conectados al sistema nacional de distribuci\u00f3n de agua. Sin embargo, numerosos hogares denuncian cortes frecuentes debido a los cortes de electricidad que afectan a las bombas de agua y al mantenimiento de las infraestructuras, y a la escasez de personal de mantenimiento cualificado. La distribuci\u00f3n de agua s\u00f3lo puede hacerse \u00abpor turnos\u00bb para garantizar su entrega a toda la poblaci\u00f3n, y la mayor\u00eda de los hogares s\u00f3lo pueden acceder al agua una o dos veces por semana durante varias horas. Debido a los impedimentos comerciales, el uso de agentes qu\u00edmicos para tratar y purificar el agua para hacerla potable se ha reducido en un 30%.<\/p>\n
Los impedimentos a la importaci\u00f3n de alimentos, que constituyen m\u00e1s del 50% del consumo de alimentos, han provocado el crecimiento constante de la malnutrici\u00f3n en los \u00faltimos 6 a\u00f1os, con m\u00e1s de 2,5 millones de personas en situaci\u00f3n de inseguridad alimentaria grave. Los mecanismos para hacer frente a esta situaci\u00f3n incluyen la disminuci\u00f3n del n\u00famero de comidas al d\u00eda (1 o 2 en lugar de 3); la reducci\u00f3n de la cantidad y la calidad de los alimentos; la descapitalizaci\u00f3n\/venta de los bienes del hogar para comer; y la reducci\u00f3n de los gastos en salud, ropa y educaci\u00f3n; con un aumento correlativo de las crisis familiares, las tensiones, la violencia y las separaciones; el trabajo infantil; la participaci\u00f3n en la econom\u00eda sumergida; la actividad delictiva, incluido el tr\u00e1fico de drogas y de personas; el trabajo forzoso; y la migraci\u00f3n. El programa de cajas de alimentos CLAP, iniciado como iniciativa gubernamental en 2017 y que abarca 6 mln. de hogares en todo el pa\u00eds, disminuye la diversidad de art\u00edculos.<\/p>\n
Venezuela ha dependido casi por completo de las medicinas importadas del extranjero, mientras que la mayor\u00eda de los servicios m\u00e9dicos p\u00fablicos eran proporcionados por el Estado de forma gratuita antes de 2016. Los impedimentos para la atenci\u00f3n sanitaria incluyen la falta o la grave insuficiencia de medicamentos y vacunas; el aumento de los precios; la escasez de electricidad para abastecer a los equipos; la escasez de agua y los problemas de saneamiento que afectan a la higiene; el deterioro de la infraestructura debido a la falta de mantenimiento, la ausencia de piezas de repuesto, la falta de disponibilidad de nuevos equipos debido a la falta de recursos o a la negativa a venderlos o entregarlos; la degradaci\u00f3n de las condiciones de trabajo y la falta de equipos de protecci\u00f3n contra las enfermedades infecciosas; la p\u00e9rdida de personal en todas las \u00e1reas m\u00e9dicas debido a los bajos salarios; y la finalizaci\u00f3n de la construcci\u00f3n de hospitales y centros de atenci\u00f3n primaria.<\/p>\n
En particular, el Hospital Cardiol\u00f3gico Infantil de Caracas enfrenta una disminuci\u00f3n de 5 veces el n\u00famero de cirug\u00edas (de un promedio de 1.000 intervenciones anuales en el per\u00edodo 2010-2014 a 162 en 2020). Las plazas de personal m\u00e9dico en los hospitales p\u00fablicos est\u00e1n vacantes en un 50-70%. Solo alrededor del 20% de los equipos m\u00e9dicos est\u00e1n actualmente en funcionamiento. El pa\u00eds se enfrent\u00f3 a una grave escasez de vacunas contra el sarampi\u00f3n, la fiebre amarilla y la malaria en 2017-2018. La falta de pruebas y tratamiento para el VIH en 2017-2018 supuso, seg\u00fan los informes, un grave aumento de la tasa de mortalidad. El desv\u00edo de activos de la filial estadounidense de PDVSA, CITGO, ha impedido que se realicen trasplantes de h\u00edgado y m\u00e9dula \u00f3sea a 53 ni\u00f1os venezolanos; dichos trasplantes se habr\u00edan realizado en Italia y Argentina antes de 2016 con cargo al Estado. El Relator Especial tambi\u00e9n observa el crecimiento reportado de la mortalidad neonatal y materna desde 2013, con una leve mejor\u00eda en 2019, cuando se activ\u00f3 la cooperaci\u00f3n humanitaria con UNICEF, la OPS, la iglesia y otras organizaciones humanitarias.<\/p>\n
Otros efectos nocivos de la crisis son el creciente problema de los embarazos en adolescentes, que est\u00e1 alcanzando un nivel de crisis con ni\u00f1as de 12-13 a\u00f1os que se quedan embarazadas en medio de la falta de acceso a la informaci\u00f3n y al uso de m\u00e9todos anticonceptivos; y el aumento del VIH\/SIDA debido a las relaciones sin protecci\u00f3n.<\/p>\n
La educaci\u00f3n escolar y universitaria se ha enfrentado a una grave disminuci\u00f3n del apoyo gubernamental desde 2016, incluyendo la terminaci\u00f3n o la reducci\u00f3n del suministro de uniformes escolares, zapatos, mochilas y material de oficina; y la reducci\u00f3n del n\u00famero de comidas diarias en la escuela (de 2 a 1), la disminuci\u00f3n de su cantidad y diversidad de alimentos o su cancelaci\u00f3n total. La indisponibilidad de recursos financieros y la reticencia de las empresas extranjeras a comerciar con las instituciones p\u00fablicas venezolanas y, a menudo, con las privadas, ha provocado la suspensi\u00f3n del Programa Canaima, iniciado en 2015 para ensamblar ordenadores port\u00e1tiles compactos con fines educativos, de los que se han distribuido 6,5 millones a trav\u00e9s del sistema escolar sin coste alguno. Incidentes t\u00e9cnicos en 2019 incapacitaron el sat\u00e9lite p\u00fablico de Venezuela, reduciendo sustancialmente la cobertura de Internet en el pa\u00eds y haciendo dif\u00edcilmente posible el aprendizaje a distancia en el curso de la pandemia.<\/p>\n
Ante la crisis econ\u00f3mica y humanitaria, el gobierno venezolano activ\u00f3 la cooperaci\u00f3n con el PNUD, UNICEF, ONUSIDA, la OPS, otras agencias internacionales, as\u00ed como con la iglesia, el sector privado y las ONG humanitarias que prestan ayuda humanitaria, facilitando cierta reconstrucci\u00f3n de los sistemas de agua y el suministro de vacunas, medicamentos, pruebas, reactivos, material escolar y alimentos. Sin embargo, los intentos de liberar los fondos congelados en el Banco de Inglaterra para la compra de medicamentos, vacunas, kits de protecci\u00f3n y equipos m\u00e9dicos a trav\u00e9s del PNUD y la OPS en 2020 han fracasado. No se han liberado fondos para la compra de COVAX a trav\u00e9s de la OPS en 2020 \u2013 2021. A pesar de la intensificaci\u00f3n del trabajo con los actores humanitarios, se han reportado algunos casos de vigilancia y persecuci\u00f3n del personal de las ONG nacionales que participan en el trabajo humanitario.<\/p>\n
Evaluaci\u00f3n de la base legal para la imposici\u00f3n de sanciones:<\/strong><\/p>\nEl Relator Especial considera que el estado de emergencia nacional anunciado por el Gobierno de los Estados Unidos el 8 de marzo de 2015 como fundamento para introducir sanciones contra Venezuela, y repetidamente prorrogado, no se corresponde con los requisitos del art. 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos, tales como la existencia de una amenaza para la vida de la naci\u00f3n, la limitaci\u00f3n de las medidas a las exigencias de la situaci\u00f3n, una duraci\u00f3n limitada, la ausencia de discriminaci\u00f3n, la prohibici\u00f3n de derogar el derecho a la vida y la prohibici\u00f3n de castigar una actividad que no constituya un delito, como se menciona en la comunicaci\u00f3n de los expertos en derechos humanos de 29 de enero de 2021.<\/p>\n
El Relator Especial subraya que las sanciones unilaterales contra los sectores petrolero, aur\u00edfero, minero y otros sectores econ\u00f3micos, la compa\u00f1\u00eda a\u00e9rea estatal y la industria de la televisi\u00f3n constituyen una violaci\u00f3n del derecho internacional, y no se excluye su ilicitud con referencia a las contramedidas. El prop\u00f3sito anunciado de la campa\u00f1a de \u00abm\u00e1xima presi\u00f3n\u00bb -cambiar el Gobierno de Venezuela- viola el principio de igualdad soberana de los Estados y constituye una intervenci\u00f3n en los asuntos internos de Venezuela que tambi\u00e9n afecta a sus relaciones regionales.<\/p>\n
Refiri\u00e9ndose a las normas consuetudinarias sobre la inmunidad de los bienes del Estado, el Relator Especial recuerda que los activos del Banco Central y los bienes utilizados para las funciones p\u00fablicas pertenecen al Estado de Venezuela y no a su Gobierno o a cualquier individuo. Por lo tanto, la congelaci\u00f3n de los activos del Banco Central de Venezuela por no reconocer a su Gobierno, as\u00ed como la adopci\u00f3n de las sanciones pertinentes, viola los derechos soberanos del pa\u00eds e impide que su gobierno efectivo ejerza su deber de garantizar las necesidades de la poblaci\u00f3n.<\/p>\n
