Misi\u00f3n Verdad (10-12-24)<\/p>\n\n\n\n
El panorama pol\u00edtico estadounidense para el pr\u00f3ximo a\u00f1o perfila una configuraci\u00f3n donde el Partido Republicano controla todas las palancas de poder institucional del pa\u00eds, con Donald Trump liderando el Ejecutivo y ambas c\u00e1maras del Congreso bajo el control de su organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Este contexto anticipa la agenda legislativa que pueda revitalizar proyectos vinculados a Venezuela que, de hecho, recientemente, han adquirido tracci\u00f3n, como la \"Ley BOL\u00cdVAR\", que podr\u00eda ser promulgada antes del cierre del periodo 118\u00ba del Congreso estadounidense.<\/p>\n\n\n\n
As\u00ed que revisar estas iniciativas permite vislumbrar qu\u00e9 se dice en los pasillos del Capitolio sobre el rumbo que tomar\u00e1n hacia Venezuela, como hicieron hace una d\u00e9cada bajo las cl\u00e1usulas de Ley de Derechos Humanos y Democracia en Venezuela de 2014<\/a>, promulgada en aquel entonces por Barack Obama.<\/p>\n\n\n\n A lo largo del 118\u00ba Congreso (2023-2024), se han introducido 130 proyectos de ley relacionados con Venezuela. Pero los datos muestran que, pese a esta cantidad, los resultados concretos son limitados: solo 19 de estos proyectos pasaron una sola c\u00e1mara legislativa (faltar\u00eda otra para la aprobaci\u00f3n), 8 lograron la aprobaci\u00f3n en ambas c\u00e1maras, y \u00fanicamente estos \u00faltimos se convirtieron en leyes.<\/p>\n\n\n\n Este bajo \u00edndice de \u00e9xito legislativo \u2014menos del 7%\u2014 indica tanto las complejidades del sistema legislativo estadounidense como la naturaleza pol\u00edticamente cargada de los asuntos vinculados con Venezuela, principalmente.<\/p>\n\n\n\n Todas estas leyes provienen de la C\u00e1mara de Representantes, que tiene prerrogativas espec\u00edficas para abordar asuntos presupuestarios y de financiamiento, que suelen enmarcarse en lo que se conoce como \"appropriations\".<\/p>\n\n\n\n En el repaso de esas ocho leyes, a grandes rasgos, se reflej\u00f3 que, si bien su contenido es burocr\u00e1tico en su estructura, tambi\u00e9n mantiene una intenci\u00f3n estrat\u00e9gica clara en dos \u00e1reas fundamentales: el financiamiento externo de programas de democracia,<\/strong> y las iniciativas en materia de seguridad, que delinean los intereses espec\u00edficos de la pol\u00edtica exterior estadounidense y ambas aristas se enmarcan dentro de un plan m\u00e1s amplio o una hoja de ruta para el cambio de r\u00e9gimen impulsada desde Washington.<\/p>\n\n\n\n Un ejemplo representativo es la \"Further Consolidated Appropriations Act, 2024<\/a>\", que destina 50 millones de d\u00f3lares al \"Economic Support Fund\" para financiar lo que denominan \"programas de democracia en Venezuela\". Aunque el texto carece de especificaciones detalladas, menciona que los recursos se dirigir\u00e1n a actividades como la observaci\u00f3n electoral y la promoci\u00f3n de la participaci\u00f3n de candidatos opositores. Este tipo de financiamiento externo a procesos internos refleja un claro intervencionismo en los asuntos soberanos del pa\u00eds, bajo la excusa de promover \"valores democr\u00e1ticos\".<\/p>\n\n\n\n Otra ley relevante es la \"National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2024<\/a>\", que incluye asignaciones espec\u00edficas sobre Venezuela, pero con un enfoque m\u00e1s orientado hacia la seguridad y la inteligencia. Esta ley requiere que el Director de Inteligencia Nacional presente un informe al Congreso sobre las acciones del gobierno venezolano para \"detener a ciudadanos estadounidenses\". No obstante, sobre este segmento, debe indicarse que tales detenciones obedecen a actividades que atentan contra la seguridad y la soberan\u00eda de Venezuela, como espionaje, conspiraci\u00f3n o injerencia<\/a> directa en asuntos internos. Al exigir detalles como nombres y posiciones de funcionarios venezolanos, as\u00ed como un an\u00e1lisis de las motivaciones detr\u00e1s de estas acciones, la ley busca reforzar una narrativa hostil que ignora el derecho leg\u00edtimo de Venezuela a proteger su orden interno frente a amenazas externas.