Misi\u00f3n Verdad (21-11-24)<\/p>\n\n\n\n
El pasado 18 de noviembre, la C\u00e1mara de Representantes de Estados Unidos aceler\u00f3 la aprobaci\u00f3n del proyecto de ley bipartidista titulado \"Prohibici\u00f3n de Operaciones y Arrendamientos con el Ileg\u00edtimo R\u00e9gimen Autoritario Venezolano<\/a>\" (en ingl\u00e9s: Bipartisan Opposition to Leased Institutions or Ventures and Authoritarian Regime Act), que fuerza un acr\u00f3nimo para denominarla \"Ley BOL\u00cdVAR\", maniobra de manipulaci\u00f3n ret\u00f3rica de la figura del Libertador para blanquear una nueva saga de agresi\u00f3n contra Venezuela.<\/p>\n\n\n\n Tal instrumento jur\u00eddico, promovido con fervor por el representante Michael Waltz<\/a>, quien fue designado como Asesor de Seguridad Nacional<\/a> del pr\u00f3ximo presidente Donald Trump, emerge como un renovado impulso a la pol\u00edtica de sanciones ilegales de Estados Unidos sobre Venezuela.<\/p>\n\n\n\n El proyecto busca reforzar las restricciones existentes contra el gobierno venezolano y contra la econom\u00eda en general, por lo que se constituye como un intento deliberado por debilitar las fuentes de financiamiento y generaci\u00f3n de riqueza del pa\u00eds con vistas a exacerbar la presi\u00f3n econ\u00f3mica con fines de cambio de r\u00e9gimen.<\/p>\n\n\n\n La pieza central de la ley es una disposici\u00f3n que establece lo siguiente [el destacado es nuestro]:<\/p>\n\n\n\n Esta cl\u00e1usula, aunque a primera vista parece contundente, oculta elementos claves que enmarcar\u00edan su implementaci\u00f3n en la ambig\u00fcedad estrat\u00e9gica<\/a> que Washington aplica en escenarios internacionales complejos.<\/p>\n\n\n\n Por un lado, las agencias federales implicadas, incluidas entidades de peso como el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado, evidencian que las restricciones enunciadas afectan sectores esenciales del aparato estatal estadounidense. Sin embargo, la disposici\u00f3n introduce una importante salvedad: el Secretario de Estado puede autorizar casos espec\u00edficos de excepciones a tales prohibiciones de acuerdo al inter\u00e9s nacional del pa\u00eds norteamericano.<\/p>\n\n\n\n Este margen de discrecionalidad pol\u00edtica adquiere un matiz aun m\u00e1s marcado con Marco Rubio<\/a> al frente del Departamento de Estado en la nueva administraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Otro elemento central es la ambig\u00fcedad en torno a la definici\u00f3n de \"operaciones comerciales significativas\". Este t\u00e9rmino, cuya interpretaci\u00f3n queda en manos tambi\u00e9n del Secretario de Estado en consulta con el Director de la Oficina de Administraci\u00f3n y Presupuesto (OMB, por sus siglas en ingl\u00e9s), deja abiertas m\u00faltiples puertas para el uso pol\u00edtico de ese inciso a favor de los intereses estadounidenses.<\/p>\n\n\n\n \u00bfQu\u00e9 constituye una \"operaci\u00f3n significativa\"? \u00bfIncluye acuerdos menores o solo aquellos de gran envergadura? Por ejemplo, si Chevron o Repsol fueran se\u00f1aladas bajo este criterio, podr\u00edan enfrentarse a restricciones para contratar con agencias federales, pero ello no implicar\u00eda necesariamente la interrupci\u00f3n autom\u00e1tica de sus actividades, cada vez m\u00e1s importantes, en Venezuela.<\/p>\n\n\n\n De hecho, la ley no menciona restricciones directas para empresas petroleras internacionales, cuya presencia en Venezuela est\u00e1 autorizada por licencias emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, seg\u00fan siglas en ingl\u00e9s). Esta omisi\u00f3n puede tener un uso pendular a conveniencia, seg\u00fan las condiciones pol\u00edticas internas y externas que se presenten desde la lectura de la nueva administraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Aunado a ello, el texto no aclara c\u00f3mo interact\u00faan estas licencias con las nuevas prohibiciones, lo que abre la puerta a posibles conflictos legales o interpretativos. Este vac\u00edo nuevamente podr\u00eda ser aprovechado para justificar operaciones de agresi\u00f3n bajo supuestos argumentos \"legales\".