La Relatora Especial subraya que la inclusi\u00f3n de funcionarios del Estado en la lista de oficio contradice la prohibici\u00f3n de castigar una actividad que no constituye un delito, impide a los funcionarios la posibilidad de representar los intereses de Venezuela en los tribunales internacionales y otras instituciones internacionales, y socava el principio de igualdad soberana de los Estados. Asimismo, se\u00f1ala que las reiteradas negativas de los bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal a liberar activos venezolanos incluso para la compra de medicamentos, vacunas y kits de protecci\u00f3n, bajo el control de organizaciones internacionales, viola el mencionado principio e impide la capacidad de Venezuela de responder a la emergencia COVID-19.<\/p>\n
Al Relator Especial le preocupa que las sanciones selectivas unilaterales en su forma actual violen, como m\u00ednimo, las obligaciones que se desprenden de los instrumentos universales y regionales en el \u00e1mbito de los derechos humanos, muchas de las cuales son de car\u00e1cter perentorio -garant\u00edas procesales y presunci\u00f3n de inocencia con vistas a que los motivos de su introducci\u00f3n no constituyan en su mayor parte cr\u00edmenes internacionales ni cumplan con los fundamentos de la jurisdicci\u00f3n penal universal, al tiempo que toma nota del hecho de la presentaci\u00f3n ante la Corte Penal Internacional por parte de un grupo de Estados de una remisi\u00f3n contra Venezuela el 27 de septiembre de 2018.<\/p>\n
El Relator Especial subraya que la aplicaci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n extraterritorial a nacionales y empresas de terceros Estados por la cooperaci\u00f3n con las autoridades p\u00fablicas, nacionales y empresas de Venezuela, y las supuestas amenazas a dichos terceros Estados, no se justifica en virtud del derecho internacional y aumenta los riesgos de exceso de cumplimiento de las sanciones. El Relator Especial observa con preocupaci\u00f3n las presuntas amenazas a empresas privadas y a donantes, socios y organizaciones humanitarias de terceros pa\u00edses, as\u00ed como la introducci\u00f3n de cl\u00e1usulas de confidencialidad en la Ley Constitucional Antibloqueo de Venezuela en lo que respecta a la identidad de los socios correspondientes.<\/p>\n
Impacto en el disfrute de los derechos humanos:<\/strong><\/p>\nEl Relator Especial observa con preocupaci\u00f3n que las sanciones sectoriales a las industrias petrolera, aur\u00edfera y minera, el bloqueo econ\u00f3mico de Venezuela y la congelaci\u00f3n de los activos del Banco Central han exacerbado la situaci\u00f3n econ\u00f3mica y humanitaria preexistente al impedir la obtenci\u00f3n de ingresos y el uso de recursos para desarrollar y mantener la infraestructura y para los programas de apoyo social, lo que tiene un efecto devastador en toda la poblaci\u00f3n de Venezuela, especialmente la que se encuentra en situaci\u00f3n de extrema pobreza, las mujeres, los ni\u00f1os, los trabajadores m\u00e9dicos, las personas con discapacidad o con enfermedades cr\u00f3nicas o que ponen en peligro la vida, y la poblaci\u00f3n ind\u00edgena.<\/p>\n
El Relator Especial subraya que las exenciones humanitarias existentes son ineficaces e insuficientes, est\u00e1n sujetas a procedimientos largos y costosos, y no cubren la entrega de repuestos, equipos y maquinaria necesarios para el mantenimiento y la restauraci\u00f3n de la econom\u00eda y los servicios p\u00fablicos.<\/p>\n
Al Relator Especial le preocupa que la aplicaci\u00f3n de sanciones secundarias extraterritoriales, as\u00ed como las presuntas amenazas de sanciones, den lugar a un exceso de cumplimiento de los reg\u00edmenes de sanciones existentes, impidiendo al Gobierno de Venezuela, a su sector p\u00fablico y a las empresas privadas adquirir maquinaria, repuestos, medicamentos, alimentos, suministros agr\u00edcolas y otros bienes esenciales, incluso dentro de las licencias concedidas por el Gobierno de los Estados Unidos. UU., y tambi\u00e9n dan lugar a un n\u00famero creciente de denegaciones de transferencias bancarias, a la ampliaci\u00f3n de los plazos de las transferencias bancarias (de 2 a 45 d\u00edas), al aumento de los costes de entrega, seguro y transferencia bancaria, as\u00ed como a las subidas de precios comunicadas para todos los bienes (especialmente los importados).<\/p>\n
El Relator Especial observa con preocupaci\u00f3n que la ausencia de recursos y la reticencia de los socios, bancos y empresas de reparto extranjeras a tratar con los socios venezolanos se traduce en la imposibilidad de comprar los equipos m\u00e9dicos y tecnol\u00f3gicos necesarios, los reactivos y las piezas de repuesto para la reparaci\u00f3n y el mantenimiento de los sistemas de electricidad, gas, agua, transporte p\u00fablico, tel\u00e9fono y comunicaciones, escuelas, hospitales, viviendas y otras instituciones p\u00fablicas, lo que menoscaba el disfrute de muchos derechos humanos, incluido el derecho a una vida digna.<\/p>\n
A pesar de la revisi\u00f3n peri\u00f3dica y el aumento de los salarios en Venezuela, se estima que el salario medio del sector p\u00fablico es de 2 a 3 d\u00f3lares de los EE.UU. al mes, lo que cubre menos del 1% de la cesta b\u00e1sica de alimentos y hace que la poblaci\u00f3n dependa cada vez m\u00e1s del apoyo social del Gobierno en forma de CLAP (alimentos) y de transferencias peri\u00f3dicas de dinero a trav\u00e9s de la \u00abCarta de la Patria\u00bb, de m\u00faltiples subsidios para los funcionarios p\u00fablicos, as\u00ed como de la ayuda humanitaria extranjera.<\/p>\n
El Relator Especial observa que esto aumenta el nivel de migraci\u00f3n, facilita la participaci\u00f3n de personas en la econom\u00eda gris, afectando en primer lugar a especialistas de alto nivel del sector p\u00fablico, incluyendo m\u00e9dicos, enfermeras, maestros, profesores universitarios, ingenieros, polic\u00edas, jueces, t\u00e9cnicos y muchos otros, violando sus derechos econ\u00f3micos, incluyendo los derechos al trabajo, al trabajo decente, a la seguridad social, incluyendo el seguro social, y a un nivel de vida adecuado. El n\u00famero de vacantes entre el personal necesario para garantizar el funcionamiento normal de los servicios p\u00fablicos habr\u00eda alcanzado entre 1\/3 y 1\/2. La migraci\u00f3n masiva en ausencia de un transporte asequible pone en peligro la vida de los migrantes e impone cargas adicionales a los pa\u00edses receptores. Se ha denunciado, entre otros problemas, el acceso a los alimentos, las medicinas y la asistencia m\u00e9dica para los migrantes venezolanos, la falta de documentos de identidad para los ni\u00f1os nacidos en el extranjero, la separaci\u00f3n de las familias y la ausencia de la debida atenci\u00f3n a los ni\u00f1os que se quedan con los abuelos en Venezuela.<\/p>\n
Al Relator Especial le preocupa que la falta de gasolina, con el consiguiente aumento de los precios del transporte, viole la libertad de circulaci\u00f3n, impida el acceso a los hospitales, las escuelas y otros servicios p\u00fablicos, agrave los problemas de entrega y distribuci\u00f3n de alimentos y suministros m\u00e9dicos -especialmente en las zonas remotas del pa\u00eds, lo que afecta, entre otras cosas, a la poblaci\u00f3n ind\u00edgena- y provoque retrasos en los servicios p\u00fablicos, incluida la justicia penal y civil. La reportada falta de gasoil, mayormente utilizado para fines agr\u00edcolas, industriales y de transporte, tiene un potencial efecto dram\u00e1tico en la producci\u00f3n y almacenamiento de alimentos, con el riesgo de exacerbar a\u00fan m\u00e1s la inseguridad alimentaria del pueblo venezolano que ya enfrenta un deterioro en la cantidad y calidad de los alimentos y una mayor desnutrici\u00f3n, aumentando por lo tanto los riesgos de salud y las amenazas a la vida.<\/p>\n
El Relator Especial observa con preocupaci\u00f3n que, debido a la falta de disponibilidad de maquinaria nueva, piezas de repuesto y personal competente, el pueblo de Venezuela tiene un acceso limitado a la electricidad, lo que impide, entre otras cosas, el funcionamiento de las bombas de agua, lo que da lugar a la violaci\u00f3n del derecho al agua, incluida el agua potable y el agua para el saneamiento, aumentando los riesgos de enfermedades pertinentes.<\/p>\n
El Relator Especial subraya que los bajos salarios, la ausencia o insuficiencia de material escolar, de uniformes escolares y de comida en la escuela, que sol\u00eda proporcionar el Gobierno, los problemas de transporte, la ausencia de electricidad y la reducida cobertura de Internet y de telefon\u00eda m\u00f3vil ponen en peligro el ejercicio del derecho a la educaci\u00f3n. Las razones anteriores, as\u00ed como la reportada imposibilidad de utilizar recursos en l\u00ednea con direcciones IP venezolanas, afectan el acceso a la informaci\u00f3n y la libertad de expresi\u00f3n. La supuesta reticencia de los socios extranjeros a cooperar con las instituciones venezolanas, incluidas las universidades, las sociedades deportivas y las ONG, as\u00ed como los impedimentos a las transferencias de dinero, las dificultades para obtener visados y la negativa a abrir y el cierre de cuentas bancarias de ciudadanos venezolanos o de empresas p\u00fablicas y privadas con sede en Venezuela por temor a sanciones secundarias, afectan al derecho a la educaci\u00f3n, a las libertades acad\u00e9micas y a los derechos culturales, e impiden la prestaci\u00f3n de ayuda humanitaria.<\/p>\n
