{"id":53309,"date":"2023-03-28T10:41:51","date_gmt":"2023-03-28T14:41:51","guid":{"rendered":"https:\/\/debateplural.com\/inicio\/?p=53309"},"modified":"2023-03-28T13:43:02","modified_gmt":"2023-03-28T17:43:02","slug":"caamano-crimen-imprescriptible-2-de-2-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/debateplural.net\/site\/2023\/03\/28\/caamano-crimen-imprescriptible-2-de-2-2\/","title":{"rendered":"Caama\u00f1o: crimen imprescriptible (2 de 2)"},"content":{"rendered":"<p>Roberto \u00c1lvarez (List\u00edn, 21-1-13)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Pero, \u00bfno se ha extinguido 40 a\u00f1os despu\u00e9s la acci\u00f3n penal y la pena para este crimen? Es decir, \u00bfno ha prescrito la posibilidad jur\u00eddica de perseguir y castigar a los culpables? La prescripci\u00f3n establecida por el C\u00f3digo en vigor en 1973 para el homicidio y para el asesinato era de 10 a\u00f1os, por ende, la acci\u00f3n penal hubiera vencido alrededor del 16 de febrero de 1983. Y digo hubiera, si el crimen no revistiera las caracter\u00edsticas de un crimen de lesa humanidad y una \u201cdesaparici\u00f3n forzada\u201d, infracci\u00f3n para la cual no existe prescripci\u00f3n, ya que mientras la persona no recupere su libertad o aparezca su cad\u00e1ver no es posible iniciar el c\u00f3mputo para la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, pues se considera que la actividad consumativa perdura en el tiempo.<\/p>\n<p>Las circunstancias sobre la detenci\u00f3n de Caama\u00f1o por agentes del Estado, las contradicciones en relaci\u00f3n a, por un lado, la versi\u00f3n de diversas fuentes de que fue detenido con vida y, por el otro, la oficial, de que Caama\u00f1o muri\u00f3 en combate, sin que las autoridades hayan ofrecido informaci\u00f3n detallada sobre el enfrentamiento, y la negativa a informar sobre su paradero, con el consiguiente ocultamiento de su cad\u00e1ver, impidiendo de esa forma el pleno y eficaz ejercicio de los recursos legales y de las garant\u00edas procesales pertinentes para establecer sus derechos y los de sus familiares, re\u00fanen, a mi juicio, los elementos caracter\u00edsticos de una desaparici\u00f3n forzada.<\/p>\n<p>La Convenci\u00f3n Internacional para la protecci\u00f3n de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas (ONU) define en su Art\u00edculo 2 una desaparici\u00f3n forzada como \u201cel arresto, la detenci\u00f3n, el secuestro o cualquier otra forma de privaci\u00f3n de libertad que sean obra de agentes del Estado\u2026seguida de la negativa a reconocer dicha privaci\u00f3n de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustray\u00e9ndola a la protecci\u00f3n de la ley\u201d. Por su parte, la Convenci\u00f3n Interamericana sobre Desaparici\u00f3n Forzada de Personas de la Organizaci\u00f3n de los Estados Americanos (OEA) expresa en su Art\u00edculo 7 que \u201cla acci\u00f3n penal derivada de la desaparici\u00f3n forzada de personas y la pena que se imponga judicialmente al responsable de la misma no estar\u00e1n sujetas a prescripci\u00f3n\u201d.<\/p>\n<p>Nuestro pa\u00eds no ha ratificado ninguna de estas dos convenciones, sin embargo, el principio sobre la imprescriptibilidad de una desaparici\u00f3n forzada tiene su origen en el Estatuto de N\u00faremberg de 1945 y en los principios de N\u00faremberg adoptados por la Asamblea General de la ONU, por voto un\u00e1nime, mediante la Resoluci\u00f3n 95, de 1946. M\u00e1s luego, el principio avanza y adquiere sustento convencional con la adopci\u00f3n de la Convenci\u00f3n sobre la Imprescriptibilidad de los Cr\u00edmenes de Guerra y de los Cr\u00edmenes de Lesa Humanidad de la ONU de 1968, que entr\u00f3 en vigor en 1970 (RD aun no la ha ratificado), despu\u00e9s con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos, tambi\u00e9n de la ONU y que RD ratific\u00f3 en 1977 (Gaceta Oficial No.