Poblacion rural dominicana
Por: Angel Moreta
Actualmente, la República Dominicana vive bajo una dictadura económica absolutista, en el sentido de que los sectores de clase media, los trabajadores en sentido general, los habitantes rurales de pequeña producción, los distintos sectores de empleados, tanto del gobierno como del sector privado, están sometidos a la esclavitud asalariada y a la división del trabajo enajenante, pues los precios de los productos del mercado nacional han subido continuamente de nivel, mientras los salarios permanecen prácticamente inamovibles; absolutamente todos los productos suben permanentemente de precios y disminuyen en calidad y cantidad.
Los ciudadanos dominicanos están yugulados por una sociedad cada vez más precaria en cuanto a la calidad de vida. Igualmente ocurre con los precios de los servicios: aumentos desproporcionados en los productos del sector eléctrico; la rapiña del negocio eléctrico, que las compañías distribuidoras de electricidad esclavizan a los consumidores con sus aumentos abusivos; últimamente han utilizado la técnica de rapiña, que consiste en disminuir mensualmente la fecha de facturación, de modo a lograr como resultado el robo de un mes de facturación, amén de que ésta viene cada mes más elevada en su nivel de precios; y ésta técnica de rapiña viene acompañada de calificar como robo criminal la sustracción de energía eléctrica, con el fin de aterrorizar a la población con la amenaza de prisión preventiva y juicio criminal, lo cual constituye un aspecto extorsionante y abusivo contra los atrapados consumidores.
La calificación de criminal de los hechos de sustracción de energía eléctrica, constituye una ley y una persecución inconstitucional, que obedece al interés de altos funcionarios que todo el mundo conoce, en eficientizar el cobro de la facturación, ya que ellos se hicieron co-dueños, socios y co-socios del negocio eléctrico, producto del proceso de privatización a que fueron sometidas las empresas estatales; y como consecuencia, se pagan subsidios de más de ochocientos millones de pesos mensualmente a las distribuidoras, para compensar alegadamente la sustracción de electricidad, pero esas transferencias no están sujetas a contabilidad o auditoria, lo cual quiere decir, que esos recursos del pueblo dominicano cogen un rumbo desconocido dentro del escenario de la fraudulenta y mezquina privatización de los negocios públicos. Dicen que ladrón que roba a otro ladrón, tiene cien años de perdón.
