{"id":46950,"date":"2021-07-10T11:38:19","date_gmt":"2021-07-10T15:38:19","guid":{"rendered":"http:\/\/debateplural.com\/inicio\/?p=46950"},"modified":"2021-07-10T11:38:19","modified_gmt":"2021-07-10T15:38:19","slug":"la-huelga-nacional-en-colombia-perspectiva-sindical","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/debateplural.net\/site\/2021\/07\/10\/la-huelga-nacional-en-colombia-perspectiva-sindical\/","title":{"rendered":"La huelga nacional en Colombia: perspectiva sindical"},"content":{"rendered":"

Daniel Hawkins (Global Labour Column, 10-7-21)<\/p>\n

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Durante el pasado mes y medio Colombia ha vivido presa de una agitaci\u00f3n social y pol\u00edtica sin parang\u00f3n en el \u00faltimo medio siglo. El 28 de abril comenz\u00f3 una huelga nacional que ha ocupado las calles y avenidas de m\u00e1s de 600 ciudades de todo el pa\u00eds, una agradable aunque inesperada sorpresa para los dirigentes del comit\u00e9 de huelga y que ha pillado totalmente desprevenido al gobierno nacional, que no esperaba el alcance de la misma y su enorme apoyo popular.<\/p>\n

Aunque en sus inicios la huelga estaba relacionada con el descontento popular producido por el proyecto de reforma tributaria propuesto por el gobierno, tambi\u00e9n supuso el resurgir de las grandes manifestaciones que inundaron Colombia desde noviembre de 2019 hasta febrero de 2020. Pero m\u00e1s que un reflejo espont\u00e1neo de la amplia crisis social instalada en Colombia desde hace d\u00e9cadas, el contexto actual presagia una explosi\u00f3n social mucho m\u00e1s profunda, general y trascendental.<\/p>\n

Contexto nacional previo a la huelga<\/strong><\/p>\n

La aparici\u00f3n de la pandemia de covid-19 en Colombia al comienzo de marzo de 2020 fue una bendici\u00f3n para el gobierno. Tras cuatro meses de revuelta popular y las mayores manifestaciones de protesta desde la huelga nacional de 1977, la oportunidad de centrar la atenci\u00f3n en un \u201cenemigo com\u00fan\u201d permiti\u00f3 al presidente Iv\u00e1n Duque reforzar su menguante popularidad y fabricar la imagen de un dirigente fuerte y asertivo.<\/p>\n

La pandemia y las pol\u00edticas puestas en marcha para limitar la actividad social y econ\u00f3mica sirvieron para que las protestas ya debilitadas perdieran fuelle sin alcanzar victorias pol\u00edticas concretas, y para que el presidente y su gobierno se sintieran relativamente a salvo. En realidad, el cierre institucional del pa\u00eds abri\u00f3 la puerta a un golpe de estilo ejecutivo a la democracia, permitiendo gobernar por decreto durante la mayor parte de 2020 sin que el sistema judicial mostrara disconformidad al respecto, y menos a\u00fan un Congreso plagado de parlamentarios procedentes de familias din\u00e1sticas envueltos en esc\u00e1ndalos de corrupci\u00f3n y otros delitos (Reyes Ram\u00edrez, 2017).<\/p>\n

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A medida que el covid-19 acababa con el ya mermado sistema de salud privatizado, dejando a su paso casi 96.000 muertes a 14 de junio de 2021, las iniciativas del gobierno para mitigar el impacto socioecon\u00f3mico de un a\u00f1o de pol\u00edticas destinadas a contener la difusi\u00f3n del covid-19 fueron poco entusiastas, por decir algo. Mientras en gran parte del mundo se pon\u00edan en marcha paquetes de ayuda a los ciudadanos afectados por las pol\u00edticas destinadas a contener la pandemia, en Colombia se decidi\u00f3 la estrategia fracasada de antemano de ofrecer ayuda a un peque\u00f1o porcentaje de los hogares m\u00e1s afectados mientras se pretend\u00eda proteger a las empresas mediante pr\u00e9stamos controlados y diluidos por el sistema bancario. Mientras los niveles de pobreza se disparaban en todo el pa\u00eds, hasta afectar a 21 millones de personas a inicios de 2021, el sistema de mitigaci\u00f3n de la pobreza del gobierno, el Fondo de Solidaridad \u2013con una ayuda de apenas 43 d\u00f3lares al mes\u2013 llegaba solo a 2,6 millones de personas.<\/p>\n

