Carlos Cruz M. (Revista Jacobin, 27-10-26)<\/p>\n\n\n\n
El presidente de extrema derecha busca reinstaurar el desastroso esquema del Plan Colombia mediante operaciones conjuntas con el Pent\u00e1gono. La oposici\u00f3n denuncia una abierta violaci\u00f3n de la soberan\u00eda nacional y de los derechos constitucionales.<\/p>\n\n\n\n
En las diez semanas transcurridas desde que el multimillonario abogado Abelardo de la Espriella asumi\u00f3 la presidencia de Colombia, el pa\u00eds ha experimentado un viraje pol\u00edtico crucial en materia de soberan\u00eda nacional: una vuelta \u2014y una posible profundizaci\u00f3n\u2014 a su hist\u00f3rica posici\u00f3n de subordinaci\u00f3n frente a Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n
A menos de una semana del cambio de mando, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, anunci\u00f3 una reconfiguraci\u00f3n mayor en la cooperaci\u00f3n militar entre ambos pa\u00edses al declarar que De la Espriella hab\u00eda aprobado un acuerdo para realizar operaciones conjuntas en territorio colombiano. Hacia fines de mes, el comandante del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM), el general Francis Donovan, ya se hab\u00eda reunido con los m\u00e1ximos mandos militares de Colombia para planificar esas operaciones conjuntas contra grupos armados. Desde entonces se han sucedido reportes \u2014algunos confirmados de forma directa por el gobierno colombiano y el propio Comando Sur\u2014 sobre la presencia activa de tropas y aeronaves estadounidenses en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
La perspectiva de una renovada presencia militar de Washington encendi\u00f3 las alarmas en amplios sectores de la sociedad colombiana, en particular dentro de una izquierda con una larga tradici\u00f3n de resistencia al intervencionismo estadounidense en la regi\u00f3n. La pol\u00edtica de De la Espriella enfrenta as\u00ed un escrutinio y una oposici\u00f3n crecientes. El l\u00edder opositor Iv\u00e1n Cepeda present\u00f3 una denuncia formal ante los tribunales colombianos argumentando que las decisiones del presidente respecto a las operaciones militares conjuntas vulneran los derechos pol\u00edticos de la ciudadan\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
La presencia militar estadounidense suele justificarse mediante la ret\u00f3rica de la defensa y la seguridad, una narrativa que encubre los intereses estrat\u00e9gicos subyacentes. Colombia no solo representa un aliado regional clave para Washington, sino tambi\u00e9n una fuente decisiva de recursos naturales como petr\u00f3leo y carb\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
El imperialismo estadounidense en Colombia hab\u00eda sido confrontado, aunque de manera desigual, por la gesti\u00f3n progresista de Gustavo Petro, especialmente en su enfoque frente a la injerencia militar extranjera y la resoluci\u00f3n del conflicto armado. A trav\u00e9s de la pol\u00edtica de \u00abPaz total\u00bb, el gobierno de Petro intent\u00f3 distanciarse del esquema militarista respaldado por Estados Unidos para avanzar hacia soluciones negociadas con las distintas organizaciones armadas. Sin embargo, este intento tropez\u00f3 con l\u00edmites severos: tanto por las propias deficiencias del ejecutivo progresista para concretar su agenda de paz como por la presi\u00f3n sistem\u00e1tica de las facciones m\u00e1s poderosas de la clase dominante tradicional. Los reveses resultantes terminaron pavimentando el camino para esta nueva ofensiva militarista, que alinea otra vez a Colombia con el doctrina hist\u00f3rica que ha vertebrado la injerencia estadounidense en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