Al Relator Especial tambi\u00e9n le preocupa que la escasez de gas, que obliga a la gente a cocinar con fuegos de le\u00f1a, pueda violar el derecho a un entorno favorable. Observa que, debido a la necesidad de garantizar las necesidades humanas esenciales para la supervivencia, el Gobierno habr\u00eda suspendido todos los programas destinados a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos los proyectos agr\u00edcolas y sanitarios, la protecci\u00f3n del medio ambiente, la mejora de la alfabetizaci\u00f3n y la inform\u00e1tica, la reconstrucci\u00f3n y otros.<\/p>\n
La Relatora Especial subraya que el bloqueo de bienes, activos y cuentas bancarias de ciudadanos de Venezuela por parte de bancos extranjeros y corresponsales, muchas veces por exceso de cumplimiento, resulta en la violaci\u00f3n del derecho a la propiedad. Tambi\u00e9n observa con preocupaci\u00f3n que la aplicaci\u00f3n de sanciones unilaterales contra Venezuela afecta a los derechos de los nacionales de terceros pa\u00edses, en particular, la rescisi\u00f3n de contratos con empresas de terceros pa\u00edses tiene el riesgo potencial de afectar a los derechos econ\u00f3micos y de propiedad de sus propietarios y empleados; y la ausencia de contribuciones de Venezuela, que sol\u00eda donar a proyectos de asistencia regional (por ejemplo, el ALBA), est\u00e1 afectando negativamente al derecho a la ayuda humanitaria de sus beneficiarios m\u00e1s all\u00e1 de las fronteras de Venezuela.<\/p>\n
El Relator Especial reconoce que las sanciones selectivas y secundarias violan los derechos a un juicio justo, las garant\u00edas procesales, la libertad de circulaci\u00f3n, los derechos de propiedad y el derecho a la reputaci\u00f3n. Las sanciones contra representantes de grupos de la oposici\u00f3n por su participaci\u00f3n en las elecciones violan su derecho a tener y expresar opiniones, y a participar en los asuntos p\u00fablicos. Mientras que el Tratado de Funcionamiento de la Uni\u00f3n Europea (art. 275) ofrece a las personas incluidas en la lista la posibilidad de acceder al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, aunque no existan garant\u00edas procesales antes de que se adopten las decisiones sobre las sanciones, el Relator Especial se\u00f1ala que no se garantiza el acceso a la justicia en lo que respecta a las sanciones de los Estados Unidos, especialmente en vista de las numerosas negativas denunciadas por parte de abogados estadounidenses a presentar casos ante la OFAC debido a las supuestas amenazas del Gobierno de los Estados Unidos o al temor a hipot\u00e9ticas sanciones.<\/p>\n
El Relator Especial concluye que las sanciones impuestas contra Venezuela, sus ciudadanos y empresas afectan a las personas de Venezuela y de fuera de su territorio, tanto en el sector p\u00fablico como en el privado; a los nacionales de terceros pa\u00edses y a los empleados de empresas de terceros pa\u00edses afectados por las sanciones secundarias o por el temor a las mismas; a los donantes y a las ONG humanitarias internacionales; a los beneficiarios de la asistencia de las organizaciones internacionales tradicionalmente financiadas por Venezuela; mientras que las personas de bajos ingresos, las mujeres, los ni\u00f1os y las personas con necesidades especiales o con enfermedades cr\u00f3nicas o graves son los m\u00e1s afectados con respecto a todo el \u00e1mbito de los derechos humanos, incluidos los derechos civiles, pol\u00edticos, econ\u00f3micos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo.<\/p>\n
El Relator Especial acoge con satisfacci\u00f3n los informes sobre el mayor compromiso del Gobierno de Venezuela con el PNUD, el UNICEF, el ONUSIDA, la OPS, otros organismos internacionales y las ONG eclesi\u00e1sticas, del sector privado y humanitarias, en la prestaci\u00f3n de ayuda humanitaria, facilitando cierta reconstrucci\u00f3n de los sistemas de agua y el suministro de vacunas, medicamentos, pruebas, reactivos, material escolar y alimentos, ayudando as\u00ed a unos 4 millones de personas. Sin embargo, al Relator Especial le preocupan los informes sobre la mala gesti\u00f3n en la distribuci\u00f3n de la ayuda humanitaria, la vigilancia y la persecuci\u00f3n del personal de las ONG nacionales que participan en la labor humanitaria, y la ausencia de un reglamento provisional para el trabajo de las ONG internacionales.<\/p>\n
Recomendaciones del Relator Especial:<\/p>\n
La Relatora Especial recuerda a todas las partes su obligaci\u00f3n, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, de observar los principios y normas del derecho internacional, incluidos los principios de igualdad soberana, independencia pol\u00edtica, no intervenci\u00f3n en los asuntos internos de los Estados y soluci\u00f3n pac\u00edfica de las controversias internacionales. La Relatora Especial les insta a que resuelvan cualquier disputa a trav\u00e9s de las instituciones judiciales y otras instituciones internacionales competentes.<\/p>\n
La Relatora Especial subraya que las preocupaciones humanitarias deben prevalecer siempre sobre las pol\u00edticas y que las medidas unilaterales s\u00f3lo pueden adoptarse teniendo en cuenta el Estado de Derecho, las normas de derechos humanos, el derecho de los refugiados y el derecho humanitario; deben cumplir las obligaciones jur\u00eddicas internacionales de los Estados y s\u00f3lo pueden aplicarse en el marco de contramedidas internacionalmente l\u00edcitas. El Relator Especial recuerda que las evaluaciones preliminares y continuas del impacto humanitario deben realizarse en el curso de cualquier actividad unilateral, ya que ninguna buena intenci\u00f3n justifica la violaci\u00f3n de los derechos humanos fundamentales como \u00abda\u00f1o colateral\u00bb.<\/p>\n
El Relator Especial subraya la inadmisibilidad de aplicar sanciones de forma extraterritorial e insta al Gobierno de los Estados Unidos a poner fin a la emergencia nacional en relaci\u00f3n con Venezuela, revisar y levantar las sanciones sectoriales contra el sector p\u00fablico de Venezuela, revisar y levantar las sanciones secundarias contra terceros Estados y abstenerse de imponer sanciones al suministro de gas\u00f3leo que provocar\u00edan una crisis humanitaria de proporciones sin precedentes.<\/p>\n
El Relator Especial insta a todos los interlocutores (incluidos los Estados, las organizaciones internacionales, los bancos, las empresas privadas y la sociedad civil) a que eviten la coacci\u00f3n, las amenazas escritas u orales o cualquier otro acto que pueda provocar o dar lugar a un exceso de cumplimiento, y a que interpreten todas las limitaciones de la manera m\u00e1s estricta posible en el per\u00edodo intermedio antes del levantamiento de las sanciones unilaterales, teniendo debidamente en cuenta las Orientaciones emitidas por el Relator Especial en diciembre de 2020.<\/p>\n
El Relator Especial pide a todos los Estados que revisen y levanten las sanciones selectivas de conformidad con los principios del derecho internacional, el Estado de derecho, los derechos humanos y el derecho de los refugiados, que garanticen la posibilidad de que los funcionarios del Estado de Venezuela representen al Estado sobre la base del principio de igualdad soberana de los Estados, y que garanticen los derechos de las personas afectadas a la presunci\u00f3n de inocencia, las garant\u00edas procesales, el acceso a la justicia y otros derechos fundamentales.<\/p>\n
El Relator Especial insta a los Gobiernos del Reino Unido, Portugal y los Estados Unidos y a los bancos correspondientes a que descongelen los activos del Banco Central de Venezuela para adquirir medicamentos, vacunas, alimentos, equipos m\u00e9dicos y de otro tipo, repuestos y otros bienes esenciales para garantizar las necesidades humanitarias del pueblo de Venezuela y el restablecimiento de los servicios p\u00fablicos en colaboraci\u00f3n con el PNUD y otros organismos de las Naciones Unidas y mediante mecanismos mutuamente acordados y supervisados por ellos.<\/p>\n
Aunque reconoce el efecto devastador de las sanciones unilaterales en el amplio \u00e1mbito de los derechos humanos, especialmente el derecho a la alimentaci\u00f3n, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la educaci\u00f3n y el derecho al desarrollo, el Relator Especial pide al Gobierno de Venezuela y a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos que apliquen plenamente el acuerdo de cooperaci\u00f3n firmado entre ellos, que refuercen la presencia de la OACDH en el terreno para supervisar, entre otras cosas, el impacto de las sanciones unilaterales y que organicen visitas de los procedimientos especiales pertinentes al pa\u00eds.<\/p>\n
