Edgar Fernández (Rebelión, 29-7-26)
La tensión política ha seguido creciendo en el país después de las votaciones del pasado 21 de junio, al contrario de lo que suele suceder cuando se cierra el periodo electoral y baja la espuma creada por las encendidas declaraciones de los dirigentes partidarios en su afán de ganar votos. Tal hecho es un indicador de que la composición de las fuerzas políticas se ha modificado y que, por lo pronto, no se han constituido nuevos cauces para regular la conflictividad derivada de los cambios. Por ese motivo, la lucha partidista se sigue manifestando mediante declaraciones políticas con fuertes cargas, lo cual es entendible en tanto los partidos aun no terminan de afincar su posición directiva dentro de la sociedad.
Este nuevo contexto debe ser dilucidado al máximo, porque desde las nuevas condiciones debe procurar potenciarse la futura acción transformadora del movimiento social en el país.
- ¿Qué viene cambiando?
Lo que hoy es Colombia avanzó hacia la vida republicana de manera más o menos precoz desde inicios del XIX. Esto condujo a que la precaria democracia fuera más formal que real, condición manifiesta en la persistencia y relevo entre dos partidos políticos que se disputaban el poder del gobierno, pero que coincidían en la forma elitista mediante la cual los terratenientes y la burguesía aseguraban la reproducción de sus ventajas. Aún con ello fueron frecuentes los episodios en que las batallas políticas se libraron a través de la guerra directa o encubierta, tal como sucedió en los años de la Violencia política, situaciones que fueron administradas como “impases” temporales tras las cuales siempre se impuso un nuevo “acuerdo nacional”[1] de factura elitesca y bipartidista.
El bipartidismo permitió impedir el acenso de los sectores populares a la vida política del país, reduciéndolos a meras masas de votantes manipulables. Por eso, los movimientos sociales surgieron como una especie de “exceso” y cuestionamiento a ese poder elitista. El movimiento campesino, indígena, sindical o barrial-popular tuvo que construir sus propias formas de organización para expresar y reclamar del Estado, los partidos y las clases con poder el cubrimiento de ciertas necesidades fundamentales, tales como vías, salud o vivienda o derechos laborales.
Esos brotes de organización intentaron ser cooptados y administrados desde los partidos oficiales a través de redes clientelares, que se constituyeron bajo la falsa y repetida promesa de solucionar las necesidades que las mismas leyes prometían asegurar, de aquí que los movimientos sociales se caractericen por una especie de doble ritmo en su accionar, desenvolviéndose entre padrinazgo y autonomía, característica totalmente evidente entre el movimiento sindical.
Sin embargo, la profunda crisis de la sociedad capitalista colombiana ha venido trastocando las viejas formas mediante las cuales se reprodujo el poder. De una parte, el bipartidismo se desmoronó y dio lugar a una multiplicidad de partidos de corta duración, con jefes políticos cada vez más personalistas, codiciosos y prestos a la corrupción. Por otra parte, el movimiento social logró renovarse y fortalecerse al final de la segunda década de este siglo, después de ser casi aniquilado bajo la política estatal contrainsurgente, que mezcló letalmente la persecución judicial y las masacres masivas.
La emergencia de estos cambios, aun en curso, brotaron con el hartazgo de las masas ante los efectos de la crisis y mediante la insubordinación de 2021, conocida como el estallido social, contenida por la vía militar en el gobierno de Duque y que derivó en la fuerza electoral que llevó al progresismo al gobierno, bajo la promesa de profundas reformas sociales por la vía de nuevas leyes. Por eso el Pacto Histórico conforma un nuevo tipo de partido político que pretende consolidar una salida a la crisis del país, atendiendo al difícil principio de conciliar el dominio de la burguesía con la solución a las necesidades de los sectores sociales históricamente explotados y/o excluidos.
Tal forma de organización social también fue implementada en algunos países occidentales a principios del siglo XX. Ejemplo clásico fue el laborismo en Inglaterra que permitió algunos avances en derechos políticos y sociales cuando el capitalismo se mantenía dinámico y en consecuencia aun podía ser progresista frente a las necesidades de las masas de trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, ese tipo de partidos perdieron terreno desde fines del siglo XX, virando hacia la derecha y convirtiéndose en partidos “moderados”que se adaptaron dócilmente en el marco de la crisis capitalista.
En Colombia este tipo de ordenamiento fue brevemente ensayado por el Partido Liberal entre 1934 y 1936, con la llamada revolución en marcha de López Pumarejo, pero fue abortado por la dirigencia liberal ante la presión de los sectores ultraconservadores dirigidos por Laureano Gómez, siendo su vertiente finalmente sepultada con el asesinato de Gaitán en 1948.
