Por: Ángel Moreta (Autor-Editor)
Así como Donald Trump ha ofrecido 50 millones de dólares a la persona que resulte agraciada por delatar a Nicolás Maduro, del mismo modo podría Venezuela ofrecer 50 millones por la cabeza de Donald Trump, presidente de la potencia del norte.
Vivimos el inicio de un mundo multipolar, pluricéntrico, pluricultural, con un grupo de países importantes que ha iniciado la gran labor de liberación de la humanidad de las garras del imperialismo norteamericano, así también puede Venezuela, importante país de América Latina en estos momentos claves, ofrecer 50 millones por la cabeza del presidente de Estados Unidos. ¿Quién puede impedirlo
Ya el mundo tiene muchos protagonistas, ya el mundo puede responder, aunque no en igualdad de condiciones, de la misma forma que lo hace Estados Unidos.
50 millones por la cabeza de Nicolás Maduro. 50 millones por la cabeza de Donald Trump ¿Por qué no puede Venezuela ofrecer la misma receta? Evidentemente que puede, ya ofertaron antes su asesinato sin ofertar un solo dólar.
Pero debido a que los Estados Unidos y el presidente Donald Trump se consideran excepcionales estacionando una flota en las costas de mar caribe frente a Venezuela, del mismo modo Venezuela tiene el derecho y el deber de combatir y convertir en chatarra, aunque sea mediante un esfuerzo extraordinario, los barcos y portaviones a que nos hemos referido.
En esa línea es que pretende Venezuela comportarse porque caminamos hacia un mundo liberado del vasallaje, de la esclavitud y de la explotación de los pueblos débiles contra aquellos que se consideran jueces supremos de la vida de otros pueblos.
Las contradicciones internas graves que existen en la sociedad norteamericana apuntan hacia la decadencia y la falencia de ese poderoso país, que está llevando a la creación de esas contradicciones internas y a la decadencia de Estados Unidos.
Todo lo que hace Estados Unidos a Venezuela y a su pueblo, lo puede hacer Venezuela contra los mandarines y procónsules norteamericanos: usan aviones, cohetes y drones, los puede utilizar Venezuela contra esa nación.
Estados Unidos ha robado aviones y barcos, la empresa Citgo con todos sus activos pretende robarse la soberanía como si nada, matar impunemente más de 80 pescadores, violar todos los tratados, convenios y resoluciones del derecho internacional utilizándolos como pretexto para atacar a ese país y lo mismo puede hacer Venezuela para responder a las agresiones de EU.
Si Estados Unidos ayuda a Israel en su labor de aniquilación de la sociedad palestina, descaradamente, produciendo en los últimos dos años más de 80 mil personas asesinadas; Venezuela podría hacer lo mismo, pero a favor de la sociedad palestina. ¿Por qué no? ¿Quién le ha dado a Estados Unidos el derecho a pedir la rendición de Venezuela sin que haya habido una guerra?
Es que esa élite se considera excepcional, seres especiales, por encima de todos los hombres y mujeres de la tierra, porque hasta el oro que está en el banco de Inglaterra se quieren robar la nación del norte e Inglaterra en componenda.
Ofrecer 50 millones por la cabeza de Nicolás Maduro es equivalente a condenarlo a muerte. ¿y qué derecho tiene EU para ordenar la muerte de un presidente latinoamericano? ¿Y qué derecho tiene para acusarlo de ser parte de un cartel de drogas cuyo nombre se lo han puesto ellos mismos?
Acusan a Maduro de terrorismo, cuando Donald Trump es el verdadero terrorista, por sus métodos, sus objetivos antijurídicos, por su persecución inquisitorial sin causa ¿quién le ha dado a Donald Trump las facultades y potestades para esas persecuciones violatorias que deniegan el derecho internacional?
Una montaña de acusaciones sin pruebas, sin acudir a ningún tribunal, a ningún organismo internacional, apenas de que la elite o el grupo de Trump se consideran representantes de un mundo maldito y sucio.