<\/p>\n\n\n\n Estas cl\u00e1usulas permiten al Congreso supervisar e influir en negociaciones futuras vinculadas con los canjes de ciudadanos detenidos en ambos pa\u00edses.<\/p>\n\n\n\n En definitiva, estas leyes no representan un cambio significativo en la pol\u00edtica de Estados Unidos hacia Venezuela, sino la continuidad de una din\u00e1mica en la que el pa\u00eds es considerado un \"adversario extranjero\", junto a pa\u00edses como China, Rusia e Ir\u00e1n, pretexto suficiente para incluirlo rutinariamente en asignaciones presupuestarias y directrices de seguridad a los fines de mantener la agenda de presi\u00f3n pol\u00edtica y diplom\u00e1tica sobre el gobierno venezolano.<\/p>\n\n\n\n De acuerdo al repaso de los proyectos legislativos orientados hacia asuntos pol\u00edticos internacionales, se revela un patr\u00f3n claro de intervenci\u00f3n mediante el uso de instrumentos legales extraterritoriales.<\/p>\n\n\n\n Estos proyectos, que representan el 38% del total identificado en la revisi\u00f3n tem\u00e1tica, muestran un enfoque consistente en el dise\u00f1o de marcos normativos que buscan consolidar la pol\u00edtica de sanciones y aislamiento contra Venezuela, con implicaciones que van m\u00e1s all\u00e1 de las fronteras nacionales de los Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n En cambio, el sector energ\u00e9tico no represent\u00f3 un porcentaje significativo, con solo 8 proyectos de ley<\/a> relacionados. Esto se explica porque el enfoque legislativo no necesita centrarse exclusivamente en el \u00e1mbito energ\u00e9tico cuando ya existe un sistema de coerci\u00f3n financiera bien establecido que cubre las necesidades estrat\u00e9gicas de Washington para sancionar a Estados.<\/p>\n\n\n\n Es decir, este sistema permite que Estados Unidos opere con flexibilidad para restringir recursos clave, como los ingresos petroleros de Venezuela, a trav\u00e9s de mecanismos financieros m\u00e1s amplios que afectan todo el espectro de operaciones econ\u00f3micas, minimizando as\u00ed la necesidad de legislar directamente sobre la energ\u00eda.<\/p>\n\n\n\n Ahora bien, las iniciativas m\u00e1s destacadas dentro de ese segmento de \u201casuntos internacionales\u201d, a\u00fan sin promulgar, se encuentran las tituladas \u201cLey VERDAD<\/a>\u201d (Ley de Ayuda de Emergencia, Asistencia a la Democracia y Desarrollo de Venezuela<\/em>), \u201cLey VALOR<\/a>\u201d (Ley para el Avance de la Libertad, las Oportunidades y los Derechos en Venezuela<\/em>) y la \u201cLey BOL\u00cdVAR<\/a>\u201d (Prohibici\u00f3n de Operaciones y Arrendamientos con el Ileg\u00edtimo R\u00e9gimen Autoritario Venezolano<\/em>), cuyo denominador com\u00fan es proteger las \u00d3rdenes Ejecutivas vinculadas a sanciones il\u00edcitas contra Venezuela.<\/p>\n\n\n\n Estas normativas no se limitan a sancionar al Estado venezolano de manera directa, sino que ampl\u00edan su alcance hacia terceros pa\u00edses que mantengan relaciones comerciales con Venezuela o que act\u00faen como intermediarios para evadir las medidas de presi\u00f3n. Este aspecto introduce, precisamente, la dimensi\u00f3n extraterritorial que busca disuadir a actores internacionales de colaborar con Venezuela, bajo la amenaza de enfrentar consecuencias legales y econ\u00f3micas en Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n En esencia, estos instrumentos pretenden evitar que tales proclamaciones puedan ser revocadas de manera unilateral por el presidente de turno. Al convertir su modificaci\u00f3n o eliminaci\u00f3n en un procedimiento exclusivamente legislativo, estas leyes limitan la flexibilidad del Ejecutivo y, al mismo tiempo, prolongan los efectos de las sanciones ilegales, incluso en escenarios de posibles cambios de administraci\u00f3n o de enfoque pol\u00edtico en Washington.<\/p>\n\n\n\n El blindaje legislativo representa una sofisticaci\u00f3n del uso de las medidas de asfixia econ\u00f3mica como herramienta de pol\u00edtica exterior, consolidando un enfoque que combina presi\u00f3n econ\u00f3mica y aislamiento diplom\u00e1tico.