Misi\u00f3n Verdad (5-12-25)<\/p>\n\n\n\n
El pasado 2 de diciembre, la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela aprob\u00f3<\/a> en primera discusi\u00f3n un proyecto de ley que inicia el proceso formal para denunciar el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte Penal Internacional (CPI). Este ser\u00eda otro paso m\u00e1s en una serie de tensiones entre el Estado venezolano y la Corte, exacerbadas por un patr\u00f3n de selectividad pol\u00edtica, injerencia y aplicaci\u00f3n de un doble rasero por parte de organismos internacionales bajo influencia occidental.<\/p>\n\n\n\n La medida tiene antecedentes inmediatos como el cierre de la oficina de la CPI en Caracas, pero hay contrastes de dicha instancia en el tratamiento de los casos que involucran, adem\u00e1s de Venezuela, a Rusia, Palestina, la Uni\u00f3n Europea (UE) y Estados Unidos. Estos revelan las profundas fracturas geopol\u00edticas que atraviesan la arquitectura de la justicia penal internacional.<\/p>\n\n\n\n El escenario previo a la aprobaci\u00f3n legislativa estuvo marcado por dos eventos clave. Primero, la confirmaci\u00f3n de que la CPI cerrar\u00eda<\/a> su oficina t\u00e9cnica en Caracas, aunque mantendr\u00eda activas sus investigaciones. Luego, de manera m\u00e1s provocativa, las declaraciones del fiscal adjunto de la CPI, Mame Mandiaye Niang, quien durante una visita a Argentina a finales de noviembre pasado, realiz\u00f3 afirmaciones que el gobierno venezolano calific\u00f3<\/a> de \"colonialismo jur\u00eddico\" y le acus\u00f3 de \"desentenderse y no hacer nada para luego instrumentalizar la justicia con fines pol\u00edticos\".<\/p>\n\n\n\n La Canciller\u00eda venezolana emiti\u00f3 un comunicado el 1 de diciembre denunciando que la Fiscal\u00eda \"nunca design\u00f3 personal para ocupar\" la oficina en Caracas.<\/p>\n\n\n\n El presidente de la AN, Jorge Rodr\u00edguez, fue m\u00e1s contundente, se\u00f1alando<\/a> que \"la CPI sirve para perseguir a pa\u00edses independientes, que no se someten a los designios del hegem\u00f3n\". Este ambiente de confrontaci\u00f3n verbal prepar\u00f3 el terreno para la acci\u00f3n legislativa.<\/p>\n\n\n\n El proyecto de ley, aprobado en primera discusi\u00f3n, es la herramienta jur\u00eddica para materializar una alternativa que ha estado presente desde que la Fiscal\u00eda de la CPI, bajo la exfiscal Fatou Bensouda, abri\u00f3 el examen preliminar sobre Venezuela en 2018. La denuncia del Estatuto de Roma es un acto soberano previsto en el propio tratado (art\u00edculo 127), aunque no exime al Estado de la jurisdicci\u00f3n de la Corte por presuntos cr\u00edmenes cometidos durante el per\u00edodo en que fue parte.<\/p>\n\n\n\n La movida parlamentaria debe leerse, por tanto, como una protesta pol\u00edtica de alto nivel y una respuesta a lo que se percibe como un proceso viciado desde su origen.<\/p>\n\n\n\n El contraste m\u00e1s flagrante en la actuaci\u00f3n de la CPI es el trato diametralmente opuesto a diferentes potencias. El 17 de marzo de 2023, la CPI emiti\u00f3 una orden de arresto<\/a> contra el presidente ruso Vladimir Putin por supuestos cr\u00edmenes de guerra relacionados con la \"deportaci\u00f3n\" de ni\u00f1os ucranianos, lo que en realidad fue una evacuaci\u00f3n<\/a> de las zonas de combate para protegerlos de una situaci\u00f3n de riesgo.