<\/p>\n<p>9451), y posteriormente con la adopci\u00f3n de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos de la OEA, ratificada por RD en 1978 (Gaceta Oficial No. 9460).<\/p>\n<p>De importancia capital es el hecho que nuestro pa\u00eds ratific\u00f3 el Estatuto de Roma que cre\u00f3 la Corte Penal Internacional y que defini\u00f3 de manera precisa los cr\u00edmenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio (Gaceta Oficial No. 10318 de 13 de abril de 2005).<\/p>\n<p>Estos tratados plasman convencionalmente las normas de derecho internacional consuetudinario sobre el principio de la imprescriptibilidad de ciertos cr\u00edmenes graves como el genocidio, los cr\u00edmenes de guerra y de lesa humanidad, entre los cuales se encuentra la desaparici\u00f3n forzada. Con el tiempo, este principio ha sido ampliamente reconocido como veremos a continuaci\u00f3n por la jurisprudencia internacional y nacional.<\/p>\n<p>Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, cuya jurisprudencia forma parte del bloque constitucional dominicano, ha establecido desde la emblem\u00e1tica sentencia sobre el caso Vel\u00e1squez Rodr\u00edguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, que \u201cla desaparici\u00f3n forzada de seres humanos constituye una violaci\u00f3n m\u00faltiple y continuada\u2026\u201d y que su pr\u00e1ctica \u201cha implicado\u2026la ejecuci\u00f3n de los detenidos, en secreto y sin formula de juicio, seguida del ocultamiento del cad\u00e1ver con el objeto de borrar toda huella material del crimen y de procurar la impunidad de quienes lo cometieron\u2026\u201d.<\/p>\n<p>Y en el caso La Cantuta, Sentencia de 29 de noviembre de 2006, afirm\u00f3 que \u201cmientras no sea determinado el paradero de\u2026personas (desaparecidas), o debidamente localizados e identificados sus restos, el tratamiento jur\u00eddico adecuado para (tal) situaci\u00f3n\u2026es (el) de desaparici\u00f3n forzada de personas\u201d.<\/p>\n<p>Este enfoque jurisprudencial de la Corte ha sido expandido en otros casos de gran importancia relacionados a desapariciones forzadas, como Blake, Sentencia de 24 de enero de 1998; Barrios Altos, Sentencia de 14 de marzo de 2001; Almonacid Arellano, Sentencia de 26 de septiembre de 2006; Heliodoro Portugal, Sentencia de 1 2de agosto de 2008; hasta llegar al caso de Narciso Gonz\u00e1lez, Sentencia de 27 de febrero de 2012.<\/p>\n<p>En el \u00e1mbito nacional, varias decisiones de los m\u00e1s altos tribunales han ratificado que ciertos cr\u00edmenes como el de la desaparici\u00f3n forzada es un crimen de lesa humanidad.<\/p>\n<p>En el caso Arancibia Clavel de Argentina, en Sentencia de 24 de agosto de 2004, la Corte Suprema de Justicia declar\u00f3 que \u201c\u2026la evoluci\u00f3n del derecho a partir de la segunda guerra mundial permite afirmar que para la \u00e9poca de los hechos imputados (1974 a 1978) el derecho internacional de los derechos humanos condenaba ya la desaparici\u00f3n forzada de personas como crimen de lesa humanidad\u201d y a\u00f1adi\u00f3 que si bien \u201cel fundamento com\u00fan del instituto de la prescripci\u00f3n\u2026de la acci\u00f3n o de la pena, es la inutilidad de la pena, en el caso concreto (no obstante, hay una) excepci\u00f3n a esta regla, (que) est\u00e1 configurada para aquellos actos que constituyen cr\u00edmenes contra la humanidad, ya que se tratan de supuestos que no han dejado de ser vivenciados por la sociedad entera dada la magnitud y la significaci\u00f3n que los ata\u00f1e\u201d.