Anjuli Tostes (Rebeli\u00f3n, 9-5-25)<\/p>\n\n\n\n
El lawfare<\/em>, o guerra judicial, se entiende como el uso estrat\u00e9gico del aparato judicial con fines pol\u00edticos, en alianza con los medios hegem\u00f3nicos de comunicaci\u00f3n, con el objetivo de neutralizar a l\u00edderes progresistas y gobiernos populares del Sur Global. Explicado con palabras simples, se trata de una persecuci\u00f3n pol\u00edtica llevada a cabo por intermedio del sistema judicial, con el apoyo de los grandes medios, para silenciar la disidencia al orden neoliberal vigente. En esencia, el lawfare<\/em> act\u00faa como un mecanismo de disciplinamiento pol\u00edtico, destinado a excluir del escenario institucional a quienes promueven proyectos de transformaci\u00f3n social, al tiempo que desincentiva la participaci\u00f3n pol\u00edtica de quienes buscan impulsar cambios estructurales en la sociedad.<\/p>\n\n\n\n Este fen\u00f3meno se afianza en contextos de alta polarizaci\u00f3n pol\u00edtica, donde la confrontaci\u00f3n entre proyectos progresistas y conservadores se intensifica. En Brasil, tras el impeachment<\/em> de Dilma Rousseff en 2016, se abri\u00f3 un ciclo de ofensiva institucional contra liderazgos de izquierda, marcado por el uso pol\u00edtico del sistema judicial. En Chile, el estallido social de 2019 desencaden\u00f3 una fuerte reacci\u00f3n conservadora ante el avance de propuestas transformadoras, generando un clima favorable para la instrumentalizaci\u00f3n de instituciones judiciales debilitadas.<\/p>\n\n\n\n Los casos de Luiz In\u00e1cio Lula da Silva, presidente de Brasil, y Daniel Jadue, exalcalde de Recoleta, en Chile, son ejemplos paradigm\u00e1ticos de esta pr\u00e1ctica. A trav\u00e9s de diez criterios, este art\u00edculo analiza ambos procesos a partir de las t\u00e1cticas comunes en casos de lawfare<\/em> \u2014desde acusaciones sin pruebas hasta campa\u00f1as medi\u00e1ticas estigmatizantes\u2014 y los compara con otros casos, como los de Rafael Correa en Ecuador, Cristina Fern\u00e1ndez en Argentina y Evo Morales en Bolivia, para revelar un patr\u00f3n regional que socava la soberan\u00eda popular.<\/p>\n\n\n\n 1. Instrumentalizaci\u00f3n del derecho y falta de pruebas s\u00f3lidas<\/strong><\/p>\n\n\n\n El lawfare<\/em> se basa en acusaciones d\u00e9biles dise\u00f1adas para castigar m\u00e1s que para probar. En 2017, Lula fue condenado en el caso del tr\u00edplex de Guaruj\u00e1 sin ninguna prueba documental que acreditara su propiedad o uso del inmueble. La sentencia se sustent\u00f3 en el testimonio de L\u00e9o Pinheiro, exejecutivo de OAS, quien modific\u00f3 su declaraci\u00f3n tras negociar beneficios penales, seg\u00fan revel\u00f3 The Intercept<\/em> en 2019. El Supremo Tribunal Federal anul\u00f3 la condena en 2021, se\u00f1alando graves irregularidades procesales.<\/p>\n\n\n\n De manera similar, desde octubre de 2021, Daniel Jadue enfrenta una investigaci\u00f3n en la que se le imputan cargos por fraude al fisco relacionado con compras realizadas durante la pandemia, cohecho y delito concursal. Adem\u00e1s, se le vincula a una deuda de 1.000 millones de pesos chilenos (aproximadamente un mill\u00f3n de d\u00f3lares) correspondiente a Achifarp, por una presunta estafa en una transacci\u00f3n con la empresa Best Quality. No existen indicios o acusaciones de enriquecimiento personal y las imputaciones se basan en declaraciones contradictorias de testigos como C\u00e9sar Ram\u00edrez, quien cuenta con antecedentes por estafa. En mayo de 2024, uno de los querellantes reconoci\u00f3 ante la jueza la falta de evidencia s\u00f3lida; y en septiembre, la jueza Paula Brito manifest\u00f3 dudas sobre la existencia de delitos y sobre la participaci\u00f3n directa de Jadue.