<\/p>\n\n\n\n La velocidad y el perfil p\u00fablico de esta decisi\u00f3n fueron notables. Sin embargo, este activismo contrasta violentamente con la hist\u00f3rica par\u00e1lisis de la Corte frente a presuntos cr\u00edmenes cometidos por ciudadanos o fuerzas de Estados Unidos, que tampoco es parte del Estatuto de Roma.<\/p>\n\n\n\n La hipocres\u00eda es estructural debido a que Estados Unidos ha sido un adversario f\u00e9rreo de la CPI, promulgando leyes como la American Service-Members' Protection Act (2002<\/a>) \u2014coloquialmente conocida como la \"Ley de Invasi\u00f3n de La Haya\"\u2014 que autoriza al presidente a usar \"todos los medios necesarios\" para liberar a personal estadounidense o aliado detenido por la Corte.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, Washington ha impuesto<\/a> sanciones directas a los fiscales de la CPI cuando estas investigaciones tocaban sus intereses o los de sus aliados cercanos, como en los casos de Afganist\u00e1n e Israel. La propia CPI critic\u00f3<\/a> las sanciones estadounidenses contra sus jueces y fiscales, se\u00f1alando que atentan contra su independencia.<\/p>\n\n\n\n Casos documentados de potenciales cr\u00edmenes de lesa humanidad o de guerra vinculados a Estados Unidos, como la \"Operaci\u00f3n Babylift<\/a>\" en Vietnam distan de la determinaci\u00f3n mostrada contra Putin. Asimismo, la implicaci\u00f3n de generales de la OTAN en asesinatos cometidos en Serbia, Libia, Sahara Occidental, Afganist\u00e1n, Siria, Yemen, Palestina. Tampoco se han llevado a juicio los culpables de las horribles torturas cometidas por fuerzas estadounidenses en la base de Abu Ghraib en Irak o en la ocupada base naval de Guant\u00e1namo en Cuba. <\/p>\n\n\n\n Analistas afirman<\/a> que la orden contra Putin \"expone la naturaleza pol\u00edtica de la CPI y su subordinaci\u00f3n a los intereses geopol\u00edticos de Occidente\". Este doble rasero es una realidad jur\u00eddico-pol\u00edtica que erosiona la legitimidad de la Corte ante gran parte del mundo multipolar.<\/p>\n\n\n\n El conflicto palestino-israel\u00ed ofrece otro ejemplo paradigm\u00e1tico de la selectividad y las presiones pol\u00edticas que permite la CPI. En 2021, la entonces fiscal Fatou Bensouda anunci\u00f3<\/a> la apertura de una investigaci\u00f3n formal sobre posibles cr\u00edmenes de guerra y de lesa humanidad en los Territorios Palestinos Ocupados, incluyendo los cometidos por fuerzas israel\u00edes y por grupos armados palestinos. La reacci\u00f3n de Estados Unidos e Israel fue de un rechazo absoluto y de una presi\u00f3n sin precedentes.<\/p>\n\n\n\n El gobierno estadounidense, tanto bajo administraciones dem\u00f3cratas como republicanas, ha tildado<\/a> a la CPI de \"ileg\u00edtima\" y \"corrupta\" cuando sus investigaciones se acercan a aliados estrat\u00e9gicos. En 2024, el presidente Joe Biden fue acusado<\/a> de \"socavar la justicia internacional\" por oponerse a una investigaci\u00f3n de la CPI sobre cr\u00edmenes de guerra israel\u00edes. Por su parte, Donald Trump, llev\u00f3 la presi\u00f3n al punto de imponer sanciones<\/a> personales a Bensouda y a otro alto funcionario de la Corte en 2020, medidas que solo fueron levantadas parcialmente m\u00e1s tarde.<\/p>\n\n\n\n La UE, que en teor\u00eda es un firme defensor de la Corte y del derecho internacional, ha mantenido un silencio ensordecedor o declaraciones tibias cuando se trata de exigir cooperaci\u00f3n israel\u00ed con la CPI. Esta pasividad contrasta con la rapidez con la que la UE apoya las decisiones de la Corte cuando se dirigen contra adversarios geopol\u00edticos como Rusia o, en el pasado, Serbia.