Rodrigo Duarte (Sputnik, 8-10-26)
El programa del FMI para México fue descrito hace medio siglo como un "plan de estabilización" para frenar la devaluación del peso mexicano durante la recta final del Gobierno de Luis Echeverría (1970-1976). Sin embargo, las consecuencias fueron un 'shock' de austeridad y una desindustrialización cuyos efectos todavía se sienten en el país.
Si bien el llamado Acuerdo de Facilidad Ampliada —aprobado en octubre del 1976— no era el primer convenio entre el Estado mexicano y el Fondo Monetario Internacional (FMI), sí fue el primero que condicionó la liberación de fondos a la imposición de una serie de pautas y reformas en la nación latinoamericana. Y es que, al firmar el acuerdo, el entonces Gobierno de México cedía voluntariamente su soberanía económica al organismo con sede en Washington y controlado por EEUU, su principal financista y el único miembro con poder de veto.
En aquel momento, México —que durante dos décadas había gozado el período conocido como El Milagro Mexicano, con un crecimiento económico anual de 6% en promedio e inflación controlada— se encontraba en una situación financiera dramática, explica a Sputnik el doctor en Historia por el Colegio de México, Harim Gutiérrez, quien asegura que la vieja Administración de Echeverría actuó con "imprudencia" y una visión cortoplacista contraria a los intereses nacionales. Eran tiempos en que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) lo dominaba todo.
Durante su sexenio, Luis Echeverría había aprovechado el financiamiento externo para sostener un acelerado gasto público, en buena parte para reivindicarse ante la sociedad tras haber sido vinculado —durante su etapa previa como secretario de Gobernación— a varios letales episodios de represión estudiantil, como la Matanza de Tlatelolco y el Halconazo. Sin embargo, dicha estrategia derivó en un abultado déficit fiscal, un aumento del nivel de vida y una masiva fuga de capitales, factores que hicieron colapsar la paridad del peso mexicano en agosto de 1976, tras 22 años de estabilidad.
Con ello, según Gutiérrez, la deuda externa mexicana se multiplicó vertiginosamente al pasar de 5.000 a 20.000 millones de aquellos dólares durante el período echeverrista. Esta sangría cotidiana y la caída ininterrumpida de las reservas internacionales terminaron por mermar la capacidad del Estado mexicano para defender la cotización de la divisa nacional.
A lo largo de las primeras semanas de septiembre de 1976, al dejar flotar el peso mexicano, la divisa sufrió un desplome al depreciarse cerca de un 45%, cotizándose rápidamente en torno a los 20 pesos por dólar estadounidense. Esta devaluación provocó una conmoción profunda en la opinión pública y desató un pánico financiero, ante la amenaza inminente de caer en default.
Frente a tal escenario, Echeverría —quien según documentos oficiales desclasificados por EEUU fungió como colaborador de la CIA durante años— decidió enviar una delegación a Washington y pedir un préstamo al FMI. A cambio de un crédito de 1.200 millones de dólares, el organismo financiero impuso de inmediato "un ajuste macroeconómico que fue ruinoso para los mexicanos y muy beneficioso para empresarios de Estados Unidos y Europa", señala Gutiérrez.
¿El sometimiento de México al Tesoro de EEUU?
El documento firmado en Estados Unidos entre el FMI y las autoridades mexicanas no representaba simplemente un saneamiento de cuentas, sino que estaba concebido como un rediseño ideológico del Estado, afirma el historiador.
A cambio de las divisas —que en términos actuales equivaldrían alrededor de 7.000 millones de dólares—, el organismo multilateral exigió al Gobierno de México topes inamovibles al gasto público, freno de la inversión social y a los subsidios a empresarioslocales, además de las promesas de remover progresivamente las barreras arancelarias para los productos extranjeros.
Gutiérrez considera que las draconianas condiciones impuestas por el FMI —históricamente considerado un brazo ejecutor de la política exterior y comercial estadounidense— actuaron como el verdadero embrión del viraje económico del país en las décadas de 1980 y 1990, sentando las bases de los subsecuentes programas de austeridad y apertura indiscriminada del mercado que llevarían adelante gobiernos posteriores, sirviendo de borrador para las injerencias aún más agresivas del Fondo durante la crisis de 1982 y el efecto tequila de 1995.
"La congelación salarial y el tijeretazo al gasto público no frenaron la inflación: lo que hicieron [las autoridades mexicanas] fue institucionalizar la transferencia de los costos de la crisis directamente a la espalda de los trabajadores", explica a Sputnik el doctor en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Óscar Rojas.
Según el académico, el acuerdo de 1976 no fue un salvavidas o un rescate como lo intentaron presentar desde el Gobierno mexicano, sino "el sometimiento explícito de la política monetaria y fiscal de México a las directrices geopolíticas del Departamento del Tesoro y el FMI".
Para el aparato productivo mexicano, afirma, el pacto constituyó un verdadero golpe letal. La apertura comercial expuso a las pequeñas y medianas empresas mexicanas a una competencia imposible frente a los gigantes corporativos, especialmente de EEUU, dando pie a un proceso paulatino de desindustrialización que sacrificó la capacidad productiva local, transformando así al país en una plataforma de ensamble y maquila dependiente de insumos importados.
Al destruirse los empleos agrícolas e industriales que sustentaban a las economías regionales, observa Rojas, el proceso de aceleración de migración a EEUU fue solo una cuestión de meses.
"La expulsión masiva de mexicanos hacia Estados Unidos no fue un accidente del modelo, sino el resultado inevitable de un diseño económico que renunció a generar empleo digno en su propio suelo y se dedicó a proveer mano de obra barata a EEUU", apunta el economista.
"La reconstrucción de la soberanía productiva llevará mucho tiempo"
Medio siglo después, la relación entre el Estado mexicano y el pensamiento económico de organismos como el FMI continúa en el centro del debate. Desde 2018, año en el que el gobernante partido Morena llegó al poder, la narrativa del oficialismo ha tenido como uno de sus pilares a la crítica constante al período neoliberal.
Entre los muchos cuestionamientos proferidos, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) lo ha calificado como "una calamidad para el país", evocando negativamente de manera regular a sus principales impulsores, como los exmandatarios Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018). Lo mismo hace la actual presidenta Claudia Sheinbaum, quien asegura que retornar a las políticas neoliberales sería un retroceso social, político y económico.
Por ello, desde hace ocho años, el Gobierno mexicano impulsa un modelo con una mayor presencia del Estado, el robustecimiento del gasto público mediante transferencias directas y obras de infraestructura —especialmente ferroviarias— en zonas históricamente marginadas, al tiempo que ha buscado recortar gastos burocráticos que consideraba innecesarios u ostentosos, argumentando la importancia de obrar bajo la bandera de la "austeridad republicana".
Sin embargo, Gutiérrez sostiene que, por más que las intenciones del gobierno sean buenas en cuanto a revertir los daños causados por años de políticas dictadas por el FMI, la alta dependencia exportadora de México hacia EEUU y la creciente economía informal reflejan que el legado de la intervención extranjera todavía no ha sido erradicado.
"Aunque las críticas al modelo neoliberal impuesto en México por EEUU —con la complicidad de gobernantes mexicanos y la elite empresarial— son válidas, y el hecho de que el FMI ya no mande en el país es algo positivo, la reconstrucción de la soberanía productiva llevará mucho tiempo todavía", concluye.
