Alfredo Zaiat (Sputnik, 21-4-22)
Las consecuencias socioeconómicas del conflicto bélico y las sanciones internacionales a Rusia serán otro fuerte golpe a las clases medias en América Latina y el Caribe. Ya venían siendo castigadas por los efectos de la pandemia con el incremento del desempleo y la consiguiente pérdida de los ingresos de los hogares.
Ahora se le suma el shock inflacionario por el alza de los precios de los alimentos y de la energía, aumentos que encienden las alarmas sobre una porción de esas clases medias que pueden retroceder a niveles de pobreza monetaria.
Para cualquier economía que aspira a la cohesión social es fundamental contar con estratos medios fuertes y resistentes, pues estos colaboran en el fortalecimiento del consumo y de la inversión en educación, salud y vivienda, además de desempeñar un papel clave en los sistemas de protección social a través de sus contribuciones derivadas de su vida laboral.
Fuerte aumento de la tasa de inflación
A dos meses de comenzado el conflicto no hay dudas de que la economía mundial padecerá un grave golpe que frenará el crecimiento y elevará los precios.
Los efectos se transmitirán por tres canales principales:
Los precios más altos de productos básicos, como los alimentos y la energía, elevarán aún más la inflación, lo cual a su vez erosionará los ingresos de las familias y deprimirá el consumo del sector privado.
Las economías tendrán que hacer frente a perturbaciones en el comercio, las cadenas de abastecimiento y las remesas, así como a un aumento histórico de los flujos de refugiados.
La caída de la confianza de las empresas y la mayor incertidumbre de los inversionistas incidirán en los precios de los activos, endureciendo las condiciones financieras y provocando salidas de capitales de las economías débiles o periféricas.
Impacto en América Latina y el Caribe
En la región, el aumento en los precios de los alimentos y la energía es el principal canal de transmisión de las repercusiones del conflicto bélico y las sanciones a Rusia, que serán sustanciales en algunos casos y que deteriorarán en general a las clases medias.
La fuerte alza de la cotización internacional de las materias primas está acelerando notablemente la inflación en América Latina y el Caribe, en donde cinco de las principales economías ya registran una tasa anual media de poco más del 10%: Brasil, México, Chile, Colombia y Perú.
Los efectos del encarecimiento de las materias primas en el crecimiento varían. Los precios más altos del petróleo perjudican a los importadores en América Central y el Caribe, mientras que los exportadores de petróleo, cobre, mineral de hierro, maíz, trigo y metales pueden cobrar más por sus productos y amortiguar así el impacto negativo en el crecimiento.
Más clases medias rumbo a la pobreza
La pandemia de COVID-19 empujó el año pasado a 4,7 millones de personas de la clase media a la vulnerabilidad o a la pobreza en América Latina y el Caribe, revirtiendo décadas de avances sociales, de acuerdo con un informe reciente del Banco Mundial.
El impacto hubiera sido aún más dramático si el programa de transferencias sociales de carácter masivo y temporal en Brasil se excluyera de las proyecciones. Sin ese efecto brasileño, un total de 12 millones de personas en la región hubieran perdido su lugar en la clase media en 2020 y 2021.
El actual panorama de inestabilidad global amenaza con ampliar el universo de la población retrocediendo en la pirámide social de los países de la región.
«América Latina y el Caribe se encuentra en una encrucijada, el retroceso de conquistas sociales que tanto costaron corre el riesgo de volverse permanente a menos que se lleven a cabo reformas enérgicas», dijo el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Carlos Felipe Jaramillo.
Para agregar que «las ayudas de emergencia mediante transferencias en efectivo que ayudan a mitigar la crisis no serán sostenibles por mucho tiempo; así, la región debe avanzar con políticas que aseguren una recuperación firme y den lugar a un crecimiento más sostenible, resiliente e inclusivo que combata la pobreza y la desigualdad persistentes».
El sobreendeudamiento de los estratos medios: un factor adicional de vulnerabilidad
Con un punto de partida marcado por el endeudamiento elevado de los hogares para financiar el consumo y los servicios habituales, el actual escenario de incertidumbre económica y financiera global, en sus secuelas sobre los estratos bajos y medios, adquiere un carácter aún más grave.
