Misi\u00f3n Verdad (22-10-25)<\/p>\n\n\n\n
La confirmaci\u00f3n del asesinato de, al menos, 32 personas en operaciones militares estadounidenses frente a las costas venezolanas representa otra escala dentro de la larga secuencia de agresiones que conforman la agenda de cambio de r\u00e9gimen desarrollada por Estados Unidos contra Venezuela.<\/p>\n\n\n\n
Las v\u00edctimas<\/a> no eran exclusivamente venezolanas; entre los cuerpos se encuentran ciudadanos colombianos, ecuatorianos y trinitenses, lo que evidencia que los eventos ocurrieron en espacios jurisdiccionales bajo soberan\u00eda y control de los Estados ribere\u00f1os, mientras que el Ejecutivo estadounidense intenta presentarlos como acciones desplegadas en los m\u00e1rgenes de aguas internacionales.<\/p>\n\n\n\n Esta narrativa intenta, en los hechos, maquillar una actuaci\u00f3n caracterizada por la desproporci\u00f3n en el uso de la fuerza y la falta de evidencias que la sustente.<\/p>\n\n\n\n La dimensi\u00f3n multinacional de las v\u00edctimas revela la naturaleza indiscriminada de las acciones, lo que tambi\u00e9n evidencia un desprecio absoluto por las normas del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho del mar.<\/p>\n\n\n\n En esencia, se trata de ejecuciones extrajudiciales encubiertas bajo el pretexto de la \"guerra contra el narcotr\u00e1fico\", pero que en la pr\u00e1ctica constituyen operaciones de car\u00e1cter militar dirigidas desde el alto nivel pol\u00edtico estadounidense.<\/p>\n\n\n\n La condena de los expertos de la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas (ONU) confirma la gravedad y aporta una voz jur\u00eddica frente a las acciones unilaterales e il\u00edcitas de Washington.<\/p>\n\n\n\n En su declaraci\u00f3n<\/a> del 21 de octubre de 2025 los expertos recordaron que las operaciones encubiertas y las amenazas de uso de la fuerza armada contra Venezuela constituyen violaciones directas a la soberan\u00eda nacional y a la Carta de las Naciones Unidas.<\/p>\n\n\n\n Subrayaron que, incluso, si las acusaciones estadounidenses tuvieran fundamento, el uso de fuerza letal en aguas internacionales sin una base jur\u00eddica adecuada representa una violaci\u00f3n del Derecho Internacional del mar y equivale a ejecuciones extrajudiciales.<\/p>\n\n\n\n El pronunciamiento identifica un patr\u00f3n de intervenci\u00f3n coercitiva bajo justificaciones falsas, al tiempo que advierte sobre las implicaciones para la paz y la seguridad en el Caribe.<\/p>\n\n\n\n En efecto, la presencia militar estadounidense en la regi\u00f3n se ha incrementado de manera significativa, en paralelo con la expansi\u00f3n de operaciones letales contra buques civiles, amparadas en el discurso del \"combate al tr\u00e1fico de drogas\" y al supuesto \"terrorismo\" de grupos criminales.<\/p>\n\n\n\n Los expertos subrayaron que tales acciones vulneran el principio de no intervenci\u00f3n y el derecho de los pueblos a la libre determinaci\u00f3n, pilares reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos, ratificado por Estados Unidos en 1992, se recuerda.<\/p>\n\n\n\n Asimismo, advirtieron que cualquier intento de imponer un cambio de r\u00e9gimen mediante el uso de la fuerza externa constituye una violaci\u00f3n aun m\u00e1s grave del Derecho Internacional.<\/p>\n\n\n\n En su llamado final, los representantes de Naciones Unidas exhortaron a Washington a cesar de inmediato las amenazas y ataques ilegales, y a reafirmar su compromiso con el multilateralismo, el respeto a la soberan\u00eda de los Estados y la soluci\u00f3n pac\u00edfica de las controversias.