<\/p>\n\n\n\n En Argentina, Cristina Fern\u00e1ndez de Kirchner fue acusada en el caso \u201cVialidad\u201d (2019) por supuesta corrupci\u00f3n en la adjudicaci\u00f3n de obras p\u00fablicas. Sin embargo, la acusaci\u00f3n se apoy\u00f3 principalmente en conjeturas sobre su presunta influencia, sin documentos que probaran desv\u00edo de fondos.<\/p>\n\n\n\n En Ecuador, Rafael Correa fue condenado en el caso \u201cSobornos\u201d, basado en pruebas altamente cuestionadas, incluyendo un archivo de excel sin firma y correos electr\u00f3nicos sin peritaje. La sentencia se confirm\u00f3 en tiempo r\u00e9cord y justo antes del cierre del plazo para inscribir candidaturas, lo que impidi\u00f3 su participaci\u00f3n electoral.<\/p>\n\n\n\n Estos casos revelan una instrumentalizaci\u00f3n del derecho penal para erosionar figuras de liderazgo progresista. En todos ellos, las imputaciones carecen de pruebas materiales contundentes, se apoyan en testigos cuestionables y presentan fallas procesales significativas.<\/p>\n\n\n\n 2. Objetivos extralegales<\/strong><\/p>\n\n\n\n El lawfare<\/em> busca inhabilitar pol\u00edticamente a sus objetivos, priorizando fines pol\u00edticos sobre la justicia. En Brasil, Lula \u2014l\u00edder del Partido de los Trabajadores (PT)\u2014 fue encarcelado en abril de 2018 tras una condena en segunda instancia, lo que le impidi\u00f3 participar en las elecciones presidenciales de octubre de ese a\u00f1o, donde encuestas de Datafolha lo daban como favorito, con un 39% de intenci\u00f3n de voto, abriendo el camino a la victoria de Jair Bolsonaro.<\/p>\n\n\n\n En Chile, Daniel Jadue obtuvo un 39,4% en las primarias presidenciales de 2021 y era una figura ascendente, ampliamente considerada como carta presidencial con potencial hacia 2025. Su prisi\u00f3n preventiva, ordenada el 3 de junio de 2024, lo forz\u00f3 a dejar la alcald\u00eda de Recoleta tras 45 d\u00edas, interrumpiendo doce a\u00f1os de gesti\u00f3n con amplio respaldo electoral (41% en 2012, 56% en 2016 y 64% en 2021), afectando su influencia antes de las elecciones municipales de octubre de 2024 y limitando su proyecci\u00f3n presidencial. Diversas organizaciones internacionales, como la Asociaci\u00f3n Americana de Juristas (AAJ), la International Association of Democratic Lawyers (IADL), la Asociaci\u00f3n Brasile\u00f1a de Juristas por la Democracia (ABJD), la Red Lawfare Nunca M\u00e1s, el Colectivo por un Ministerio P\u00fablico Transformador (TRANSFORMA MP), el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ Brasil), ALBA Movimientos y el Comit\u00e9 Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU) han denunciado un intento de proscripci\u00f3n para frenar su proyecto progresista, centrado en pol\u00edticas de desmercantilizaci\u00f3n de la vida como las Farmacias Populares.<\/p>\n\n\n\n Estos casos evidencian un patr\u00f3n com\u00fan: el lawfare <\/em>act\u00faa como un mecanismo de neutralizaci\u00f3n de proyectos progresistas, sacando liderazgos populares de la arena pol\u00edtica para limitar su influencia y alterar el curso democr\u00e1tico.