Ramona Wadi (Rebelión, 31-3-26)
«Esto no es una violencia fortuita. Es la estructura del colonialismo de asentamiento, levantado sobre las bases de la deshumanización y mantenido por por una política de crueldad y de terrorismo colectivo». La frase con la que concluye el resumen del informe sobre la tortura y el genocidio de la Relatora Especial de la ONUFrancesca Albanese para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU resume concisamente cómo Israel ha estado usando la tortura como parte de su aniquilación gradual del pueblo palestino. La tortura se ha convertido desde octubre de 2023 en un arma del genocidio de Israel.
Albanese señala que aunque la tortura es un crimen según el derecho internacional, la Convención [para la Prevención y Castigo del Delito de] Genocidio describe la tortura como un acto subyacente de genocidio «cuando se comete con la intención de destruir, totalmente o en parte, a un grupo protegido “como tal”». Albanese explica basándose el marco legal de la Convención [para la Prevención y Castigo del Delito de] Genocidio que «muchos [genocidios] se cometen por medio de prácticas continuas que destrozan cuerpos, mentes y la resiliencia colectiva».
La realidad histórica de la tortura desde el Mandato británico contextualiza las prácticas actuales de tortura que Israel inflige a la población palestina hoy en día. Israel incorporó las prácticas de tortura británicas después de 1948. En 1987 la Comisión Landau legisló de hecho a favor de la tortura de «una persona sospechosa de estar implicada en actividades terroristas». Con la impunidad como pilar fundamental, ¿qué ocurre cuando una entidad colonial de asentamiento que trata a la población palestina como objetivos legítimos de aniquilación considera ostensiblemente terrorista a toda la población palestina?
Lo que llama la atención al leer el informe no es la tortura a la que Israel somete a las y los presos palestinos desde octubre de 2023, sino el análisis de cómo Israel utiliza el genocidio como una forma de tortura. El informe de Albanese ilustra que los desplazamientos masivos, la destrucción de las infraestructuras y los centros de cultura de Gaza, y la aniquilación de la memoria colectiva que eso provoca, la destrucción del sistema de salud, la hambruna y las invalideces permanente, así como el armamento utilizado contra la población palestina de Gaza constituye todo ello formas de tortura.
Lo mismo se puede decir de la ocupada Cisjordania donde una vigilancia sofisticada y las incursiones militares, la destrucción de los campos de refugiados y de las tierras dedicadas a la agricultura constituyen todo ello formas de tortura y de violencia genocida.
Al haber priorizado el discurso de seguridad de Israel por delante de los derechos, tanto el Knesset [Parlamento israelí] como el sistema judicial de Israel han normalizado la tortura. Albanese escribe: «La tortura se ha convertido así en una empresa colectiva», lo que demuestra que todo el tejido social israelí se convierte él mismo en partícipe de las prácticas de tortura por medio del discurso colonial de asentamiento. «Al tener como objetivo a todo el pueblo, en todo el territorio ocupado y por medio de toda la conducta, el genocidio se ha convertido en la forma suprema de tortura: continua, generacional y colectiva».
Albanese afirma que la justicia debería «hacer frente a la tortura no como un crimen aislado, sino como un pilar fundacional del proyecto genocida cuyo objetivo es la aniquilación completa (la destrucción física y psicológica, el desplazamiento y la sustitución) del pueblo palestino». La tortura como política de Estado ha garantizado que no quede inmune ningún aspecto de la vida palestina. El informe ilustra lo que omiten los datos estadísticos: el precio que el pueblo palestino está pagando en su vida cotidiana por la complicidad de la comunidad internacional con el colonialismo y el genocidio.