<\/p>\n<p>*****<\/p>\n<p>En el caso Molco de Choshuenco de Chile, Sentencia de 13 de diciembre de 2006, la Sala Penal de la Corte Suprema record\u00f3 la imprescriptibilidad de los cr\u00edmenes de guerra bajo la Convenci\u00f3n sobre la Imprescriptibilidad de los Cr\u00edmenes de Guerra y de los Cr\u00edmenes de Lesa Humanidad se\u00f1alando que, si bien este tratado no hab\u00eda sido ratificado por Chile, ello era una norma del derecho internacional consuetudinario vigente para la \u00e9poca de los hechos y enfatiz\u00f3 que la prohibici\u00f3n de cometer estos cr\u00edmenes era una norma de ius cogens y que como lo ha indicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barrios Altos de 2001, \u201cson inadmisibles las disposiciones de amnist\u00eda, las disposiciones de prescripci\u00f3n y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigaci\u00f3n y sanci\u00f3n de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos\u201d.<\/p>\n<p>Otras sentencias nacionales relevantes son los casos Scilingo de Espa\u00f1a, Sentencia de 19 de abril de 2005, de la Audiencia Nacional, y el caso Bordaberry de Uruguay, Sentencia de 9 de febrero de 2010, del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de 7mo turno.<\/p>\n<p>A nivel de nuestra legislaci\u00f3n nacional, resulta fundamental se\u00f1alar que el C\u00f3digo Procesal Penal que entr\u00f3 en vigor en 2004, establece en su Art\u00edculo 49 que \u201cel genocidio, los cr\u00edmenes de guerra y los cr\u00edmenes contra la humanidad son imprescriptibles\u201d, a\u00f1adiendo que \u201ca estos efectos y a los del Art\u00edculo 56 (sobre la jurisdicci\u00f3n penal), \u201cse consideran como tales aquellos contenidos en los tratados internacionales, sin importar la calificaci\u00f3n jur\u00eddica que se les atribuya en las leyes nacionales\u201d.<\/p>\n<p>Haciendo una lectura de este texto normativo a la luz de los tratados ratificados por RD, de la jurisprudencia internacional que tiene fuerza de ley en el pa\u00eds (como las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos), del derecho internacional consuetudinario, y de las sentencias internacionales y nacionales que sirven de orientaci\u00f3n sobre el desarrollo del derecho internacional penal, del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, se puede afirmar que existe en nuestro pa\u00eds una amplia gama de normas que sirven de asidero jur\u00eddico para investigar, encausar y castigar, de ser el caso, a los responsables del crimen de Estado que fue la ejecuci\u00f3n extrajudicial del coronel Francisco Alberto Caama\u00f1o De\u00f1\u00f3 y de Eberto Lalane Jos\u00e9.<\/p>\n<p>Finalmente, este an\u00e1lisis quedar\u00eda inconcluso si no mencionara y analizara brevemente la Ley No. 1 de septiembre de 1978, del gobierno de Antonio Guzm\u00e1n, que declar\u00f3 una amnist\u00eda general para todas las personas \u201ccondenadas o acusadas de las infracciones se\u00f1aladas en el Art\u00edculo 2\u201d de la ley \u201cen el per\u00edodo comprendido entre la \u00faltima ley de amnist\u00eda del 3 de septiembre de 1965 a la fecha de la publicaci\u00f3n de la presente Ley\u201d. Entre los cr\u00edmenes incluidos en el Art\u00edculo 2, se encuentran comprendidos los Art\u00edculos 265 a 290 del C\u00f3digo Penal, es decir, que incluye a los que se refieren al homicidio y al asesinato.