<\/p>\n\n\n\n \"La larga historia de intervenciones externas en Am\u00e9rica Latina no debe repetirse\", afirmaron los expertos.<\/p>\n\n\n\n Se conoce que en esta ofensiva se han empleado buques de guerra, bombarderos, drones, aviones esp\u00edas y unidades de marines, lo que configura un teatro de operaciones con capacidad ofensiva inmediata, aunque cabe destacar que tal despliegue no ha sido autorizado por el Congreso estadounidense a pesar de la intensa campa\u00f1a de la administraci\u00f3n Trump por utilizar de excusa la emergencia causada por los \"narcoterroristas\".<\/p>\n\n\n\n El jefe del Pent\u00e1gono, Pete Hegseth, confirm\u00f3<\/a> la muerte de tres personas y la destrucci\u00f3n de una embarcaci\u00f3n presuntamente vinculada con el Ej\u00e9rcito de Liberaci\u00f3n Nacional (ELN) de Colombia, en lo que constituye el s\u00e9ptimo ataque ejecutado por las fuerzas armadas estadounidenses desde inicios de septiembre en el mar Caribe.<\/p>\n\n\n\n El anuncio, realizado a trav\u00e9s de sus redes sociales, fue acompa\u00f1ado por un video de vigilancia a\u00e9rea de menos de 30 segundos que muestra la explosi\u00f3n de un barco, sin que se aportaran pruebas que sustenten las afirmaciones del Pent\u00e1gono.<\/p>\n\n\n\n Esta ausencia de pruebas es una constante en la historia de las intervenciones estadounidenses, desde Irak hasta Libia; es decir, primero se construye el discurso, luego se ejecuta la acci\u00f3n y finalmente se busca justificarla sobre el terreno.<\/p>\n\n\n\n Hegseth, quien era presentador de Fox News, introdujo adem\u00e1s una peligrosa ret\u00f3rica al calificar a los \"c\u00e1rteles latinoamericanos\" como \"la Al Qaeda del hemisferio occidental\", lo que busca equiparar el escenario del Caribe y de Am\u00e9rica del Sur con el teatro de operaciones de Asia Occidental posterior al 11 de septiembre, en un intento de legitimar la guerra como instrumento de pol\u00edtica exterior.<\/p>\n\n\n\n Esas declaraciones coincidieron con un nuevo episodio de confrontaci\u00f3n entre Donald Trump y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.<\/p>\n\n\n\n Luego de que el mandatario colombiano denunciara el asesinato de un pescador inocente durante un embate estadounidense, Trump respondi\u00f3 acus\u00e1ndolo de \"l\u00edder del narcotr\u00e1fico\" y amenaz\u00f3 con suspender la ayuda a Bogot\u00e1.<\/p>\n\n\n\n Tales intercambios exponen la expansi\u00f3n del conflicto discursivo y operativo hacia el territorio colombiano, en un contexto donde Washington intenta consolidar un cerco estrat\u00e9gico en el norte de Suram\u00e9rica controlando enclaves mar\u00edtimos y pol\u00edticos en Trinidad y Tobago, Guyana y ahora Colombia.<\/p>\n\n\n\n El senador republicano Rand Paul y otros miembros del Congreso han cuestionado la falta de transparencia y la ilegalidad de las acciones, subrayando que el gobierno ni siquiera conoce los nombres de las personas que ha ejecutado.<\/p>\n\n\n\n \"Hay que acusarlos de algo. Hay que presentar pruebas. As\u00ed que todas estas personas han sido destruidas sin que sepamos sus nombres, sin ninguna prueba de delito\", declar\u00f3 Paul en la NBC.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, la administraci\u00f3n ha optado por mantener la opacidad y se ampara de alguna manera en el argumento de que se trata de \"combatientes ilegales\", una categor\u00eda jur\u00eddica creada para tratar de evitar la aplicaci\u00f3n de las Convenciones de Ginebra.<\/p>\n\n\n\nEE.UU. viola, una vez m\u00e1s, la Carta de las Naciones Unidas<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
La escalada<\/strong><\/h3>\n\n\n\n