<\/p>\n\n\n\n 3. Selectividad<\/strong><\/p>\n\n\n\n La persecuci\u00f3n selectiva es un sello del lawfare<\/em>, puesto que l\u00edderes progresistas enfrentan un trato desproporcionado frente a figuras aliadas al poder.<\/p>\n\n\n\n En Brasil, la operaci\u00f3n Lava Jato<\/em> investig\u00f3 a m\u00faltiples partidos y pol\u00edticos, pero la mayor visibilidad, judicializaci\u00f3n y condenas recayeron sobre figuras del Partido de los Trabajadores (PT), especialmente Lula. Michel Temer, \u2014acusado de corrupci\u00f3n en el caso JBS y protagonista activo del impeachment<\/em> en contra de Dilma Rousseff, denunciado como un golpe blando\u2014, evit\u00f3 la prisi\u00f3n gracias al respaldo de la C\u00e1mara de Diputados en 2017, que bloque\u00f3 su procesamiento.<\/p>\n\n\n\n En Chile, Daniel Jadue fue sometido a prisi\u00f3n preventiva en 2024 en el marco de una investigaci\u00f3n relacionada con una presunta deuda de un mill\u00f3n de d\u00f3lares vinculada a Achifarp, a pesar de la falta de pruebas de enriquecimiento personal. En contraste, casos mayor envergadura, como el fraude de cuatro millones de d\u00f3lares en el caso Penta<\/em>, concluyeron con sentencias simb\u00f3licas: Carlos D\u00e9lano y Carlos Lav\u00edn fueron condenados a libertad vigilada y obligados a asistir a \u201cclases de \u00e9tica\u201d. Del mismo modo, Jaime Ma\u00f1alich, exministro de Salud de Sebasti\u00e1n Pi\u00f1era, no fue procesado pese a un informe de la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica que en 2021 denunci\u00f3 la p\u00e9rdida de 3.800 millones de pesos en medicamentos vencidos en su gesti\u00f3n durante la pandemia.<\/p>\n\n\n\n En Ecuador, mientras Rafael Correa fue condenado en 2020 a ocho a\u00f1os de prisi\u00f3n e inhabilitaci\u00f3n pol\u00edtica por presunta corrupci\u00f3n en el marco del caso \u201cSobornos\u201d, procesos vinculados a gobiernos conservadores, como el esc\u00e1ndalo del Isspol \u2014que involucra millonarias irregularidades en el fondo de pensiones de la Polic\u00eda\u2014, han avanzado con mucha mayor lentitud y sin condenas firmes hasta la fecha.<\/p>\n\n\n\n Esta disparidad refleja un sesgo contra l\u00edderes de izquierda que desaf\u00edan el status quo<\/em>.<\/p>\n\n\n\n 4. Apoyo medi\u00e1tico<\/strong><\/p>\n\n\n\n Los medios de comunicaci\u00f3n hegem\u00f3nicos desempe\u00f1an un rol clave en el lawfare<\/em> al amplificar narrativas condenatorias que erosionan la presunci\u00f3n de inocencia y moldean la opini\u00f3n p\u00fablica antes de cualquier sentencia.<\/p>\n\n\n\n En Brasil, el conglomerado Globo encabez\u00f3 una ofensiva medi\u00e1tica contra Lula durante la operaci\u00f3n Lava Jato, dedicando un tiempo significativo a reportajes sobre presunta corrupci\u00f3n entre 2014 y 2018, con un enfoque desproporcionado en el PT, seg\u00fan el an\u00e1lisis del Observatorio de Medios de la UFRJ y otros estudios acad\u00e9micos, con filtraciones selectivas de la fiscal\u00eda que lo presentaban como culpable antes del juicio.<\/p>\n\n\n\n En Chile, el diario La Tercera<\/em> public\u00f3 557 art\u00edculos contra Jadue entre 2021 y 2024, seg\u00fan un an\u00e1lisis del periodista Francisco Herreros, incluyendo filtraciones que violan el secreto sumarial, mientras im\u00e1genes suyas esposado en junio de 2024 se retransmitieron en canales como Mega y TVN, generando una percepci\u00f3n p\u00fablica de criminalidad sin que existiera una sentencia ni pruebas.