Misi\u00f3n Verdad (28-7-26)<\/p>\n\n\n\n
El anuncio del gobierno venezolano en el que comunica al secretario general de las Naciones Unidas, Ant\u00f3nio Guterres, la decisi\u00f3n firme e irrevocable de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retirada definitiva de la Corte Penal Internacional (CPI) marca un hito hist\u00f3rico. La acci\u00f3n, respaldada por la presidenta encargada Delcy Rodr\u00edguez y formalizada al amparo del art\u00edculo 127 del tratado fundacional, responde al agotamiento de las v\u00edas frente a un organismo que ha terminado por subordinar la administraci\u00f3n de justicia a agendas geopol\u00edticas en Occidente.<\/p>\n\n\n\n
Esta medida es el resultado de un largo proceso de acumulaci\u00f3n de asimetr\u00edas, presiones externas y un persistente sesgo pol\u00edtico. Repasemos la cronolog\u00eda y los elementos de fondo de este caso que permiten comprender por qu\u00e9 Caracas se\u00f1ala que la CPI es una herramienta de lawfare<\/em> e instrumentalizaci\u00f3n en perjuicio del Sur Global.<\/p>\n\n\n\n El 24 de julio de 2026 el Estado venezolano notific\u00f3 oficialmente su retiro definitivo de la CPI<\/a>. La presidenta encargada dijo: \"No creemos en ese tipo de instituciones. Creemos en un mundo nuevo, de paz verdadera para los pueblos del mundo que hoy son v\u00edctimas de guerras y agresiones\".<\/p>\n\n\n\n A escala normativo, seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 127 del Estatuto de Roma, el retiro surtir\u00e1 efecto un a\u00f1o despu\u00e9s de la recepci\u00f3n de la notificaci\u00f3n formal. Durante este lapso de transici\u00f3n Venezuela mantendr\u00e1 su estatus formal pero cesar\u00e1 su participaci\u00f3n en los procedimientos del tribunal.<\/p>\n\n\n\n El anuncio formal del Ejecutivo tuvo su catalizador en el \u00e1mbito parlamentario. El 2 de diciembre de 2025 la Asamblea Nacional de Venezuela aprob\u00f3 en primera discusi\u00f3n el proyecto de ley<\/a> para derogar la adhesi\u00f3n al Estatuto de Roma.<\/p>\n\n\n\n En ese momento el presidente del parlamento, Jorge Rodr\u00edguez, expres\u00f3 que la CPI \"sirve para perseguir pa\u00edses independientes que no se someten a los designios del hegem\u00f3n\", denuncia de la transformaci\u00f3n de la corte en un brazo punitivo contra aquellos Estados que no se alinean en las directrices de las potencias atlantistas.<\/p>\n\n\n\n A finales de 2025 se consum\u00f3 la ruptura institucional tras dos hechos cr\u00edticos.<\/p>\n\n\n\n El cierre de la oficina en Caracas. <\/strong>La canciller\u00eda venezolana denunci\u00f3 que la fiscal\u00eda de la CPI en ning\u00fan momento design\u00f3 personal operativo para ocupar su sede en la capital, y utilizaba la presencia t\u00e9cnica solo como una fachada medi\u00e1tica antes de ordenar su cierre unilateral<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Declaraciones injerencistas en Buenos Aires. <\/strong>Durante una visita a Argentina en noviembre de 2025 las afirmaciones del fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang<\/a> fueron se\u00f1aladas por el Estado venezolano como una muestra de \"colonialismo jur\u00eddico\", y acus\u00f3 a la fiscal\u00eda de desentenderse de la cooperaci\u00f3n genuina mientras priorizaba la persecuci\u00f3n pol\u00edtica.<\/p>\n\n\n\nEl detonante actual<\/h3>\n\n\n\n
La escalada de tensiones<\/h3>\n\n\n\n
El sesgo procesal entre \"Venezuela I\" y \"Venezuela II\"<\/h3>\n\n\n\n