Por: Angel Moreta (Autor-Editor)
Los expedientes sobre actos de corrupción cometidos a través del Programa Eventual Mínimo de Empleos (PEME) y del Programa de Acción Barrial (PRODABA), y el de los cupones que se utilizaban para el subsidio del Gas Licuado de Petróleo, no llegaron a ningún resultado, pues el Estado Dominicano renunció de manera definitiva a las persecuciones de orden público y a la recuperación de más de Dos 2,000 Mil Millones de Pesos, en total el Estado renunció a la recuperación de más de Dos 2,000 Mil Millones de Pesos, dinero que se quedó, al decir del Ministerio Público, en manos de particulares.
En el caso PEME fueron sometidos a la justicia varios funcionarios del primer gobierno del PLD, entre ellos, Diandino Peña, Simón Lizardo, Ivanhoe Ng. Cortiñas y Luís Inchausti, quien quedó finalmente en el expediente; pero el Ministerio Público retiró la acusación, quedando el caso sin sanciones y sin restitución del dinero.
Por el caso de los cupones del Gas Licuado de Petróleo ocurrido durante el gobierno de Hipólito Media, fue sometido a la justicia el ex–funcionario Angel Lockward, junto a otras (37) personas. Este expediente también fue retirado de la justicia por el Procurador General de la República y un personaje como Angel Lockward quedó sin castigo.
En la justicia solo fueron dejados expedientes del gobierno de Hipólito Mejía, entre ellos el de los Invernaderos, el del funcionario Cesar Sánchez de la Corporación de Empresas Eléctricas, y el de las turbinas de aviones de la Fuerza Aérea Dominicana, entre otros.
El de los invernaderos, los acusados estaban encabezados por Eligio Jácquez, ex-secretario de agricultura, quienes fueron descargados por insuficiencia de pruebas y ya el caso adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.
El expediente de Cesar Sánchez se encuentra todavía en los tribunales, debido a que después de tres sentencias de descargo, la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo lo envió a juicio de fondo.
Tanto en el caso PEME como en el del Gas Licuado de Petróleo, los acusados fueron enviados a juicio de fondo, por encontrar serios indicios de responsabilidad… Pero todo quedó como si nada hubiese pasado.
La corrupción en la República Dominicana III
Las practicas de corrupción en la República Dominicana, se han generalizado en la sociedad dominicana y en la esfera gubernamental. Se saca beneficio en todos los renglones de la actividad económica y social: el clientelismo permite comprar personas o ciudadanos con los recursos del Estado; el contrato de petro-caribe beneficia los bolsillos de los altos funcionarios del gobierno, que retiene el diferencial del petróleo y lo coloca en sus bolsillos, sin que el pueblo pueda beneficiarse de ese contrato.
Los préstamos internacionales son gastados alegremente sin auditoria y la sociedad queda comprometida para el futuro; los famosos subsidios al gas licuado de petróleo, y a la electricidad, van en gran parte a los bolsillos de altos funcionarios; los cuerpos de delito en la justicia son administrados indelicadamente en una línea de corrupción.
Los funcionarios utilizan la propiedad del Estado como cosa propia, sin ningún control, es decir, el sentido del robo se encuentra fijado en la generalidad de los funcionarios y es el motivo de que todo lo que tocan con valor económico y propiedad del Estado, lo sustraen y lo ven como suyo; existen nóminas y nóminillas particulares para favorecer a los correligionarios del partido en el poder.
Se toman préstamos sin aprobación del Congreso Nacional, como el de la SunLand, Ciento Diez Millones de dólares US$ 110,000,000.00, que fueron utilizados en campaña electoral; departamentos del Estado que administran grandes recursos, no rinden cuenta a nadie y hoy están prácticamente quebrados, como el Instituo Nacional de Estabilizacion de Precios (INESPRE), y la justicia no dice nada importante sobre el particular.
Antes al contrario, el personaje que quebró al Instituo Nacional de Estabilizacion de Precios (INESPRE),, y lo desfalcó, fue nombrado en la Lotería Nacional como un premio; muchos personajes han sido nombrados recientemente en posiciones del Estado, no obstante que están subjudice; no hay reglas para la cultura del robo, de la sustracción de los fondos del Estado, y siempre hay una justificación falsa.
Las obras públicas son inversiones ineficaces y fraudulentas, pues la mitad de los valores presupuestados se quedan en los bolsillos de los funcionarios; se anuncian obras públicas grandiosas con el oculto designio de quedarse con la mitad de la inversión; no se realizan concursos para las obras públicas y un proyecto de ley que obliga a celebrar licitaciones públicas, duerme un sueño eterno en las gavetas del Congreso Nacional; se trata de un Estado de podredumbre, generalizado.