<\/p>\n\n\n\n En Argentina, Clar\u00edn<\/em> y La Naci\u00f3n<\/em> desempe\u00f1aron un rol similar contra Cristina Fern\u00e1ndez en el caso \u201cCuadernos\u201d (2018), publicando supuestos diarios de un ch\u00f3fer como prueba de corrupci\u00f3n, sin verificar su autenticidad, lo que gener\u00f3 una condena medi\u00e1tica previa al proceso judicial.<\/p>\n\n\n\n Estos casos demuestran c\u00f3mo el aparato medi\u00e1tico opera en sincron\u00eda con sectores judiciales y pol\u00edticos para legitimar la persecuci\u00f3n de l\u00edderes progresistas, minando su capital simb\u00f3lico y obstaculizando la posibilidad de juicios justos.<\/p>\n\n\n\n 5. Abuso de instituciones<\/strong><\/p>\n\n\n\n El lawfare<\/em> depende de instituciones judiciales sesgadas que fabrican o exageran cargos. En Brasil, el juez de primera instancia Sergio Moro actu\u00f3 con parcialidad en el caso de Lula, al coordinarse estrat\u00e9gicamente con los fiscales de la operaci\u00f3n Lava Jato, seg\u00fan revelaron los mensajes filtrados por The Intercept<\/em> en 2019. Esta colusi\u00f3n vulner\u00f3 gravemente el principio de imparcialidad judicial, motivo por el cual el Supremo Tribunal Federal anul\u00f3 la condena en 2021.<\/p>\n\n\n\n En Chile, la fiscal Giovanna Herrera, a cargo de la investigaci\u00f3n contra Daniel Jadue, ha sido objeto de cuestionamientos por posibles conflictos de inter\u00e9s, debido a sus v\u00ednculos familiares con una farmacia competidora de las Farmacias Populares: es concu\u00f1ada de Javier Vega Sep\u00falveda, fundador de \u201cFarmacias Fracci\u00f3n\u201d, una cadena que, seg\u00fan su sitio <\/a>web<\/em><\/a>, busca \u201cmejorar el acceso a medicamentos para las familias chilenas y (\u2026) llegar a todo Chile con precios justos, siendo l\u00edderes y pioneros en el fraccionamiento de medicamentos\u201d. A pesar de este posible sesgo, la jueza Paulina Moya orden\u00f3 prisi\u00f3n preventiva en junio de 2024, calificando a Jadue como un \u201cpeligro para la sociedad\u201d, pese a su historial sin antecedentes penales y su disposici\u00f3n a colaborar con la justicia, en una decisi\u00f3n que contraviene los est\u00e1ndares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.<\/p>\n\n\n\n En Ecuador, jueces alineados con el Gobierno de Len\u00edn Moreno condenaron al expresidente Rafael Correa en el denominado caso \u201cSobornos\u201d, en un contexto de ruptura pol\u00edtica entre ambos l\u00edderes. El proceso estuvo marcado por diversas irregularidades procesales, denunciadas por juristas y organismos internacionales, que cuestionaron su legitimidad.<\/p>\n\n\n\n El lawfare<\/em> no opera en el vac\u00edo, sino que depende de un entramado institucional dispuesto a subvertir el Estado de Derecho para fines pol\u00edticos.<\/p>\n\n\n\n 6. Uso de teor\u00edas jur\u00eddicas controvertidas<\/strong><\/p>\n\n\n\n El lawfare<\/em> se apoya en construcciones legales cuestionables para criminalizar la acci\u00f3n pol\u00edtica y debilitar liderazgos populares. En el caso de Lula, se recurri\u00f3 a la teor\u00eda del dominio del hecho, aplicada de forma distorsionada para responsabilizarlo penalmente por actos cometidos por terceros. La acusaci\u00f3n se bas\u00f3 en la idea de que, como presidente, \u201cdeb\u00eda saber\u201d de los hechos de corrupci\u00f3n en Petrobras, a pesar de la ausencia de pruebas directas. Esta interpretaci\u00f3n fue duramente criticada en 2020 por el propio creador de la teor\u00eda, el jurista alem\u00e1n Claus Roxin, quien advirti\u00f3 que se estaba desvirtuando el principio de responsabilidad penal individual.