La trascendencia de los \u00faltimos hechos no pasa \u00fanicamente por la reactivaci\u00f3n de una cooperaci\u00f3n militar estrecha con Estados Unidos. Al fin y al cabo, Bogot\u00e1 ha mantenido v\u00ednculos militares directos con Washington desde mediados del siglo XX. Lo verdaderamente novedoso, y alarmante en t\u00e9rminos de soberan\u00eda, es la disposici\u00f3n expl\u00edcita del nuevo gobierno a autorizar operaciones militares directas de tropas estadounidenses en suelo nacional. M\u00e1s a\u00fan: al carecer de poder de coalici\u00f3n y de las redes clientelares de los partidos tradicionales, De la Espriella ni siquiera ha solicitado la autorizaci\u00f3n del Senado; un requisito fijado taxativamente por la Constituci\u00f3n colombiana hasta para el mero tr\u00e1nsito de tropas extranjeras.<\/p>\n\n\n\n
Colombia ha sido hist\u00f3ricamente uno de los aliados militares m\u00e1s estrechos de Estados Unidos en Am\u00e9rica Latina. Durante d\u00e9cadas, Washington le ha transferido m\u00e1s equipamiento y capacitaci\u00f3n del Departamento de Defensa que a cualquier otro pa\u00eds de la regi\u00f3n, adem\u00e1s de mantener asesores estadounidenses enquistados en las fuerzas armadas y los organismos de seguridad. Esta relaci\u00f3n institucionalizada se remonta al menos a 1949, cuando Estados Unidos estableci\u00f3 misiones formales del ej\u00e9rcito y la fuerza a\u00e9rea en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, ese v\u00ednculo nunca se limit\u00f3 al adiestramiento y la asesor\u00eda formal. Desde los a\u00f1os cincuenta, la asistencia militar estadounidense se convirti\u00f3 en un pilar permanente de las campa\u00f1as de contrainsurgencia. Y aunque Washington y Bogot\u00e1 siempre sostuvieron que dicho apoyo buscaba garantizar la seguridad regional y combatir a las bandas criminales, en la pr\u00e1ctica funcion\u00f3 como un dispositivo clave para la persecuci\u00f3n de dirigentes y movimientos pol\u00edticos de izquierda.<\/p>\n\n\n\n
Una de las primeras acciones conjuntas fue la sangrienta ofensiva militar de 1955 contra el campesinado insurgente en Villarrica, donde la Fuerza A\u00e9rea Colombiana utiliz\u00f3 aviones estadounidenses para bombardeos masivos. Washington aport\u00f3 adem\u00e1s varios asesores militares para una operaci\u00f3n que dej\u00f3 un saldo masivo de v\u00edctimas y m\u00e1s de cien mil campesinos desplazados.<\/p>\n\n\n\n
Con el tiempo, el alcance del involucramiento estadounidense no hizo m\u00e1s que profundizarse. La firma del Plan Colombia en el a\u00f1o 2000 escal\u00f3 la asistencia militar de Washington a niveles sin precedentes. Su objetivo oficial era la lucha contra el narcotr\u00e1fico, pero la ayuda se articul\u00f3 de inmediato con la estrategia contrainsurgente contra las guerrillas. El respaldo incluy\u00f3 pertrechos militares, entrenamiento, inteligencia y fortalecimiento institucional. Con todo, la propia legislaci\u00f3n estadounidense prohib\u00eda expl\u00edcitamente que el personal militar y los contratistas civiles participaran en acciones directas de combate.<\/p>\n\n\n\n
En la pr\u00e1ctica, esa frontera se volvi\u00f3 cada vez m\u00e1s difusa. Hacia finales de los noventa, los sistemas de inteligencia y la selecci\u00f3n de objetivos militar de EE. UU. estaban integrados en el coraz\u00f3n de las operaciones colombianas, con participaci\u00f3n de tropas de operaciones especiales. No obstante, en el plano formal se manten\u00eda un modelo en el cual las fuerzas colombianas ejecutaban los combates y Estados Unidos aportaba inteligencia y soporte log\u00edstico.<\/p>\n\n\n\n
Lo in\u00e9dito de lo ocurrido a partir del 7 de agosto es la ruptura definitiva de esa distinci\u00f3n hist\u00f3rica. La discusi\u00f3n no pasa por constatar si Estados Unidos ha intervenido militarmente en Colombia \u2014un dato incontestable de la historia reciente\u2014, sino por el salto cualitativo hacia una intervenci\u00f3n directa: tropas estadounidenses desplegadas junto a efectivos locales en operaciones dentro del territorio colombiano.<\/p>\n\n\n\n