<\/p>\n<p>El sano prop\u00f3sito que buscaba el presidente Guzm\u00e1n era la reconciliaci\u00f3n de la sociedad dominicana, incluyendo el retorno de los exiliados pol\u00edticos, despu\u00e9s de doce a\u00f1os de persecuciones y cr\u00edmenes. Como se sabe, la amnist\u00eda, que significa olvido en griego, es un acto jur\u00eddico que causa la extinci\u00f3n de la responsabilidad penal y que por ende considera a todos los individuos que hayan sido condenados o que puedan ser acusados por los delitos incluidos en la ley como inocentes, porque el efecto es la desaparici\u00f3n de la figura delictiva \u201ccomo si los hechos y las acusaciones jam\u00e1s se hubieran producido\u201d.<\/p>\n<p>Esta ley aparentemente eximir\u00eda de responsabilidad a los responsables de cr\u00edmenes cometidos durante la guerrilla de Caracoles.<\/p>\n<p>Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene ya una larga jurisprudencia afirmando que las leyes de amnist\u00eda son inv\u00e1lidas si \u00e9stas buscan borrar cr\u00edmenes que implican una grave violaci\u00f3n de los derechos humanos, como lo es la ejecuci\u00f3n extrajudicial, la tortura, la desaparici\u00f3n forzada, etc., \u201cya que\u201d, como dijera la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Paniagua Morales, \u201cla impunidad propicia la repetici\u00f3n cr\u00f3nica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensi\u00f3n de las v\u00edctimas y sus familiares\u201d.<\/p>\n<p>As\u00ed, la Corte Interamericana reconoci\u00f3, a t\u00edtulo de ejemplo, en los casos Vel\u00e1squez Rodr\u00edguez, Barrios Altos y Almonacid Arellano \u201cel deber del Estado de articular el aparato gubernamental en todas sus estructuras de forma tal de asegurar la plena vigencia de los derechos humanos, lo cual incluye el deber de prevenir, investigar y sancionar toda violaci\u00f3n de los derechos reconocidos por la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos\u201d, que \u201cson inadmisibles las disposiciones de amnist\u00eda, las disposiciones de prescripci\u00f3n y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigaci\u00f3n y sanci\u00f3n de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos\u201d, y \u201cque los Estados no pueden sustraerse del deber de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los cr\u00edmenes de lesa humanidad aplicando leyes de amnist\u00eda u otro tipo de normativa interna.<\/p>\n<p>Consecuentemente, los cr\u00edmenes de lesa humanidad son delitos por los que no se puede conceder amnist\u00eda\u201d.<\/p>\n<p>En este tenor, la Corte Suprema de Justicia argentina resolvi\u00f3 en el caso Sim\u00f3n o Poblete, sentencia de 14 de junio de 2005, que las leyes de punto final, ley 23.492, y de obediencia debida, ley 23.521, que establec\u00edan la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal y no punibilidad de los delitos cometidos en el marco de la represi\u00f3n sistem\u00e1tica, eran inv\u00e1lidas e inconstitucionales.<\/p>\n<p>En igual sentido han actuado los poderes judiciales en Chile, Per\u00fa y Uruguay, modificando o anulando las leyes de amnist\u00eda (que adquirieron el bien ganado apelativo de \u201cleyes de impunidad\u201d), de forma tal que la justicia no se viera impedida de ejercer su majestad.<\/p>\n<p>Tocar\u00eda ahora a los tribunales nacionales, si fueran apoderados del caso, en su tarea interpretativa y de control de constitucionalidad, resolver los aspectos violatorios de la ley de amnist\u00eda de 1978, a la luz de las normas constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos asumidas por el pa\u00eds y que tienen rango constitucional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Roberto \u00c1lvarez (List\u00edn, 21-1-13) &nbsp; Pero, \u00bfno se ha extinguido 40 a\u00f1os despu\u00e9s la acci\u00f3n penal y la pena para este crimen? 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