Usa un lenguaje de hampón, ordena todas las medidas posibles al margen del derecho, viola la soberanía de cada país en el momento en que le venga en ganas, aplasta la dignidad de un pueblo, el derecho a la libertad; no importa nada Donald Trump es el rey del universo, persona inacreditable que es rey del universo, jefe de la humanidad, encubridor de la verdad de sus propósitos con el manto de la mentira de que los venezolanos viven en el mundo de las drogas, como precisamente es lo contrario si lo comparamos con el pueblo norteamericano y el mercado de consumidores que son los Estados Unidos.
Al como expresa el escritor de izquierda Valerio Arcary, en su artículo del 5 de diciembre 2025, en la página Esquerda Online – Communis que citamos:
El objetivo declarado de la ofensiva militar estadounidense contra Venezuela es derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. La clave de la ecuación latinoamericana está hoy en Venezuela. Parece inminente una intervención de Estados Unidos. Trump no le ha hecho al gobierno venezolano otra oferta que no sea la rendición. No está en condiciones de invadir con su ejército a Venezuela, como se hizo en Iraq o Afganistán, pero tampoco va a retroceder ante un dispositivo militar tan poderoso. Son varios los escenarios posibles: a) una ola de bombardeos contra objetivos militares y económicos; b) operaciones encubiertas para liquidar a los líderes chavistas, comenzando por el propio Maduro; c) ambas opciones simultáneamente en combinación con otras. Sería, por tanto, una imprudencia imperdonable no comprender o subestimar el drama que para Venezuela representa la presencia en sus fronteras de una fuerza militar de dimensiones sin precedentes. Las acusaciones lanzadas por Trump contra Venezuela son insostenibles: a) que Maduro es el cabecilla de toda una red de narcotráfico, al frente de un imaginario Cartel de Los Soles, se ha catalogado de absurdo en los más amplios círculos internacionales; b) que Estados Unidos se propone derrocar a Maduro porque este es un tirano que encabeza una dictadura chavista es indefendible, pues Trump apoya incondicionalmente al sanguinario déspota Mohamed bin Salman de Arabia Saudita; c) que la intervención de Estados Unidos es necesaria por causa de una crisis humanitaria que ha provocado que siete millones de venezolanos emigren es de un monstruoso cinismo, pues Estados Unidos ha apoyado ininterrumpidamente el genocidio sionista contra los palestinos de Gaza; d) que Venezuela es un «enclave» de Rusia, China e Irán o representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos está tan fuera de toda proporción que resulta ridículo. Los ataques de Trump son una respuesta a la independencia de Venezuela, no a la naturaleza del régimen chavista. El concepto de gobierno «independiente» se ha vuelo útil en un sistema internacional de Estados que merece más que nunca que se lo califique de orden imperialista, pues como tal ese tipo de gobierno es una «anomalía». Los gobiernos independientes son raros, excepcionales y, por tanto, inestables. La estrategia de Trump señala los peligros a los que tendrá que enfrentarse cualquier gobierno de izquierda que desafíe los estrechos límites del orden imperialista.
Nada ni remotamente parecido a lo que ocurre hoy entre Estados Unidos y Venezuela se ha producido en América Latina desde el fin de la Guerra Fría. Trump está dejando en claro que, en la región del mundo que históricamente el imperialismo estadounidense ha considerado su «traspatio» o su «retaguardia estratégica», utilizará su poder militar cuando se considere o pretenda sentirse amenazado. En los últimos treinta y cinco años, es decir, desde la restauración capitalista y el fin de la URSS, no se ha producido ninguna situación similar. Desde la invasión de la República Dominicana en 1965 para derrocar al gobierno reformista de Juan Bosch, la prestación por Estados Unidos de apoyo militar y financiero a los Contras de Nicaragua tras la victoria de la revolución sandinista de 1979, la invasión de la isla de Granada en 1983 y la invasión por veinte mil militares y el secuestro de Noriega en 1989 en Panamá, no se había visto operación militar de esta envergadura. Se trata de una ofensiva que confirma un giro y un reposicionamiento de Estados Unidos frente a América Latina. Lo que vale hoy para Venezuela, vale para cualquier país. Cuando el enemigo más peligroso de las naciones dependientes da un giro táctico, la izquierda tiene que dar un giro, también, estratégico.
