I
(El Caribe, 18-4-17)
Mónica Moura, esposa del publicista Joao Santana, afirmó ante el juez federal Sergio Moro, que no hubo aportación alguna de la empresa constructora Odebrecht, ni de ninguna otra empresa brasileña, a campañas electorales en la República Dominicana.
Según informaciones del portal Globo.com de Brasil, Moura dijo que Odebrecht contribuyó en campaña en Panamá, Venezuela y Angola, pero no en República Dominicana
“De todas las campañas que hicimos en el exterior: Panamá, Angola, Venezuela… Odebrecht contribuyó en todas esas. Las únicas elecciones en las que nunca contribuyó, ni ninguna otra empresa brasileña contribuyó, fueron República Dominicana, que no tuvo ningún dinero de Odebrecht, y las campañas de Argentina, que hicimos tres o cuatro y no contribuyó en ninguna” afirmó Moura. “En Dominicana y Argentina nunca, nada”.
Las declaraciones de Moura coinciden con las que hizo anteriormente Hilberto Mascarenhas, jefe del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, quien había declarado ante el Tribunal Superior Electoral que los países extranjeros en los que la empresa realizó aportaciones a campañas electorales habían sido cuatro: Angola, Panamá y El Salvador y Venezuela.
Brasil
Moura sí admitió que las campañas presidenciales de Dilma Rousseff fueron financiadas ilegalmente.
Según el portal G1, Moura declaró ante el juez federal Sérgio Moro, responsable de las investigaciones alrededor del caso Petrobras, ante el que dijo que desde 2006, todas las campañas electorales del PT recibieron dinero sin declarar, supuestamente desviado en la trama de corruptelas en la petrolera estatal.
Según ella, el grupo Odebrecht financió irregularmente la campaña electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en 2006, en la que logró la reelección en la Presidencia, la de Dilma Rousseff en 2010 y la de la entonces mandataria en 2014, en la que fue reelegida.
También citó la campaña municipal de 2012 en la que Fernando Haddad, del PT, logró la victoria en Sao Paulo, la mayor ciudad de Brasil y de Suramérica.
Mónica Moura también aseguró que Odebrecht pagó las campañas electorales dirigidas por su marido en Panamá, Venezuela, Angola y El Salvador.
En el caso de El Salvador, el pago se hizo a pedido de Lula, intermediado por el exministro Antoncio Palocci, preso por su vinculación con la trama de corruptelas.
En Brasil, el pago para la campaña electoral de Rousseff en 2010 no declarado corrió a cargo del propio PT y de Odebrecht, mientras que en 2014, fue a cargo íntegramente de la constructora.
Moura también aseguró ante el juez Moro que no hay ningún publicista electoral en Brasil que haga una campaña sin recibir dinero no declarado.
Santana y Moura están presos desde febrero de 2016 y fueron condenados a 8 años de prisión por haber recibido dinero desviado ilegalmente de la trama de corruptelas en Petrobras, aunque pactaron a inicios de mes con la Justicia delatar las irregularidades a cambio de tener una rebaja en sus condenas.
Joao Santana, considerado uno de los publicistas electorales de más renombres de América Latina, fue el responsable de dirigir la campaña electoral de Lula en 2006, en la que logró la reelección, y las de Dilma Rousseff en 2010 y 2014, de la que pasó a ser consejero político.
II
Hogla E. Perez (D. Libre, 18-4-17)
La Procuraduría General de la República reintrodujo la pasada semana el acuerdo firmado con la empresa Odebrecht, donde ésta admite el pago de sobornos a funcionarios para ser favorecidos con obras del Estado, cuyos nombres dará una vez sea homologado.
La decisión sobre la homologación basado en el criterio de oportunidad de la cual fue apoderado de un modo no regular el Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, se emitirá mañana en la tarde.
De acuerdo con una fuente vinculada al caso, el sorteo del tribunal que conoció la resolución de peticiones que permitirá al Ministerio Público tener en 30 días información que permitirá identificar quienes fueron sobornados en el país por Odebrecht, no fue hecho en presencia de José Alejandro Vargas, juez coordinador de los Juzgados de Instrucción.
Una vez firmado el auto de apoderamiento de un tribunal, el lunes 10 de abril, Vargas se retiró de la oficina coordinadora y no participó del sorteo del expediente conocido la mañana de ayer en audiencia por el Tercero de Instrucción.
El procurador Jean Alain Rodríguez consideró atinada la aplicación del criterio de oportunidad para Odebrecht S. A., ya que viabiliza la ejecución del acuerdo con la multinacional que se comprometió a retribuir US$184 millones al Estado por el soborno pago.
Dijo que los datos que entregará la empresa junto a la información que será suministrada por las autoridades brasileñas y la recabada durante la investigación local, permitirán realizar, “más rápido de lo que muchos esperan, el sometimiento a la justicia de todo el que, sin excepción, haya violado las leyes”.
Señaló que el acuerdo sólo abarca lo relativo al soborno, por lo que no limita que se realice alguna investigación sobre otras infracciones.
