Fernando Garc\u00eda Bielsa (Rebeli\u00f3n, 20-1-26)<\/p>\n\n\n\n
Como en el cuento de aquel que acaba de robar y que apunta hacia la otra esquina y grita \u201cal ladr\u00f3n, al ladr\u00f3n\u201d, los gobiernos y la gran prensa estadounidense acusan repetidamente a otros pa\u00edses como \u201cEstados policiacos\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Pero desde hace ya tiempo, en Estados Unidos las libertades civiles y derechos constitucionales est\u00e1n en entredicho. La injusticia racial est\u00e1 en el centro de los problemas de la naci\u00f3n estadounidense en materia de seguridad p\u00fablica, encarcelamiento masivo y aplicaci\u00f3n de la ley. Muy conocida y de car\u00e1cter permanente es la violencia institucional que se ejerce sobre las comunidades afro-estadounidenses y los inmigrantes a lo largo del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
El gobierno ha recurrido al secretismo, la sobre-clasificaci\u00f3n y la pretensi\u00f3n de intereses de seguridad nacional para evitar la supervisi\u00f3n p\u00fablica interna y enga\u00f1ar a la opini\u00f3n internacional. Treinta a\u00f1os despu\u00e9s de que el presidente Bill Clinton promulgara la Ley de Control de Delitos Violentos y Aplicaci\u00f3n de la Ley, su legado de encarcelamiento masivo, militarizaci\u00f3n policial y criminalizaci\u00f3n excesiva contin\u00faa.<\/p>\n\n\n\n
La Ley contra el Crimen impuls\u00f3 el auge del estado policial al destinar m\u00e1s fondos a las agencias represivas, as\u00ed como habilitarlas con armamento militar avanzado. Tambi\u00e9n sent\u00f3 las bases para el encarcelamiento masivo al incentivar la construcci\u00f3n de m\u00e1s c\u00e1rceles, incluyendo numerosas penitenciarias privadas.<\/p>\n\n\n\n
Las consecuencias, de lo que algunos califican de \u201csorprendente\u201d metamorfosis, es un imperio de vigilancia, impulsado por arquitecturas de control, an\u00e1lisis, selecci\u00f3n y predicci\u00f3n de comportamientos, que claramente representa una magnitud de \u00absujeci\u00f3n\u00bb y dominio, bastante diferente y una herramienta formidable para frenar la disidencia a nivel nacional. Un entramado donde cualquier diatriba p\u00fablica que no se ajuste a la narrativa oficial puede (y ser\u00e1) usada en su contra.<\/p>\n\n\n\n
Calculadamente se ha refrescado el concepto de \u201cterrorismo interno\u201d; un punto de inflexi\u00f3n en una pol\u00edtica de criminalizaci\u00f3n y vigilancia que as\u00ed podr\u00e1 extenderse hasta donde lo permita el t\u00e9rmino, es decir, hasta donde lo necesite la administraci\u00f3n de turno y los poderes invisibles que por momentos salen a la luz. El reciente asesinato del influencer<\/em> de derecha Charlie Kirk, en momentos cuando incrementaba sus cr\u00edticas al Estado de Israel, es aprovechado para dirigir truenos y amenazas contra sectores progresistas.<\/p>\n\n\n\n En abril de 2024, el entonces presidente Biden firm\u00f3 de inmediato la Ley que reci\u00e9n aprobara el Senado para reautorizar una poderosa herramienta de vigilancia e intromisi\u00f3n en la vida de las personas, conocida como La Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA), de 1978, que autoriza hasta el presente la vigilancia sin orden judicial y la violaci\u00f3n de derechos de los ciudadanos estadounidenses de forma discriminatoria o arbitraria.<\/p>\n\n\n\n Cincuenta a\u00f1os antes, en 1976, en las investigaciones derivadas del esc\u00e1ndalo Watergate, el Comit\u00e9 senatorial presidido por el senador Frank Church, se afirm\u00f3 que las agencias de inteligencia estadounidenses hab\u00edan \u00absocavado los derechos constitucionales de los ciudadanos\u00bb. Sin embargo, en las d\u00e9cadas posteriores, agencias como la CIA, la NSA y el FBI, entre otras, sin oposici\u00f3n pol\u00edtica, ni transparencia o supervisi\u00f3n adecuadas, se han vuelto extremadamente poderosas y abusivas.<\/p>\n\n\n\n Estos abusos han incluido, entre otros: la gesti\u00f3n de centros secretos de tortura en la Guerra contra el Terror; la coordinaci\u00f3n de un programa de drones asesinos en el que incluso ciudadanos estadounidenses han sido atacados sin ning\u00fan proceso judicial; y el actual despliegue brutal, arbitrario y abusivo contra los inmigrantes. Durante a\u00f1os, una parte de los debates legislativos y pol\u00edticos en Washington han estado dirigidos a dar luz verde y visos legales a los instrumentos represivos y de control social que aplican los \u00f3rganos de seguridad y espionaje estadounidenses. Utilizan abusivamente el t\u00e9rmino de \u201cseguridad nacional\u201d para permitir que quienes ostentan el poder manipulen y eludan los procesos establecidos de la supuesta democracia estadounidense.