Existe al menos un hecho donde la presencia de aeronaves y tropas estadounidenses fue confirmada sin la preceptiva autorizaci\u00f3n del Senado. A finales de agosto, tres helic\u00f3pteros Venom del Cuerpo de Marines de Estados Unidos con contingentes militares ingresaron al espacio a\u00e9reo colombiano y desembarcaron en el puerto de Tumaco, sobre la costa del Pac\u00edfico. El propio Comando Sur hizo p\u00fablicas las im\u00e1genes del operativo defini\u00e9ndolo como un \u00abreconocimiento operativo del terreno\u00bb en el marco del despliegue de las \u00abfuerzas militares estadounidenses en su \u00e1rea de responsabilidad, en apoyo a la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental\u00bb. Seg\u00fan la versi\u00f3n oficial de Washington, la presencia busca combatir el narcotr\u00e1fico y a los grupos armados considerados una amenaza para Estados Unidos y sus aliados.<\/p>\n\n\n\n
En el marco de esa misi\u00f3n, el general Donovan se reuni\u00f3 con la c\u00fapula militar colombiana. Reportes locales confirmaron que las naves y el personal estadounidense trasladaron a Donovan a sus reuniones en Colombia y, posteriormente, lo llevaron junto a altos mandos colombianos hacia un encuentro en Ecuador para luego retornarlos. Es decir: la incursi\u00f3n militar estadounidense en Colombia cont\u00f3 con la expl\u00edcita anuencia y autorizaci\u00f3n del ejecutivo nacional. El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, declar\u00f3 tras la reuni\u00f3n que la visita \u00abreafirma el compromiso de seguir trabajando juntos contra los narcoterroristas, los c\u00e1rteles y todas las organizaciones criminales que buscan sembrar la violencia\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
Diversas investigaciones han demostrado que las pol\u00edticas militarizadas contra las drogas suelen fracasar en la reducci\u00f3n del cultivo de coca a largo plazo: en lugar de erradicarlo, desplazan la producci\u00f3n hacia nuevas zonas, agudizan el conflicto armado y ponen en riesgo la vida de las comunidades rurales y afrodescendientes.<\/p>\n\n\n\n
Pero el valor estrat\u00e9gico del despliegue militar estadounidense en el Pac\u00edfico sur colombiano excede la agenda antinarc\u00f3ticos. Tumaco no solo es un puerto comercial de relevancia, sino la terminal sobre el Pac\u00edfico del oleoducto transandino que conecta la infraestructura petrolera colombiana con la de Ecuador. Su peso en el comercio energ\u00e9tico y de materias primas, sumado a la creciente injerencia de Estados Unidos en la agenda de seguridad binacional entre Colombia y Ecuador, devela los verdaderos intereses geoecon\u00f3micos y geopol\u00edticos en juego.<\/p>\n\n\n\n
A esto se suma otro hecho relevante \u2014cuyos detalles precisos a\u00fan restan confirmarse\u2014 ocurrido el 15 de septiembre en el Catatumbo, al noreste del pa\u00eds. All\u00ed, las Fuerzas Armadas colombianas ejecutaron una misi\u00f3n para rescatar a ocho rehenes en poder del Ej\u00e9rcito de Liberaci\u00f3n Nacional (ELN). Aunque ni De la Espriella ni los comunicados oficiales mencionaron intervenci\u00f3n extranjera, el coronel Fabio Ojeda, al mando de una de las unidades operativas, confirm\u00f3 luego que el Comando Sur hab\u00eda participado en las acciones. Diversos trascendidos se\u00f1alan el uso de drones estadounidenses durante el operativo.<\/p>\n\n\n\n
Ante la seguidilla de anuncios y la velocidad con la que las fuerzas de EE. UU. multiplican su presencia en el pa\u00eds, el gobierno parece avanzar hacia un esquema calcado al de Ecuador bajo la gesti\u00f3n del mandatario de extrema derecha y aliado incondicional de Washington, Daniel Noboa. En Ecuador, la presencia militar estadounidense incluye hoy tropas fuertemente armadas operando de manera directa en el territorio en misiones antinarc\u00f3ticos.<\/p>\n\n\n\n
En Ecuador, la administraci\u00f3n de Noboa apel\u00f3 a una triqui\u00f1uela legal para eludir las trabas constitucionales a la presencia militar extranjera: argument\u00f3 que las operaciones de las tropas estadounidenses son \u00abtemporales\u00bb y que, por lo tanto, no violan las normas orientadas a prohibir la instalaci\u00f3n de bases o infraestructuras permanentes.<\/p>\n\n\n\n
