Por: Angel Moreta (Autor-Editor)
Con la explosión del caso Odebrecht-Tecnimont-Aceros Estrella, el gobierno dominicano de Danilo Medina ha caído en una grave crisis de credibilidad. Ha surgido la firme idea en el pueblo dominicano de que este caso quedará en la impunidad porque probablemente está implicado el Poder Ejecutivo. No se puede negar que este Poder tiene implicación muy pesada en un expediente criminal tan escandaloso a nivel internacional.
El presidente Medina ha intentado cuantos caminos han estado a su alcance para sacar los pies del lodo. Primero fue el silencio total y absoluto del presidente ante el país, que esperaba que pronunciara alguna palabra y no lo hizo. Vino a hablar del asunto públicamente el 27 de febrero de 2017 en pleno auge del escándalo internacional y todo lo que dijo no fue satisfactorio en comparación para lo que el pueblo expectaba.
En esa ocasión negó toda responsabilidad en las sobrevaluaciones de obras y echó la culpa de las acusaciones a los generadores y trató de explicar la situación sobre esa base, es decir, que a los generadores no les convenía la termoeléctrica de Punta Catalina, porque por esa causa se oponían a la misma.
Argumentó el 27 de febrero 2017 sobre la grandiosidad y la monumentalidad de la obra, lo cual también hizo monseñor Agripino Núñez Collado como presidente de la comisión nombrada por el Poder Ejecutivo mediante el decreto 6-17, en ocasión de una visita que hizo a la planta y al sitio donde se levanta el proyecto. Después de esas dos manifestaciones, vinieron las defensas de la obra por parte de otros miembros de dicha comisión.
Advino particularmente una campaña publicitaria multimillonaria en los medios de comunicación social de República Dominicana. Aparecieron inclusive trabajadores hablando de la importancia gravitacional de la construcción de las dos termoeléctricas. Luego siguió un conjunto de acciones tendentes a justificar la planta de Punta Catalina con el fin de desacreditar a los sectores impugnantes de la licitación pública internacional No. CDEEE-LPI-01-2013, que había dado lugar a un conjunto de reclamaciones y denuncias que comenzaron a fines del año 2013 y prosiguieron hasta el día de hoy.
Por su parte, el procurador se ocupaba en mantener un circo donde se presentaban innumerables promesas de proceder en justicia contra imputables desconocidos. El circo del procurador se ha extendido durante meses hasta hoy en que no hay un solo sospechoso de cometer actos de soborno y prevaricación, de robo y lavado, sino más bien supuestamente búsqueda de documentos con las autoridades judiciales brasileñas. Ha habido muchas personas citadas y sobre ninguna ha recaído la persecución judicial.
Surgió un proceso de homologación de un acuerdo entre el consorcio Odebrecht-Tecnimont y el procurador, que primero fue rechazado en virtud de fallas procedimentales y luego acogido por el tribunal de la instrucción que conoció la homologación y dictó auto de aprobación, lo cual se hizo sin imputados y sin acusaciones.
Por otro lado, continúo el juego del Poder Ejecutivo conjuntamente con el circo del procurador y en el escenario actuaban dos vertientes de investigación: a) supuestamente la del procurador y b) la de monseñor Agripino Núñez Collado en la comisión nombrada mediante el decreto 6-17, y que realiza sus reuniones en las lujosas oficinas privadas del mitrado, en la Avenida Bolívar esquina Avenida Abraham Lincoln donde sus miembros trabajaban dos veces a la semana.
Todos los comparecientes fueron oídos y grabados; luego fue seleccionada y contratada sin licitación una empresa extranjera con el fin de realizar trabajos de “auditoria y evaluación” de las distintas exposiciones que habían presentado las personas citadas para ser oídas.
La compañía extranjera llamada FIT cobrará posiblemente grandes sumas en calidad de honorarios profesionales, que se agregarán al valor del presupuesto contemplado para la planta de Punta Catalina, ascendente a 2,040 millones de dólares, al igual que se agregan también los casi 200 millones de dólares por el trabajo de Stanley Consultants, otra empresa contratada sin licitación, tal como hemos analizado en el artículo “Autodefensa boba de Stanley Consultants”.
A todo ello hay que agregar el valor total de las exoneraciones de impuestos que recibe Odebrecht-Tecnimont más los intereses de los préstamos internacionales que hubo necesidad de tomar en otros bancos europeos, diferentes al BNDES de Brasil, y como consecuencia de la necesidad de usar bonos internacionales redimibles a diez años.
Ha existido todo un conjunto de maniobras, estratagemas y diligencias para defender y justificar la termoeléctrica de Punta Catalina y los cientos de millones provenientes de sobrevaluaciones.