<\/p>\n\n\n\n Dentro de este marco tem\u00e1tico, tambi\u00e9n se encuentra el proyecto \"STOP MADURO Act<\/a>\" (Ley para<\/em> Garantizar Oportunidades Oportunas de Pago y Maximizar las Recompensas por Detener a Funcionarios de Reg\u00edmenes Ilegales<\/em>) que, establece elevar la recompensa ofrecida por informaci\u00f3n que conduzca a la captura del presidente Nicol\u00e1s Maduro Moros, fijando una suma de 100 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n En \u00faltima instancia, este conjunto de proyectos refleja un enfoque coordinado y escalonado que combina elementos de presi\u00f3n econ\u00f3mica y persecuci\u00f3n judicial ampliando la esfera de la intervenci\u00f3n estadounidense a trav\u00e9s de medidas extraterritoriales.<\/p>\n\n\n\n Desde el Senado, Marco Rubio, republicano de Florida y pr\u00f3ximo secretario de Estado en la administraci\u00f3n Trump, ha desempe\u00f1ado un rol clave en los proyectos legislativos relacionados con Venezuela durante el 118\u00ba Congreso.<\/p>\n\n\n\n De los 21 proyectos que patrocin\u00f3, varios abordan medidas que, aunque indirectamente, incluyen a Venezuela dentro de una narrativa m\u00e1s amplia de confrontaci\u00f3n con actores considerados adversarios estrat\u00e9gicos de Estados Unidos, como China, Rusia e Ir\u00e1n.<\/p>\n\n\n\n Rubio, conocido por su papel en la configuraci\u00f3n de la pol\u00edtica de sanciones hacia Venezuela, ha destacado dentro de los proyectos que promovi\u00f3, tres iniciativas legislativas que reflejan su intenci\u00f3n de consolidar y ampliar las herramientas de coerci\u00f3n financiera contra el Estado venezolano.<\/p>\n\n\n\n Lejos de limitarse a reforzar las restricciones existentes, estas iniciativas apuntan a dotarlas de un marco legal m\u00e1s s\u00f3lido, dificultando a\u00fan m\u00e1s cualquier intento de flexibilizaci\u00f3n o de avance en negociaciones bilaterales.<\/p>\n\n\n\n La Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela de 2023<\/a> representa una renovaci\u00f3n de la Ley 2014, y ampliaci\u00f3n de las sanciones ya vigentes, este marco sancionatorio incluye restricciones contra la cooperaci\u00f3n militar con Rusia, el acceso a sistemas financieros internacionales y la capacidad de adquirir armamento, perpetuando el cerco que ha caracterizado la pol\u00edtica estadounidense hacia Venezuela.<\/p>\n\n\n\n Por otro lado, la propuesta conocida como \"SEPAM Act<\/a>\" (Ley de Prevenci\u00f3n y Mitigaci\u00f3n de la Evasi\u00f3n de Sanciones<\/em>) ampl\u00eda el alcance de las medidas de presi\u00f3n al incluir en su radar a sistemas financieros alternativos desarrollados por pa\u00edses como China, Rusia e Ir\u00e1n, que han buscado reducir su dependencia de la infraestructura financiera dominada por Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n Este proyecto de ley establece severas medidas contra instituciones que operen con plataformas como el Sistema de Pagos Interbancarios Transfronterizos (CIPS) chino, el Sistema de Mensajes Financieros de Transferencia (SPFS) ruso y el Sistema de Mensajer\u00eda Electr\u00f3nica de Pagos iran\u00ed.<\/p>\n\n\n\n Al impulsar accciones ilegales como la congelaci\u00f3n de activos, la prohibici\u00f3n de cuentas corresponsales y la revocaci\u00f3n de visas a los ejecutivos de estas instituciones, la ley busca bloquear cualquier esfuerzo de Venezuela y otros pa\u00edses sancionados por encontrar canales financieros alternativos.<\/p>\n\n\n\n Aunque se plantean excepciones limitadas para actividades de inteligencia o compromisos internacionales, el objetivo central de esta legislaci\u00f3n es asegurarse de que las sanciones ilegales sean globalmente inquebrantables y efectivas.<\/p>\n\n\n\n Esto no solo limita la capacidad del presidente para usar las sanciones como herramienta de negociaci\u00f3n, sino que tambi\u00e9n hace que cualquier cambio en la pol\u00edtica hacia Venezuela requiera la aprobaci\u00f3n legislativa, un proceso que, resulta complejo y poco probable en el corto plazo.<\/p>\n\n\n\nEl pan de cada d\u00eda: las asignaciones presupuestarias<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
Proyectos ilegales extraterritoriales<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
Marco Rubio: arquitecto de las sanciones ilegales<\/strong><\/h3>\n\n\n\n