Por: Ángel Moreta (Autor-Editor)
Consideramos que es muy lamentable que en el mes de la prevención de trata de personas, como es el mes de enero del presente año, tenga vigencia la ley 137-03 sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.
Lamentamos que en el país no se ha actualizado dicha ley para identificar a la mayoría de los casos de trata de personas. Muy al contrario, el mes de la trata de personas encuentra a la República Dominicana con una ley que data del 2003, que tiene 23 años y no se han actualizado mecanismos como los previstos en el plan nacional de acción contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes trazados entre los años 2009 al 2014.
La Comisión Interinstitucional contra la Trata (CITIN), elaboró el plan de acción contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, con el auspicio de la Organización Internacional para las Migraciones.
Lamentamos que ese plan nacional de acción se frustró y que no ha recibido continuidad; ese plan se sustenta en la ley 137-03 y el decreto No.575-07, y constituía en su momento un instrumento de política pública para luchar contra esos crímenes.
Sin embargo, muchas instituciones públicas no se integraron al plan de acción, por lo cual hoy puede ser considerado un plan cadavérico.
Toda esa situación es lamentable, a lo cual hay que añadir que se cumple un año de que el presidente de la República retirara el proyecto de nueva ley, instruyendo retirar del Congreso el proyecto relativo a la explotación y tráfico ilícito de migrantes, que había sometido por el Poder Ejecutivo y que no logró el consenso necesario con los distintos sectores, recientemente.
La institución sin fines de lucro, OFAL, ha manifestado preocupaciones por el incremento del crimen de tráfico de personas, que en la actualidad parece impune, pues a pesar de su auge, existen muy pocos expedientes judiciales sobre esa situación, por falta de compromiso.
Es muy lastimoso que hoy en día el proyecto de ley retirado del Congreso por el presidente no ha sido sometido de nuevo, dejando trunco el proceso de una ley actualizada y debidamente modificada.
El presidente Abinader deberá someter nueva vez el proyecto de modificaciones de la vieja ley No.137-03, sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, promulgada el 7 de agosto del pasado 2003, hace hoy 23 años de su formulación.
Produce frustración que haya mucha impunidad en las persecuciones y castigo de los hechos criminales sobre trata de personas, ya que son muy pocos los expediente que existen en la justicia, por lo cual invita al presidente de la República a que someta al Congreso Nacional ese proyecto de ley tan importante para investigar y sancionar el crimen organizado en la República Dominicana.
Los dominicanos debemos sentirnos orgullosos de que en el territorio nacional no existe apatridia, es decir, ciudadanos sin nacionalidad. El mismo Tribual Constitucional deja entrever en algunas de sus decisiones que existe una necesidad de migrar para poder sobrevivir y llevar una vida digna. En Haití tampoco hay apatridia, todos los ciudadanos serán reconocidos como ciudadanos haitianos porque la Constitución de Haití sostiene que el ciudadano haitiano es haitiano aquí o donde sea en virtud del lugar de nacimiento (jus solis).
Es un principio de gran importancia para los estudios sobre migración, ya que en República Dominicana predomina otro principio diferente, que es el jus sanguinis, es decir, que fundamentalmente en este caso se concibe que se es dominicano por la sangre y no por el lugar de nacimiento territorialmente hablando.
Ojalá el presidente Luis Abinader vuelva a someter la ley de modificaciones a la ley 137-03 y el Decreto 575-07, pues ambas piezas tratan sobre el mismo asunto.
