Misión Verdad (6-10-25)
El reciente despliegue de medios militares de Estados Unidos en el Caribe, ordenada por la administración Trump, ha configurado un dispositivo que excede el argumento oficial de las «operaciones antidrogas».
Estas maniobras se han traducido en acciones letales frente a las costas de Venezuela, una estrategia de presión militar sostenida. El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que el país atraviesa una guerra de resistencia prolongada.
Como lo expresó el presidente Nicolás Maduro en un encuentro con periodistas internacionales el pasado 15 de septiembre:
«Todos saben que es mentira lo del narcotráfico. Todos saben que son mentiras esas acusaciones. Y todo el mundo sabe que la única verdad es que quieren un cambio de régimen. ¿Para qué? Para imponer un gobierno títere y apoderarse del petróleo de Venezuela».
La claridad del señalamiento presidencial desmonta la narrativa oficial de Washington y expone el trasfondo energético y geopolítico que guía estas funestas acciones.
La agresión, además, no ha estado exenta de cuestionamientos dentro de Estados Unidos: el 16 de septiembre de 2025, líderes demócratas de los principales Comités de Seguridad Nacional y de Servicios Armados del Congreso expresaron su rechazo al segundo ataque militar contra una embarcación en aguas venezolanas.
En su declaración afirmaron:
«La peligrosa expansión y el abuso de la autoridad presidencial por parte de Trump corren el riesgo de arrastrarnos a otra guerra interminable. No ha establecido un objetivo militar claro ni ha dado ninguna explicación de cómo podría terminar este uso de las fuerzas militares».
Esta postura visibiliza la ausencia de una estrategia coherente por parte del Ejecutivo estadounidense, y también el peligro de involucrar a tropas estadounidenses en un escenario sin objetivos definidos.
Los legisladores fueron aún más enfáticos al señalar la usurpación de competencias constitucionales en la conducción de estas operaciones:
«La falta de transparencia e intercambio de información con el Congreso, que tiene la responsabilidad constitucional de declarar la guerra y autorizar o limitar el uso de la fuerza, representa una amenaza aún mayor para nuestro sistema democrático de gobierno».
La crítica indica un punto de quiebre dentro del propio sistema político estadounidense, ya que, mientras la Casa Blanca, influenciada por la agenda del secretario de Estado y asesor interino de Seguridad Nacional, Marco Rubio, insiste en elevar el nivel de confrontación, el Congreso alerta sobre los riesgos de una deriva autoritaria y sin sentido en la política exterior.
En este contexto, Venezuela se convierte tanto en objetivo de una campaña de agresión como en un escenario donde se proyectan las disputas internas del poder estadounidense, incluyendo las diatribas dentro del gabinete de Trump.
Asimismo, el comunicado denunció que la decisión del presidente Trump fue unilateral y sin autorización del Congreso, al igual que en el primer ataque registrado el 2 de septiembre. Se subrayó que el uso de la fuerza se justificó bajo la premisa de que una pequeña embarcación con tres personas a bordo representaba una amenaza inmediata contra Estados Unidos, cuando, de acuerdo con los congresistas, se trataba de un asunto que debía haberse manejado mediante una respuesta policial y no con medios militares.
Más analistas y políticos rechazan la operación
El debate sobre la legitimidad y conveniencia de las acciones militares contra Venezuela no se limita a las diferencias partidistas en el Congreso, sino que ha alcanzado a expertos, asesores y voces influyentes en la academia y los medios.
Analistas como Mark Cancian, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, advierten que una escalada militar contra objetivos en territorio venezolano «no va a derrocar al régimen, no va a fortalecer a la oposición, y solo alienta el avispero».
En la misma línea, varios legisladores han alzado la voz contra lo que consideran una extralimitación presidencial. El representante Greg Casar, demócrata por Texas, fue enfático al declarar que «no se puede permitir que Trump arrastre a Estados Unidos a otra guerra interminable con sus acciones imprudentes».
Más contundente aún fue el representante Donald Beyer, quien calificó la ofensiva como «una idea terrible» y denunció que Trump está pasando «de asesinar personas en barcos sin cargos ni debido proceso a lo que parece un cambio de régimen por la fuerza militar». Un «presidente de paz» no inicia guerras nuevas, imprudentes e innecesarias, concluyó Beyer.
La ausencia de pruebas concretas también fue resaltada por Juan González, exasesor de la Casa Blanca, durante una entrevista con Patricia Janiot: «No existen evidencias que respalden que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dirija algún cártel del narcotráfico».