El Relator Especial hace un llamamiento al Gobierno de Venezuela, al PNUD, a otras agencias de la ONU y a la OACDH en Venezuela para que negocien un acuerdo que garantice la distribuci\u00f3n transparente, justa y no discriminatoria de los bienes esenciales y de la ayuda humanitaria bajo el control de las instituciones internacionales, independientemente de la raza, el g\u00e9nero, la nacionalidad, la edad, las creencias religiosas o las opiniones pol\u00edticas, teniendo debidamente en cuenta a los grupos con necesidades especiales.<\/p>\n
La Relatora Especial hace un llamamiento al Gobierno de Venezuela para que, en colaboraci\u00f3n con el Coordinador Residente de las Naciones Unidas y el ACNUDH en Venezuela, termine de redactar una legislaci\u00f3n clara y no discriminatoria que permita y facilite la labor humanitaria de las ONG internacionales y nacionales en Venezuela, y garantice la seguridad e integridad de su personal. Al mismo tiempo, se refiere a la obligaci\u00f3n de las ONG humanitarias de cumplir con las normas de la actividad puramente humanitaria.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Eldiario.es (13-2-21) La Organizaci\u00f3n de Naciones Unidas (ONU) pidi\u00f3 este viernes levantar las sanciones econ\u00f3micas que varios pa\u00edses han impuesto a Venezuela en los \u00faltimos a\u00f1os, en vista de los \u00abefectos devastadores\u00bb que han tenido estas restricciones financieras sobre la vida de los ciudadanos. El exhorto lo hizo la relatora especial sobre el impacto […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":21536,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[14,12],"tags":[],"class_list":["post-45270","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-internacionales","category-politica-3"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/45270"}],"collection":[{"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=45270"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/45270\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":45271,"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/45270\/revisions\/45271"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media\/21536"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=45270"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=45270"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=45270"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
La Relatora Especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Sra. Alena Douhan, concluye su visita a la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela<\/em><\/p>\n Resultados preliminares de la visita a la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela<\/strong><\/em><\/p>\n Caracas (12 de febrero de 2021), La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Sra. Alena Douhan, visit\u00f3 la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela del 1 al 12 de febrero de 2021. La Relatora agradece al Gobierno de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela por permitir y apoyar su visita al pa\u00eds. El prop\u00f3sito de la visita fue evaluar el impacto de las sanciones unilaterales en el disfrute de los derechos humanos de las personas que viven en Venezuela y cualquier otra persona afectada.<\/p>\n Estas observaciones son de car\u00e1cter preliminar, resultado de extensas consultas con una amplia gama de interlocutores. El informe completo se presentar\u00e1 al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de 2021.<\/p>\n El Relator Especial se reuni\u00f3 con el Presidente y el Vicepresidente de la Rep\u00fablica; los Vicepresidentes a cargo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral; los Ministros de Relaciones Exteriores, de Salud, de Educaci\u00f3n, de Planificaci\u00f3n, de Econom\u00eda, de Finanzas, de Petr\u00f3leo, de Miner\u00eda, de Alimentaci\u00f3n, de Mujer e Igualdad de G\u00e9nero, de Bloqueo, de Vivienda, de Trabajo Social, de Ciencia, de Tecnolog\u00eda, de Transporte, de Cultura y de Pueblos Ind\u00edgenas; el Coordinador de los Comit\u00e9s Locales de Producci\u00f3n y Abastecimiento (CLAP); el Secretario General del Comit\u00e9 de Derechos Humanos; el Presidente de PDVSA; el Presidente del Banco Central, el Director de Telecomunicaciones el Presidente del Tribunal Supremo, el Fiscal General, el Procurador General; el Presidente y los miembros de la Asamblea Nacional; el Defensor del Pueblo; el Secretario Ejecutivo del ALBA; representantes de todo el espectro de partidos pol\u00edticos, de la oposici\u00f3n y de los sindicatos; de organizaciones humanitarias nacionales e internacionales; del sector privado; de la iglesia cat\u00f3lica; as\u00ed como actores no gubernamentales venezolanos que trabajan en los \u00e1mbitos de la salud, los derechos humanos, la protecci\u00f3n de la infancia, las mujeres y los ancianos; personal m\u00e9dico; profesores universitarios; maestros de escuela; investigadores independientes y, lo que es m\u00e1s importante, v\u00edctimas de violaciones de los derechos humanos.<\/p>\n La Relatora Especial tambi\u00e9n se reuni\u00f3 con representantes del equipo de las Naciones Unidas en el pa\u00eds y de la comunidad diplom\u00e1tica. Visit\u00f3 el Hospital Infantil del Coraz\u00f3n; la planta farmac\u00e9utica Quimbotiec; el complejo Canaimita; la escuela primaria Hugo Ch\u00e1vez y el preescolar Ciudad Mariche, en las afueras de Caracas. En el Estado de Carabobo, el Gobernador facilit\u00f3 una reuni\u00f3n con los directores de las empresas p\u00fablicas (agua, electricidad, gas y telecomunicaciones), la maternidad adscrita al hospital estatal, uno de los centros provinciales de salud primaria inspirados en el modelo cubano y varias organizaciones no gubernamentales.<\/p>\n La Relatora Especial extiende su agradecimiento y gratitud a todos estos interlocutores que han ofrecido generosamente su tiempo, informaci\u00f3n, an\u00e1lisis, experiencias y pensamientos para ayudarla a comprender en poco tiempo lo que ha resultado ser una situaci\u00f3n muy compleja y alarmante.<\/p>\n La Relatora Especial elogia la c\u00e1lida acogida y la forma constructiva y cooperativa en que el Gobierno facilit\u00f3 su visita, lo que permiti\u00f3 un di\u00e1logo franco y abierto. Expresa su especial agradecimiento al Ministerio de Asuntos Exteriores por su eficaz colaboraci\u00f3n con su oficina. Tambi\u00e9n agradece a la oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas su apoyo y asesoramiento durante la visita.<\/p>\n Contexto de la visita al pa\u00eds<\/strong><\/p>\n Estados Unidos ha impuesto sanciones contra Venezuela desde 2005, cuando introdujo sanciones selectivas contra personas y entidades presuntamente implicadas en el tr\u00e1fico de drogas. Impuso un embargo de armas en 2006 por considerar que el Gobierno no cooperaba suficientemente en los esfuerzos antiterroristas.<\/p>\n Una ley estadounidense de 2014 dio lugar a sanciones contra funcionarios venezolanos a los que se acusa, entre otras cosas, de reprimir violentamente las protestas, perseguir a los opositores pol\u00edticos, recortar las libertades de prensa y la corrupci\u00f3n. En 2015, Estados Unidos declar\u00f3 la situaci\u00f3n de Venezuela como una emergencia nacional que amenazaba la seguridad y la pol\u00edtica exterior de Estados Unidos.<\/p>\n En 2017, Estados Unidos calific\u00f3 de ileg\u00edtimas las elecciones legislativas venezolanas e impuso sanciones contra el Gobierno y sus entidades, incluida PDVSA, bloqueando sus transacciones y el acceso a los mercados financieros estadounidenses. En 2018, tras las elecciones presidenciales venezolanas, Estados Unidos endureci\u00f3 sus sanciones contra el gobierno, citando la mala gesti\u00f3n econ\u00f3mica, la corrupci\u00f3n, la represi\u00f3n de los opositores pol\u00edticos y los esfuerzos por socavar la democracia.<\/p>\n En enero de 2019, tras reconocer al l\u00edder legislativo Juan Guaid\u00f3 como presidente interino de Venezuela, Estados Unidos impuso m\u00e1s sanciones contra PDVSA, el Banco Central de Venezuela y funcionarios clave del gobierno, e impuso un embargo econ\u00f3mico total en agosto de 2019. Estados Unidos tambi\u00e9n dio a Guaid\u00f3 el control de los activos y propiedades del Gobierno venezolano en cuentas bancarias estadounidenses, incluido el dinero que va a PDVSA desde su unidad estadounidense, Citgo. Otras sanciones de Estados Unidos en 2018 y 2019 se dirigieron a los sectores del oro y otras minas, los alimentos, las criptomonedas y la banca. En septiembre de 2020, se impusieron sanciones estadounidenses a cinco legisladores que dirig\u00edan partidos que cooperaban con el Gobierno. Desde 2020, Estados Unidos ha tratado de bloquear a Venezuela para que no obtenga combustible de Ir\u00e1n mediante la inclusi\u00f3n en la lista de capitanes de petroleros, la prohibici\u00f3n del uso de puertos a\u00e9reos y mar\u00edtimos venezolanos y el bloqueo de activos de Rosneft. Al parecer, funcionarios estadounidenses han proferido amenazas extraoficiales para impedir las transacciones de empresas de terceros Estados con Venezuela.