Ana Cristina Bracho (Mision Verdad, 7-9-21)<\/p>\n
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En\u00a0una primera parte<\/a>, hemos le\u00eddo el principio de complementariedad y la naturaleza de la Corte Penal Internacional (CPI). Desde esta perspectiva, podr\u00edamos pensar que un juicio sobre venezolanos no proceder\u00eda inmediatamente, toda vez que, sobre lo que hacen los nacionales y de lo que ocurre en el territorio, es primeramente competente la Rep\u00fablica.<\/p>\n Sin embargo, en el Derecho las cosas no son tan sencillas. Como hay reglas, hay excepciones, circunstancias que relativizan lo dicho o principios que pueden invocarse para abrir la puerta. En el caso de la CPI, existen posturas que relativizan la soberan\u00eda y que afirman que la Corte debe avanzar para evitar la impunidad y la repetici\u00f3n de los cr\u00edmenes sobre los que trabaja.<\/p>\n Al respecto, un hecho que se refiere frecuentemente es c\u00f3mo los casos no se tramitan de la misma forma, dependiendo de qui\u00e9n los remite o el inter\u00e9s pol\u00edtico que puede existir en una situaci\u00f3n en espec\u00edfico. As\u00ed, a modo de contraste podemos ver c\u00f3mo avanz\u00f3 el Examen Preliminar a Libia, que dio resultados en solo un par de d\u00edas mientras que hace d\u00e9cadas que se espera que la CPI estudie otros expedientes.<\/p>\n En el caso de Libia, ocurrido en\u00a0marzo de 2003<\/a>, cuando la CPI actu\u00f3 en articulaci\u00f3n con otros espacios onusinos y cuando el despacho fiscal lo asum\u00eda el colombiano Luis Moreno Ocampo, se inici\u00f3 una investigaci\u00f3n contra el l\u00edder libio Muamar el Gadafi, su familia y colaboradores, por \"cr\u00edmenes contra la humanidad\" por los hechos relacionados con las protestas de aquel mismo a\u00f1o.<\/p>\n Desde entonces, sectores de la oposici\u00f3n venezolana realizaron varias solicitudes y visitas a La Haya para intentar que fuesen enjuiciados en esa instancia miembros del gobierno, incluido el\u00a0Comandante Ch\u00e1vez<\/a>.<\/p>\n En los a\u00f1os siguientes, la CPI ha enfrentado varias crisis pol\u00edticas, debiendo observarse que nunca ha logrado tener la universalidad que se pretendi\u00f3. En especial, hay que tomar en cuenta que Estados Unidos y China no est\u00e1n en entre los pa\u00edses que ratificaron el Estatuto de Roma y que en los \u00faltimos a\u00f1os ha habido varios Estados que han denunciado el instrumento, entre ellos Rusia, que\u00a0al hacerlo\u00a0en 2016<\/a>\u00a0expres\u00f3:<\/p>\n \"La Corte no cumpli\u00f3 las expectativas puestas en ella y no se convirti\u00f3 en un \u00f3rgano de justicia internacional verdaderamente independiente y prestigioso. Varias veces, en las sesiones de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU se hab\u00eda constatado el trabajo ineficaz y unilateral de la Corte. En 14 a\u00f1os de su funcionamiento, la CPI dict\u00f3 solo cuatro sentencias gastando m\u00e1s de mil millones de d\u00f3lares\".<\/p>\n Visto lo anterior, una vez que hemos observado cu\u00e1l derecho asiste a la Rep\u00fablica y c\u00f3mo ha venido practicando actuaciones para ce\u00f1ir a los est\u00e1ndares de la CPI los procesos que se siguen el algunos casos pol\u00e9micos, podemos analizar d\u00f3nde se encuentra el caso que se desarrolla sobre Venezuela, qui\u00e9nes lo impulsan y c\u00f3mo esto transcurre en paralelo con el juicio que Venezuela intenta contra miembros del gobierno de Estados Unidos por la aplicaci\u00f3n de las medidas coercitivas unilaterales y se encuentra en mesas de di\u00e1logo en M\u00e9xico.<\/p>\n El 8 de febrero de 2018, la fiscal Fatou Bensouda\u00a0abri\u00f3 un Examen Preliminar de la situaci\u00f3n en Venezuela indicando que estudiar\u00eda hechos que se hab\u00edan producido al menos desde abril de 2017.<\/p>\n Seg\u00fan los documentos oficiales, el 27 de septiembre de 2018, la Fiscal\u00eda recibi\u00f3 una remisi\u00f3n de un grupo de Estados Partes del Estatuto, a saber, la Rep\u00fablica Argentina, Canad\u00e1, la Rep\u00fablica de Colombia, la Rep\u00fablica de Chile, la Rep\u00fablica del Paraguay y la Rep\u00fablica del Per\u00fa (los \"Estados remitentes\") en relaci\u00f3n con la situaci\u00f3n en Venezuela en la que los Estados remitentes solicitaron a la Fiscal que inicie una investigaci\u00f3n por cr\u00edmenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en el territorio de Venezuela desde el 12 de febrero de 2014, a fin de determinar si se ha de acusar de la comisi\u00f3n de tales cr\u00edmenes a una o varias personas.<\/p>\n Este momento\u00a0no es realmente el juicio sino una fase previa, en la que se estudia preliminarmente la informaci\u00f3n disponible para que la Fiscal\u00eda pueda decidir si existe m\u00e9rito suficiente para iniciar una investigaci\u00f3n formal. Proceso en el que la competencia y la complementariedad est\u00e1n en el coraz\u00f3n de lo que debe analizarse y que es el momento procesal en el que se encuentra el caso que estamos comentando.<\/p>\n Desde entonces:<\/p>\nEL INICIO<\/h3>\n
Fase<\/strong><\/b><\/td>\n| Conclusi\u00f3n<\/strong><\/b><\/td>\n | Detalles<\/strong><\/b><\/td>\n<\/tr>\n | An\u00e1lisis de la competencia material<\/td>\n | La Fiscal\u00eda\u00a0concluy\u00f3<\/a>\u00a0que existe fundamento razonable para creer que se cometieron cr\u00edmenes de competencia de la Corte en Venezuela desde al menos abril 2017<\/td>\n | Presuntos cr\u00edmenes:<\/p>\n |
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