¿Cuáles son los objetivos no declarados de Trump? a) Venezuela posee las mayores reservas mundiales de petróleo y de gas: es su fortuna y a la vez su maldición, y Estados Unidos desea gozar sin restricciones de un acceso estratégico a esos recursos, lo cual es incompatible con la existencia en Venezuela de un Estado independiente. El cerco imperialista del bloqueo contra Venezuela es la principal explicación de la crisis económica de hiperinflación, desabastecimiento, contracción del PIB, desempleo, reducción de la producción de petróleo y migración masiva que sufre el país; sin embargo, el gobierno de Maduro no ha sido derrocado. b) la independencia de Venezuela es más que un mal «ejemplo», pues constituye un desafío a la dominación por Estados Unidos de su «traspatio» a los fines de garantizar el suministro estratégico ante la creciente pugna con China; c) Trump está decidido a subvertir la institucionalidad mundial que Estados Unidos ayudó a construir en los últimos treinta y cinco años —la OTAN, el Tratado de París y el G-20— y no duda en sentar precedentes para ello violando conscientemente el derecho internacional.
Y también como expresa el escritor Ángel Moreta, de República Dominicana, que en su artículo “Estados Unidos pretendió instalar base militar en sureste de República Dominicana”, en los siguientes párrafos:
A lo largo del siglo XX, los EEUU invadieron y ocuparon en tres ocasiones a República Dominicana, humillando la soberanía del país. Primero, a principios del siglo XX se produjo la ocupación de las aduanas del país con el fin de cobrarse las deudas que había contraído Ulises Hereaux con los préstamos de la Westendorp; luego en 1916 se produjo la primera intervención militar y ocupación de todo el territorio nacional, hasta el año 1924; y en abril del año 1965, los Estados Unidos invadieron el país con el propósito geopolítico de abortar y frustrar la guerra popular constitucionalista, con participación militar y civil rebelde, que tenía por objetivo el retorno de Juan Bosch al poder y el regreso a la Constitución de 1963.
Las empresas multinacionales norteamericanas han mantenido a lo largo del siglo XX un control importante sobre la economía y la sociedad dominicana a través de sus agencias “humanitarias” y de inteligencia; y actualmente el poder pentagonista e injerencista de EEUU continua ambicionando la ocupación de una parte del territorio nacional con fines de desarrollar una base militar estratégica para la región de El Caribe. Todo el mundo recuerda en 2013 el caso de las pretensiones de apoderarse de Isla Saona con pretextos humanitarios. Y en 2015, el caso al cual nos estamos refiriendo ahora, a saber, la firma de un contrato injerencista donde se permite a EEUU la ocupación de una parte del territorio nacional en el sureste del país, con un conjunto de ventajas a favor de ese país y de sus estamentos políticos y militares.
El último intento lo constituye el contrato firmado por Danilo Medina con el gobierno de los EEUU, en fecha 20 de enero del año 2015. Ese contrato escandaloso entrega la soberanía nacional a EEUU; fue enviado al Tribunal Constitucional desde el Congreso Nacional el 11 de marzo del año 2015 para fines de control preventivo de constitucionalidad, en virtud de las disposiciones de los artículos 128 y 185 de la Constitución de la República Dominicana.