<\/p>\n El Relator Especial toma nota de la decisi\u00f3n del Gobierno de los Estados Unidos, de 21 de enero de 2020, de revisar las sanciones de los Estados Unidos para minimizar el impacto humanitario de la pandemia, y de la medida del Gobierno de los Estados Unidos, de 2 de febrero de 2021, de suavizar las sanciones que afectan al funcionamiento de las operaciones ordinarias en los puertos y aeropuertos venezolanos.<\/p>\n La Uni\u00f3n Europea impuso sanciones contra Venezuela en 2017, entre ellas un embargo de armas, la prohibici\u00f3n de exportar otros bienes que pudieran utilizarse para la represi\u00f3n interna, la prohibici\u00f3n de exportar tecnolog\u00eda y material hecho para la vigilancia o interceptaci\u00f3n de las telecomunicaciones, y la prohibici\u00f3n de viajar y la congelaci\u00f3n de activos de personas cuyas acciones fueron consideradas por la UE como un atentado contra la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos, que han sido impugnadas por Venezuela ante el Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea. Tambi\u00e9n se inform\u00f3 de que 1.200 millones de d\u00f3lares en fondos del Gobierno de Venezuela han sido congelados por un banco portugu\u00e9s en 2019. Cerca de 2.000 millones de d\u00f3lares en oro propiedad del Banco Central de Venezuela y depositados en el Banco de Inglaterra tambi\u00e9n est\u00e1n congelados mientras avanza un caso en los tribunales brit\u00e1nicos.<\/p>\n En 2017 y 2018, Canad\u00e1 congel\u00f3 activos y prohibi\u00f3 las transacciones de bienes de funcionarios venezolanos acusados de represi\u00f3n, graves violaciones de los derechos humanos, corrupci\u00f3n, censura, ejecuciones extrajudiciales y otros actos. En 2018, M\u00e9xico congel\u00f3 activos e impuso prohibiciones de viaje a 13 altos funcionarios venezolanos. En 2018 y 2019, Suiza impuso un embargo de armas a Venezuela y congel\u00f3 activos e impuso prohibiciones de viaje a funcionarios venezolanos. En 2019, Colombia prohibi\u00f3 la entrada de unos 200 venezolanos vinculados al gobierno. Panam\u00e1 impuso sanciones selectivas contra personas y entidades venezolanas en 2018 consideradas de alto riesgo de participar en el blanqueo de capitales, la financiaci\u00f3n del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/p>\n En 2019, 13 de los 14 pa\u00edses del Grupo de Lima acordaron prohibir la entrada de funcionarios venezolanos y negarles el acceso a sus sistemas financieros. Tambi\u00e9n en 2019, la mayor\u00eda de las partes del Tratado de R\u00edo aprobaron una resoluci\u00f3n que permit\u00eda imponer sanciones selectivas, incluida la congelaci\u00f3n de activos, a funcionarios venezolanos presuntamente implicados en el narcotr\u00e1fico, las actividades terroristas, la delincuencia organizada y\/o las violaciones de derechos humanos.<\/p>\n El 13 de febrero de 2020, Venezuela present\u00f3 una remisi\u00f3n a la Corte Penal Internacional en virtud del art\u00edculo 14 del Estatuto de Roma con respecto a las medidas coercitivas unilaterales.<\/p>\n Situaci\u00f3n econ\u00f3mica y humanitaria en Venezuela<\/strong><\/p>\n Venezuela cuenta con una de las mayores reservas de petr\u00f3leo del planeta. El petr\u00f3leo ha sido la principal exportaci\u00f3n del pa\u00eds y la principal fuente de ingresos y divisas. Desde el a\u00f1o 2000, el Gobierno ha anunciado la puesta en marcha de un amplio abanico de proyectos sociales en los \u00e1mbitos de la vivienda, la educaci\u00f3n, la alfabetizaci\u00f3n, la alimentaci\u00f3n, el suministro de electricidad y agua, la atenci\u00f3n sanitaria, la planificaci\u00f3n familiar, la alfabetizaci\u00f3n inform\u00e1tica y el desarrollo de las comunas, muchos de los cuales se han ejecutado sin coste alguno para el pueblo o han sido sustancialmente subvencionados por el Estado. La econom\u00eda monoorientada ha dependido en gran medida de las ventas de petr\u00f3leo; la mayor\u00eda de los productos, desde la maquinaria y las piezas de repuesto hasta los alimentos y los medicamentos, se han importado principalmente de Estados Unidos y Europa. La producci\u00f3n interna se ha mantenido en un nivel bastante bajo y no ha podido satisfacer las necesidades del consumo interno. El declive de la econom\u00eda comenz\u00f3 en 2014 con la ca\u00edda de los precios del petr\u00f3leo. Entre otros factores que afectan a la econom\u00eda de Venezuela, se han citado la mala gesti\u00f3n, la corrupci\u00f3n y los controles estatales de precios.<\/p>\n Las sanciones unilaterales impuestas cada vez m\u00e1s por Estados Unidos, la Uni\u00f3n Europea y otros pa\u00edses han agravado los problemas mencionados. Se ha informado de que los ingresos del Gobierno se han reducido en un 99% y que el pa\u00eds vive actualmente con el 1% de sus ingresos anteriores a las sanciones. Las remesas procedentes del extranjero han disminuido debido al bloqueo de los activos del Estado y a la complejidad de las transferencias bancarias y a los impedimentos para realizarlas. Cuatro a\u00f1os de hiperinflaci\u00f3n han provocado la devaluaci\u00f3n total de la moneda nacional (1 USD = 1,8-1,9 millones de bol\u00edvares). Esto ha provocado la disminuci\u00f3n de los salarios del sector p\u00fablico de 150-500 USD en 2015 a 1-10 USD en 2020, y un creciente nivel de pobreza. En 2018-2019, el Gobierno introdujo nuevas pol\u00edticas econ\u00f3micas: se levant\u00f3 el control de precios y se permiti\u00f3 que el sector privado volviera a entrar en la econom\u00eda.<\/p>\n Sin embargo, el endurecimiento de las sanciones a las que se enfrenta el pa\u00eds desde 2015 socava el posible impacto positivo de las actuales reformas, as\u00ed como la capacidad del Estado para mantener las infraestructuras y ejecutar proyectos sociales. Actualmente, Venezuela se enfrenta a la falta de maquinaria necesaria, repuestos, electricidad, agua, combustible, gas, alimentos y medicinas. Los activos venezolanos congelados en bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal ascienden a 6.000 millones de d\u00f3lares. Se informa de que la compra de bienes y los pagos de las empresas p\u00fablicas est\u00e1n bloqueados o congelados. El sector privado, las organizaciones no gubernamentales, las universidades, los clubes deportivos y los ciudadanos de Venezuela denuncian el rechazo o la reticencia de los bancos extranjeros a abrir o mantener sus cuentas bancarias, incluidas las de los bancos corresponsales en Estados Unidos y Europa; las dificultades para obtener visados y comprar billetes; la necesidad de actuar a trav\u00e9s de agentes de terceros pa\u00edses; y la necesidad de pagar costes de seguro adicionales. El refuerzo de las sanciones econ\u00f3micas y el creciente exceso de cumplimiento dieron lugar a la aprobaci\u00f3n de la Ley Constitucional Antibloqueo en octubre de 2020.<\/p>\n Se ha informado de que las l\u00edneas el\u00e9ctricas pueden trabajar hoy en d\u00eda a menos del 20% de su capacidad. Se estima que el n\u00famero de venezolanos que han abandonado el pa\u00eds en busca de una vida mejor desde 2015 oscila entre 1 y 5 millones, y que la poblaci\u00f3n se reducir\u00e1 a unos 27 millones en 2021. La mayor\u00eda de los servicios p\u00fablicos se han visto mermados entre un 30% y un 50% de su personal, incluido el m\u00e1s cualificado (m\u00e9dicos, enfermeras, ingenieros, maestros, profesores, jueces, polic\u00edas, etc.), lo que ha provocado una desorganizaci\u00f3n interna, un aumento de la carga de trabajo para el personal restante, una reducci\u00f3n de los servicios y una disminuci\u00f3n de su calidad.<\/p>\n Se calcula que el 90% de los hogares est\u00e1n conectados al sistema nacional de distribuci\u00f3n de agua. Sin embargo, numerosos hogares denuncian cortes frecuentes debido a los cortes de electricidad que afectan a las bombas de agua y al mantenimiento de las infraestructuras, y a la escasez de personal de mantenimiento cualificado. La distribuci\u00f3n de agua s\u00f3lo puede hacerse \u00abpor turnos\u00bb para garantizar su entrega a toda la poblaci\u00f3n, y la mayor\u00eda de los hogares s\u00f3lo pueden acceder al agua una o dos veces por semana durante varias horas. Debido a los impedimentos comerciales, el uso de agentes qu\u00edmicos para tratar y purificar el agua para hacerla potable se ha reducido en un 30%.