Misión Verdad (21-10-25)
En pleno proceso electoral —las próximas elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre—, Argentina enfrenta uno de los escándalos más graves de su historia reciente: la irrupción del narcotráfico en el corazón del poder político.
Lo que antes se susurraba en los pasillos de la justicia o se denunciaba desde los márgenes del periodismo de investigación, hoy se expone con crudeza en documentos judiciales, testimonios y declaraciones que involucran directamente al partido de gobierno, La Libertad Avanza (LLA), y a su líder indiscutido, el presidente Javier Milei.
El epicentro del caso es Federico «Fred» Machado, un supuesto empresario minero que, según la justicia estadounidense, está acusado de lavado de activos, estafas y narcotráfico. Machado no solo financió con al menos un millón de dólares la campaña de 2019 del economista José Luis Espert —quien luego se integró a LLA—, sino que también mantuvo reuniones recurrentes con Milei en los inicios del espacio político libertario.
Documentos encontrados en su domicilio en Viedma, Río Negro, corroboran el vínculo contractual con Espert, lo que obligó a este último a renunciar a su candidatura legislativa en las elecciones de este año.
Pero el escándalo va mucho más allá. En una entrevista concedida horas antes de ser trasladado a prisión —y a días de su extradición a Estados Unidos, prevista para el 5 de noviembre—, Machado lanzó una amenaza que resonó como un terremoto político:
«Si yo hablo, se cae el país mañana».
Y dejó claro que su mensaje iba dirigido al círculo íntimo del presidente: «A Santiago Caputo le hago llegar un mensaje: ‘Yo no quiero ir a Estados Unidos. Si esto explota, yo fundo todo'».
Milei, entre el silencio y las contradicciones
Lo más explosivo no es solo la proximidad de Machado con figuras de LLA, sino las propias declaraciones del presidente. Gastón Alberdi, exaliado cercano de Milei y uno de los primeros en impulsar su carrera política, reveló en una entrevista que en 2021, el hoy mandatario le confesó haber asesorado a narcotraficantes.
«Él me lo dijo. Que había asesorado narcos», afirmó Alberdi, quien creyó inicialmente que se trataba de un rol profesional previo a su incursión en la política, pero hoy entiende que el vínculo era parte del armado político de LLA.
Alberdi detalló que, en aquel entonces, veía entrar y salir a Machado, a su primo Claudio Cicarelli, a su pareja Lorena Villaverde, y a otros funcionarios clave del entorno de Milei.
«A mí me lo presentaron como un empresario minero que tenía aviones y estaba colaborando con la campaña. Pero mirando para atrás me doy cuenta de que era narco-financiamiento espurio», dijo.
Y añadió: «Yo le dije a Milei que se sacudiera a los dos piojos, a Machado y a Rosales. Y él me respondió: ‘Bueno, qué hacemos’. Le sugerí que invirtiéramos las palabras: en lugar de Avanza Libertad, que sea Libertad Avanza».
«Yo seguí porque creí que habían sido solo Espert y Rosales. No pensé que había sido Javier. Yo pensé que Milei solo había asesorado a narcos en su rol profesional».
«Pero ahora me doy cuenta de que era ‘Fred’ Machado. Él me lo dijo. Que había asesorado narcos. No sólo a mí, se lo dijo también a Santiago Cúneo. Yo lo que le dije es que esperaba que no tenga nada que ver con el armado político. Y me dijo que no, que se reunían con empresarios y los asesoraban», reveló.
Finalmente, dijo: «Yo hace cuatro años lo vengo diciendo: el loco no era yo. Ahora todos se hacen los boludos. Yo ayer publiqué todos los depósitos que le hizo Machado a los Bada Vázquez (quienes luego aportaron a la campaña de Bullrich). Todos son negadores seriales, pero ahí están los resultados».
A pesar de las pruebas acumuladas, Milei ha defendido a Espert, calificando el escándalo como una «campaña sucia», y ha evitado pronunciarse sobre sus propios encuentros con Machado.