Niveles de deuda muy superiores a los ingresos disponibles en las familias son factores de vulnerabilidad y malestar.
Si bien los hogares pueden tener motivaciones diversas para endeudarse (mayor consumo, adquisición de bienes duraderos o de un bien inmueble, financiamiento de un emprendimiento o pago de servicios educativos o de salud), la carga del pago de la deuda se torna insostenible en algunos casos y mucho más en tiempos de crisis económica.
Esto es lo que precisamente está sucediendo en la región. Los datos disponibles para cuatro países (Brasil, Chile, Colombia y México) permiten observar un aumento sostenido del nivel de endeudamiento de los hogares en los últimos 15 años.
El shock inflacionario derivado del conflicto y las sanciones a Rusia está impulsando a las bancas centrales a subir la tasa de interés de referencia.
Este aumento del costo financiero tiene impacto inmediato en los hogares endeudados, que tienen que destinar una porción adicional de sus ingresos para hacer frente a los pagos de intereses incrementados.
Se concreta por esa vía otro golpe al presupuesto de las clases medias, arrojándolas a transitar un sendero de deterioro y, por lo tanto, acercándose de ese modo a traspasar hacia el umbral de la pobreza.
De crisis en crisis
Del mismo modo que otros grupos sociales vulnerables, las clases medias padecieron la pandemia con las restricciones de movimiento y la disminución de la actividad económica. Esto tuvo las consiguientes pérdidas de puestos de trabajo y reducción de los ingresos laborales.
Este panorama crítico no sólo provocó el aumento de la pobreza y la pobreza extrema, sino que también se tradujo en un incremento de la población que compone los estratos de bajos ingresos por la caída de parte de las familias integrantes de los estratos medios.
Ahora se le sumó los actuales impactos económicos negativos. Esto ha puesto en evidencia la vulnerabilidad en que vive buena parte de dicha población en la región, cuyos hogares obtienen sus ingresos sobre todo del trabajo remunerado, con bajos niveles de cotización a la protección social contributiva, y no suele ser parte de la población destinataria de las políticas y los programas de protección social no contributiva.
La CEPAL estima en Desastres y desigualdad en una crisis prolongada: hacia sistemas de protección social universales, integrales, resilientes y sostenibles en América Latina que de un total de alrededor de 59 millones de personas que en 2019 pertenecían a los estratos medios y que en 2020 habrían sufrido movilidad económica descendente, algo más de 3 millones habrían caído directamente en la pobreza o la pobreza extrema y poco más de 25 millones habrían pasado al estrato bajo no pobre.
Qué hacer
Las medidas de protección social de emergencia en general se destinan principalmente a las personas en situación de pobreza o con una gran vulnerabilidad a caer en dicha situación. Estas iniciativas logran contener parcialmente a las clases medias.
Pero ahora a los gobiernos de la región se les presenta el desafío de diseñar redes de protección más amplias ante el presente shock inflacionario.
Sin embargo, por el momento, los Estados no están teniendo una reacción similar a la que tuvieron durante la pandemia, lo que está incrementando el malestar social por el acelerado deterioro de la calidad de vida.
Existen capacidades limitadas de los estratos de ingresos bajos y medios para enfrentar esta adversidad, puesto que los recursos propios de la gran mayoría son limitados.
En ausencia de mecanismos de protección social, esta situación de indefensión termina condicionando el acceso a otros aspectos cruciales del bienestar, como los servicios de salud y educación privados, la disponibilidad y el aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que son fundamentales para el teletrabajo y la educación a distancia y los servicios de cuidado.
Ante la actual emergencia, esas vulnerabilidades y brechas de bienestar se amplían, ya que a los grupos en situación de pobreza se suma gran parte de los estratos medios, no contemplados en la mayoría de las políticas y programas sociales, que por diseño se orientan a los más pobres.
Esto plantea a los gobiernos el reto de generar nuevas respuestas de los sistemas de protección social, en especial basadas en el enfoque de derechos con criterio universal.