<\/p>\n\n\n\n En Chile, Daniel Jadue enfrenta una acusaci\u00f3n construida bajo la misma tesis: se le imputa responsabilidad penal por decisiones administrativas tomadas por terceros en el contexto de la pandemia, en el marco de la Asociaci\u00f3n Chilena de Farmacias Populares (Achifarp). En 2024, la Fiscal\u00eda introdujo, adem\u00e1s, la tesis de la \u201cbicicleta fiscal\u201d, argumentando que compras excesivas de productos como interfer\u00f3n, pr\u00f3tesis auditivas y mascarillas habr\u00edan sido utilizadas para simular solvencia financiera, ocultar deudas y as\u00ed proteger la imagen electoral de Jadue. Esta acusaci\u00f3n recuerda la \u201cpedalada fiscal\u201d que sirvi\u00f3 de base para el impeachment<\/em> de Dilma Rousseff en Brasil en 2016, ya que se le acus\u00f3 de retrasar pagos para ocultar d\u00e9ficits, presentada como fraude aunque era una pr\u00e1ctica administrativa com\u00fan y nunca antes sancionada. En el caso de Jadue, tampoco hay evidencia de intenci\u00f3n fraudulenta: las compras se realizaron en un contexto de emergencia sanitaria, bajo condiciones de alta incertidumbre, en las que decisiones administrativas pod\u00edan responder a necesidades urgentes, no a una manipulaci\u00f3n deliberada.<\/p>\n\n\n\n En Ecuador, la tesis del \u00abinflujo ps\u00edquico\u00bb fue utilizada por el tribunal como fundamento para describir la manera en que Correa habr\u00eda influido en sus subordinados para cometer actos de corrupci\u00f3n, sin necesidad de una instrucci\u00f3n directa. Se trata de una construcci\u00f3n jur\u00eddica ad hoc<\/em>, sin respaldo en el derecho penal comparado, que expertos como Eugenio Zaffaroni han calificado de \u201caberraci\u00f3n jur\u00eddica\u201d.<\/p>\n\n\n\n Estos casos muestran c\u00f3mo el lawfare <\/em>desdibuja los l\u00edmites entre gesti\u00f3n p\u00fablica y delito, erosionando garant\u00edas fundamentales y debilitando el liderazgo de figuras progresistas mediante ficciones legales.<\/p>\n\n\n\n 7. Impacto y medidas desproporcionadas<\/strong><\/p>\n\n\n\n El lawfare<\/em> emplea medidas extremas que causan da\u00f1os irreparables. Lula estuvo preso 580 d\u00edas entre 2018 y 2019 y le impidieron participar en las elecciones de 2018, con im\u00e1genes de su arresto retransmitidas globalmente que lo estigmatizaron como corrupto, un da\u00f1o reputacional que persisti\u00f3 incluso tras la anulaci\u00f3n de su condena en 2021.<\/p>\n\n\n\n Daniel Jadue, en Chile, fue privado de libertad mediante prisi\u00f3n preventiva entre junio y septiembre de 2024, lo que deriv\u00f3 en su destituci\u00f3n como alcalde de Recoleta sin que exista una condena, ya que la Ley Org\u00e1nica Constitucional de Municipalidades permite la remoci\u00f3n tras 45 d\u00edas de inactividad, y enfrenta arresto domiciliario desde septiembre de 2024, lo que limita su participaci\u00f3n pol\u00edtica.<\/p>\n\n\n\n En Bolivia, Evo Morales fue forzado al exilio en 2019 tras acusaciones de fraude electoral, desmentidas por estudios del MIT (2020) que no hallaron irregularidades estad\u00edsticas, causando un da\u00f1o irreparable a su movimiento pol\u00edtico. Los investigadores encontraron que las tendencias en el recuento preliminar eran consistentes y que no hab\u00eda un cambio \u00abinexplicable\u00bb en la tendencia de los votos, como hab\u00eda se\u00f1alado la OEA.