En los últimos años, el Pacto Histórico ha materializado esa aspiración de ampliar los angostos límites de la democracia liberal representativa, procurando favorecer a los sectores populares frente a la crisis, lo que daría lugar a un nuevo tipo de partido de factura popular, que abiertamente se opone al poder unilateral y elitista que ha regimentado al país, e intenta vehiculizar las necesidades de los sectores populares y medios en los planes de gobierno.
Lo que programáticamente impulsa al Pacto Histórico es un cambio en la forma institucional de la democracia y en el ejercicio del gobierno, sin llegar a cuestionar las contradicciones y limitaciones que surgen de la organización capitalista que rige al país. Esta restricción limita seriamente sus propósitos, tal como ha quedado en evidencia tras cuatro años de gestión presidencial, en los cuales no ha podido consolidar las reformas planteadas. Ello se debe a que los diversos sectores capitalistas y sus partidos se aferran a la postura de someter a las masas y a las clases trabajadoras para sostener sus ganancias y los privilegios de su poder.
En este sentido, ha habido un cambio en el viejo bipartidismo y en la relación de fuerzas sociales cristalizada en los partidos políticos. Así, el campo partidario se divide entre el lado de los empresarios, de la gente de “bien” de talante elitista, ultraconservadora, con prácticas fascistas e inclinados a usar y desatar las fuerzas paramilitares contra sus opositores. Del otro, un partido –aún en consolidación- que propende por reformas modernizantes, o progresistas, sin pretender ir más allá del capitalismo.
Tales cambios de fuerzas se podrían regular mediante otras formas institucionales, pero aquí es donde surgen grandes talanqueras, las que están llevando a que lucha política partidista se torne cada día más candente. De un lado, porque los sectores capitalistas y sus representantes políticos de ultraderecha pretenden desconocer los cambios y ejercer el poder tal como lo han hecho históricamente, acudiendo al viejo expediente discriminatorio y de violencia directa para imposibilitar la existencia de fuerzas reales de oposición, lo que se plasma en la agenda paramilitar que vocifera De la Espriella. De otro, porque la vieja fórmula del acuerdo nacional sólo se ha utilizado para zanjar diferencias entre partidos que históricamente representaron a la élite bipartidista, y cuya aplicación más reciente se materializó en la Constituyente de 1990, la que en realidad poco o nada ayudó a perfilar una salida real a la crisis del país.
- Cómo se manifiesta la situación?
La fuerza política que se aglutina en torno a De la Espriella viene repitiendo todos los errores y barbaridades que propulsó Laureano Gómez durante su mandato .
De forma arrogante y belicosa, trató de gobernar al país negando, persiguiendo y asesinando a los liberales con sus grupos de paramilitares (pájaros), hasta desatar la guerra civil en los pasados años cincuenta. Sin embargo, ante la imposibilidad de que el país retrocediera a las formas sociales de inicios de siglo y ante el desbarajuste social que recayó sobre el mismo Estado, terminó por ceder a las negociaciones que condujeron al Frente Nacional. En resumen, el acuerdo nacional de 1957 se podría haber pactado una década antes y el país se habría ahorrado los costos en vidas de una guerra partidista sin mayor sentido y absolutamente brutal.
Con el mismo sin sentido político actúa De la Espriella, al pretender reducir al Pacto Histórico a una banda de delincuentes que debe ser destripada, perseguida judicialmente, encarcelada o envida en extradición a los Estados Unidos, la verdadera patria de Abelardo. Su propósito abierto es aniquilar a un partido de oposición que acaba de surgir con una fuerza nunca antes existente en la historia política del país, de allí que la tarea de borrarla del mapa electoral demande formas y métodos muchísimo más violentas y brutales de las que se aplicaron para exterminar a la UP. La forma rabiosa y absurda con la que procede la ultraderecha le ciega para ver que el Pacto Histórico va más allá de los votos, en cuanto su fuerza social también se ancla en los movimientos sociales y a las grandes movilizaciones de masas de los años anteriores.
Esa lógica de aniquilamiento no se queda en el discurso incendiario, sino que se materializa en la agenda política de De la Espriella y su vertiente ultraderechista y paramilitar, la que es promovida en la firme idea de destripar a la izquierda, siguiendo la agenda trazada por Trump y Rubio. Y si en la campaña aquello parecía una afirmación calurosa para ganar votos, ahora ha pasado a cristalizarse en la realidad, tal como lo devela la llamada Operación Arca de Noe, donde se condena con plena anterioridad a la dirigencia del partido opositor. De ello dan cuenta las afirmaciones de José Manuel Restrepo, al afirmar que habían encontrado 165 hallazgos con presunta incidencia fiscal y penal de alto impacto, y un universo de más de 1.200 irregularidades, discurso con el que ha procurado darle piso a la tesis de que el Pacto Histórico es una banda de delincuentes. Esa misma línea condenatoria fue adelantada por De la Espriella y repetida en pleno por Carlos Alonso Lucio en Semana, asegurando que Petro debía ser extraditado.