Mientras tanto, su gobierno impulsa una política de blanqueo de capitales que, según especialistas y jueces federales, facilita el ingreso de dinero ilícito al sistema financiero argentino. El presidente ha dicho que “el narcotráfico es un problema de Seguridad, no se lo combate con la Economía”, una postura que, según fuentes judiciales consultadas por Página/12, podría configurar instigación al delito de lavado de dinero.
Peor aún: Milei ha propuesto eliminar los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), una herramienta clave en la lucha contra el lavado, utilizada en el caso del abogado narco Carlos Salvatore, cuya red fue desmantelada gracias justamente a un ROS emitido por un escribano.
La sombra de Villaverde y el entramado en Río Negro
El caso Machado también arrastra a Lorena Villaverde, diputada nacional y candidata a senadora por Río Negro en la lista de LLA. Registros judiciales de Florida confirman que en 2002 fue detenida en Miami por intentar comprar un kilo de cocaína con 17.000 dólares, y que tiene prohibido el ingreso a Estados Unidos por ese motivo.
Villaverde niega las acusaciones y atribuye las filtraciones a una «campaña sucia», pero su relación con Claudio Cicarelli, primo y supuesto testaferro de Machado, refuerza las sospechas de un entramado local en Río Negro vinculado a negocios de arenas silíceas y permisos otorgados por funcionarios cercanos al gobernador Alberto Weretilneck.
Ante el escándalo, diputados opositores exigen su renuncia y su remoción de la Comisión de Energía, argumentando que su inhabilitación para viajar a Estados Unidos —país con el que Argentina negocia constantemente en el sector energético— la inhabilita funcionalmente. Milei, que planeaba una gira por Río Negro, canceló su visita.
El terreno fértil: estructuras que abonan un narcoestado
Más allá de los escándalos puntuales, lo que preocupa a especialistas, investigadores y organizaciones sociales es la profunda adaptación estructural del narcotráfico al tejido político, económico y territorial argentino. Como señalan múltiples estudios recientes —entre ellos los libros Narcosur (Cecilia González), País narco (Mauro Federico) y El poder narco (Eugenio Burzaco y Sergio Berensztein)—, el crimen organizado ha dejado de ser un fenómeno marginal para convertirse en un actor sistémico que opera con lógicas empresariales, redes transnacionales y una capacidad inédita de infiltración institucional.
Argentina ya no es solo un país de tránsito, como se creía décadas atrás. Se ha transformado en un centro logístico, financiero y de consumo clave para los cárteles latinoamericanos —especialmente el PCC brasileño y las redes mexicanas—, que han encontrado en sus debilidades institucionales, su porosa geografía fronteriza y su economía en negro un caldo de cultivo ideal.
La «macdonalización» del narcotráfico, como la define González, implica la tercerización de funciones, la creación de franquicias locales y la inversión en sectores legítimos: inmobiliario, agroindustrial, energético, incluso medios de comunicación.
Este proceso no ocurre en el vacío. Requiere connivencia activa o pasiva: jueces que archivan causas, fuerzas de seguridad que miran hacia otro lado, políticos que aceptan financiamiento opaco o funcionarios que promueven normativas que facilitan el blanqueo.
En este contexto, el proyecto económico de Javier Milei no solo no frena esa dinámica, sino que la potencia deliberadamente.
La propuesta de blanqueo sin preguntas, la eliminación de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), la desregulación financiera extrema y la apertura indiscriminada al ingreso de divisas —sin exigir origen ni destino— constituyen, en la práctica, una amnistía encubierta para el dinero ilícito.
Como advirtió José Sbatella, exdirector de la UIF, estas medidas violan estándares internacionales y nacionales contra el lavado, y sitúan a Argentina nuevamente en el camino de la «lista gris» del GAFI.
Peor aún: al presentar el narcotráfico como un «problema de seguridad, no económico», Milei desarma conceptualmente la respuesta estatal. Desarticula la inteligencia financiera, neutraliza a contadores, escribanos y bancos como actores clave en la prevención, y entrega al mercado —ese dios liberal— la responsabilidad de autorregularse.
