Olga Rodríguez (El Diario, 5-11-25)
El incumplimiento por Israel de peticiones y órdenes de la Corte de La Haya coloca la pelota en el tejado de la ONU, donde hay herramientas para suspender a Israel, como exige la relatora de Naciones Unidas y como se hizo con la Sudáfrica del apartheid.
Y ahora, ¿qué? ¿No es posible prevenir, detener y sancionar un genocidio, como exige el derecho internacional? ¿Qué instrumentos existen para presionar a un Estado cuando comete crímenes masivos y aplica un sistema de apartheid?
El presidente de Estados Unidos y los gobiernos que apoyan su proyecto para Gaza transmiten la idea de que el asunto está encarrilado, dando a entender que el plan Trump es la ruta más conveniente. Sin embargo, la realidad sobre el terreno es diferente.
Israel viola de forma cotidiana el alto el fuego en Gaza, afianza una ocupación ilegal y consolida la expulsión de la población palestina de más de la mitad de la Franja por un tiempo indefinido, sin plazos. Desde el inicio de la tregua, hace tres semanas, ha matado a 239 personas, entre ellas decenas de niños y niñas, y ha herido a más de seiscientas.
Además, mantiene el bloqueo a la entrada de la ayuda necesaria. Solo ha permitido el ingreso en la Franja de un promedio de 145 camiones al día, muy por debajo de los 600 acordados y de los 1.000 al día que se necesitarían en el contexto actual.
El plan de EEUU para Gaza adjudica el 53% de la Franja al Ejército israelí, sin fecha de caducidad. Israel lo está usando para trazar una nueva frontera de facto, la línea amarilla. La relatora de Naciones Unidas para Palestina lo ha llamado “ocupación disfrazada”.
Mientras tanto, en Jerusalén Este y Cisjordania, Israel despliega un sistema de apartheid y un proyecto de anexión territorial de facto, ayudado por el reconocimiento estadounidense de Jerusalén como capital israelí, una clara violación de las resoluciones de la ONU al respecto. En la última semana el Ejército israelí ha matado a otros dos menores en Cisjordania.
Suspensión de Israel de la ONU
Ante el incumplimiento reiterado de Israel, hay propuestas de acción planteadas por la Corte Internacional de Justicia, por la Asamblea General de la ONU, por la Comisión de Investigación asignada por este organismo, por la relatora de Naciones Unidas para Palestina o por la máxima autoridad académica de expertos en genocidio.
En sus aportaciones a la nueva opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, uno de los jueces de dicho tribunal, Dire Tladi, indica que “la pelota está ahora en la cancha de los órganos políticos de Naciones Unidas para decidir qué acción tomar”, “usando las conclusiones de la Corte para lograr una solución justa, duradera y completa de la cuestión de Palestina”.
En su nuevo informe, presentado la pasada semana, la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, exige la suspensión de Israel de Naciones Unidas. No se trataría de una expulsión -algo que solo puede permitir el Consejo de Seguridad, donde EEUU vetaría la propuesta- sino de una suspensión de sus credenciales, como se hizo con la Sudáfrica del apartheid en 1974.
Es una vía para presionar y aislar diplomáticamente a un país cuando comete crímenes masivos de forma reiterada y cuando incumple e ignora las resoluciones de Naciones Unidas, como es el caso de Israel. Por ejemplo, esta misma semana el Gobierno israelí ha rechazado públicamente la nueva petición de la Corte Internacional de Justicia, que reitera la obligación de la “potencia ocupante” de permitir la entrada de toda la ayuda humanitaria necesaria y facilitar el trabajo a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, UNRWA, vetada por Tel Aviv.
En el mismo sentido que la relatora se han expresado varios juristas, como el profesor de Derecho en la Universidad británica SOAS, Nimer Sultany: “Ahora que está claro que Israel violó estas obligaciones básicas, es hora de que la Asamblea de Naciones Unidas retire el asiento de Israel en la misma, suspendiendo sus credenciales”.
