Carlos A. Villalba (Rebelion, 7-9-18)
«El ataque sobre Buenos Aires ha fracasado y hace ya tiempo que no queda un solo soldado británico en la parte española de Sudamérica. Los detalles de este desastre, quizás el más grande que haya sufrido nuestro país en toda su historia, fueron publicados ayer en un número extraordinario. El comandante Whitelocke parece haber estado en la más perfecta ignorancia, tanto acerca del país invadido como sobre la resistencia que cabía esperar. Las columnas británicas se encontraron con una oposición decidida, en cada calle, desde cada casa. La actitud fue tan resuelta y gallarda como pocas veces se ha visto». «Evacuation of South America», The Times, Londres, 14 de septiembre de 1807.
Otros tiempos, otros imperios, distintas armas. De 1806 y 1807, de veleros y bergantines, de Beresford, Popham, Whitelocke la corona inglesa y una batalla por el control del comercio, la película salta al Siglo XXI, el Comando Sur del Ejército de EEUU, el disfraz de la “ayuda humanitaria” y las invasiones a la colaboración y la sumisión.
Ante los intentos británicos de hace más de dos siglos, el rechazo surge con facilidad, más aún frente al despojo malvinero; la sistemática invasión estadounidense, sin embargo, pasa desapercibida para muchos, mientras quienes gobiernan la Argentina, en lugar de aceites hirvientes les abren las puertas de las riquezas nacionales y les ofrecen la alfombra roja de un nuevo virreinato o, como sostiene el sociólogo Marcelo Koening, de este “gobierno de ocupación” [1].
Esa política se complementa con la construcción de un “enemigo interno”, recortado del manual actualizado del Comando Sur de los Estados Unidos y pegado en las hojas del plan de negocios local, que necesita gendarmes allí donde hay hambre, frío y desesperación. Es una versión remozada de la Doctrina de la Seguridad Nacional, absolutamente funcional a la estrategia de política exterior de los Estados Unidos, con control de los recursos estratégicos de la región, igual que lo fue el protocolo genocida que apuntó a “garantizar el orden” mediante la aplicación de técnicas de contrainsurgencia contra aquel “enemigo interior” con el que se pretendió justificar las represiones antipopulares de las dictaduras cívico-militares de los ´70, que desembocaron en genocidios y matanzas en países como Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Guatemala, El Salvador, y “reordenaron” los modelos productivos nacionales en beneficio del capital transnacionalizado, ávido en controlar recursos y globalizar sus mecanismos financieros.
El involucramiento de los militares en “guerras” contra “el terrorismo” y “el narcotráfico” es una consecuencia de esta perspectiva y constituye el pretexto para la intervención en tareas propias de la seguridad interior, como finalmente sucedió en la Argentina de Macri. Encuentros como el del Grupo de los 20 (G20) que se realizará en la Argentina entre el 30 de noviembre y el 1° de diciembre próximos, con la presencia de los líderes de las principales potencias mundiales, sirvió de cobertura a políticas de militarización interna basadas en versiones creadas en los propios laboratorios de comunicación oficiales, que inventan la existencia de “células” abocadas a la “preparación de acciones violentas” contra esa cumbre.
Por su parte, el gobierno de Donald Trump dio continuidad a los esfuerzos iniciados por Barack Obama por impulsar un nuevo liderazgo en Sudamérica, alternativo a la construcción subregional realizada desde comienzos de siglo por gobiernos soberanos, plasmada en organismos como el MERCOSUR, la UNASUR y la CELAC, con rechazo a las imposiciones del Fondo Monetario, decisiones políticas y económicas autónomas y relaciones internacionales multipolares. Desde el 10 de diciembre de 2015 Buenos Aires se transformó en una de las capitales de ese polo en nacimiento, con el presidente Macri convertido en vocero local de las directrices de Washington, sobreactuando posturas intervencionistas contra gobiernos constitucionales como el de Venezuela o ignorando violaciones constitucionales como las sucedidas en Brasil con la destitución de Dilma Rousseff o con la candidatura de Lula da Silva.