<\/p>\n\n\n\n Estas sanciones \u2014prisi\u00f3n, destituci\u00f3n, exilio\u2014 act\u00faan como penas anticipadas que debilitan proyectos pol\u00edticos antes de un juicio justo, socavan el principio de presunci\u00f3n de inocencia y la soberan\u00eda popular.<\/p>\n\n\n\n 8. Momento sospechoso<\/strong><\/p>\n\n\n\n El lawfare<\/em> sincroniza acusaciones con ciclos electorales para maximizar su impacto. Lula fue condenado en 2017 y encarcelado en abril de 2018, seis meses antes de las elecciones de octubre de 2018, cuando lideraba las encuestas.<\/p>\n\n\n\n En Chile, la querella contra Jadue comenz\u00f3 en octubre de 2021, tras su competitiva participaci\u00f3n en las primarias presidenciales de julio de ese a\u00f1o (39.4% de los votos). El caso avanz\u00f3 lentamente hasta 2024, cuando su formalizaci\u00f3n (em mayo) y prisi\u00f3n preventiva (em junio) coincidieron con los preparativos para las elecciones municipales de octubre, en las que apoyaba la elecci\u00f3n de Fares Jadue en Recoleta. Su remoci\u00f3n de la alcald\u00eda y el arresto domiciliario, que persisten en 2025, lo han limitado para las presidenciales de noviembre de 2025, donde era un potencial candidato del Partido Comunista.<\/p>\n\n\n\n En Ecuador, Rafael Correa fue condenado en abril de 2020, diez meses antes de las elecciones de 2021, quedando inhabilitado para participar e influir en la contienda. Este timing<\/em> electoral revela un patr\u00f3n: neutralizar liderazgos progresistas justo cuando su presencia podr\u00eda ser decisiva en las urnas.<\/p>\n\n\n\n 9. Intereses econ\u00f3micos<\/strong><\/p>\n\n\n\n Actores econ\u00f3micos se benefician del lawfare<\/em> al neutralizar a l\u00edderes que amenazan sus intereses. En Brasil, la operaci\u00f3n Lava Jato debilit\u00f3 a Petrobras, que perdi\u00f3 el 43,6% de su valor de mercado en 2014, abriendo espacio a multinacionales petroleras como ExxonMobil y Shell en el presal brasile\u00f1o tras la flexibilizaci\u00f3n de pol\u00edticas de contenido local en 2017.<\/p>\n\n\n\n En Chile, las Farmacias Populares de Jadue, que reducen costos de medicamentos en un 70% seg\u00fan datos municipales, amenazan a cadenas como Cruz Verde, Farmacias Ahumada y Salcobrand, que controlan el 90% del mercado y fueron sancionadas por colusi\u00f3n en 2008; la querella contra Jadue, iniciada por Best Quality, est\u00e1 vinculada a abogados del caso Hermosilla<\/em>, un esc\u00e1ndalo que revel\u00f3 redes de corrupci\u00f3n ligadas a sectores de derecha y grandes intereses econ\u00f3micos. Durante su gesti\u00f3n como alcalde, Jadue tambi\u00e9n se enfrent\u00f3 a proyectos inmobiliarios emblem\u00e1ticos asociados a sectores conservadores, como el caso de un megaproyecto de la Universidad San Sebasti\u00e1n y la inmobiliaria Desarrollo Inmobiliario Bellavista S.A., que construy\u00f3 edificios con permisos municipales irregulares. La obra fue finalmente paralizada, provocando p\u00e9rdidas millonarias y desatando una confrontaci\u00f3n directa con el poder econ\u00f3mico local. Esta serie de conflictos ilustra c\u00f3mo las pol\u00edticas de Jadue afectaron intereses instalados, generando resistencias que hoy se reflejan en su persecuci\u00f3n judicial.<\/p>\n\n\n\n En Argentina, los casos contra Cristina Fern\u00e1ndez, como \u201cHotesur\u201d (2014-2021), coincidieron con intentos de desregular sectores energ\u00e9ticos y de telecomunicaciones, beneficiando a grupos como Techint y Clar\u00edn durante el Gobierno de Mauricio Macri. En los tres casos, el lawfare<\/em> favorece intereses econ\u00f3micos afectados por pol\u00edticas progresistas.