La Constituci\u00f3n colombiana, en cambio, es mucho m\u00e1s tajante en su art\u00edculo 173, numeral 4, al exigir expresamente la autorizaci\u00f3n previa del Senado para el tr\u00e1nsito de tropas extranjeras por el territorio nacional. Adem\u00e1s de repudiar el acuerdo de cooperaci\u00f3n militar anunciado por Hegseth, los referentes de la oposici\u00f3n han reaccionado con firmeza ante la presencia no autorizada de tropas y aeronaves norteamericanas. Iv\u00e1n Cepeda, quien perdi\u00f3 la presidencia frente a De la Espriella por una diferencia de doscientos mil votos, interpuso una acci\u00f3n de tutela contra el ejecutivo por las operaciones no autorizadas en Tumaco.<\/p>\n\n\n\n
El recurso legal de Cepeda es la acci\u00f3n de mayor perfil, pero se suma a una ofensiva judicial m\u00e1s amplia emprendida por la bancada del Pacto Hist\u00f3rico, con acciones promovidas tambi\u00e9n por dirigentes como Walter Aguirre y el representante Erick Velasco. Velasco, de hecho, llev\u00f3 al gobierno a los tribunales ante la negativa de los ministerios de Defensa y Canciller\u00eda a responder pedidos de informe sobre el tema. El 21 de septiembre, la justicia le dio la raz\u00f3n al congresista y le orden\u00f3 al ministro de Defensa responder en un plazo de 48 horas, orden que el gobierno todav\u00eda se niega a acatar.<\/p>\n\n\n\n
Cuando se aprob\u00f3 e implement\u00f3 el Plan Colombia original a comienzos de siglo, la izquierda opositora distaba de tener la representaci\u00f3n institucional con la que cuenta hoy. A pesar de la derrota presidencial, el Pacto Hist\u00f3rico se mantiene como la principal fuerza en el Congreso. Sin el monopolio pol\u00edtico del que goz\u00f3 la derecha durante los a\u00f1os dorados del Plan Colombia, el gobierno de De la Espriella enfrenta un Poder Legislativo donde la oposici\u00f3n cuenta con peso num\u00e9rico y herramientas constitucionales para frenar los abusos del ejecutivo.<\/p>\n\n\n\n
Ah\u00ed radica la trascendencia del conflicto en curso. Las demandas judiciales impulsadas por Cepeda, Velasco y otros legisladores pueden parecer acotadas ante un gobierno decidido a imponer su agenda de seguridad a cualquier costo. Sin embargo, lo que est\u00e1 en juego excede la legalidad de un operativo puntual: lo que se pone a prueba es la capacidad real de las instituciones constitucionales colombianas para ponerle un freno efectivo al ejecutivo cuando entra en juego el poder militar de una potencia extranjera.<\/p>\n\n\n\n
Por otro lado, la fuerza de estos reclamos institucionales descansa en la articulaci\u00f3n con el movimiento popular: las organizaciones de base, los colectivos antiimperialistas y los millones de votantes que respaldaron al Pacto Hist\u00f3rico. La administraci\u00f3n de De la Espriella no solo enfrentar\u00e1 resistencia en las bancadas del Congreso, sino tambi\u00e9n en las calles, de la mano de un movimiento social con una larga trayectoria de lucha en defensa de la soberan\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
Consciente de esta reactivaci\u00f3n popular contra sus pol\u00edticas, el gobierno ya aprob\u00f3 un decreto que otorga facultades extraordinarias a la polic\u00eda para reprimir \u00abprotestas violentas\u00bb. La figura est\u00e1 definida de forma tan vaga e imprecisa \u2014incluyendo cualquier \u00abalteraci\u00f3n a la infraestructura cr\u00edtica\u00bb\u2014 que abre la puerta a una criminalizaci\u00f3n directa de la protesta social.<\/p>\n\n\n\n
Las acciones legales de la oposici\u00f3n definir\u00e1n el alcance real de los l\u00edmites constitucionales frente a la injerencia militar extranjera y pondr\u00e1n a prueba la solidez del sistema de pesos y contrapesos institucional ante un gobierno dispuesto a forzar las normas al l\u00edmite. Pero si esos diques institucionales ceden, la batalla no se agotar\u00e1 en los tribunales ni en los recintos parlamentarios. Colombia posee una tradici\u00f3n hist\u00f3rica de resistencia popular contra la injerencia extranjera, y cualquier intento de avasallar la soberan\u00eda nacional encontrar\u00e1 su respuesta m\u00e1s contundente en las calles, all\u00ed donde tantas veces se ha conquistado la autodeterminaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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