<\/p>\n\n\n\n Despu\u00e9s de los ataques del 11 de septiembre de 2001, con la aprobaci\u00f3n de la llamada Ley Patriota y otras se replicaron los grandes abusos y la represi\u00f3n que entre 1956 y 1971 se cometieron bajo el programa conocido como COINTELPRO, el FBI y otras agencias recibieron mayores poderes hasta el punto de lograr acceder a informaci\u00f3n personal, como llamadas telef\u00f3nicas, registros m\u00e9dicos y financieros de millones de ciudadanos; el uso de programas malignos a espaldas de los usuarios, e intentos de obligar a las empresas de tecnolog\u00eda a suministrar la recopilaci\u00f3n masiva de datos y registros financieros.[1]<\/a><\/p>\n\n\n\n En 2013, el denunciante de la NSA, Edward Snowden, revel\u00f3 que el FISC (Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera) hab\u00eda autorizado la recopilaci\u00f3n masiva de registros telef\u00f3nicos de estadounidenses, a pesar de que esa ley solo permit\u00eda la recopilaci\u00f3n de registros \u00abrelevantes para una investigaci\u00f3n autorizada\u00bb. En los \u00faltimos a\u00f1os, el FBI ha utilizado varias \u00abcategor\u00edas de amenaza\u00bb para describir el terrorismo dom\u00e9stico: extremismo violento por motivos raciales o \u00e9tnicos, por rudeza excesiva antigubernamental, acciones violentas por los derechos de los animales y ambientales, relacionadas con el aborto o de car\u00e1cter anarquista y de quienes fomentan \u201cagendas pol\u00edticas o sociales que no se definen exclusivamente en ninguna de las otras categor\u00edas de amenaza\u00bb. Los estudiantes y otros estadounidenses defensores de los derechos palestinos tambi\u00e9n han sido objeto de t\u00e1cticas macartistas similares. Existe un peligro real de que el t\u00e9rmino de \u201camenazas de terrorismo dom\u00e9stico\u201d se aplique a un amplio espectro de personas que posiblemente solo expresan sus opiniones pol\u00edticas o religiosas y que ejercen su leg\u00edtimo derecho a la libre expresi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n La desmedida brutalidad policiaca<\/strong><\/p>\n\n\n\n Los agentes del \u201corden\u201d en todo el pa\u00eds ha sido instruidos o est\u00e1n habituados para actuar con una discreci\u00f3n casi ilimitada para detener, registrar, interrogar y arrestar a cualquier persona de la que \u00absospechen\u00bb, bas\u00e1ndose en factores arbitrarios. A ese Estado policial se le provee de justificaciones para socavar derechos p\u00fablicos y facilitan que cualquier ciudadano sea objeto de persecuci\u00f3n sin causa justificada. Para no pocos los ciudadanos, sobre todo los procedentes de las barriadas pobres y desfavorecidas, y ciertamente para la inmigrantes, el desplazamiento diario se convierte en un posible enfrentamiento con las \u201cfuerzas del orden\u201d.[2]<\/a><\/p>\n\n\n\n En el pa\u00eds existe una pluralidad de agencias para la aplicaci\u00f3n de la ley, el mantenimiento del orden p\u00fablico o a cargo de funciones diversas. No siempre est\u00e1n claros sus l\u00edmites y potestades, pero en la mayor\u00eda de los casos las tendencias represivas, y los sesgos racistas se manifiestan en cada una de ellas, incluyendo dependencias del Departamento de Justicia (DOJ), el responsable a nivel federal de la mayor\u00eda de las funciones de aplicaci\u00f3n de la ley.<\/p>\n\n\n\n Aludimos a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Administraci\u00f3n para el Control de Drogas (DEA), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el Servicio de Alguaciles y la Oficina Federal de Prisiones.<\/p>\n\n\n\n A otro ministerio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se subordinan numerosas agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley, muchas veces acudiendo a la represi\u00f3n, como la Patrulla Fronteriza, el Servicio de Inmigraci\u00f3n y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), el Servicio Secreto (USSS) y la Guardia Costera.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan la Constituci\u00f3n de los Estados Unidos y de acuerdo con la estructura federal, el gobierno nacional (federal) no est\u00e1 autorizado a ejercer facultades policiales. La facultad de contar con una fuerza policial se otorga a cada uno de los 50 estados federados, y a m\u00e1s de 15 000 comisar\u00edas y departamentos de polic\u00eda municipales, de condado, tribales y regionales.