De esa manera, lo que debía ser un empalme entre gobierno saliente y entrante pasó a convertirse en un juicio con condena por adelantado, frente al cual se ha dado como respuesta el desconocimiento del nuevo gobierno y el llamado a la desobediencia civil, agregando luego una declaración de Iván Cepeda en la que señala que “se está configurando un gobierno paramilitar”en el que se pretende enfatizar de uso de civiles –militares retirados- en los llamados bloques urbanos de búsqueda, a lo que debe agregarse el propósito de extender la legalización y entrega de armas a civiles, en un país donde los asesinatos y masacres son el pan diario.
Por tanto, la estrategia de la extrema derecha es imponer la imagen de que la crisis del país es derivada de la acción de los grupos ilegales armados, para desde allí ofrecer una política de seguridad supuestamente destinada a derrotar al crimen organizado. Con ese proceder logra mover el foco de las problemáticas referidas al sistemático debilitamiento del capitalismo colombiano y de su Estado, hacia las consecuencias de la violencia social.
Esa estrategia crea un manto bajo el cual podrán encubrir o legalizar la persecución contra la izquierda y el movimiento social, reproduciendo las viejas prácticas de la Doctrina de Seguridad Nacional y del enemigo interno.
- Los retos para el movimiento social y popular
Desde el conjunto del movimiento social es importante mantenerse alerta y críticos frente a la creciente amenaza. No obstante, es necesario mantener la calma y no caer en respuestas inmediatistas y reactivas, porque ellas son rápidamente manipuladas para justificar la bestialidad que enfila la ultraderecha. Es comprensible el temor de la alta dirigencia del Pacto Histórico, en especial ante las condenas adelantadas que se vienen propagando, pero esto no explica ni justifica la falta de tino y pertinencia política con la que viene actuando parte de su dirigencia, actitud que contrasta fuertemente con la habilidad y pericia que mostraron en la coyuntura de 2022.
En tal contexto, es necesario tener en cuenta que la lucha por superar la crisis dentro de una perspectiva proletario popular nos plantea un horizonte de mediano y largo aliento, siendo necesario diferenciar los objetivos que pueden ser alcanzables en cada momento. Esto, porque la raíz de la profunda crisis que vive el país proviene del debilitamiento sistemático del capitalismo y por tanto no se relaciona simplemente con las instituciones de la democracia y de la forma que ella pueda tomar. Por eso los potenciales acuerdos sobre las llamadas reglas de juego -es decir constitucionales- no pueden por sí solos ayudar a superar la crisis, a no ser que permitan realmente ir trascendiendo las relaciones constituyentes del desgastado capitalismo “nacional”.
Sin embargo, no cabe duda que ciertas mejoras en las reglas democráticas respecto del proceso político y la vida social pueden favorecer el avance hacia posiciones más sólidas que potencien el desarrollo del movimiento social en su conjunto y a la vez mejoren las condiciones de vida de las masas proletario-populares. Aquí existe un importante espacio de coincidencia y encuentro con la agenda política del partido progresista, la que podemos y debemos apoyar en el marco de la agitada lucha política y de las crecientes amenazas contra toda la izquierda.
Por eso, nos parece adecuadas las iniciativas que propone Segio Charry en un artículo reciente[2], al plantear que la fuerza social del bloque proletario-popular no se reduce “a una coalición, a un gobierno o a una lógica liberal progresista”. Agregando que es necesario “valorar cada acción -no por su- rendimiento coyuntural, sino su capacidad para fortalecer la organización, elevar la conciencia y ampliar la fuerza social del proletariado”, debiéndose “disputar también los ritmos de la movilización” y “administrar racionalmente los recursos políticos de que dispone el movimiento popular, la indignación, la agitación, la movilización y la disputa electoral incluso, evitando tanto el inmovilismo burocrático como el voluntarismo”. Con lo cual “La táctica debe responder al momento concreto, movilizar cuando existan condiciones para hacerlo, acumular cuando sea necesario y participar electoralmente cuando ello contribuya al desarrollo estratégico de la fuerza social”.
[1] Esa forma se utilizó para finalizar en 1910 para facilitar la superación del régimen de Rafael Reyes, en 1930 para manejar la crisis y posibilitar el tránsito del poder a los liberales, el nueve de abril de 1948 para evitar el avance de las masas, con el Frente Nacional en 1957, o en 2016 con el gobierno de Santos.
