Eder Peña (Misión Verdad, 25-4-19)
Estados Unidos y sus aliados han decidido demoler al Estado Venezolano violando su Constitución en medio de una campaña basada en amenazas de intervención militar y una intensificación del bloqueo económico estadounidense desde el 23 de enero de este año.
Fue para ello que declararon a Juan Guaidó como "Presidente Encargado de la República", desestimando a los más de 6 millones de venezolanos que le dieron la victoria a Nicolás Maduro en las elecciones del 20 de mayo de 2018.
Venezuela ha vencido en batallas íntimas, internas y externas en las que el triunfo ha consistido en ahuyentar la muerte y el caos total que estos actores han querido imponer a través de los preparativos para una confrontación bélica.
GOLPE VIRTUAL: 2019 INICIA CON EVENTOS PRECIPITADOS
Ha habido disputas importantes en la Organización de Estados Americanos (OEA), en donde su Secretario General, Luis Almagro, ha violado repetidas veces los principios de la Carta Democrática Interamericana de la OEA. Este organismo internacional aprobó una resolución el 10 de enero de 2019 "para no reconocer la legitimidad del nuevo mandato de Nicolás Maduro" y el 23 de enero Almagro reconoció a Guaidó como presidente venezolano.
En una sesión extraordinaria de la OEA convocada para el 24 de enero, 16 países, entre ellos Estados Unidos, reconocieron a Guaidó como presidente, pero no lograron la mayoría necesaria para una resolución. La reacción de Almagro fue responsabilizar a los países que se mantuvieron neutrales por el sufrimiento y las violaciones de los derechos humanos en Venezuela.
Con apoyo de países aliados se han obtenido victorias no desestimables en el Consejo de Seguridad, órgano clave de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el pasado 26 de enero se celebró una sesión especial de dicho órgano para examinar la situación en Venezuela; no se llegó a un consenso. El Secretario General, António Guterres, hizo un llamado al diálogo para aliviar las tensiones mientras que los funcionarios legítimamente designados continuaron representando a Venezuela en la ONU.
El 14 de febrero un grupo de delegados a la ONU por China, Rusia y la propia Venezuela, declararon que lucharían contra el "esfuerzo ilícito liderado por Estados Unidos" para cambiar el gobierno venezolano, asimismo acusaron al país del norte de "utilizar las sanciones y la ayuda de emergencia como armas políticas contra los venezolanos".
El 28 de febrero, el Consejo de Seguridad votó dos proyectos de resolución: uno de Estados Unidos en el que se pedía la celebración de nuevas elecciones en Venezuela, la entrada de la ayuda humanitaria y el reconocimiento de los derechos humanos de Guaidó como presidente interino; el otro de Rusia llamando al diálogo entre el gobierno de Maduro y el de la oposición en línea con la iniciativa de Montevideo de México y Uruguay.
Ninguna de las dos propuestas fue adoptada por el uso del poder de veto.
VENEZUELA PONE LA MULTIPOLARIDAD A PRUEBA
El 9 de abril el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) decidió "aceptar el nombramiento del señor Gustavo Tarre como representante permanente designado de la Asamblea Nacional, hasta que se celebren nuevas elecciones y el nombramiento de un gobierno democráticamente electo" con el voto de 18 países de los 34 que lo conforman.
El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, consideró que la resolución claramente reconoce a Tarre como embajador de Venezuela mientras queel embajador de México, Jorge Lomónaco, cuestionó la capacidad del Consejo Permanente de la OEA para reconocer a un enviado del Legislativo como embajador ante el organismo, puesto que los representantes siempre son nombrados por el Ejecutivo. México, Uruguay y El Salvador, pidieron que se agregase una nota a pie de página en la resolución para dejar claro que ellos no obedecerán esa decisión.
El gobierno venezolano calificó de ilegítima la aceptación de Gustavo Tarre como representante permanente "designado" por la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, la cual se encuentra en desacato desde 2016 y cuyos actos son nulos, asimismo manifestó mediante un comunicado que "Se trata de una de las más infelices decisiones tomadas en la larga historia de desafueros jurídicos y políticos de esta Organización, una vulgar instrumentalización del chantaje y la presión contra los Estados miembros para satisfacer los deseos de la política neo monroísta de Washington".