III
Mariela Mejia (D. Libre, 17-4-17)
El conocimiento público en las últimas semanas de las declaraciones de un grupo de delatores de Odebrecht en Brasil ha movido a la clase política de ese país y traspasa fronteras.
Una de las informaciones refiere que, en vista del avance de la Operación Lava Jato, la estructura física de la División de Operaciones Estructuradas -desde donde la empresa hacía pagos irregulares a oficiales gubernamentales de distintos países- se llegó a transferir parcialmente a la República Dominicana.
Además, que los exejecutivos de Odebrecht, Luiz Eduardo Soares y Fernando Migliaccio, se mudaron a Miami, Estados Unidos, desde donde viajaban semanalmente al nuevo local de trabajo.
Así lo indica un expediente de fecha 4 de abril de 2017, publicado en la página web del Tribunal Supremo Federal de Brasil, sobre una decisión del relator del caso Lava Jato, Edson Fachin, referente a las declaraciones de Marcelo Bahia Odebrecht (expresidente del grupo empresarial) y Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho (exdirector de la División).
En este documento se concede una petición del levantamiento de confidencialidad de archivos y el envío de copias de las declaraciones.
El grupo escogió a la República Dominicana atendiendo a que les resultaría viable mantener las operaciones desde el país. En la transcripción del testimonio ante el Tribunal Superior Electoral de Brasil de Migliaccio da Silva (de fecha 10 de marzo de 2017), se cita que el declarante estimó que en 2014 la caja -que se gestionaba desde la División-, movió entre US$650 millones y US$700 millones.
Da Silva, un exejecutivo de la División, declaró que ese departamento se abastecía del excedente de proyectos de la multinacional mayormente fuera de Brasil.
Un expediente de la justicia estadounidense detalló que entre 2001 y 2014, Odebrecht decidió que se hicieran más de US$92 millones en pagos de sobornos en la República Dominicana, y que la mayoría de esos pagos se realizó con fondos de la División de Operaciones Estructuradas, con la autorización del “Empleado 6 de Odebrecht”.
La Procuraduría dominicana continuará esta semana con los interrogatorios a ex funcionarios, funcionarios y legisladores.
Las autoridades brasileñas buscan que la Procuraduría (de ese país) se manifieste sobre la posibilidad de que los crímenes cometidos en el exterior por Odebrecht, que envuelven a personal público o privado, sean juzgados en Brasil. Se precisa decidir ahora si los crímenes cometidos en el extranjero están sujetos a la jurisdicción brasileña, a la luz de dos artículos del Código Penal.
IV
Hogla E. Perez (D. Libre, 25-4-17)
El acuerdo firmado entre la Procuraduría General de la República y Odebrecht no sería impedimento para someter a la justicia a los ejecutivos de la empresa en caso de que se confirme que sobrevaluaron las obras construidas en el país.
Así lo consideran varios juristas consultados por Diario Libre respecto a si entraría en juego el principio de la doble persecución penal (non bis in idem) contra la constructora y sus ejecutivos tras haber firmado un acuerdo para que no sean procesados penalmente luego de admitir haber pagado soborno para ser favorecidos con obras, mismo que fue homologado por un juez.
Los abogados Manuel Fermín Cabral, Cándido Simón, Valentín Medrano, Miguel Valerio, Félix Damián Olivares y Carlos Balcácer coinciden en establecer que los hechos o el dolo admitido por la empresa brasileña en el acuerdo es únicamente el soborno y que la sobrevaluación sería una estafa contra el Estado, la cual es sancionada por una ley distinta a la del soborno, por lo que no se podría usar el acuerdo como excusa para liberarse de una eventual acusación.
Cabral, al igual que sus homólogos explicaron que para el non bis in idem tendría que verificarse la triple identidad; sujeto, causa y fundamento, y que en este caso los procesados serían los ejecutivos, “puesto que en los tipos penales derivados de la sobrevaluación no existe concretamente responsabilidad penal directa para la persona moral, (Odebrecht)”.
Sin embargo Olivares considera que se podrían hacerse ajustes para que Odebrecht compense los valores recibidos en exceso sin necesidad de acudir a la vía penal porque a fin de cuentas lo que interesa es recuperar los valores.
Los juristas expresaron que para determinar si hubo sobrevaluación y proceder penalmente en ese sentido es indispensable una auditoría de la Cámara de Cuentas.
V
Niza Campos (D. Libre, 25-4-17)
La Cámara de Cuentas anunció ayer que expertos brasileños en auditoría forense darán asesoría a los técnicos criollos en el experticio que busca establecer si ciertamente hubo sobrevaluaciones.
El presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, precisó que solicitó colaboración al titular de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs), y miembro de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), de Brasil, ministro Augusto Nardes y al director de la Escuela Superior de Cuentas de la Unión, también en esa nación, Mauricio Alburquerque. La EFS tiene amplia experiencia en auditorías de obras públicas y obras viales.
