Misi\u00f3n Verdad (12-5-22)<\/p>\n
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El pasado 28 de abril, en el marco de un paquete integral de apoyo a Ucrania presentado a la C\u00e1mara de Representantes de Estados Unidos, la administraci\u00f3n Biden impuls\u00f3 una iniciativa legal dirigida a reforzar el cerco econ\u00f3mico y financiero contra la Federaci\u00f3n Rusa.<\/span><\/p>\n Aunque ha pasado por debajo de la mesa entre el aluvi\u00f3n de noticias de las \u00faltimas semanas, esta medida persigue una ampliaci\u00f3n de las atribuciones y competencias presidenciales en el manejo de la pol\u00edtica de \u201csanciones\u201d contra Rusia, cuya importancia es reveladora del curso que va tomando la guerra econ\u00f3mica estadounidense.<\/span><\/p>\n Por otro lado, la configuraci\u00f3n de la iniciativa encuentra en el caso venezolano un antecedente que sienta las bases para formalizar (y globalizar) la estrategia de pirater\u00eda y expropiaci\u00f3n ilegal de propiedades de Estados soberanos.<\/span><\/p>\n \u00bfDe qu\u00e9 se trata?<\/span><\/strong><\/p>\n Seg\u00fan el\u00a0Fact Sheet<\/em>\u00a0de la Casa Blanca,\u00a0<\/span>la propuesta<\/span><\/a>\u00a0busca implementar un conjunto de modificaciones a la arquitectura jur\u00eddica que rige actualmente el \u00e1mbito de las medidas coercitivas unilaterales, y que parece haber llegado a un tope institucional justo cuando Washington tiene una necesidad evidente de producir una escalada mayor.<\/span><\/p>\n A grandes trazos, la iniciativa de la Casa Blanca que lleva a la c\u00e1mara baja propone:<\/span><\/p>\n A modo de justificaci\u00f3n ante la opini\u00f3n p\u00fablica, el manido t\u00e9rmino \u201coligarcas rusos\u201d est\u00e1 integrado al coraz\u00f3n de la propuesta, con el prop\u00f3sito de desdibujar la frontera entre activos individuales y soberanos relacionados a Rusia y blanquear de esta forma incautaciones de car\u00e1cter punitivo sobre fondos y propiedades estatales del pa\u00eds euroasi\u00e1tico.<\/span><\/p>\n Esto fue confirmado por Tom Malinowski, representante dem\u00f3crata por New Jersey, quien, junto a Joe Wilson, hom\u00f3logo republicano por Carolina del Sur,\u00a0<\/span>patrocinan<\/span><\/a>\u00a0el proyecto en la c\u00e1mara baja en l\u00ednea con la ofensiva de guerra econ\u00f3mica de la Casa Blanca, a la que exigen una aplicaci\u00f3n m\u00e1s contundente de las \u201csanciones\u201d contra Rusia.<\/span><\/p>\n Malinowski afirm\u00f3, en declaraciones que fueron recogidas por\u00a0The New York Times<\/em>\u00a0durante una audiencia, que \u201caunque los activos pueden pertenecer nominalmente a individuos, todos los que entendemos c\u00f3mo funciona Rusia sabemos que se trata de activos estatales\u201d.<\/span><\/p>\n Seg\u00fan lo dicho por el dem\u00f3crata, la cartelizaci\u00f3n informativa occidental en torno a los \u201coligarcas rusos\u201d ofrece una cobertura simb\u00f3lica para llevar el ataque econ\u00f3mico contra Rusia a una l\u00f3gica de persecuci\u00f3n global.<\/span><\/p>\n Los aspectos fundamentales<\/span><\/strong><\/p>\n La ofensiva lanzada desde Washington representa un movimiento sin precedentes en la din\u00e1mica de \u201csanciones\u201d coercitivas, puesto que plantea de forma in\u00e9dita la posibilidad de liquidar activos, fondos y propiedades de un pa\u00eds soberano, mediante orden presidencial, para luego \u201cautorizar\u201d su transferencia a otra entidad gubernamental, en este caso Ucrania, bajo un procedimiento judicial \u201csimplificado\u201d donde Estados Unidos ser\u00eda juez y parte al mismo tiempo.<\/span><\/p>\n La reforma apunta a un\u00a0<\/span>cambio sem\u00e1ntico de primer orden<\/span><\/a>, en tanto el t\u00e9rmino decomiso o confiscaci\u00f3n, que implica la venta de activos en beneficio de un tercero, pasar\u00eda a ocupar un lugar de preeminencia en la configuraci\u00f3n legal de las medidas coercitivas unilaterales del imperio.