Las justificaciones colocan a Odebrecht como una santa bendita y al Poder Ejecutivo como un ente puro y transparente que actúa sobre la base de “razones de Estado”, diferentes a los intereses económicos y políticos del grupo corporativo que rodea al jefe del Poder Ejecutivo.
Ya en ese entramado todos los dominicanos sabemos lo que va a ocurrir: impunidad contra aquellos que en asociación corporativa y como una troika han estafado el patrimonio público. Y para esto sirven de caballo de troya la comisión del decreto 6-17, y la compañía extranjera contratada por la comisión que dirige monseñor Núñez Collado, empresa identificada como FIT en los EU, contratada sin licitación, al igual que Stanley Consultants; y uno de cuyos directivos es de apellido Núñez, que probablemente pueda tener consanguinidad con el ilustre mitrado.
El informe de la comisión del decreto 6-17 muy probablemente va a justificar una supuesta grandiosidad, monumentalidad y necesidad de una obra de esa naturaleza; sobrevendrá casi seguro un “informe” tendente a borrar hechos de prevaricación, lavado, sobrevaluación y corrupción; por tanto, un informe que permitirá dejar intactas las prácticas criminales en República Dominicana, y todo ello apoyado en una intensa, ininterrumpida, multimillonaria y atrevida propaganda publicitaria que costará millones y millones del erario público y del Tesoro Nacional.
La consigna del momento es salvar a Odebrecht-Tecnimont; salvar al Poder Ejecutivo. Resultante será probablemente que nadie es culpable de nada, nadie es responsable de nada, todos somos buenos e impecables en República Dominicana, y eso lo puede ver hasta Dios. No hay troika en República Dominicana, ni estafa ni sobrevaluación de obras, ni prevaricación.
Y si algo de esto hubiere, los culpables serán probablemente o casi seguro dos o tres pequeñuelos hambrientos. En consecuencia, no es necesario denunciar a nadie, la justicia ha colaborado en la aclaración de los hechos, la justicia ha sido homologatoria de manera transparente; la planta de Punta Catalina está santiguada, tiene la bendición de la iglesia apostólica y romana, que reconoce humildemente que todos somos siervos de Dios y que, por ende, no es necesario someter a los culpables o los verdaderos culpables.
Es una ironía, pero habrá que decir entonces la democracia contaminada que tenemos puede soportar todo esto y continuar viviendo tranquilamente y conviviendo con el pueblo dominicano, siempre víctima de los hechos delincuenciales de las troikas desleales al país.
Una constituyente
Frente a este desmadre se plantea la necesidad de una constituyente, que permita la reforma del Estado y de la democracia; que liquide los esquemas de impunidad y el sistema de las troikas corporativas caracterizadas por corrupción generalizada. Una constituyente que implante un régimen de consecuencias y que liquide la impunidad y el crimen de manera radical y convierta en razón de Estado la persecución contra el crimen.
Una reforma constitucional en la que participe el pueblo dominicano y pueda movilizarse una asamblea constituyente que transforme de raíz al Estado delincuencial que tenemos, otorgándole su liberación al Ministerio Público y su independencia radical a la justicia dominicana.
Una constituyente que permita: a) transformar el procedimiento de judicialización e investigación del presidente de la República, haciéndolo más directo y popular; b) someter a investigación a cualquier funcionario imputado o denunciado y establecer un juicio expedito e inmediato; c) especializar una parte del Ministerio Público, independiente del procurador, para actuar contra casos de corrupción; d) constitucionalizar el régimen de contrataciones públicas; e) revisar el concepto de “Estado social de derecho”, ya que el que tenemos actualmente no es ni una cosa ni la otra; f) crear un mecanismo constitucional para las ventas de patrimonios públicos y ordenar la creación de un procedimiento de recuperación y restitución de bienes producto del crimen organizado; g) aplicar la extinción de dominio a los funcionarios sometidos e investigados por el Ministerio Público especializado en anticorrupción: h) constitucionalizar las declaraciones sobre el patrimonio personal y obligación de presentarlas ante el Ministerio Público especializado con un plazo fatal; i) crear mecanismos para extinguir las élites corporativas que practican enriquecimiento ilícito y prevariquen con funcionarios; j) crear una justicia y un Ministerio Público independientes del Poder Ejecutivo; k) Cámara de Cuentas independiente del Poder Ejecutivo; l) fortalecer el Tribunal Superior Administrativo y muchas otras instituciones de reforma constitucional; m) toda empresa de medios de comunicación debe estar constituida 50% de capital entre iniciativa privada y el Estado para equilibrar intereses. (Continuaremos).