<\/p>\n\n\n\n Las presiones contra Bensouda hasta el fin de su mandato en 2021 y las sanciones contra su sucesor, Karim Khan, han dejado interrogantes sobre la continuidad y el vigor de la investigaci\u00f3n sobre Palestina. De hecho, en noviembre pasado, la CPI confirm\u00f3<\/a> que contin\u00faa \"examinando\" la situaci\u00f3n en Gaza, un lenguaje que para muchos observadores implica una cautela excesiva. Esta dualidad de criterios \u2014firmeza contra unos, cautela extrema contra otros\u2014 es el n\u00facleo de la acusaci\u00f3n de hipocres\u00eda.<\/p>\n\n\n\n Dentro del propio expediente venezolano, la asimetr\u00eda en el tratamiento de los casos es evidente y alimenta la desconfianza. La CPI maneja dos situaciones separadas:<\/p>\n\n\n\n El contraste es abismal, mientras el Caso Venezuela I ha avanzado en fases procesales claras (examen preliminar, apertura de investigaci\u00f3n), con frecuentes declaraciones p\u00fablicas de la Fiscal\u00eda y una oficina f\u00edsica en el pa\u00eds (ahora cerrada), el Caso Venezuela II parece transitar con una lentitud glacial. Las autoridades venezolanas se han quejado reiteradamente de la falta de progresos visibles.<\/p>\n\n\n\n En agosto pasado, la vicepresidenta ejecutiva venezolana, Delcy Rodr\u00edguez, viaj\u00f3 hasta La Haya para expresar su preocupaci\u00f3n sobre la lentitud de la CPI respecto al caso. En el comunicado de Canciller\u00eda, el Estado venezolano reiter\u00f3 esta demanda y afirm\u00f3 que \"la Fiscal\u00eda de la CPI no mostr\u00f3 el m\u00e1s m\u00ednimo compromiso ni esp\u00edritu de cooperaci\u00f3n\".<\/p>\n\n\n\n Para el gobierno venezolano, esta disparidad confirma que la CPI funciona como un instrumento de presi\u00f3n pol\u00edtica: es \u00e1gil cuando investiga a estados no alineados con Occidente, pero es lenta cuando los presuntos responsables son Estados Unidos o sus aliados. El cierre de la oficina en Caracas, manteniendo solo las investigaciones del caso Venezuela I, es interpretado como la materializaci\u00f3n de este sesgo.<\/p>\n\n\n\n La aprobaci\u00f3n en primera discusi\u00f3n de la ley para denunciar el Estatuto de Roma es, en esencia, un acto de soberan\u00eda pol\u00edtica contra un sistema de justicia internacional que, a todas luces, es profundamente desigual.<\/p>\n\n\n\n La decisi\u00f3n venezolana se enmarca en un momento de cuestionamiento global a la imparcialidad de las instituciones multilaterales. El r\u00e1pido movimiento contra Putin, frente a la par\u00e1lisis ante los casos que involucran a Estados Unidos o Israel; la presi\u00f3n descarada contra fiscales; y el contraste interno en el tratamiento de los casos Venezuela I y II, proporcionan a Caracas un argumento potente, incluso para sectores cr\u00edticos al gobierno, sobre la politizaci\u00f3n de la Corte.<\/p>\n\n\n\nVenezuela denuncia el colonialismo jur\u00eddico de la CPI<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
El doble rasero contra Rusia<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
Caso Palestina, Israel y la CPI: Entre hipocres\u00eda y presiones<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
Caso Venezuela II: Contrastes con el caso Venezuela I<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
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