También el grupo venezolano Misión Verdad, en su artículo del 4/12/2025, expreso lo siguiente:
Citgo: el despojo en fase final fabricado desde Washington
Venezuela rechazó la orden emitida desde la Corte de Delaware que autoriza la venta de las acciones de PDV Holding, matriz de Citgo Petroleum, a la filial de Elliott Investment Management. La vicepresidenta Delcy Rodríguez denunció que la decisión constituye «una acción criminal y un acto de piratería judicial diseñado para consumar el robo de Citgo», reafirmando que el país no reconoce autoridad alguna de tribunales extranjeros sobre sus activos estratégicos.
La declaración llegó poco después de que el juez estadounidense Leonard Stark confirmara la oferta de 5.900 millones de dólares presentada por Elliott en la subasta que, desde hace dos años, opera como mecanismo para repartir Citgo entre fondos buitre, corporaciones energéticas y acreedores que se amparan en el andamiaje legal construido durante el «interinato».
Decisión judicial fabricada para consumar el despojo
La orden emitida por el juez Leonard Stark, que autoriza la venta de las acciones de PDV Holding a la filial energética de Elliott Investment Management es la culminación de una arquitectura jurídica construida deliberadamente desde 2019, cuando Washington reconoció a Juan Guaidó y le cedió el control de los activos venezolanos en Estados Unidos. Ese andamiaje permitió que tribunales federales consideraran a Citgo como un «alter ego» del Estado venezolano, abriendo la puerta a la subasta actual.
Desde Caracas, Delcy Rodríguez denunció:
(…) «el juez Stark cumple órdenes políticas para consumar un robo que comenzó con el interinato y fue ejecutado por Washington mediante sanciones, extorsión y un sistema judicial convertido en instrumento corporativo».
La vicepresidenta insistió en que el fallo constituye «la expresión más grotesca del lawfare energético contra Venezuela» y recordó que la Constitución prohíbe expresamente la enajenación unilateral de activos estratégicos del Estado.
Esta ruta de despojo tiene antecedentes profundos:
- la designación ilegal de directivas «ad hoc» bajo control de la oposición extremista,
- el respaldo político y logístico de figuras como Marco Rubio y Mike Pompeo,
- y la acumulación de decisiones judiciales que ignoraron sistemáticamente el derecho internacional.
La sentencia de Stark, presentada como un trámite técnico, consolida la entrega de Citgo a fondos buitre y corporaciones petroleras que llevan años presionando para apropiarse del activo más valioso de Venezuela en el exterior. Los beneficiarios incluyen a ConocoPhillips, Crystallex, Rusoro Mining, OI Glass y el conglomerado Koch Industries, todos alineados con el lobby energético que empujó las sanciones contra Caracas.
Rodríguez subrayó en su declaración que «Estados Unidos no solo permitió esta operación, la alentó, la diseñó y ahora la ejecuta. Es un robo en fase terminal». La subasta expresa la fase final de una operación política de asfixia económica dirigida a quebrar la capacidad soberana del Estado.
La ruta delictiva que permitió el colapso
La autorización judicial para vender Citgo no puede entenderse sin revisar la cadena de decisiones tomadas por el interinato de Juan Guaidó y sus operadores, quienes construyeron el andamiaje legal que hoy facilita el despojo. Lo que Delcy Rodríguez llamó «la más grande operación de saqueo jamás ejecutada contra un país latinoamericano desde el siglo XX» se articuló bajo dos ejes: el reconocimiento político de Washington y la acción deliberada de juntas “ad hoc” sin legitimidad ni control público.
Uno de los puntos más críticos fue la admisión del concepto de «alter ego», impulsado por el abogado José Ignacio Hernández, pieza clave para que los tribunales estadounidenses declararan que PDV Holding podía responder por deudas del Estado venezolano. Según expuso Hernández en múltiples litigios, el falso «gobierno interino»ejercía control directo sobre Citgo, una afirmación que los acreedores transformaron en un arma judicial para justificar embargos.