<\/p>\n\n\n\n La normativa, al carecer de mecanismos claros y definiciones precisas, deja amplios m\u00e1rgenes para una evidente discrecionalidad en torno a su aplicaci\u00f3n. Los d\u00e9ficits conceptuales no solo introducen elementos de inseguridad para los actores y factores involucrados, sino que tambi\u00e9n permite utilizar este artefacto jur\u00eddico como herramienta pol\u00edtica para ajustar sanciones seg\u00fan los intereses estrat\u00e9gicos de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n La secci\u00f3n de excepciones muestra disposiciones que, lejos de ser meras concesiones, prefiguran un cat\u00e1logo de maniobras <\/strong>que permiten al gobierno estadounidense manejar los efectos colaterales de las sanciones il\u00edcitas y garantizar, de cierta manera, un marco de flexibilidad en cuanto a su implementaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Entre las excepciones m\u00e1s relevantes se encuentra la relacionada con licencias vigentes<\/a> emitidas por la OFAC: \"La prohibici\u00f3n del inciso (a) no se aplica a una persona que tenga una licencia v\u00e1lida para operar en Venezuela emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros\".<\/em><\/p>\n\n\n\n Este punto resulta crucial para empresas como Chevron y Repsol, que han obtenido autorizaciones espec\u00edficas<\/a> para continuar sus operaciones en el sector de hidrocarburos en Venezuela.<\/p>\n\n\n\n En ese contexto cabe mencionar que, si bien el instrumento no ampl\u00eda directamente las sanciones secundarias, su codificaci\u00f3n subraya el car\u00e1cter intimidatorio ante eventuales v\u00ednculos con el gobierno venezolano, una pr\u00e1ctica caracter\u00edstica de las estrategias coercitivas de Estados Unidos con el objetivo de ahuyentar nuevas inversiones y acuerdos de negocios con el Estado venezolano.<\/p>\n\n\n\n Una de las disposiciones t\u00edpicas de este tipo de proyectos de ley es la exclusi\u00f3n de las prohibiciones a los contratos para proveer \"asistencia humanitaria\" a la poblaci\u00f3n venezolana.<\/p>\n\n\n\n Esta excepci\u00f3n, que supuestamente permite la entrega de alimentos, medicinas y otros recursos esenciales, no solo presenta limitaciones en la burocracia estadounidene sino que se emplea como un recurso simb\u00f3lico y narrativo, cuyo prop\u00f3sito es encubrir las agresiones econ\u00f3micas.<\/p>\n\n\n\n Un aspecto importante del instrumento es la excepci\u00f3n que permite las actividades de inteligencia por parte de Estados Unidos: \"La prohibici\u00f3n en la subsecci\u00f3n (a) no se aplica a ninguna actividad sujeta a los requisitos de informes bajo el t\u00edtulo V de la Ley de Seguridad Nacional de 1947 ( 50 USC 3091 et seq. ), ninguna actividad de inteligencia autorizada de Estados Unidos, o ninguna actividad o adquisici\u00f3n que respalde una actividad de inteligencia autorizada\".<\/em><\/p>\n\n\n\n El apartado refuerza aun m\u00e1s la agenda estrat\u00e9gica detr\u00e1s de la ley, espec\u00edficamente en el plano de las operaciones encubiertas<\/a>. Washington preserva as\u00ed su capacidad de llevar a cabo operaciones clandestinas en Venezuela, pase\u00e1ndose por el umbral de la actividad armada, de sabotaje y de infiltraci\u00f3n con fines golpistas.<\/p>\n\n\n\n Este aspecto evidencia la prioridad de los intereses geopol\u00edticos sobre cualquier otra consideraci\u00f3n. Si el endurecimiento de las sanciones no cristaliza el cambio de r\u00e9gimen, las actividades encubiertas<\/a> pasan a ser empleadas para desestabilizar el pa\u00eds diluyendo el papel instigador y planificador de Washington.<\/p>\n\n\n\n A grandes rasgos, la Ley BOL\u00cdVAR busca consolidar las sanciones como un elemento estructural de la pol\u00edtica de Estados Unidos hacia Venezuela. Aunque no introduce nuevas restricciones, refuerza y ampl\u00eda el marco existente.<\/p>\n\n\n\n\n
Las excepciones: otras cartas del mazo<\/strong><\/h3>\n\n\n\n