En 1974 la Asamblea General de la ONU aprobó la suspensión de Sudáfrica –con el voto de 91 países a favor y 22 en contra– lo que impidió su participación en el organismo hasta la caída del régimen de apartheid sudafricano en 1994.
Suspender relaciones
En el informe presentado el pasado martes, titulado “Genocidio en Gaza: un crimen colectivo”, la relatora de la ONU, Francesca Albanese, señala la complicidad con el genocidio israelí de numerosos Estados, “principalmente occidentales”.
Por ello solicita a los países que suspendan sus relaciones armamentísticas, comerciales y diplomáticas con Israel para dejar de “contribuir a consolidar el sistema colonial de apartheid que ha derivado en genocidio”. Asimismo, exige la investigación y el procesamiento judicial de individuos y organizaciones que hayan podido contribuir a los crímenes israelíes o a su incitación, así como medidas para garantizar la reparación, la reconstrucción y el regreso de la población palestina expulsada y desplazada a la fuerza.
Además, exhorta a los pueblos del mundo a vigilar a sus gobiernos y a seguir presionando para lograr medidas de boicot, desinversión y sanciones, como se hizo con la Sudáfrica del apartheid.
Otro organismo asignado por la ONU, la Comisión de Investigación Independiente –que ha concluido en su informe que Israel comete genocidio desde 2023– recuerda que los países deben adoptar medidas para “prevenir, detener y sancionar” los crímenes masivos. Sus integrantes proponen, entre otros pasos, el cierre de las oficinas comerciales de los Estados en Israel, así como la suspensión de “cualquier acción que proporcione fondos que faciliten el sostenimiento de los asentamientos israelíes”.
La presidenta de dicha Comisión, la jueza Navi Pillay, recordó la pasada semana que Israel es responsable de “cuatro formas de genocidio con la intención específica de destruir la vida palestina” en la Franja. Además, subrayó que oficiales israelíes han respaldado planes “para la deportación de población” palestina y para “cambiar la composición demográfica” en los territorios ocupados.
“Las recientes declaraciones de oficiales israelíes dejan claro que estos objetivos siguen vigentes. La obligación de prevenir el genocidio no se ha detenido”, señaló la jueza en la presentación de su último informe hace unos días. “Los Estados tienen que asegurarse de que no habrá más daño en Gaza y Cisjordania y usar la justicia universal, también sobre sus ciudadanos con doble nacionalidad que hayan cometido crímenes”.
Resolución 377
El nuevo informe de la relatoría de Naciones Unidas también indica que los países deben reconocer el derecho de autodeterminación del pueblo palestino e impulsar la resolución “Unión Pro Paz” (377) (Uniting for Peace), aplicada por primera vez en 1950 para la guerra de Corea.
Esta medida está diseñada para permitir que la Asamblea General de la ONU actúe cuando el Consejo de Seguridad está paralizado por el uso sistemático de un veto que permite violaciones masivas del derecho internacional y agresiones armadas. En el caso que nos ocupa, este veto reiterado procede de EEUU.
A través de esta resolución la Asamblea puede recomendar medidas concretas, emitir condenas políticas contundentes, promover embargos, sanciones, rupturas diplomáticas y defender el envío de misiones de observación o fuerzas de paz. La relatora Albanese la solicita para “desmantelar” la ocupación israelí. Esa misión puede llevarse a cabo con el envío de fuerzas de paz internacionales o a través de otras medidas de presión.
Desmantelar el apartheid
El desmantelamiento de la ocupación israelí es un requerimiento establecido por varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, la primera de ellas en 1967. También es una obligación respaldada por la resolución de la Asamblea General de la ONU adoptada en septiembre de 2024, que resaltaba la ilegalidad de la ocupación israelí y establecía que esta debía acabar en un plazo específico: un año. Ese plazo ha concluido, pero los Estados del mundo siguen sin impulsar medidas para proteger este objetivo .
La Asamblea aprobó esa resolución basándose en el pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia de julio de 2024, que declara ilegal la ocupación israelí, señala la segregación racial contra la población palestina y pide a los países del mundo que adopten “medidas para impedir relaciones comerciales y de inversión que contribuyan” a la ocupación y el apartheid israelí.