Cambio de horizonte para la acci\u00f3n pol\u00edtica<\/strong><\/p>\n

A inicios de 2021, seg\u00fan los datos del Departamento Nacional de Estad\u00edstica, el desempleo general lleg\u00f3 al 15%, estando el juvenil mucho m\u00e1s alto, al 23,9% y el desempleo femenino juvenil por encima del 31% \u2013todo ello en un pa\u00eds en el que el trabajo informal supera el 63%, donde solo el 15% de la mano de obra alcanza el salario mensual m\u00ednimo legal, y donde el 48% gana incluso menos (Ortiz-Quevedo, 2021: 45). Al final de 2020, la pobreza monetaria hab\u00eda llegado a afectar al 42% de la poblaci\u00f3n y, seg\u00fan un sondeo a escala nacional, cerca del 66% de los encuestados tuvo dificultades para cubrir los gastos de la familia en junio de ese a\u00f1o, mientras el 74% afirmaba que para mejorar la econom\u00eda era necesario aumentar los impuestos a los ricos.<\/p>\n

La respuesta del gobierno fue dar prioridad a la prudencia fiscal y anteponer los intereses de los acreedores internacionales y las agencias de calificaci\u00f3n. Como consecuencia de la reforma fiscal aprobada por el Congreso por v\u00eda r\u00e1pida en el auge de las protestas de 2019, as\u00ed como de la reforma de 2016, que increment\u00f3 el impuesto de valor a\u00f1adido (IVA) del 16% al 19%, el gobierno apoy\u00f3 en 2019un proyecto de reforma fiscal que manten\u00eda las exenciones y los beneficios a las grandes empresas y a los ciudadanos m\u00e1s ricos. Al mismo tiempo intent\u00f3 financiar el coste de la respuesta a la pandemia mediante impuestos indirectos, que recaen desproporcionalmente sobre las clases media y trabajadora.<\/p>\n

Pero en esta ocasi\u00f3n los colombianos, tan acostumbrados a soportar las adversidades, dijeron no. El presidente, que confiaba en que dicho proyecto de ley fuera aprobado con relativa facilidad por el Congreso, prometi\u00f3 no ceder frente a la presi\u00f3n p\u00fablica. Pero desde el acuerdo de paz con el grupo guerrillero de las FARC Colombia es una sociedad muy diferente y, a pesar de las reticencias gubernamentales a aplicar \u00a0dichos acuerdos, la gente ha salido a las calles en masa para mostrar su oposici\u00f3n a las pol\u00edticas impopulares, con una energ\u00eda no vista en decenios. Como \u00faltimo recurso para silenciar la resistencia popular, Duque apareci\u00f3 en la televisi\u00f3n nacional la v\u00edspera de las protestas, para pedir a los ciudadanos que se quedaran en casa durante la tercera ola de covid-19. Hubo incluso un tribunal que se atrevi\u00f3 a prohibir las manifestaciones debido al da\u00f1o que pudieran causar a la salud p\u00fablica, todo ello en vano.<\/p>\n

La primera semana de la huelga nacional super\u00f3 a cualquiera cosa que el pa\u00eds hubiera visto anteriormente: las calles de todas las ciudades estaban animadas con marchas, bailes, conciertos improvisados y expresiones art\u00edsticas de masas como gigantescos murales. Tambi\u00e9n surgieron actos espor\u00e1dicos de saqueo y vandalismo ante la decisi\u00f3n del gobierno de militarizar todas las ciudades grandes y peque\u00f1as en las que las marchas y actividades de protesta hab\u00edan mostrado fuerza y persistencia. Esta estrategia de contenci\u00f3n segu\u00eda pautas bien conocidas: excesiva violencia del Estado frente a manifestantes desarmados, y una aparente colusi\u00f3n de la polic\u00eda con grupos de civiles armados. Seg\u00fan diversos informes de organizaciones internacionales de derechos humanos, desde el 28 de abril hasta el 31 de mayo murieron 45 personas relacionadas con las protestas y otros 187 civiles fueron heridos, entre un total de 1.248 v\u00edctimas de violencia f\u00edsica, incluyendo agresiones sexuales contra mujeres por parte de miembros de las fuerzas armadas, as\u00ed como 409 desapariciones forzosas (de las cuales 328 han sido \u201cencontradas\u201d).<\/p>\n

Frente a tan severa represi\u00f3n, los manifestantes se atrincheraron y ampliaron sus esferas de influencia, levantando cientos de bloqueos por todo el pa\u00eds que lograron ralentizar el comercio y el transporte. Y a pesar de las t\u00e1cticas violentas del gobierno, a comienzos de junio m\u00e1s de un 74% de la poblaci\u00f3n segu\u00eda apoyando la huelga nacional.<\/p>\n

