Por: Ángel Moreta (Autor-Editor)
Los gobiernos de Estados Unidos se han aprovechado y se aprovechan del gobierno dominicano y del presidente Luis Abinader desde que inició su mandato con respecto a la política hacia Haití y a varios aspectos de la vida política nacional. Lo han empujado a una política determinada con respecto al mundo multipolar y no lo han dejado vivir en relación con las bandas haitianas. Y han sacado tanto provecho de estas directrices, que el presidente Abinader se habrá sentido muchas veces apesadumbrado por la presión que los gobiernos norteamericanos realizan con respecto a la economía y a política de la República Dominicana.
Los gobiernos norteamericanos presionan al gobierno dominicano en relación con nuestro Estado de Derecho. Ellos buscan la consolidación de sus intereses de manera exclusiva. Marco Rubio falta el respeto al Estado Dominicano en relación con la política dominicana respecto a China. Podríamos decir que es tanto el empeño contra China que los gobiernos norteamericanos no pueden dormir respecto al gigante asiático y la República Dominicana no puede desarrollar iniciativas de libre comercio y acciones multipolares en el comercio, en la industria, en la infraestructura y en el aspecto financiero.
Constituye un irrespeto a la República Dominicana, por ejemplo, en cuanto al embargo extrajudicial de vehículos aéreos y naves marítimas turísticas de propiedad ajena y que no son patrimonio nacional, por tanto, que están en territorio nacional transitoriamente en nuestras pistas aéreas y en nuestras rutas marítimas.
Constituye una actuación abusiva el “embargo” de objetos millonarios que están situados en los muelles marítimos y pistas aéreas que pertenecen al Estado Venezolano, temporalmente en la República Dominicana.
Que sepamos Rubio no es juez de paz, ni juez de primera instancia, de corte de apelación ni mucho menos juez de la Suprema Corte; juez del Tribunal Administrativo o del Tribunal Constitucional, por lo cual es injustificable presentarse el mismo Marco Rubio, Secretario de Estado de los Estados Unidos, intuito personae, a poner etiquetas de embargo y declararse dueños de esas naves al margen de la justicia dominicana, donde tendría que probar en todo caso, los fundamentos de su reclamación.
Son objetos millonarios que pertenecen indudablemente a otros Estados del continente o fuera de él.
Que sepamos tampoco el encargado del Departamento de Estado o de relaciones exteriores de Estados Unidos, es alguacil de los tribunales dominicanos. Aun más, el funcionario norteamericano que hoy ostenta la conducción del Departamento de Estado no es juez de los Estados Unidos para desempeñar funciones de ministerial embargante; ni juez del sistema de justicia de los Estados Unidos.
Entonces aquí lo que está pasando es que se trata de un asunto de EU, nación que tiene información privilegiada y disfruta del ejercicio del derecho en forma extraterritorial y extrajudicial, como falso juez, falso alguacil, falso Ministerio Público, que viene a la República Dominicana a ejercer un papel para el cual no tiene calidad ni prerrogativas ni poder ni designación.
A todas luces, el señor Rubio podía embargar con autorización judicial legal de República Dominicana como si estuviera revestido de lo que se aludió en los párrafos anteriores. Tenía que hacer la acción de embargo con autorización judicial legal, y justificar su acción indebida en motivos jurisprudenciales dominicanos y en la doctrina jurídica internacional que justificaría esa utilización del Estado de Derecho, como si fuera una especie de pro-cónsul en el territorio nacional.
Nada de esto lo reúne el Secretario de Estado. Nada de esto caracteriza a ese Secretario de Estado. Nosotros los dominicanos no podríamos ir a Estados Unidos a embargar aviones de la Boeing o Panamerican con una simple etiqueta de papel en la mano. Entonces ¿por qué el funcionario norteamericano tiene derecho a actuar de esa manera en República Dominicana o en otros países?
Si nosotros vamos a Estados Unidos a embargar la cosa ajena con fundamento en la complacencia de las autoridades de EU, estaríamos incurriendo en abuso de poder, robo, apropiación indebida, abuso de autoridad. Entonces ¿Por qué Marco Rubio tiene derecho a esas justificaciones? ¿Y los dominicanos no tenemos ese mismo derecho en la jurisdicción norteamericana?
Cabe concluir de toda esta perogrullada que los Estados Unidos ejercen todos los abusos que cometen en la República Dominicana, los cuales no podemos cometer nosotros en Estados Unidos. Por esa razón es que hablamos de un país con principios jerárquicos dotado de información privilegiada.
¿Y por qué las autoridades dominicanas son complacientes con todas las actuaciones ilegales que cometen funcionarios norteamericanos en el territorio nacional a nombre de EU?
Pues son acciones claras y manifiestas, no encubiertas; son acciones que pueden catalogarse como acciones de un pro-cónsul que visita un territorio virgen, pobre, al cual tenemos que rendir pleitesía.
Son emperadores que vienen al territorio nacional a utilizar supuestas influencias y dominios, para apropiarse de los bienes que han sido definidos por ellos mismos como bienes ilegítimos, lo cual es una barbaridad.
En territorio nacional se confiscó y embargó una nave turística con un valor de más de 40 millones de dólares, que se encontraba estacionada en el muelle de Santo Domingo, rio Ozama. También se embargó y se trasladó a los Estados Unidos, al igual que el caso anterior, en el aeropuerto domestico Joaquín Balaguer, un transporte de navegación aérea propiedad del Estado Venezolano. Esa nave era de uso presidencial y fue embargada y trasladada por Marco Rubio a los Estados Unidos.
Díganme si esta no constituye una acción de robo que en la República Dominicana le llamamos un embargo realizado sin autorización judicial y llevado a término sin una actuación licita.
Esa acción puede tipificarse como robo con características ilegitimas en todas sus dimensiones.
No tiene derechos legítimos al declarar o aceptar que el Estado norteamericano sea dueño de esas naves marítimas y aéreas. Y el Estado Dominicano como cómplice usurpador de cosas que están legalmente situadas, facilitando la transferencia de propiedad de cosas que están legalmente situadas. La ilegalidad no justifica ninguna de esas acciones.
Y el gobierno del Estado Dominicano se deja arrastrar, muy paciente, con un accionar que no debía realizar; ha sido, a través de su gobierno, un colaborador de esas prácticas.
