Fernando de la Cuadra (Socialismo y Democracia, 19-1-23)
No existe una opinión consensual con relación a la respuesta dada por el actual gobierno a los actos de vandalismo y destrucción ocurridos el pasado domingo 8 de enero de 2023. Hay quienes sostienen que la reacción de las autoridades ha sido la adecuada, deteniendo a una parte de los invasores de la Plaza de los Tres Poderes, fichando a sus principales líderes y tratando de descubrir la trama de conexiones y articulaciones que fueron montadas hasta desembocar en los actos de barbarie difundidos profusamente por los medios de comunicación y las redes sociales.
Sin embargo, hay quienes plantean que lo realizado hasta el momento por la administración del Presidente Lula da Silva es insuficiente para desmontar el proyecto insurgente de la extrema derecha brasileña, que además ha contado con el apoyo de movimientos con perfil neofascista que existen en otras latitudes del planeta. De hecho, a pesar de algunas diferencias, la ocupación de los edificios públicos de Brasilia, trajeron a la memoria, casi inmediatamente, los luctuosos acontecimientos producidos el 6 de enero de 2021, con el asalto al Capitolio en la capital de los Estados Unidos.
El gobierno recién instalado se encuentra en un tremendo dilema para contener a los grupos del llamado bolsonarismo radical que se niegan a reconocer el triunfo de Lula en las urnas. Insuflados por diversos gestos por parte de su líder, que ahora se ha refugiado en Miami, estos militantes se vienen coordinando desde hace un buen tiempo, preparando las condiciones para que las Fuerzas Armadas ejecuten un golpe de Estado bajo el argumento de restablecer la paz y el imperio de la ley en un contexto de crisis institucional.
La estrategia elaborada por estos sectores sediciosos -en parte a través de las redes y en parte directamente desde los campamentos montados fuera de los cuarteles-, supone crear un escenario de ingobernabilidad en el país (por medio del bloqueo de carreteras, atentados explosivos en aeropuertos y refinerías de petróleo, caos urbano, etc.) de manera tal que las Fuerzas Armadas utilicen el artículo 142 de la Constitución que las autorizaría para intervenir en el caso de producirse una situación de desorden social e inseguridad de las instituciones de la República. Sin embargo, el texto de la Carta Fundamental en ningún caso autoriza a las Fuerzas Armadas a actuar como Poder Moderador en caso de agitación social –como pretenden los subversivos de la extrema derecha- sino que su papel y su deber consiste en defender la democracia y las instituciones republicanas apoyando las decisiones del poder civil.
De todas maneras, una hipótesis de golpe de Estado no es para nada descabellada, considerando todos los privilegios que tuvieron las tres ramas de las Fuerzas Armadas durante el gobierno del capitán reformado y la enorme participación en su administración, llegando a ser reclutados para diversas funciones más de 8 mil miembros de esta corporación. Ello implicó, que militares, marinos y aviadores recibieran un doble salario, como miembros castrenses y como funcionarios de la estructura gubernamental. Los militares brasileños tuvieron más poder durante la gestión de Bolsonaro que en todo el periodo de la pasada dictadura (1964-1985).