En 2024 la Corte Internacional de Justicia de La Haya emitió otras declaraciones, de extrema importancia y de carácter vinculante, con órdenes cautelares que Israel ha incumplido. En enero, marzo y mayo del pasado año ese tribunal señaló la existencia de riesgo de genocidio en la Franja de Gaza y solicitó medidas para garantizar la entrada de productos necesarios y para levantar el bloqueo impuesto por Israel.
Desde la Comisión de Investigación Independiente creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se ha destacado que los países del mundo tenían la obligación de actuar, “si no antes, a partir de ese primer pronunciamiento” de la Corte de La Haya en enero de 2024. No se hizo y el genocidio se intensificó.
La alianza UE-Israel
Los incumplimientos reiterados de Israel y la acumulación de crímenes obligan a adoptar las medidas solicitadas por la Corte Internacional de Justicia en 2024 y 2025 y por la relatora de la ONU. Pese al cierre de filas de potencias occidentales que intentan convencer a la opinión pública de que no hay nada que reclamar, la realidad es que apenas se han impulsado las acciones necesarias y exigidas por el derecho internacional.
Tras dos años continuados de genocidio israelí en Gaza, con una extensión de la anexión ilegal de facto de territorio palestino y del sistema de segregación israelí, la Unión Europea sigue sin suspender su Acuerdo de Asociación preferencial con Israel, a pesar de que su artículo 2 exige respeto a los derechos humanos por ambas partes. Como destaca la relatora de la ONU, la UE es el mayor socio comercial de Israel. Eurovisión, la UEFA, Eurobasket o la FIFA también han aparcado la posibilidad de adoptar decisiones sobre la participación de equipos israelíes.
Estos días también se ha pronunciado Ben Saul, relator de Naciones Unidas para la promoción de los derechos humanos. Saul expresa su preocupación porque el plan de alto el fuego “no cumple los estándares mínimos” del derecho internacional, “no aborda las causas fundamentales del conflicto”, “no dice nada sobre la justicia y la rendición de cuentas”, “sustituye una ocupación por otra” y “preserva el statu quo fallido”, “marginando a Naciones Unidas y a la Corte Internacional de Justicia”.
“La violencia apocalíptica en Palestina indica a otros Estados que no hay consecuencias por matar de hambre a civiles y diezmar a sociedades enteras, lo que nos devuelve a la era de la tierra arrasada de la contrainsurgencia colonial”, advierte el relator de la ONU.
Los países de Naciones Unidas -y sobre todo, los Estados socios de Israel, lo que incluye a toda la UE- tienen la obligación de actuar para que se desmantele el sistema de apartheid y para que se detenga el proyecto de genocidio y ocupación colonial. Sin embargo, las estrategias políticas y comunicativas de gobiernos europeos buscan que olvidemos estos dos años y que escondamos el genocidio bajo la alfombra. Es decir, que legitimemos dinámicas que permitirían que mañana una potencia ocupante nos pueda masacrar a nosotros.
¿Van a cumplir los Estados con el derecho internacional? ¿Van a adoptar las medidas solicitadas por la Corte de La Haya, por la Comisión de Investigación y por la relatora de Naciones Unidas? Estas preguntas deberían plantearse diariamente en ruedas de prensa y comparecencias de presidentes y ministros. Lo que está en juego ahora ya no es solo el futuro de los palestinos, sino el papel de la ONU, de la democracia y de las leyes del orden global. Así lo ha destacado la relatora de la ONU, Francesca Albanese: “Desde las ruinas de Gaza debe surgir un nuevo multilateralismo. No una fachada, sino un marco vivo de derecho y dignidad. No para unos pocos, no de unos pocos, sino para la mayoría. Para las generaciones más jóvenes, el genocidio contra los palestinos es memoria en construcción que da forma a su identidad en el orden global. Y reconocida o no por los Estados, y aceptada o no por aquellos en el poder, la lucha palestina por la libertad se sitúa en el corazón del movimiento hacia un orden mundial verdaderamente decolonial”.