Los objetivos estratégicos de Estados Unidos pasan por Oriente Medio, Corea, Rusia, la OTAN y China, y no por el Cono Sur de América. Sin embargo, Macri y sus ministros ahora achicados recibieron a un ejército de enviados del multimillonario que lidera la superpotencia occidental y aceptaron el consejo de no intimar con “nuevas potencias imperiales” como la República Popular de China que, a juicio del ex canciller Rex Tillerson, “está utilizando su política económica para meter a la región en su órbita”. En 2017 el comercio entre China y esta parte del mundo sumó u$s 244.000 millones, el doble de lo que se generó en toda la década anterior y desde 2015 el asiático constituye el principal socio comercial de Suramérica.
La decisión de Trump de entrar en “guerra comercial” con Beijing redefinió las prioridades, decidió ajustes en la relación con la región, intensificó el despliegue militar de Estados Unidos y transformó, en el caso argentino, una estación aeroespacial destinada a monitorear el lado oscuro de la Luna en un objetivo militar al que es necesario “neutralizar” ante la posibilidad de que sea utilizado en ciberdefensa o ciberseguridad regional y, además, para la proyección económica y militar sobre el continente Antártico. Solo un mes después de que la instalación china emplazada en la localidad neuquina de Bajada del Agrio comenzase a funcionar, EEUU anunció que el Comando Sur financiaría un centro de respuesta a emergencias en la misma provincia patagónica, sospechado en realidad de constituir el embrión de una base castrense, similar a cualquiera de las 80 con las que cuenta en Latinoamérica y el Caribe.
América para los estadounidenses
La región reviste un valor significativo para Washington, ya no como “patio trasero” sino como “reserva estratégica” de los “bienes comunes” -que el capitalismo considera “recursos naturales” extraíbles y procesables sin límites- y de una potencialidad de producción alimentaria capaz de cubrir las demandas de un futuro que ya muestra las dentelladas del cambio climático.
En suma, el subcontinente es considerado de “baja prioridad estratégica” comparado con la importancia Europa, Medio Oriente y la región Indo-Pacífico; sin embargo,la nueva doctrina de seguridad regional lo presenta como “estratégicamente importante” para EE.UU. y su futuro económico por lo que,a su criterio,debe resguardarse ante la “influencia dañina de los actores extrahemisféricos”, en especial China,que “busca llevar la región a su órbita a través de inversiones y préstamos estatales” y está decidida, junto a Rusia, a conformar ”economías menos libres y menos justas, hacer crecer sus ejércitos y controlar la información y los datos para reprimir a sus sociedades y expandir su influencia” [2].
En consonancia, la Estrategia de Seguridad Nacional de Trump reclama administraciones que comulguen con los preceptos de su gobierno, de su Comando Sur y de las grandes corporaciones económicas. Los documentos oficiales remarcan que los intereses de su país “están mejor resguardados en un hemisferio de países estables, seguros y democráticos, que aumentan la seguridad y benefician a la economía norteamericana”.
Ese supuesto “futuro próspero para todos” se asienta sobre una base de “valores compartidos, gobiernos eficientes, sociedades libres y economías abiertas de mercado”, requisito que el presidente argentino, Mauricio Macri, intenta cumplir al pie de la letra.
El combate contra las drogas y el “narcoterrorismo”, la prestación de asistencia humanitaria, la realización de ejercicios y operaciones con participación de las fuerzas armadas locales en el teatro de la “seguridad interior”, son las “áreas de trabajo” definidas para alcanzar sus objetivos. En consonancia, las sucesivas administraciones estadounidenses siembran de bases la región, construyendo un auténtica muralla “protectora” de distintos recursos estratégicos que ya cuenta con enclaves en Chile, Colombia, Paraguay, Perú, las Islas Malvinas -usurpadas a la Argentina por Gran Bretaña- que alojan una base de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), y en distintos países de Centroamérica y el Caribe. A esa malla se agregan las cabezas de puente ya afianzadas en la Argentina actual.