<\/p>\n\n\n\n La brutalidad policial, de los agentes del ICE y de otras de las mencionadas agencias, ha sido un serio problema en los Estados Unidos durante muchos a\u00f1os y afecta de manera desproporcionada a las comunidades de color y a las llamadas minor\u00edas. A la par con ello, se ha incrementado la ocurrencia de tiroteos policiales mortales a lo largo del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n En 2023, por ejemplo, hubo 1164 tiroteos policiales mortales. Adem\u00e1s, la tasa de afroamericanos v\u00edctimas fatales por disparos de la polic\u00eda fue mucho mayor que la de cualquier otra etnia. La mayor\u00eda de las v\u00edctimas son j\u00f3venes de entre 20 y 40 a\u00f1os. En promedio, la polic\u00eda en Estados Unidos dispara y mata a m\u00e1s de 1000 personas cada a\u00f1o, seg\u00fan un an\u00e1lisis del Washington Post.[3]<\/a><\/p>\n\n\n\n Como parte de su investigaci\u00f3n y seguimiento de la violencia armada, el Washington Post comenz\u00f3 en 2015 a registrar a cada persona asesinada a tiros por un agente de polic\u00eda en servicio en Estados Unidos. Hacia finales de 2024, esas pesquisas registraron que los tiroteos mortales a manos de la polic\u00eda afectaron a m\u00e1s de 10 000 personas durante la \u00faltima d\u00e9cada.<\/p>\n\n\n\n Anteriormente, en 2014, hab\u00edan estallado protestas locales despu\u00e9s que Michael Brown, un joven negro desarmado de 18 a\u00f1os, fuera asesinado por la polic\u00eda en Missouri. Las manifestaciones se convirtieron r\u00e1pidamente en un movimiento masivo a nivel nacional. Millones de personas, en su mayor\u00eda j\u00f3venes, inundaron desafiantes las calles del pa\u00eds, exigiendo el fin de la brutalidad policial y de la represi\u00f3n sist\u00e9mica contra personas de color. Para muchos observadores, las protestas parec\u00edan sin precedentes en cuanto a su escala y persistencia.<\/p>\n\n\n\n El movimiento Black Lives Matter, formado en 2013, fue un actor clave en la prominencia que cobr\u00f3 el tema. Aunque de corta duraci\u00f3n, esa agrupaci\u00f3n fue centro del movimiento contra la brutalidad policial, organizando simulacros de muerte, marchas y manifestaciones en respuesta a los asesinatos de hombres y mujeres negros a manos de la polic\u00eda. Aunque luego, por ello, fue blanco de campa\u00f1as para denigrarlo, ese movimiento gener\u00f3 una mayor atenci\u00f3n nacional e internacional sobre la injusticia racial y el n\u00famero y la frecuencia de los tiroteos policiales contra civiles.[4]<\/a><\/p>\n\n\n\n Esa brutalidad racista y esas erupciones de violencia provocadas por la actuaci\u00f3n policiaca se repiten una y otra vez a lo largo del a\u00f1o, pero son calificadas por el gobierno y la prensa como \u201cmotines\u201d y son criminalizados o relegados en su cobertura period\u00edstica.<\/p>\n\n\n\n La investigaci\u00f3n del Washington Post, arriba mencionada, descubri\u00f3 que los datos sobre tiroteos policiales fatales estaban subestimados en m\u00e1s de la mitad. Esta brecha se ha ampliado en los \u00faltimos a\u00f1os. Para 2021, solo un tercio de los tiroteos fatales de los departamentos aparec\u00edan en la base de datos del FBI.<\/p>\n\n\n\n Elizabeth Hinton, en su libro Am\u00e9rica on Fire, ofrece una correcci\u00f3n cr\u00edtica: las palabras \u00abdisturbio\u00bb o \u00abmot\u00edn\u00bb son un mero clich\u00e9 racista aplicado a eventos que solo pueden entenderse correctamente como rebeliones: explosiones de resistencia colectiva a un orden desigual y violento.[5]<\/a> La lecci\u00f3n central de tales estallidos \u2014 el que la violencia policial invariablemente conduce a la violencia comunitaria\u2014 sigue sin ser comprendida por los responsables pol\u00edticos, los cuales responden, junto a la gran prensa, criminalizando a\u00fan m\u00e1s a grupos enteros, y que ese enorme aparato represivo exacerba y en lugar de descifrar y solventar. En lugar de abordar las causas socioecon\u00f3micas subyacentes, los resultados son los reg\u00edmenes policiales y penitenciarios enormemente ampliados que configuran la vida de tantos estadounidenses en la actualidad.<\/p>\n\n\n\n Por ello, todo hace pensar que rebeliones peri\u00f3dicas seguramente continuar\u00e1n a menos que el sistema sea capaz de revertir su rumbo represivo, reconocer sus nefastas consecuencias y atender a las p\u00e9simas condiciones sociales que afectan a buena parte de su poblaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n [1]<\/a> Alex Emmons, The Intercept, 20 de octubre de 2016<\/p>\n\n\n\n [2]<\/a> John y Nisha Whitehead. https:\/\/off-guardian.org\/2025\/04\/07\/the-united-states-of-tyranny-america-is-becoming-a-constitution-free-zone\/<\/p>\n\n\n\n [3]<\/a> https:\/\/www.washingtonpost.com\/graphics\/investigations\/police-shootings-database\/<\/p>\n\n\n\n<\/s><\/p>\n\n\n\n<\/s><\/strong><\/p>\n\n\n\n<\/s><\/p>\n\n\n\n<\/s><\/p>\n\n\n\n
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