Niza Campos (D. Libre, 5-9-16)
Para el ex juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Julio Aníbal Suárez Dubernay, el sistema de justicia pasa por un mal momento, afectado por los bajos salarios de los jueces, así como los ataques e imputaciones del Ministerio Público en algunas decisiones.
—¿Cómo evalúa el sistema de Justicia, y qué hace falta para cambiar su imagen, deteriorada por la implicación de jueces en estructuras mafiosas?
El sistema de justicia en la República Dominicana está pasando por un mal momento en cuanto a la credibilidad de sus decisiones. Lo que abona el descrédito del sistema de justicia, son las decisiones inapropiadas, movidas por el temor a los demás poderes del Estado, por miedo o complacencia con el crimen organizado, el tráfico de dineros o de influencias y la incapacidad de algunos jueces. Incrementa el mismo, cuando la mora judicial es sobresaliente por la tardanza de los magistrados en resolver los asuntos puestos a su cargo, o la tolerancia y permisibilidad frente a las actitudes chicaneras de abogados que procuran la eternización de los procesos. La activación de los organismos de supervisión de los jueces, el fomento de las auditorías judiciales y un mejor sistema de evaluación de los magistrados, con la consecuente acción disciplinaria contra quienes violen las normas éticas y reglamentarias, ayudarán a levantar el crédito del sistema de justicia.
—¿Los bajos salarios que perciben los jueces, los hacen pasibles al soborno?
El Poder Judicial necesita un mayor presupuesto, no tan sólo para llevar el salario de los jueces y demás servidores a un nivel de aceptación, sino para dotarlos de mejores condiciones de trabajo y ampliar la seguridad social, también para cumplir con los requerimientos de infraestructuras, construcción de locales apropiados, puesta en funcionamiento de decenas de tribunales instituidos por leyes, equipamiento y aumento del número de jueces y servidores.
Si bien el salario bajo puede constituir un caldo de cultivo para la comisión de actos de corrupción, el mismo no justifica el soborno. No es el estado de necesidad económica la que genera los sobornos, sino la indignidad y falta de criterios éticos del sobornado, lo que queda demostrado con la gran cantidad de funcionarios millonarios que incurren en ese vicio.
—Algunos imputados obtienen su libertad con facilidad, ¿dónde radica el problema, en la instrumentación del expediente por parte del Ministerio Público o en los jueces?
Parte del proceso de concientización es hacer saber a la ciudadanía y a los medios, que hay una presunción de inocencia. No es grave que los imputados obtengan su libertad con facilidad, lo que si es grave es que después de esa libertad, el expediente quede archivado y no se continúe con el proceso, y que los culpables queden sin ser enjuiciados ni sancionados. Una cosa es ser imputado, otra es, ser culpable.
Las causas que generan la ausencia de una sentencia condenatoria después del sometimiento de un imputado, en ocasiones son como consecuencia de una mala instrumentación del expediente de parte del Ministerio Público, de la inacción de éste, pero también por los vicios, temores y complacencia política, antes indicados.
—Los jueces de las altas cortes ya agotaron el tiempo de su designación. ¿Cómo visualiza el proceso de escogencia, prevalecerá la capacidad o los vínculos políticos?
Los únicos jueces de las llamadas “altas cortes”, que ya agotaron el tiempo de su designación son los jueces del Tribunal Superior Electoral, y creemos que de ser electos por los actuales miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, se tomará en cuenta para su escogencia a personas, que si bien no sean miembros del partido gobernante, sean afines a él y sus dirigentes.
—¿Los jueces deben ser vitalicios o removidos cada cierto tiempo?
No es posible la independencia del Poder Judicial sin que los jueces sean inamovibles por tiempo indefinido, que es muy distinto a ser vitalicios. Los jueces vitalicios son aquellos que no cesan en sus funciones, sino con su muerte. Los actuales jueces de la Suprema Corte de Justicia, no son vitalicios, porque deben retirarse a los 75 años, también pueden ser destituidos si incurren en faltas que ameriten su separación, pero gozan de una inamovilidad absoluta.
—¿Cómo ve la Justicia en los próximos 10 años, mejor o peor de los que está?
Mi aspiración es que logre una total independencia de los demás poderes del Estado, lo que no se concretizará, si no se cumple con la autonomía funcional, administrativa y presupuestaria que manda la Constitución. Aspiro, además, que la Justicia se vea como un todo. Que el Ministerio Público termine por entender, que su papel frente a un fallo con el que no esté de acuerdo, es el de recurrirlo y no de hacer un show mediático, para desacreditar y descalificar, no sólo a los jueces que lo dictaron, sino a todo el Poder Judicial.