<\/p>\n Los impedimentos a la importaci\u00f3n de alimentos, que constituyen m\u00e1s del 50% del consumo de alimentos, han provocado el crecimiento constante de la malnutrici\u00f3n en los \u00faltimos 6 a\u00f1os, con m\u00e1s de 2,5 millones de personas en situaci\u00f3n de inseguridad alimentaria grave. Los mecanismos para hacer frente a esta situaci\u00f3n incluyen la disminuci\u00f3n del n\u00famero de comidas al d\u00eda (1 o 2 en lugar de 3); la reducci\u00f3n de la cantidad y la calidad de los alimentos; la descapitalizaci\u00f3n\/venta de los bienes del hogar para comer; y la reducci\u00f3n de los gastos en salud, ropa y educaci\u00f3n; con un aumento correlativo de las crisis familiares, las tensiones, la violencia y las separaciones; el trabajo infantil; la participaci\u00f3n en la econom\u00eda sumergida; la actividad delictiva, incluido el tr\u00e1fico de drogas y de personas; el trabajo forzoso; y la migraci\u00f3n. El programa de cajas de alimentos CLAP, iniciado como iniciativa gubernamental en 2017 y que abarca 6 mln. de hogares en todo el pa\u00eds, disminuye la diversidad de art\u00edculos.<\/p>\n Venezuela ha dependido casi por completo de las medicinas importadas del extranjero, mientras que la mayor\u00eda de los servicios m\u00e9dicos p\u00fablicos eran proporcionados por el Estado de forma gratuita antes de 2016. Los impedimentos para la atenci\u00f3n sanitaria incluyen la falta o la grave insuficiencia de medicamentos y vacunas; el aumento de los precios; la escasez de electricidad para abastecer a los equipos; la escasez de agua y los problemas de saneamiento que afectan a la higiene; el deterioro de la infraestructura debido a la falta de mantenimiento, la ausencia de piezas de repuesto, la falta de disponibilidad de nuevos equipos debido a la falta de recursos o a la negativa a venderlos o entregarlos; la degradaci\u00f3n de las condiciones de trabajo y la falta de equipos de protecci\u00f3n contra las enfermedades infecciosas; la p\u00e9rdida de personal en todas las \u00e1reas m\u00e9dicas debido a los bajos salarios; y la finalizaci\u00f3n de la construcci\u00f3n de hospitales y centros de atenci\u00f3n primaria.<\/p>\n En particular, el Hospital Cardiol\u00f3gico Infantil de Caracas enfrenta una disminuci\u00f3n de 5 veces el n\u00famero de cirug\u00edas (de un promedio de 1.000 intervenciones anuales en el per\u00edodo 2010-2014 a 162 en 2020). Las plazas de personal m\u00e9dico en los hospitales p\u00fablicos est\u00e1n vacantes en un 50-70%. Solo alrededor del 20% de los equipos m\u00e9dicos est\u00e1n actualmente en funcionamiento. El pa\u00eds se enfrent\u00f3 a una grave escasez de vacunas contra el sarampi\u00f3n, la fiebre amarilla y la malaria en 2017-2018. La falta de pruebas y tratamiento para el VIH en 2017-2018 supuso, seg\u00fan los informes, un grave aumento de la tasa de mortalidad. El desv\u00edo de activos de la filial estadounidense de PDVSA, CITGO, ha impedido que se realicen trasplantes de h\u00edgado y m\u00e9dula \u00f3sea a 53 ni\u00f1os venezolanos; dichos trasplantes se habr\u00edan realizado en Italia y Argentina antes de 2016 con cargo al Estado. El Relator Especial tambi\u00e9n observa el crecimiento reportado de la mortalidad neonatal y materna desde 2013, con una leve mejor\u00eda en 2019, cuando se activ\u00f3 la cooperaci\u00f3n humanitaria con UNICEF, la OPS, la iglesia y otras organizaciones humanitarias.<\/p>\n Otros efectos nocivos de la crisis son el creciente problema de los embarazos en adolescentes, que est\u00e1 alcanzando un nivel de crisis con ni\u00f1as de 12-13 a\u00f1os que se quedan embarazadas en medio de la falta de acceso a la informaci\u00f3n y al uso de m\u00e9todos anticonceptivos; y el aumento del VIH\/SIDA debido a las relaciones sin protecci\u00f3n.<\/p>\n La educaci\u00f3n escolar y universitaria se ha enfrentado a una grave disminuci\u00f3n del apoyo gubernamental desde 2016, incluyendo la terminaci\u00f3n o la reducci\u00f3n del suministro de uniformes escolares, zapatos, mochilas y material de oficina; y la reducci\u00f3n del n\u00famero de comidas diarias en la escuela (de 2 a 1), la disminuci\u00f3n de su cantidad y diversidad de alimentos o su cancelaci\u00f3n total. La indisponibilidad de recursos financieros y la reticencia de las empresas extranjeras a comerciar con las instituciones p\u00fablicas venezolanas y, a menudo, con las privadas, ha provocado la suspensi\u00f3n del Programa Canaima, iniciado en 2015 para ensamblar ordenadores port\u00e1tiles compactos con fines educativos, de los que se han distribuido 6,5 millones a trav\u00e9s del sistema escolar sin coste alguno. Incidentes t\u00e9cnicos en 2019 incapacitaron el sat\u00e9lite p\u00fablico de Venezuela, reduciendo sustancialmente la cobertura de Internet en el pa\u00eds y haciendo dif\u00edcilmente posible el aprendizaje a distancia en el curso de la pandemia.<\/p>\n Ante la crisis econ\u00f3mica y humanitaria, el gobierno venezolano activ\u00f3 la cooperaci\u00f3n con el PNUD, UNICEF, ONUSIDA, la OPS, otras agencias internacionales, as\u00ed como con la iglesia, el sector privado y las ONG humanitarias que prestan ayuda humanitaria, facilitando cierta reconstrucci\u00f3n de los sistemas de agua y el suministro de vacunas, medicamentos, pruebas, reactivos, material escolar y alimentos. Sin embargo, los intentos de liberar los fondos congelados en el Banco de Inglaterra para la compra de medicamentos, vacunas, kits de protecci\u00f3n y equipos m\u00e9dicos a trav\u00e9s del PNUD y la OPS en 2020 han fracasado. No se han liberado fondos para la compra de COVAX a trav\u00e9s de la OPS en 2020 \u2013 2021. A pesar de la intensificaci\u00f3n del trabajo con los actores humanitarios, se han reportado algunos casos de vigilancia y persecuci\u00f3n del personal de las ONG nacionales que participan en el trabajo humanitario.<\/p>\n Evaluaci\u00f3n de la base legal para la imposici\u00f3n de sanciones:<\/strong><\/p>\n El Relator Especial considera que el estado de emergencia nacional anunciado por el Gobierno de los Estados Unidos el 8 de marzo de 2015 como fundamento para introducir sanciones contra Venezuela, y repetidamente prorrogado, no se corresponde con los requisitos del art. 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos, tales como la existencia de una amenaza para la vida de la naci\u00f3n, la limitaci\u00f3n de las medidas a las exigencias de la situaci\u00f3n, una duraci\u00f3n limitada, la ausencia de discriminaci\u00f3n, la prohibici\u00f3n de derogar el derecho a la vida y la prohibici\u00f3n de castigar una actividad que no constituya un delito, como se menciona en la comunicaci\u00f3n de los expertos en derechos humanos de 29 de enero de 2021.<\/p>\n El Relator Especial subraya que las sanciones unilaterales contra los sectores petrolero, aur\u00edfero, minero y otros sectores econ\u00f3micos, la compa\u00f1\u00eda a\u00e9rea estatal y la industria de la televisi\u00f3n constituyen una violaci\u00f3n del derecho internacional, y no se excluye su ilicitud con referencia a las contramedidas. El prop\u00f3sito anunciado de la campa\u00f1a de \u00abm\u00e1xima presi\u00f3n\u00bb -cambiar el Gobierno de Venezuela- viola el principio de igualdad soberana de los Estados y constituye una intervenci\u00f3n en los asuntos internos de Venezuela que tambi\u00e9n afecta a sus relaciones regionales.<\/p>\n Refiri\u00e9ndose a las normas consuetudinarias sobre la inmunidad de los bienes del Estado, el Relator Especial recuerda que los activos del Banco Central y los bienes utilizados para las funciones p\u00fablicas pertenecen al Estado de Venezuela y no a su Gobierno o a cualquier individuo. Por lo tanto, la congelaci\u00f3n de los activos del Banco Central de Venezuela por no reconocer a su Gobierno, as\u00ed como la adopci\u00f3n de las sanciones pertinentes, viola los derechos soberanos del pa\u00eds e impide que su gobierno efectivo ejerza su deber de garantizar las necesidades de la poblaci\u00f3n.<\/p>\n La Relatora Especial subraya que la inclusi\u00f3n de funcionarios del Estado en la lista de oficio contradice la prohibici\u00f3n de castigar una actividad que no constituye un delito, impide a los funcionarios la posibilidad de representar los intereses de Venezuela en los tribunales internacionales y otras instituciones internacionales, y socava el principio de igualdad soberana de los Estados. Asimismo, se\u00f1ala que las reiteradas negativas de los bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal a liberar activos venezolanos incluso para la compra de medicamentos, vacunas y kits de protecci\u00f3n, bajo el control de organizaciones internacionales, viola el mencionado principio e impide la capacidad de Venezuela de responder a la emergencia COVID-19.<\/p>\n Al Relator Especial le preocupa que las sanciones selectivas unilaterales en su forma actual violen, como m\u00ednimo, las obligaciones que se desprenden de los instrumentos universales y regionales en el \u00e1mbito de los derechos humanos, muchas de las cuales son de car\u00e1cter perentorio -garant\u00edas procesales y presunci\u00f3n de inocencia con vistas a que los motivos de su introducci\u00f3n no constituyan en su mayor parte cr\u00edmenes internacionales ni cumplan con los fundamentos de la jurisdicci\u00f3n penal universal, al tiempo que toma nota del hecho de la presentaci\u00f3n ante la Corte Penal Internacional por parte de un grupo de Estados de una remisi\u00f3n contra Venezuela el 27 de septiembre de 2018.