“Nos han prometido el envío a República Dominicana de dos expertos en ese tipo de auditorías para que asesoren al equipo de auditores que el Pleno de la Cámara de Cuentas designará para realizar dicho trabajo”, enfatizó.
Álvarez Pérez señaló que se trata de un proceso técnico que requiere de cierto tiempo y de un personal calificado para realizar la experticia.
“Pueden tener la seguridad de que si ocurrió algún tipo de anomalía, el Pleno de esta Cámara de Cuentas, en el momento oportuno, rendirá un informe al funcionario que nos apoderó, para que este a su vez tome las medidas”, expresó.
En torno al tema, el director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Iván Ogando, calificó como positiva la medida de auditar, aunque advierte que existe un alto nivel de desconfianza en las instituciones nacionales que lleva a muchos a pensar como única garantía de imparcialidad, la contratación de una firma internacional.
“Lo que habría que ver es si la Cámara de Cuentas dispone del experticio técnico necesario para llevar a cabo una investigación exhaustiva, que debe necesariamente ir más allá de la simple auditoría financiera de los proyectos”, enfatizó. Dijo que entre las atribuciones de la Cámara de Cuentas está investigar las denuncias de hechos ilícitos contra el patrimonio público y la sobrevaluación de obras cae en ese ámbito.
El procurador general de la República, Jean Rodríguez, solicitó a la Cámara de Cuentas realizar una auditoría forense a todas las obras construidas en el país por la empresa Odebrecht, “para determinar en forma veraz si en las mismas existen sobrevaluaciones”. Por lo menos 17 grandes obras han sido construidas en el país, por la empresa de capital brasileño.
VI
(Listin, 25-4-17)
El presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), Hugo Álvarez Pérez, informó ayer que la institución comenzó a tomar las medidas necesarias para detectar cualquier tipo de irregularidad en las obras construidas en el país por la empresa Odebrecht, atendiendo a la solicitud hecha por el procurador general de la República, Jean Rodríguez.
Anunció que, como miembro de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs), y por la experiencia que tiene la EFS de Brasil en auditorías de obras públicas y obras viales se han comunicado con su presidente, el ministro Augusto Nardes, y con el director de la Escuela Superior de Cuentas de la Unión, de ese país sudamericano, Mauricio Alburquerque, “quienes nos han prometido el envío a República Dominicana de dos expertos en ese tipo de auditorías para que asesoren al equipo de auditores que el Pleno de la Cámara de Cuentas designará para realizar dicho trabajo”.
Indicó que a partir de la solicitud del Procurador están tomando las medidas necesarias con los expertos de la entidad fiscalizadora en auditorías de Obras Públicas y de obras viales “para detectar cualquier tipo de irregularidad a través de técnicas de investigación criminalística integradas con la contabilidad”.
“Frente a la solicitud hecha por el Procurador General de la República, de realizar una auditoría forense a las obras construidas por Odebrecht, con miras a examinar con objetividad, calidad y profesionalidad si las mismas están o no sobrevaluadas, esta Cámara de Cuentas le informa al país que cumplirá con el rol que le fijan la Constitución de la República, la Ley 10-04 y su Reglamento de Aplicación 06-04”, agregó.
Álvarez Pérez señaló que se trata de un proceso técnico que requiere de cierto tiempo y de un personal calificado para realizar esta experticia.
“Pueden tener la seguridad de que si ocurrió algún tipo de anomalía, el Pleno de esta Cámara de Cuentas, en el momento oportuno, rendirá un informe al funcionario que nos apoderó, para que este a su vez tome las medidas pertinentes”, expresó.
Ministro de Energía apoya auditoría
El ministro de Energía y Minas (MEM), Antonio Isa Conde, apoyó la decisión de auditar cuanto antes las obras de infraestructura de la constructora Norberto Odebrecht para contar con expedientes bien fundamentados cuando sean emprendidos los casos judiciales sobre los presuntos sobornos de la compañía en la República Dominicana.
Isa Conde calificó correcta la decisión de la Procuraduría General de la República de elevar la solicitud de auditoría ante la Cámara de Cuentas, pues esto constituye una garantía de que los expedientes no se caigan en los tribunales, como frecuentemente ocurre.
“Lo peor es tú iniciar un proceso que se te caiga en los tribunales. Esos expedientes hay que instrumentarlos bien porque incluso una de las maniobras que se han usado aquí es excusarse en que los expedientes estaban mal sustentados. Esas son de las cosas básicas que nosotros tenemos que cuidar para realmente ponerle fin a la impunidad”, dijo el ministro.
Al participar en el programa radial Cuentas Claras, Isa Conde destacó que el Gobierno ha tomado medidas para transparentar el gasto público, pero aún falta fortalecer el régimen de consecuencias para que los funcionarios tengan claro que si cometen actos de corrupción serán sometidos a la justicia y castigados, que no habrá impunidad.
Afirmó que con el acuerdo firmado entre la Procuraduría y Odebrecht, homologado por un juez, es que empieza el proceso para poner fin a la impunidad y para someter a la justicia a los implicados en los presuntos sobornos.
