Juan J. Paz-y-Miño Cepeda (Historia y presente, 21-10-25)
La represión sobre las comunidades indígenas ha resultado inédita en cuatro décadas de gobiernos constitucionales y produjo decenas de heridos y tres personas fallecidas.
Desde mediados de septiembre pasado el movimiento indígena de Ecuador acordó un paro nacional con el propósito de conseguir la derogación del Decreto 126 (13/septiembre), que elevó el precio del diésel de US$ 1,80 a US$ 2,80 el galón, y que fue considerado inflacionario y agravante para la vida de las comunidades indígenas y de la población pobre. A pesar de un “diálogo” inicial con el gobierno el 15 de octubre, la CONAIE y las comunidades han sostenido que continuarán el paro desde sus territorios. Prácticamente durante un mes el país ha vivido una situación crítica y el problema no está solucionado.
El decreto ha sido solamente el motivo desencadenante de una situación que tiene otro fondo causal: la imposición, desde 2017, de un modelo de economía que ha privilegiado a grandes empresarios, que consolidó a un sector oligopólico y oligárquico como hegemónico y que ha sido garantizado a través del control político del Ejecutivo sobre las funciones del Estado y sus principales aparatos, que incluyen fuerzas armadas y policía.
Es cierto que ese “modelo” viene impuesto a través de los compromisos firmados con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el Extended Fund Facility (EFF, 31/mayo/2024) y reforzados en la segunda revisión (18/julio/2025), que todavía tiene que cumplirse, sobre todo en cuanto a privatizaciones y flexibilización laboral (https://t.ly/OXwBt). Pero hay que considerar que en el país las élites empresariales han demostrado una gran capacidad para ajustar el recetario fondomonetarista a sus específicos intereses y más allá de lo previsto.
Además, un gobierno de empresarios no logra comprender la necesidad de contar con el Estado como proveedor de infraestructuras, bienes y servicios públicos en las condiciones de un país con 70% de población desocupada y subocupada, con una “informalidad laboral” de esas dimensiones, salarios bajos, desatención en medicina y educación, seguridad social en riesgo, además de una extensa población pobre y una extrema concentración de la riqueza, que hace del país uno de los primeros más inequitativos del mundo (https://t.ly/EiMby). Creer que la empresa privada y el mercado libre podrán conseguir el desarrollo con bienestar humano es un pensamiento que no se ha aplicado en los Estados Unidos y peor en Europa, que tiene economías sociales. Y si se toma en cuenta exclusivamente a Latinoamérica, el modelo de la “libertad económica” no solo que se ha implantado literalmente a sangre y fuego, sino que no ha funcionado con la dimensión social soñada en ningún país, como lo demuestra Chile, desde la época de Pinochet, Perú o Argentina actual con el presidente Javier Milei, con quien se han afectado las condiciones de vida, trabajo y jubilación de la mayoritaria población, de acuerdo con las estadísticas, estudios e informes internacionales.
En Ecuador, buena parte de los funcionarios del Ejecutivo, comenzando por el jefe de Estado, provienen del empresariado costeño y específicamente de la ciudad de Guayaquil. Desde la presidencia de León Febres Cordero (1984-1988) y sobre todo con su alcaldía en la ciudad (1992-2000), continuada por Jaime Nebot (2000-2019), se edificó un sentido de identidad local muy particular entre el sector privado, pues ha creído que es “exitoso” su modelo de administración pública, que su autoridad empresarial está legitimada por el éxito en la acumulación de riqueza y que su propia historia, interpretada regionalmente, solo refleja la pujanza de una ciudad en la que los indios siempre fueron escasos, incluyendo el presente (https://t.ly/dP8Vk). Esa visión inutiliza a sus élites a comprender el mundo indígena y los valores históricos de la vida comunitaria, la justicia indígena, la cosmovisión ambiental y la territorialidad. En consecuencia, desde el poder, como ya ocurrió con el gobierno de Febres Cordero, el Ejecutivo se articula en torno a la autoridad centralizada, a la que hay que obedecer, pues no admite disidencias ni oposición. Desde luego, es una visión que se vincula a la que tiene el sector oligárquico nacional, que, por tanto, desvaloriza lo popular, considera a los indígenas como una especie de rémora del pasado y es incapaz de entender la lucha social reivindicativa como reacción contra las acciones gubernamentales, la dominación política y contra todo tipo de racismo y clasismo, que forman parte de herencias culturales e históricas que aún no se logran superar en la sociedad.
De otra parte, el movimiento indígena se ha visto limitado por cuanto el paro se concentró solo en ciertas regiones y con epicentro en la provincia de Imbabura, en la que, de acuerdo con los estudios sociológicos sobre el tema, se encuentra una población indígena muy preparada, productiva, con profesionales universitarios y hasta con una verdadera burguesía indígena como la que es notoria en la ciudad de Otavalo, que sufrió la represión.
Las clases dominantes no han podido entender que ya no tratan con indígenas de las haciendas del pasado, sino con comunidades conocedoras y muy claras sobre sus derechos como pueblos y nacionalidades, un tema que tampoco es dimensionado y que incluso no llega a ser admitido como eje de un nuevo Estado nacional. Desde luego, el movimiento indígena despertó el respaldo y solidaridad de amplios sectores principalmente en la Sierra, menor en la Amazonía y escaso en la Costa. Pero no se ha construido todavía un bloque popular orgánico y coordinado, sobre intereses nacionales comunes y no solo particulares al sector indígena. Al mismo tiempo, resulta paradójico que la reacción antigubernamental provenga de poblaciones indígenas que, por no votar por el “correísmo”, dieron su voto a favor de Daniel Noboa, contribuyendo a su triunfo electoral presidencial, algo que se tendrá que examinar al interior del movimiento, si quiere tener salida histórica a favor de sus demandas.
La represión sobre las comunidades indígenas ha resultado inédita en cuatro décadas de gobiernos constitucionales y produjo decenas de heridos y tres personas fallecidas. Las violaciones a los derechos humanos han quedado grabadas en videos que circulan en redes, así como en noticias por medios alternativos. Despertaron la atención de la prensa y los organismos internacionales como Amnistía Internacional, CIDH, Human Rights Watch, Reuters, DW, El País. Esto pone en evidencia que tampoco entre las fuerzas del orden se dimensiona el trasfondo explosivo del deterioro social ocasionado, en tan solo ocho años, por el avance del perverso modelo de la “libertad económica” (https://t.ly/RSsP-).
Como ha sido usual, desde las esferas oficiales se ha tomado un camino propagandístico para enfrentar el paro: vincularlo al “correísmo”, la “violencia” y hasta insinuar que forma parte del “terrorismo” supuestamente movilizado por los “grupos de delincuencia organizada” (https://t.ly/H2cXz). Nuevamente se advierte la incomprensión total de las raíces que provocan el estallido social en el país.
En Ecuador no puede preverse una solución definida para el largo plazo por más que se llegue a un acuerdo entre gobierno y movimiento indígena. Sujeto a las condiciones del FMI y a la voracidad con la que actúa el empresariado oligárquico, no se ve el camino para lograr un progreso económico sistemático, bajo un nuevo rumbo enfocado en lograr el bienestar humano basado en la paz, la seguridad ciudadana, la redistribución de la riqueza y el mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo de los ecuatorianos.