La propia oposición reconoció el desastre. Informes de economistas que respaldaron al interinato, como Francisco Rodríguez, demostraron que la deuda reconocida por Citgo bajo su administración se multiplicó de 3 mil 400 millones a más de 23 mil 600 millones de dólares, una cifra que solo puede explicarse por acuerdos lesivos, negligencias deliberadas y el uso político de la empresa como caja chica para redes opositoras en Washington.
A esto se suman decisiones políticamente diseñadas para facilitar los litigios de los acreedores. La directiva nombrada por Guaidó jamás ejerció defensa activa, rechazó recursos como el Amicus Curiae que habría permitido a la Corte Suprema evaluar argumentos que podían frenar el proceso, ignoró advertencias de juristas venezolanos y actuó como representante de los intereses corporativos rivales del Estado venezolano.
Delcy Rodríguez lo sintetizó en su reciente declaración: “Lo que hicieron fue entregar un mapa completo del activo a los fondos buitre. No defendieron a Citgo, la ofrecieron.” La vicepresidenta recordó que el entonces “procurador especial” José Ignacio Hernández había sido asesor y abogado de empresas demandantes, un conflicto de interés evidente que sirvió para consolidar el despojo.
El esquema se agrava al observar quiénes se beneficiaron de estas maniobras. La investigación sobre la subasta muestra el rol decisivo del ejecutivo Carlos E. Jordá, quien pasó de ser CEO de Delek US Holdings (filial de la petrolera israelí Delek Group) a presidir la Citgo tomada por el interinato. Sus decisiones favorecieron directamente los intereses financieros de su antigua empresa, que hoy figura entre los potenciales beneficiarios de la subasta.
El efecto conjunto de estas maniobras terminó generando el escenario ideal para los acreedores, quienes lograron que Citgo fuera tratada como un apéndice del Estado venezolano. A partir de esa ficción jurídica, empresas como Crystallex, ConocoPhillips, Rusoro Mining, Siemens Energy y los conglomerados alineados con el lobby de Koch Industries pudieron escalar sus demandas dentro del sistema judicial estadounidense.
Hoy, con Elliott Investment Management posicionándose como ganador tras su propuesta de 5 mil 900 millones de dólares, el círculo se cierra. Tribunales estadounidenses, opositores que actuaron como apoderados corporativos y fondos buitre confluyen en un mismo resultado.
Un precedente hemisférico
Ningún país está a salvo cuando sus recursos estratégicos entran en la órbita de intereses corporativos norteamericanos. El desenlace del caso Citgo debe entenderse, por tanto, como una advertencia hemisférica.
La operación dejó al descubierto un mecanismo mediante el cual Washington redefine la soberanía de otros Estados desde sus propios tribunales, imponiendo la tesis del “alter ego” hasta convertirla en el engranaje central que permite transformar disputas políticas en embargos masivos. Esta reinterpretación legitima que fondos utilicen las sanciones como palanca para apropiarse de infraestructura energética extranjera sin necesidad de intervención militar.
Pero lo más relevante del precedente no se limita al caso venezolano. El mensaje que emana de Delaware es que cualquier país con inversiones estratégicas en Estados Unidos puede ver sus activos convertidos en instrumentos de presión si su política exterior no se alinea con Washington. Para los gobiernos de la región, esto abre un escenario donde la estabilidad jurídica no depende del derecho sino de la correlación política con la Casa Blanca.
Y así, Citgo, empresa construida con décadas de trabajo venezolano, queda convertida en una expresión directa de la capacidad del poder corporativo estadounidense para reescribir reglas globales y decidir qué países pueden o no conservar sus activos estratégicos.
Frente a ello, Venezuela ha reiterado que ninguna transferencia será reconocida y que el litigio continuará en todas las instancias disponibles. Porque lo que se disputa es el principio fundamental según el cual un país tiene derecho a gestionar sus recursos sin ser desmantelado mediante sanciones, ficciones jurídicas y operadores internos al servicio de agendas extranjeras.
