Profesiones peligrosas

«Todo aquello por lo que luchamos y en lo que creemos —la libertad, la igualdad, la justicia- encuentra su máxima expresión en el despacho de un concejal, pues es allí donde todos esos valores se concretan en personas con rostro». Horacio Amezúa, pensador argentino.

«Cuídate bien del que te niega el acceso a la información, porque en el fondo de su corazón, tan solo desea ser tu amo». Anónimo

Cerca de setenta y tres alcaldes asesinados en apenas una década (2005-2015), un centenar de periodistas víctimas de parejo infortunio en los últimos tres lustros, dan macabra fe de ello.

Según informe de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República (PGR), Chihuahua y Veracruz encabezan el lóbrego inventario con dieciséis periodistas asesinados cada una, entidades federativas que repiten en el capítulo de alcaldes privados de la vida (tres y dos, respectivamente) y en el que Michoacán, Oaxaca y Durango, con cinco homicidios en cada uno, se inscriben como los estados más problemáticos, en apego estas últimas cifras a datos proporcionados por asociaciones como la de Autoridades Locales de México A.C. (AALMAC) y la Nacional de Ayuntamientos y Alcaldes (ANAC).La mismas fuentes reportan que Tamaulipas (13), Guerrero (11), Sinaloa (7), Oaxaca (6) y Durango (5) le abonan a la numeralia de periodistas asesinados, a la que también tributan la Ciudad de México y Michoacán (4), Nuevo León y Sonora (3), Jalisco, Puebla y Coahuila (2) y Tabasco, Baja California, Chiapas, Quintana Roo y Morelos (1).

Por su parte, dos alcaldes asesinados en el Estado de México y en Nuevo León y uno «per cápita» en Tabasco, Guerrero, Tamaulipas, San Luís Potosí, Coahuila, Morelos, Zacatecas y Puebla, aportan números lamentables a unas estadísticas que pudieran aumentar con las cifras de primeros ediles y periodistas desaparecidos, o la de ataques a medios de comunicación, contabilizadas todas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Las cifras preocupan y duelen y no solo por el drama familiar que genera cada vida cobrada, cada rostro velado. Preocupan y duelen asimismo por el drama social que tal situación supone para la impúber democracia mexicana. El asesinato de periodistas y alcaldes es un ataque a la libertad de expresión consubstancial a toda democracia. Si por un lado se busca acallar lo que expresa una voz individual, del otro se busca acallar la voz popular expresada con votos: las balas deponen lo que las urnas imponen.En un país donde la corrupción y la criminalidad presentan tasas muy altas y han devenido en artes de gobierno, parece inevitable que quienes las enfrentan desde un cargo público o desde la sala de una redacción corran el riesgo de engrosar la sangrienta numeralia de la violencia. Ello deviene en la mordaza que supone la autocensura cuando el exilio forzado no fue la opción primera del periodista; ello deviene en la mordaza que supone coercer la participación popular en la gestión política cuando el desencanto no ha impuesto aún sus reales. A ello cabe sumar la aritmética de la inseguridad en la que el incremento de las agresiones lleva a la imposibilidad de investigar a fondo cada una de ellas lo que fomenta a su vez un clima impunidad que se traduce en un «crescendo» en el accionar de los criminales: se cierra así un círculo vicioso donde causa y consecuencia se entreveran.

Como enuncian los reportes, Veracruz y Chihuahua son los estados con el mayor número de periodistas asesinados, y Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz presentan los montos más desoladores en cuanto a la violencia contra alcaldes se refiere. Las cifras son previsibles por ser regiones en donde la actividad del narco es muy notoria. El asesinato de alcaldes revela el interés del crimen organizado por los municipios. Controlar los municipios es controlar la mina de oro de la venta al menudeo, la extorsión y el cobro de piso, una realidad embozada tras la repercusión mediática del narcotráfico a gran escala. De ahí que quienes no sucumban a la corrupción corran el riesgo de una muerte violenta, la misma a la que se exponen quienes se atreven a develar la red de complicidades que el narco teje desde los cabildos.Sin embargo, que sea a ese nivel donde se engendre todo no debe llevar a pensar que se está ante un fenómeno a combatir localmente. El asesinato de una autoridad municipal, de un informador regional, desborda los límites de la comuna; es una afrenta al gobierno federal exhibido como inepto en la tarea de procurar la seguridad necesaria para el ejercicio del mandato del pueblo, una afrenta a la plena libertad popular que supone una sociedad informada. Por demás, si las autoridades son víctimas del crimen, si quienes informan de ello terminan por convertirse en la noticia que ya no podrán divulgar, qué seguridad podrá presumir el gobierno ante los ojos de una población que asiste desconcertada al derrumbe de su empoderamiento, ese que dimana de un voto trienal, ese que implica el manejo oportuno y transparente de la información veraz.