<\/p>\n El Relator Especial subraya que la aplicaci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n extraterritorial a nacionales y empresas de terceros Estados por la cooperaci\u00f3n con las autoridades p\u00fablicas, nacionales y empresas de Venezuela, y las supuestas amenazas a dichos terceros Estados, no se justifica en virtud del derecho internacional y aumenta los riesgos de exceso de cumplimiento de las sanciones. El Relator Especial observa con preocupaci\u00f3n las presuntas amenazas a empresas privadas y a donantes, socios y organizaciones humanitarias de terceros pa\u00edses, as\u00ed como la introducci\u00f3n de cl\u00e1usulas de confidencialidad en la Ley Constitucional Antibloqueo de Venezuela en lo que respecta a la identidad de los socios correspondientes.<\/p>\n Impacto en el disfrute de los derechos humanos:<\/strong><\/p>\n El Relator Especial observa con preocupaci\u00f3n que las sanciones sectoriales a las industrias petrolera, aur\u00edfera y minera, el bloqueo econ\u00f3mico de Venezuela y la congelaci\u00f3n de los activos del Banco Central han exacerbado la situaci\u00f3n econ\u00f3mica y humanitaria preexistente al impedir la obtenci\u00f3n de ingresos y el uso de recursos para desarrollar y mantener la infraestructura y para los programas de apoyo social, lo que tiene un efecto devastador en toda la poblaci\u00f3n de Venezuela, especialmente la que se encuentra en situaci\u00f3n de extrema pobreza, las mujeres, los ni\u00f1os, los trabajadores m\u00e9dicos, las personas con discapacidad o con enfermedades cr\u00f3nicas o que ponen en peligro la vida, y la poblaci\u00f3n ind\u00edgena.<\/p>\n El Relator Especial subraya que las exenciones humanitarias existentes son ineficaces e insuficientes, est\u00e1n sujetas a procedimientos largos y costosos, y no cubren la entrega de repuestos, equipos y maquinaria necesarios para el mantenimiento y la restauraci\u00f3n de la econom\u00eda y los servicios p\u00fablicos.<\/p>\n Al Relator Especial le preocupa que la aplicaci\u00f3n de sanciones secundarias extraterritoriales, as\u00ed como las presuntas amenazas de sanciones, den lugar a un exceso de cumplimiento de los reg\u00edmenes de sanciones existentes, impidiendo al Gobierno de Venezuela, a su sector p\u00fablico y a las empresas privadas adquirir maquinaria, repuestos, medicamentos, alimentos, suministros agr\u00edcolas y otros bienes esenciales, incluso dentro de las licencias concedidas por el Gobierno de los Estados Unidos. UU., y tambi\u00e9n dan lugar a un n\u00famero creciente de denegaciones de transferencias bancarias, a la ampliaci\u00f3n de los plazos de las transferencias bancarias (de 2 a 45 d\u00edas), al aumento de los costes de entrega, seguro y transferencia bancaria, as\u00ed como a las subidas de precios comunicadas para todos los bienes (especialmente los importados).<\/p>\n El Relator Especial observa con preocupaci\u00f3n que la ausencia de recursos y la reticencia de los socios, bancos y empresas de reparto extranjeras a tratar con los socios venezolanos se traduce en la imposibilidad de comprar los equipos m\u00e9dicos y tecnol\u00f3gicos necesarios, los reactivos y las piezas de repuesto para la reparaci\u00f3n y el mantenimiento de los sistemas de electricidad, gas, agua, transporte p\u00fablico, tel\u00e9fono y comunicaciones, escuelas, hospitales, viviendas y otras instituciones p\u00fablicas, lo que menoscaba el disfrute de muchos derechos humanos, incluido el derecho a una vida digna.<\/p>\n A pesar de la revisi\u00f3n peri\u00f3dica y el aumento de los salarios en Venezuela, se estima que el salario medio del sector p\u00fablico es de 2 a 3 d\u00f3lares de los EE.UU. al mes, lo que cubre menos del 1% de la cesta b\u00e1sica de alimentos y hace que la poblaci\u00f3n dependa cada vez m\u00e1s del apoyo social del Gobierno en forma de CLAP (alimentos) y de transferencias peri\u00f3dicas de dinero a trav\u00e9s de la \u00abCarta de la Patria\u00bb, de m\u00faltiples subsidios para los funcionarios p\u00fablicos, as\u00ed como de la ayuda humanitaria extranjera.<\/p>\n El Relator Especial observa que esto aumenta el nivel de migraci\u00f3n, facilita la participaci\u00f3n de personas en la econom\u00eda gris, afectando en primer lugar a especialistas de alto nivel del sector p\u00fablico, incluyendo m\u00e9dicos, enfermeras, maestros, profesores universitarios, ingenieros, polic\u00edas, jueces, t\u00e9cnicos y muchos otros, violando sus derechos econ\u00f3micos, incluyendo los derechos al trabajo, al trabajo decente, a la seguridad social, incluyendo el seguro social, y a un nivel de vida adecuado. El n\u00famero de vacantes entre el personal necesario para garantizar el funcionamiento normal de los servicios p\u00fablicos habr\u00eda alcanzado entre 1\/3 y 1\/2. La migraci\u00f3n masiva en ausencia de un transporte asequible pone en peligro la vida de los migrantes e impone cargas adicionales a los pa\u00edses receptores. Se ha denunciado, entre otros problemas, el acceso a los alimentos, las medicinas y la asistencia m\u00e9dica para los migrantes venezolanos, la falta de documentos de identidad para los ni\u00f1os nacidos en el extranjero, la separaci\u00f3n de las familias y la ausencia de la debida atenci\u00f3n a los ni\u00f1os que se quedan con los abuelos en Venezuela.<\/p>\n Al Relator Especial le preocupa que la falta de gasolina, con el consiguiente aumento de los precios del transporte, viole la libertad de circulaci\u00f3n, impida el acceso a los hospitales, las escuelas y otros servicios p\u00fablicos, agrave los problemas de entrega y distribuci\u00f3n de alimentos y suministros m\u00e9dicos -especialmente en las zonas remotas del pa\u00eds, lo que afecta, entre otras cosas, a la poblaci\u00f3n ind\u00edgena- y provoque retrasos en los servicios p\u00fablicos, incluida la justicia penal y civil. La reportada falta de gasoil, mayormente utilizado para fines agr\u00edcolas, industriales y de transporte, tiene un potencial efecto dram\u00e1tico en la producci\u00f3n y almacenamiento de alimentos, con el riesgo de exacerbar a\u00fan m\u00e1s la inseguridad alimentaria del pueblo venezolano que ya enfrenta un deterioro en la cantidad y calidad de los alimentos y una mayor desnutrici\u00f3n, aumentando por lo tanto los riesgos de salud y las amenazas a la vida.<\/p>\n El Relator Especial observa con preocupaci\u00f3n que, debido a la falta de disponibilidad de maquinaria nueva, piezas de repuesto y personal competente, el pueblo de Venezuela tiene un acceso limitado a la electricidad, lo que impide, entre otras cosas, el funcionamiento de las bombas de agua, lo que da lugar a la violaci\u00f3n del derecho al agua, incluida el agua potable y el agua para el saneamiento, aumentando los riesgos de enfermedades pertinentes.<\/p>\n El Relator Especial subraya que los bajos salarios, la ausencia o insuficiencia de material escolar, de uniformes escolares y de comida en la escuela, que sol\u00eda proporcionar el Gobierno, los problemas de transporte, la ausencia de electricidad y la reducida cobertura de Internet y de telefon\u00eda m\u00f3vil ponen en peligro el ejercicio del derecho a la educaci\u00f3n. Las razones anteriores, as\u00ed como la reportada imposibilidad de utilizar recursos en l\u00ednea con direcciones IP venezolanas, afectan el acceso a la informaci\u00f3n y la libertad de expresi\u00f3n. La supuesta reticencia de los socios extranjeros a cooperar con las instituciones venezolanas, incluidas las universidades, las sociedades deportivas y las ONG, as\u00ed como los impedimentos a las transferencias de dinero, las dificultades para obtener visados y la negativa a abrir y el cierre de cuentas bancarias de ciudadanos venezolanos o de empresas p\u00fablicas y privadas con sede en Venezuela por temor a sanciones secundarias, afectan al derecho a la educaci\u00f3n, a las libertades acad\u00e9micas y a los derechos culturales, e impiden la prestaci\u00f3n de ayuda humanitaria.<\/p>\n Al Relator Especial tambi\u00e9n le preocupa que la escasez de gas, que obliga a la gente a cocinar con fuegos de le\u00f1a, pueda violar el derecho a un entorno favorable. Observa que, debido a la necesidad de garantizar las necesidades humanas esenciales para la supervivencia, el Gobierno habr\u00eda suspendido todos los programas destinados a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos los proyectos agr\u00edcolas y sanitarios, la protecci\u00f3n del medio ambiente, la mejora de la alfabetizaci\u00f3n y la inform\u00e1tica, la reconstrucci\u00f3n y otros.