Misi\u00f3n Verdad (16-1-26)<\/p>\n\n\n\n
La operaci\u00f3n militar ejecutada por Estados Unidos contra Venezuela el pasado 3 de enero fue presentada por la administraci\u00f3n de Donald Trump como una acci\u00f3n \"precisa\" y \"perfectamente ejecutada\". Desde Washington, el \u00e9nfasis oficial estuvo puesto en el \u00e9xito operativo y en el car\u00e1cter supuestamente quir\u00fargico de los ataques.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, a medida que han transcurrido los d\u00edas, han comenzado a emerger reportes que cuestionan de manera directa ese encuadre, al documentar un saldo de v\u00edctimas civiles y da\u00f1os a infraestructura que no ha sido explicado ni asumido p\u00fablicamente por las autoridades estadounidenses.<\/p>\n\n\n\n
Una investigaci\u00f3n reciente de The Intercept<\/a> aporta elementos clave para comprender esta dimensi\u00f3n del operativo. A partir de informaci\u00f3n obtenida de funcionarios del propio gobierno estadounidense y de organizaciones de monitoreo de conflictos, el medio revela fallas estructurales en los mecanismos destinados a registrar, evaluar y mitigar los da\u00f1os causados a la poblaci\u00f3n civil durante la operaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n La investigaci\u00f3n pone el foco en una dimensi\u00f3n de la operaci\u00f3n estadounidense que la Administraci\u00f3n Trump busca que quede fuera del discurso oficial: la existencia de v\u00edctimas civiles y la incapacidad de las propias estructuras militares de Estados Unidos para gestionar el volumen de reportes derivados de los ataques. El texto describe una falla estructural en los mecanismos destinados a registrar, evaluar y responder a los da\u00f1os causados a la poblaci\u00f3n civil durante la operaci\u00f3n ejecutada el 3 de enero.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan el reportaje, el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) no cuenta actualmente con un mecanismo funcional para recibir informes sobre bajas civiles. Airwars, una organizaci\u00f3n independiente con sede en el Reino Unido especializada en documentar da\u00f1os a civiles en conflictos armados, intent\u00f3 presentar documentaci\u00f3n sobre v\u00edctimas derivadas de los ataques en Venezuela, pero se encontr\u00f3 con que el comando no ten\u00eda c\u00f3mo procesarla. Tras varios intentos, la organizaci\u00f3n fue instruida a remitir directamente los informes al Pent\u00e1gono.<\/p>\n\n\n\n \"Unos d\u00edas despu\u00e9s de los ataques, el equipo del Centro de Excelencia para la Protecci\u00f3n Civil del Departamento de Defensa se puso en contacto con nosotros para saber si hab\u00edamos estado documentando da\u00f1os a civiles causados por las acciones estadounidenses\", explic\u00f3 Emily Tripp, directora ejecutiva de Airwars.<\/p>\n\n\n\n De acuerdo con dos funcionarios del gobierno estadounidense citados por el medio, esta situaci\u00f3n responde a un debilitamiento deliberado de los programas de mitigaci\u00f3n de da\u00f1os a civiles dentro de las fuerzas armadas. En el caso espec\u00edfico del Comando Sur, el personal dedicado a estas tareas habr\u00eda sido reducido de cuatro empleados a un solo contratista, una cifra que resulta insuficiente incluso para procesar un n\u00famero limitado de incidentes.<\/p>\n\n\n\n Esta reducci\u00f3n ocurre en el marco de decisiones impulsadas por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, orientadas a recortar programas vinculados a la protecci\u00f3n de civiles. El resultado es que, ante los reportes surgidos tras la operaci\u00f3n en Venezuela, SOUTHCOM no ofrece respuestas claras sobre c\u00f3mo se est\u00e1n evaluando los da\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n Consultado por The Intercept, el coronel Emanuel Ortiz, jefe de asuntos p\u00fablicos del Comando Sur, evit\u00f3 precisar cu\u00e1ntas personas trabajan actualmente en la mitigaci\u00f3n de da\u00f1os civiles y se limit\u00f3 a afirmar que el comando \"cumple con los requisitos legales y reglamentarios\", derivando el resto de las preguntas a la Oficina del Secretario de Guerra, que no respondi\u00f3 antes de la publicaci\u00f3n del reportaje.<\/p>\n\n\n\n Airwars ya ha identificado al menos siete incidentes en los que civiles murieron o resultaron heridos, o en los que se produjeron da\u00f1os significativos a infraestructura civil.<\/p>\n\n\n\n \"Entre ellos se incluye un ataque a\u00e9reo que, seg\u00fan se informa, caus\u00f3 la muerte de una anciana<\/a> y dej\u00f3 a otras dos heridas en Prolongaci\u00f3n Soublette, en Catia La Mar, Caracas, el 3 de enero. Otra mujer muri\u00f3<\/a> y su hija result\u00f3 herida en un presunto ataque a\u00e9reo estadounidense contra una antena de televisi\u00f3n y telefon\u00eda en el estado Miranda. Dos civiles<\/a> tambi\u00e9n murieron, seg\u00fan se informa, cerca del Aeropuerto \u00d3scar Machado Zoluaga, en Charallave, en un presunto ataque a\u00e9reo estadounidense esa misma ma\u00f1ana\".<\/p>\n\n\n\n El informe sit\u00faa estos episodios dentro de un patr\u00f3n m\u00e1s amplio. Desde septiembre, el ej\u00e9rcito estadounidense ha llevado a cabo al menos 35 ataques conocidos contra embarcaciones en el mar Caribe y el Pac\u00edfico oriental, que han dejado un saldo m\u00ednimo de 123 civiles muertos, a quienes Washington atribuye v\u00ednculos con el narcotr\u00e1fico, sin mostrar ninguna evidencia.<\/p>\n\n\n\n Mientras en Estados Unidos persisten los silencios y las evasivas, desde Venezuela las autoridades comenzaron a ofrecer un balance propio sobre las consecuencias humanas de los ataques del 3 de enero.<\/p>\n\n\n\nSilencio oficial tras los ataques<\/h3>\n\n\n\n
Una narrativa que se resquebraja<\/h3>\n\n\n\n