<\/span><\/p>\n Esto trae consigo una ampliaci\u00f3n significativa de las atribuciones presidenciales emanadas de la Ley de Poderes de Emergencia Econ\u00f3mica Internacional, aprobada por el Congreso estadounidense en 1977, la cual reemplaz\u00f3 la\u00a0<\/span>Ley de Comercio con el Enemigo de 1917<\/span><\/a>. Ambos instrumentos, no obstante, ten\u00edan un l\u00edmite legal en el congelamiento de activos, dejando abierta la posibilidad de su devoluci\u00f3n utiliz\u00e1ndolos como fichas de negociaci\u00f3n pol\u00edtica.<\/span><\/p>\n La intenci\u00f3n de fracturar este l\u00edmite legal tendr\u00eda consecuencias importantes para el estatus actual del derecho internacional, ya que prefigura una ruptura del principio de igualdad soberana de los Estados y tiende a la destrucci\u00f3n de facto de los mecanismos de protecci\u00f3n del sistema internacional que confieren inmunidad a los fondos y propiedades de pa\u00edses soberanos.<\/span><\/p>\n Otro aspecto distintivo de la iniciativa\u00a0<\/span>consiste<\/span><\/a>\u00a0en que vincula acciones de tipo penal y civil al mismo tiempo, llevando las maniobras de coerci\u00f3n econ\u00f3mica a un plano de judicializaci\u00f3n donde pueden ser suprimidos los convenios internacionales en beneficio de la jurisdicci\u00f3n interna estadounidense.<\/span><\/p>\n Seg\u00fan\u00a0<\/span>report\u00f3<\/span><\/a>\u00a0The Washington Post<\/em>, el inter\u00e9s de liquidar activos de propiedad rusa ya incautados o confiscados en el futuro tiene como finalidad prolongar el env\u00edo de armas a Ucrania, que ser\u00edan pagadas con el dinero obtenido por la venta ilegal de fondos que ascienden a varios millones de d\u00f3lares.<\/span><\/p>\n Resistencias y obstrucciones<\/span><\/strong><\/p>\n A finales de abril, la iniciativa legal fue aprobada con 417 votos a favor frente a ocho en contra, sin embargo, la misma tuvo un car\u00e1cter no vinculante en vista de algunas objeciones de orden constitucional planteadas desde el Comit\u00e9 de Asuntos Exteriores y un grupo de abogados de la Uni\u00f3n Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en ingl\u00e9s).<\/span><\/p>\n Debido a esto, la c\u00e1mara baja se vio obligada a convertir la aprobaci\u00f3n del proyecto de ley en un acto simb\u00f3lico y en una muestra de alineamiento bipartidista contra la Federaci\u00f3n Rusa, pero sin consecuencias legales directas.<\/span><\/p>\n Las objeciones de la ACLU yacen en que la iniciativa entra en contradicci\u00f3n con la instituci\u00f3n del debido proceso consagrada en la Constituci\u00f3n de Estados Unidos, principalmente en la Quinta Enmienda, la cual protege el derecho a la leg\u00edtima defensa.<\/span><\/p>\n En este sentido, se abre la posibilidad de que la Corte Suprema impugne su aprobaci\u00f3n, de acuerdo a la estructura del sistema constitucional estadounidense.<\/span><\/p>\n Aunque por ahora el proyecto de ley no es vinculante, el Congreso estadounidense contin\u00faa explorando otros mecanismos legales que permitan reducir las preocupaciones de la ACLU y as\u00ed, finalmente, dotar a la Casa Blanca de una nueva frontera de poder sancionatorio a escala global.<\/span><\/p>\n Se maneja la tesis de que Biden pudiera emplear la\u00a0<\/span>autoridad excepcional<\/span><\/a>\u00a0que en t\u00e9rminos de confiscaci\u00f3n de activos le otorga la Ley Patriota de 2001. El problema con este atajo es que, para utilizar las palancas de poder de la ley, Estados Unidos debe oficializar una declaraci\u00f3n de guerra contra Rusia, una opci\u00f3n que no parece estar sobre la mesa en el corto plazo.