Pero el mercado no autorregula el crimen; lo absorbe, lo normaliza y lo convierte en capital.
Esta connivencia no necesita ser explícita para ser efectiva. Basta con crear las condiciones estructurales para que el dinero sucio circule libremente. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo.
En un escenario donde el Estado se retira de la regulación, donde la política se subordina a la lógica del «dejar hacer» y donde los controles se consideran «intervencionismo», el narcotráfico no solo sobrevive: prospera.
Autores como Burzaco y Berensztein ya advierten que Argentina está al borde de una transición hacia un narcoestado: no en el sentido clásico de un país gobernado por capos, sino en el de un sistema donde las decisiones políticas, judiciales y económicas están capturadas o condicionadas por intereses ilícitos.
El caso Machado, con sus vínculos directos con el círculo íntimo del presidente, no parece un episodio aislado: es un síntoma.
Y si nada se corrige, podría convertirse en el prólogo de una nueva etapa: la de un país donde el poder legítimo y el poder criminal ya no se distinguen con claridad. Todo en nombre del dios mercado.
La impunidad geopolítica: el paraguas de Trump
Lo que hace aún más inquietante este escenario es la ausencia total de presión internacional, especialmente desde Washington. A diferencia de gobiernos anteriores —como el de Cristina Fernández de Kirchner, que debió librar una ardua batalla para salir de la «lista gris» del GAFI—, el gobierno de Milei no enfrenta críticas significativas desde Estados Unidos, a pesar de que Donald Trump ya asumió la presidencia en enero de 2025 y ha intensificado una ofensiva geopolítica y militar contra Venezuela, justificada precisamente en acusaciones de narcotráfico.
Resulta llamativo el contraste: mientras Venezuela es blanco de un despliegue militar estadounidense en el Caribe bajo la acusación de ser un «narcoestado» —una narrativa cada vez más cuestionada incluso dentro de Washington, donde se reconoce que el verdadero objetivo es un cambio de régimen en Caracas—, Argentina, con un escándalo real y documentado que involucra al presidente y su partido, permanece al margen de cualquier sanción o cuestionamiento.
Esta doble vara no es casual. Milei es un aliado ideológico y estratégico de Trump, cuya administración ve en el gobierno argentino un socio confiable en América Latina. Esta cercanía geopolítica actúa como un paraguas protector, permitiendo que Argentina avance hacia políticas que, en otro contexto, serían severamente sancionadas por organismos internacionales.
Como señaló el exdirector de la UIF José Sbatella, el capitalismo global no tolera la competencia desleal del dinero ilícito, porque distorsiona mercados, corrompe instituciones y termina acumulando poder político y judicial.
Sin embargo, en el caso argentino, esa lógica parece suspenderse cuando los intereses ideológicos y geopolíticos de Estados Unidos entran en juego.
Una advertencia desde las periferias
Mientras la clase política argentina se debate entre lealtades y silencios, desde las periferias urbanas llega una advertencia urgente. El padre Pablo Viola, de la Pastoral de Adicciones, denuncia que el narcotráfico no puede expandirse «sin una connivencia de la política, la justicia y las fuerzas de seguridad».
Para él, la «política prostituida», alejada del pueblo y cercana a los negocios oscuros, es la que permite que las mafias ocupen el vacío estatal y siembren pobreza, violencia y adicción.
Argentina parece haber cruzado una encrucijada, donde decidió correr el riesgo de normalizar una narcopolítica que ya ha devastado a países vecinos.
El tiempo de las excusas se agota. Y aunque Washington mire hacia otro lado —por conveniencia geopolítica—, quienes estamos viendo en cámara lenta cómo Argentina se está enlodando en la barbarie del capitalismo depredador no olvidaremos quién calló, quién mintió y quién permitió que el narco se sentara en la mesa de la Casa Rosada.