González sostuvo que durante su paso por el gobierno tuvo «acceso absoluto a toda la información y a la mejor inteligencia del mundo» y que, con base en ello, puede afirmar que:
«No hay evidencia. Hemos entrado a Irak con evidencia falsa, y aquí tenemos que reconocer que no hay una evidencia concreta del rol de Maduro como jefe de un cártel o el Tren de Aragua».
La declaración del exasesor pone en entredicho el núcleo mismo del relato oficial, pues cuestiona la validez de los informes de inteligencia que sustentan la escalada militar.
De hecho, González propagó un artículo de Cristóbal Sabatini, investigador principal para América Latina en Chatham House, publicado por The New York Times, donde ofrece una radiografía de las contradicciones que atraviesan la actual ofensiva de Washington.
En sus palabras, Estados Unidos ha desplegado una fuerza militar desproporcionada en el Caribe, y el propio autor recuerda un dato crucial: Venezuela no figura entre los principales proveedores de drogas ilícitas hacia Estados Unidos, ni tiene participación relevante en el tráfico de fentanilo, según reportes de la DEA.
Este contraste revela que el discurso antidrogas funciona como un pretexto. Para Sabatini, la verdadera motivación es política, cuyo objetivo de fondo sería forzar fracturas internas en la estructura militar y estimular la agenda de cambio de régimen «barato», es decir, sin una invasión abierta pero con suficiente presión para inducir deserciones y golpes palaciegos, indica Sabatini.
El investigador señala, además, que el giro estratégico del presidente Trump tiene un componente personal. Tras el fracaso de la «era Guaidó», percibido por la Casa Blanca como una humillación, Trump busca revancha redoblando la apuesta: ya no en nombre de la «promoción de la democracia», sino bajo la narrativa del «narcoterrorismo».
En esa ecuación, Sabatini advierte que prolongar la «diplomacia de las cañoneras» con derribos de barcos o ataques quirúrgicos solo aumentaría el riesgo de muertes de civiles y de un aislamiento internacional de Estados Unidos en la región:
«Si el ejército estadounidense continúa atacando objetivos sin el debido proceso, se corre el riesgo de matar a transeúntes inocentes, lo que podría impulsar a otros países de la región a alzar la voz con mayor firmeza».
Ahora bien, el hecho ha dividido incluso al propio Partido Republicano. El senador Rand Paul alertó que la decisión sienta un precedente peligroso y preguntó: «¿La nueva política de la Guardia Costera será disparar sin hacer preguntas?».
Paul cuestionó duramente la defensa hecha por el vicepresidente J.D. Vance sobre el ataque militar contra la embarcación. El senador recurrió a una referencia literaria para ilustrar la gravedad del precedente: Matar a un ruiseñor, la célebre novela de Harper Lee que denuncia las injusticias de condenar a un acusado sin juicio.
El legislador libertario advirtió que glorificar la ejecución inmediata de presuntos delincuentes sin debido proceso constituye una peligrosa desviación de los principios fundamentales del sistema de justicia estadounidense. «¿Qué ocurriría si los acusados fueran ejecutados sin juicio ni representación?», cuestionó en redes sociales, en abierta crítica a la narrativa de Vance.
A estas críticas se sumó la profesora Oona Hathaway, de la Universidad de Yale, quien señaló el carácter antijurídico del ataque al no existir una amenaza inminente que lo justificara. Hathaway advirtió que la exclusión del Congreso de todo el proceso revela una administración que «no siente que tenga que seguir las reglas ordinarias del juego».
En definitiva, la ofensiva militar de Estados Unidos contra Venezuela no responde a un consenso institucional ni a una estrategia unificada en Washington. Por el contrario, refleja una colisión de agendas personales y partidistas.
Un Marco Rubio empujando la línea dura de la agenda de cambio de régimen, otros funcionarios buscando réditos políticos internos y voces críticas (incluso dentro del Partido Republicano) que cuestionan la legalidad y el sentido de la operación.
La narrativa del narcotráfico, que funciona como pretexto oficial, carece de sustento real, es una burda mentira. Ni la DEA reconoce a Venezuela como un actor central en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, ni se han presentado pruebas sólidas que justifiquen una escalada de esta magnitud.
Nadie cree en esa versión, y ahí radica la contradicción que termina desnudando el trasfondo verdadero.
Se trata de desestabilizar para luego intentar convertir a Venezuela en un enclave administrable, un protectorado de facto, desde el cual se pueda gestionar y explotar no sólo el petróleo y los minerales, sino también el espacio marítimo estratégico, las rutas comerciales, las plataformas logísticas, las influencias geopolíticas y las ventajas geoestratégicas que ofrece su territorio. Es por ello que la guerra de Estados Unidos es sostenida y multidimensional.