<\/span><\/p>\n Datos clave<\/span><\/strong><\/p>\n Mientras el armado legal contin\u00faa bajo cuestionamiento, Washington avanza para darle forma pr\u00e1ctica a trav\u00e9s de un conjunto de maniobras extraterritoriales por si el atasco jur\u00eddico y parlamentario se prolonga.<\/span><\/p>\n A mediados de marzo, junto a Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido, la Comisi\u00f3n Europea, Australia, Canad\u00e1 y Jap\u00f3n, Washington anunci\u00f3 el\u00a0<\/span>lanzamiento<\/span><\/a>\u00a0de un \u201cgrupo de trabajo multilateral\u201d sobre Elites Rusas, sus Aliados y los Oligarcas (REPO, por sus siglas en ingl\u00e9s). El grupo, encabezado por la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y el fiscal general Merrick Garland persigue una coordinaci\u00f3n m\u00e1s eficiente en la implementaci\u00f3n de \u201csanciones\u201d contra Rusia, y\u00a0<\/span>busca ampliar<\/span><\/a>\u00a0a todo el mundo occidental el per\u00edmetro de vigilancia y persecuci\u00f3n para congelar activos de propiedad rusa.<\/span><\/p>\n En marzo, el Departamento de Justicia\u00a0<\/span>inaugur\u00f3 el grupo de trabajo \u201cKleptoCapture\u201d<\/span><\/a>, enfocado principalmente en rastrear el uso de criptomonedas para la evasi\u00f3n de \u201csanciones\u201d,\u00a0<\/span>mapear activos y propiedades de Rusia<\/span><\/a>\u00a0y tiene el poder de enjuiciar a quienes sean se\u00f1alados de \u201cconductas il\u00edcitas\u201d en relaci\u00f3n a las \u201csanciones\u201d aplicadas contra la naci\u00f3n euroasi\u00e1tica.<\/span><\/p>\n La huella de la guerra econ\u00f3mica contra Venezuela: conclusiones<\/span><\/strong><\/p>\n Las pr\u00e1cticas punitivas de castigo y expropiaci\u00f3n ilegal de fondos y activos estatales que ahora buscan formalizarse en el Congreso estadounidense han tenido su base experimental en la guerra econ\u00f3mica internacional desarrollada por Estados Unidos contra Venezuela.<\/span><\/p>\n Ya desde hace varios a\u00f1os, la confiscaci\u00f3n y transferencia de recursos soberanos a terceros es una realidad, una evidencia de que las limitaciones legales de la iniciativa antirrusa de la Casa Blanca representan un obst\u00e1culo poco decisivo en la pr\u00e1ctica concreta de las \u201csanciones\u201d.<\/span><\/p>\n Desde principios de 2019, Estados Unidos\u00a0<\/span>transfiri\u00f3<\/span><\/a>, a la fuerza, los fondos de las cuentas del Banco Central de Venezuela (BCV) y de la estatal petrolera PDVSA en territorio estadounidense a los operadores pol\u00edticos del \u201cproyecto Guaid\u00f3\u201d, que en aquel momento daba sus primeros pasos mediante la aventura ilegal del \u201cinterinato\u201d impulsada desde Washington.<\/span><\/p>\n Este decomiso de recursos y cuentas por cobrar luego se ampliar\u00eda a todas las instituciones financieras globales donde la Rep\u00fablica o empresas estatales tuviesen activos l\u00edquidos, hasta llegar a una cifra aproximada de\u00a0<\/span>30 mil millones de d\u00f3lares<\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n Empresas como Mon\u00f3meros, filial de Pequiven en Colombia, y CITGO, filial de PDVSA en Estados Unidos, tambi\u00e9n fueron parte de esta mec\u00e1nica de incautaci\u00f3n y transferencia a terceros, ya que su control operativo fue arrebatado ilegalmente a sus autoridades nombradas por el Gobierno Bolivariano para culminar en manos del \u201cproyecto Guaid\u00f3\u201d.<\/span><\/p>\n Buena parte de los fondos expropiados a Venezuela durante los \u00faltimos a\u00f1os han sido administrados directamente por Estados Unidos, y en segundo plano por los operadores pol\u00edticos del \u201cproyecto Guaid\u00f3\u201d, cuya posibilidad de acceso a dichos fondos pasa por transacciones opacas, sin control legal, con el Departamento del Tesoro.<\/span><\/p>\n\n