<\/p>\n\n\n\n 10. Prolongaci\u00f3n indebida del proceso<\/strong><\/p>\n\n\n\n El lawfare<\/em> alarga procesos para agotar a sus objetivos, drenando recursos y manteni\u00e9ndolos bajo presi\u00f3n. Lula enfrent\u00f3 investigaciones desde 2014, con su prisi\u00f3n en 2018 y la anulaci\u00f3n de condenas en 2021, un per\u00edodo de siete a\u00f1os que lo alej\u00f3 de la pol\u00edtica activa.<\/p>\n\n\n\n Jadue, investigado desde octubre de 2021, sigue sin resoluci\u00f3n en abril de 2025, con reformalizaciones en enero de 2025 y una nueva reformalizaci\u00f3n anunciada para mayo, sugiriendo una adaptaci\u00f3n constante para mantener la persecuci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n En Bolivia, Evo Morales fue acusado de \u201cterrorismo\u201d y \u201csedici\u00f3n\u201d en 2019, tras la difusi\u00f3n de un audio cuya autenticidad fue cuestionada por peritajes independientes. Aunque en 2020 un tribunal anul\u00f3 estos cargos por falta de debido proceso, otras investigaciones se mantuvieron abiertas o fueron reactivadas espor\u00e1dicamente, generando un clima de judicializaci\u00f3n persistente.<\/p>\n\n\n\n Esta dilaci\u00f3n prolongada refleja una estrategia t\u00edpica del lawfare<\/em>: mantener la sombra de la sospecha sin pruebas concluyentes, ni cierre judicial, limitando la participaci\u00f3n pol\u00edtica del acusado.<\/p>\n\n\n\n Conclusi\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n Estos casos revelan c\u00f3mo el lawfare<\/em> opera como una estrategia sistem\u00e1tica para desarticular proyectos progresistas en Am\u00e9rica Latina, instrumentalizando el sistema judicial y los medios de comunicaci\u00f3n en contextos de alta polarizaci\u00f3n pol\u00edtica. Esta pr\u00e1ctica socava la democracia al restringir la voluntad popular y perpetuar la impunidad de las \u00e9lites econ\u00f3micas y pol\u00edticas que la promueven.<\/p>\n\n\n\n Combatir el lawfare<\/em> requiere un enfoque multidimensional: generar conciencia p\u00fablica mediante campa\u00f1as educativas, fortalecer medios alternativos que contrarresten narrativas estigmatizantes y actuar junto con organizaciones internacionales para garantizar juicios justos y transparentes.<\/p>\n\n\n\n Asimismo, es crucial avanzar en una reforma estructural del sistema de justicia que garantice su independencia y legitimidad, implementando criterios m\u00e1s rigurosos en el nombramiento de jueces, como concursos p\u00fablicos que prioricen el m\u00e9rito, y creando instancias como un Consejo Nacional del Ministerio P\u00fablico y un Consejo Nacional de Justicia con participaci\u00f3n ciudadana efectiva, que ejerzan un control externo y aseguren la rendici\u00f3n de cuentas.<\/p>\n\n\n\n Detectar y neutralizar el lawfare<\/em> no es solo una tarea jur\u00eddica o pol\u00edtica: es una condici\u00f3n necesaria para preservar la democracia y asegurar que la justicia act\u00fae como pilar leg\u00edtimo de los derechos y de la soberan\u00eda popular.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Anjuli Tostes (Rebeli\u00f3n, 9-5-25) El lawfare, o guerra judicial, se entiende como el uso estrat\u00e9gico del aparato judicial con fines pol\u00edticos, en alianza con los medios hegem\u00f3nicos de comunicaci\u00f3n, con el objetivo de neutralizar a l\u00edderes progresistas y gobiernos populares del Sur Global. 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