\u00c9nfasis en la crisis institucional y pol\u00edtica<\/strong><\/p>\n

No solo ha fracasado la respuesta del gobierno en forma de militarizaci\u00f3n del conflicto sino tambi\u00e9n sus iniciativas para sofocar el descontento mediante vagas promesas. Las actuales protestas han puesto de manifiesto la futilidad del poder pol\u00edtico del presidente y de su gobierno, y la respuesta violenta del Estado es el mejor ejemplo de su debilidad y su crisis de legitimidad (Valencia, 2021: 37). A los pocos d\u00edas del inicio de las protestas se hizo evidente la magnitud de su fuerza. Las manifestaciones obligaron al presidente a retirar del Congreso la propuesta de reforma fiscal y a aceptar la dimisi\u00f3n del tremendamente impopular ministro de finanzas. Tambi\u00e9n sirvieron para abortar la propuesta de reforma sanitaria en el Congreso y, posteriormente, para forzar la dimisi\u00f3n de la canciller de Colombia, coincidiendo con el aumento de la condena internacional al modo en que el gobierno estaba gestionando la huelga.<\/p>\n

La lucha en las calles continu\u00f3 hasta el 11 de junio, encabezada por la juventud del pa\u00eds y por miles de comunidades marginadas y discriminadas, unidas en su oposici\u00f3n a la clase pol\u00edtica y gobernante, pero tambi\u00e9n aparentemente desconectadas de la gesti\u00f3n institucional del movimiento de protesta de manos del Comit\u00e9 Nacional de Huelga. Este comit\u00e9 est\u00e1 compuesto por 20 miembros, principalmente sindicalistas, y una minor\u00eda de representantes de diversas asociaciones de transportistas, estudiantes y de la comunidad LGTBI. No obstante, aunque la preparaci\u00f3n y lanzamiento de la huelga nacional del 28 de abril tuvo un tremendo \u00e9xito, la heterogeneidad, descentralizaci\u00f3n territorial y liderazgo de la juventud de los subsecuentes movimientos y actos de protesta han demostrado que la huelga ya no est\u00e1 bajo el control de dicho comit\u00e9. Adem\u00e1s, tras el progreso inicial, las negociaciones con el gobierno se atascaron cuando, justo despu\u00e9s de la aprobaci\u00f3n de un borrador de acuerdo sobre las garant\u00edas para las protestas sociales el 26 de mayo, el gobierno se retract\u00f3 de dicho acuerdo, exigi\u00f3 el levantamiento inmediato de todos los bloqueos y comunic\u00f3 que no firmar\u00eda ning\u00fan acuerdo hasta que hubiera un acuerdo global.<\/p>\n

El 8 de junio, ante la intransigencia del gobierno, el comit\u00e9 de huelga abandon\u00f3 formalmente la mesa de negociaci\u00f3n, al encontrarse en una posici\u00f3n insostenible, en la tesitura de aceptar el farol de un gobierno carente de capital pol\u00edtico y sin autoridad suficiente para poder convencer a los manifestantes discrepantes de todo el pa\u00eds de que pusieran fin a los bloqueos. Las iniciativas del comit\u00e9 para ampliar su base invitando a nuevas voces a unirse a su asamblea han sido notables pero insuficientes, y activistas de vanguardia en diversas ciudades han declarado que este comit\u00e9 no les representa. Seg\u00fan parece, el problema no son tanto las demandas como qui\u00e9nes son las personas que les representan y c\u00f3mo lo hacen. Lo que se ha puesto de manifiesto es la brecha generacional entre los manifestantes, principalmente j\u00f3venes que se enfrentan al desempleo, el trabajo informal y la exclusi\u00f3n, y los l\u00edderes sindicales de mayor edad que, aunque se oponen con vehemencia a las pol\u00edticas estatales regresivas y represivas, forman parte del tejido institucional existente, que ha demostrado ser anacr\u00f3nico en el momento actual de revuelta social.<\/p>\n

Tras casi 45 d\u00edas de protestas y bloqueos la huelga parece haber llegado a su fin, pero el a\u00f1o que tenemos por delante promete estar pleno de agitaci\u00f3n pol\u00edtica y social. El gobierno, que hab\u00eda intentado aprovechar la pandemia para impulsar m\u00e1s leyes impopulares, especialmente la reforma de las pensiones y la reforma laboral, ha cambiado de planes. No obstante, el presidente Duque est\u00e1 buscando in\u00fatilmente recuperar cierta legitimidad al presentar proyectos tomados directamente de la lista de demandas del comit\u00e9 de huelga, especialmente un subsidio de renta b\u00e1sica para familias golpeadas por la pobreza.<\/p>\n

El pa\u00eds est\u00e1 expectante, cada vez m\u00e1s dividido por la polarizaci\u00f3n pol\u00edtica fomentada por la necesidad de crear miedo para vender programas de seguridad. Pero las protestas de 2019 y la huelga m\u00e1s reciente han mostrado claramente que en Colombia, tras los acuerdos de paz de 2016, cuando aumentaron la desigualdad extrema y las deficiencias estructurales, sembrar el miedo no basta para sofocar el deseo y la demanda de pol\u00edticas m\u00e1s concertadas y cambio institucional.<\/p>\n

Bibliograf\u00eda:<\/strong><\/p>\n