<\/p>\n La Relatora Especial subraya que el bloqueo de bienes, activos y cuentas bancarias de ciudadanos de Venezuela por parte de bancos extranjeros y corresponsales, muchas veces por exceso de cumplimiento, resulta en la violaci\u00f3n del derecho a la propiedad. Tambi\u00e9n observa con preocupaci\u00f3n que la aplicaci\u00f3n de sanciones unilaterales contra Venezuela afecta a los derechos de los nacionales de terceros pa\u00edses, en particular, la rescisi\u00f3n de contratos con empresas de terceros pa\u00edses tiene el riesgo potencial de afectar a los derechos econ\u00f3micos y de propiedad de sus propietarios y empleados; y la ausencia de contribuciones de Venezuela, que sol\u00eda donar a proyectos de asistencia regional (por ejemplo, el ALBA), est\u00e1 afectando negativamente al derecho a la ayuda humanitaria de sus beneficiarios m\u00e1s all\u00e1 de las fronteras de Venezuela.<\/p>\n El Relator Especial reconoce que las sanciones selectivas y secundarias violan los derechos a un juicio justo, las garant\u00edas procesales, la libertad de circulaci\u00f3n, los derechos de propiedad y el derecho a la reputaci\u00f3n. Las sanciones contra representantes de grupos de la oposici\u00f3n por su participaci\u00f3n en las elecciones violan su derecho a tener y expresar opiniones, y a participar en los asuntos p\u00fablicos. Mientras que el Tratado de Funcionamiento de la Uni\u00f3n Europea (art. 275) ofrece a las personas incluidas en la lista la posibilidad de acceder al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, aunque no existan garant\u00edas procesales antes de que se adopten las decisiones sobre las sanciones, el Relator Especial se\u00f1ala que no se garantiza el acceso a la justicia en lo que respecta a las sanciones de los Estados Unidos, especialmente en vista de las numerosas negativas denunciadas por parte de abogados estadounidenses a presentar casos ante la OFAC debido a las supuestas amenazas del Gobierno de los Estados Unidos o al temor a hipot\u00e9ticas sanciones.<\/p>\n El Relator Especial concluye que las sanciones impuestas contra Venezuela, sus ciudadanos y empresas afectan a las personas de Venezuela y de fuera de su territorio, tanto en el sector p\u00fablico como en el privado; a los nacionales de terceros pa\u00edses y a los empleados de empresas de terceros pa\u00edses afectados por las sanciones secundarias o por el temor a las mismas; a los donantes y a las ONG humanitarias internacionales; a los beneficiarios de la asistencia de las organizaciones internacionales tradicionalmente financiadas por Venezuela; mientras que las personas de bajos ingresos, las mujeres, los ni\u00f1os y las personas con necesidades especiales o con enfermedades cr\u00f3nicas o graves son los m\u00e1s afectados con respecto a todo el \u00e1mbito de los derechos humanos, incluidos los derechos civiles, pol\u00edticos, econ\u00f3micos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo.<\/p>\n El Relator Especial acoge con satisfacci\u00f3n los informes sobre el mayor compromiso del Gobierno de Venezuela con el PNUD, el UNICEF, el ONUSIDA, la OPS, otros organismos internacionales y las ONG eclesi\u00e1sticas, del sector privado y humanitarias, en la prestaci\u00f3n de ayuda humanitaria, facilitando cierta reconstrucci\u00f3n de los sistemas de agua y el suministro de vacunas, medicamentos, pruebas, reactivos, material escolar y alimentos, ayudando as\u00ed a unos 4 millones de personas. Sin embargo, al Relator Especial le preocupan los informes sobre la mala gesti\u00f3n en la distribuci\u00f3n de la ayuda humanitaria, la vigilancia y la persecuci\u00f3n del personal de las ONG nacionales que participan en la labor humanitaria, y la ausencia de un reglamento provisional para el trabajo de las ONG internacionales.<\/p>\n Recomendaciones del Relator Especial:<\/p>\n La Relatora Especial recuerda a todas las partes su obligaci\u00f3n, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, de observar los principios y normas del derecho internacional, incluidos los principios de igualdad soberana, independencia pol\u00edtica, no intervenci\u00f3n en los asuntos internos de los Estados y soluci\u00f3n pac\u00edfica de las controversias internacionales. La Relatora Especial les insta a que resuelvan cualquier disputa a trav\u00e9s de las instituciones judiciales y otras instituciones internacionales competentes.<\/p>\n La Relatora Especial subraya que las preocupaciones humanitarias deben prevalecer siempre sobre las pol\u00edticas y que las medidas unilaterales s\u00f3lo pueden adoptarse teniendo en cuenta el Estado de Derecho, las normas de derechos humanos, el derecho de los refugiados y el derecho humanitario; deben cumplir las obligaciones jur\u00eddicas internacionales de los Estados y s\u00f3lo pueden aplicarse en el marco de contramedidas internacionalmente l\u00edcitas. El Relator Especial recuerda que las evaluaciones preliminares y continuas del impacto humanitario deben realizarse en el curso de cualquier actividad unilateral, ya que ninguna buena intenci\u00f3n justifica la violaci\u00f3n de los derechos humanos fundamentales como \u00abda\u00f1o colateral\u00bb.<\/p>\n El Relator Especial subraya la inadmisibilidad de aplicar sanciones de forma extraterritorial e insta al Gobierno de los Estados Unidos a poner fin a la emergencia nacional en relaci\u00f3n con Venezuela, revisar y levantar las sanciones sectoriales contra el sector p\u00fablico de Venezuela, revisar y levantar las sanciones secundarias contra terceros Estados y abstenerse de imponer sanciones al suministro de gas\u00f3leo que provocar\u00edan una crisis humanitaria de proporciones sin precedentes.<\/p>\n El Relator Especial insta a todos los interlocutores (incluidos los Estados, las organizaciones internacionales, los bancos, las empresas privadas y la sociedad civil) a que eviten la coacci\u00f3n, las amenazas escritas u orales o cualquier otro acto que pueda provocar o dar lugar a un exceso de cumplimiento, y a que interpreten todas las limitaciones de la manera m\u00e1s estricta posible en el per\u00edodo intermedio antes del levantamiento de las sanciones unilaterales, teniendo debidamente en cuenta las Orientaciones emitidas por el Relator Especial en diciembre de 2020.<\/p>\n El Relator Especial pide a todos los Estados que revisen y levanten las sanciones selectivas de conformidad con los principios del derecho internacional, el Estado de derecho, los derechos humanos y el derecho de los refugiados, que garanticen la posibilidad de que los funcionarios del Estado de Venezuela representen al Estado sobre la base del principio de igualdad soberana de los Estados, y que garanticen los derechos de las personas afectadas a la presunci\u00f3n de inocencia, las garant\u00edas procesales, el acceso a la justicia y otros derechos fundamentales.<\/p>\n El Relator Especial insta a los Gobiernos del Reino Unido, Portugal y los Estados Unidos y a los bancos correspondientes a que descongelen los activos del Banco Central de Venezuela para adquirir medicamentos, vacunas, alimentos, equipos m\u00e9dicos y de otro tipo, repuestos y otros bienes esenciales para garantizar las necesidades humanitarias del pueblo de Venezuela y el restablecimiento de los servicios p\u00fablicos en colaboraci\u00f3n con el PNUD y otros organismos de las Naciones Unidas y mediante mecanismos mutuamente acordados y supervisados por ellos.<\/p>\n Aunque reconoce el efecto devastador de las sanciones unilaterales en el amplio \u00e1mbito de los derechos humanos, especialmente el derecho a la alimentaci\u00f3n, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la educaci\u00f3n y el derecho al desarrollo, el Relator Especial pide al Gobierno de Venezuela y a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos que apliquen plenamente el acuerdo de cooperaci\u00f3n firmado entre ellos, que refuercen la presencia de la OACDH en el terreno para supervisar, entre otras cosas, el impacto de las sanciones unilaterales y que organicen visitas de los procedimientos especiales pertinentes al pa\u00eds.<\/p>\n El Relator Especial hace un llamamiento al Gobierno de Venezuela, al PNUD, a otras agencias de la ONU y a la OACDH en Venezuela para que negocien un acuerdo que garantice la distribuci\u00f3n transparente, justa y no discriminatoria de los bienes esenciales y de la ayuda humanitaria bajo el control de las instituciones internacionales, independientemente de la raza, el g\u00e9nero, la nacionalidad, la edad, las creencias religiosas o las opiniones pol\u00edticas, teniendo debidamente en cuenta a los grupos con necesidades especiales.<\/p>\n La Relatora Especial hace un llamamiento al Gobierno de Venezuela para que, en colaboraci\u00f3n con el Coordinador Residente de las Naciones Unidas y el ACNUDH en Venezuela, termine de redactar una legislaci\u00f3n clara y no discriminatoria que permita y facilite la labor humanitaria de las ONG internacionales y nacionales en Venezuela, y garantice la seguridad e integridad de su personal. 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