Pobreza e inequidad, corrupción, terrorismo, criminalidad, tráfico de drogas y desastres “naturales”, son presentados como desafíos que amenazan aquellas metas. En realidad, cada ítem es una puerta por la que los cuadros del Comando Sur, el Departamento de Estado, la CIA y la DEA, los organismos de crédito y las embajadas con bandera de barras y estrellas, penetran para afincarse en los países que consideran importantes para alcanzar sus fines, definir políticas y alinear gobernantes u opositores [3].
En la Argentina, lo intentaron con fuertes presiones mantenidas incluso durante los gobiernos kirchneristas a través, por ejemplo, de donaciones a provincias, capacitaciones en Estados Unidos o de la cooptación de cuadros de gestión en organismos de protección civil. La máxima expresión de esa maniobra fue el intento de instalar en la provincia de Chaco el primer “Centro de Respuesta a Emergencias”, financiado por una donación de la Embajada de Estados Unidos, que la presidenta Cristina Fernández alcanzó a frenar en 2012, a instancias del organismo de asistencia humanitaria internacional de su cancillería, la comisión Cascos Blancos, que también puso sobre aviso de esas pretensiones al entonces gobernador de la provincial, Jorge Milton Capitanich, cuando el Ministerio del Interior, a cargo de Florencio Randazzo, ya había aprobado el “Programa de Fortalecimiento del Sistema Provincial de Emergencias”, a través de un convenio bilateral impulsado por el Comando Sur y su embajada, embozado tras la definición de “aporte a los programas sociales del gobierno” argentino.
La intención final y permanente era -y lo sigue siendo- instalar bases que le permita a EE.UU. reforzar su control sobre la cuarta reserva de agua subterránea del mundo, el Acuífero Guaraní, que comparten Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y que ya ejerce desde su instalación paraguaya de Mariscal Estigarribia. La ocupación focalizada es el modelo de acción; la asistencia, ayuda o cooperación, con fines “humanitarios” o de “control” es la excusa; los bienes comunes, desde el agua, el petróleo y el gas, hasta el litio o el oro y, en especial, el acceso y control del continente Antártico, sus hielos y su subsuelo, son los verdaderos objetivos. Desde el 10 de diciembre de 2015 se aceleraron todos los procesos administrativos, aduanales, castrenses y diplomáticos para que las invasiones yanquis avancen sobre ellos.
Matriz ilegal
El despliegue militar de Washington sobre la Argentina va acompañado del uso de las Fuerzas Armadas locales en tareas de “seguridad interior” reñidas con las leyes que regulan su accionar; el instrumento utilizado para avanzar en esa dirección fueron la declaración de la “emergencia de seguridad” mediante el decreto 228/2016 y su prórroga mediante el decreto 50/2017.
En simultáneo, se autorizó con distintos pretextos y sin la aprobación parlamentaria que dispone la Constitución Nacional, la entrada de efectivos militares extranjeros. Los distintos pasos que dio el gobierno argentino terminaron de configurar una matriz ilegal apoyada en el ingreso de tropas no autorizadas por el Congreso, la validación sin concurso parlamentario de la instalación de bases militares operadas, financiadas o promovidas por diversos elementos de fuerzas armadas de países extranjeros; la superposición de políticas de defensa y de seguridad interior, hechos que se suman a decretos como el 820/2016, que modificó la Ley de Tierras encargada de fijar límites al traspaso de propiedad del suelo argentino a manos extranjeras y puso en disponibilidad grandes extensiones de bienes compartidos como los, los bosques y la zona núcleo productiva y la soberanía misma de la Nación [4].
