Misión Verdad (13-4-26)
El pasado 8 de abril de 2026 la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, emitió un Mensaje a la Nación que revela la magnitud de la crisis económica que arrastra el país como producto del ataque multifactorial que incluyó violencia política, intentos de magnicidio, sanciones y bloqueo de sus ingresos desde hace más de una década. A esto se agregan las limitaciones estructurales que enfrenta el gobierno para revertirla.
En su diagnóstico, emitido desde el Palacio de Miraflores, se detallaron los efectos sociales de esta guerra híbrida y, simultáneamente, delineó una hoja de ruta hacia una recuperación condicionada por variables externas.
Apertura y rectificación
Rodríguez situó el punto de partida de su análisis en cómo el Producto Interno Bruto (PIB) real de Venezuela equivale hoy apenas a 36% de lo que era en 2012. Este declive, atribuido por la mandataria a una década de sanciones económicas, se tradujo en una hiperinflación que llegó a alcanzar 340 000% anualizado y en un desabastecimiento crítico de rubros esenciales durante los años más agudos del bloqueo.
La contracción económica provocó, según reconoció la propia jefa de Estado, una "migración inducida" que comenzó con la salida de médicos y profesionales especializados y terminó por convertirse en un éxodo masivo de la población. Esto devela la interconexión de la economía en la posibilidad de acceso a servicios básicos por parte de la población.
Frente a este escenario, Rodríguez anunció un incremento salarial para el 1º de mayo —Día Internacional del Trabajador— que calificó explícitamente como "responsable". Además, advirtió que aumentos salariales previos sin respaldo presupuestario, como el de agosto de 2022 que disparó la inflación mensual a 28,7%, o el "falso aumento" de junio de 2018 cuyo poder adquisitivo se evaporó 86,2% en apenas tres meses, terminaron por destruir el poder de compra de los trabajadores. Actualmente, el salario mínimo base se mantiene en 130 bolívares mensuales —equivalente a centavos de dólar— aunque las bonificaciones elevan el ingreso promedio del sector público a aproximadamente 120 dólares.
La estrategia de recuperación anunciada contempla la creación de una Comisión de Diálogo Nacional con participación del Estado, sector privado y pensionados, además de un Consejo Nacional de Economía encargado de diseñar un nuevo modelo tributario. Paralelamente, se activó una "constituyente laboral" para debatir reformas y se firmó una ley de celeridad de trámites orientada a agilizar la institucionalidad estatal, descrita como "ágil, digital, transparente y eficiente".
En el terreno de la apertura económica ya ha sido promulgada la nueva Ley de Minas, que abre el sector aurífero a la inversión extranjera. Rodríguez condicionó la capacidad de mejorar salarios y pensiones a la recuperación de activos bloqueados en el exterior, recursos que —aseguró— serían destinados a infraestructura básica, rehabilitación de servicios y aumentos sostenibles de ingresos.
El componente político del mensaje incluyó una convocatoria a "corregir los errores del pasado" y un llamado a hacer "seguimiento" a la ley de amnistía promulgada el 19 de febrero, que ha beneficiado a más de 8 mil personas, según cifras oficiales. También advirtió que personas beneficiadas por la amnistía estarían "planificando el conflicto", por lo cual justificó la necesidad de supervisar la aplicación de la ley para "sanar el extremismo".
La agenda anunciada incluye además un registro de saberes y profesiones de jóvenes, jubilados, pensionados y exiliados; reformas al mercado inmobiliario; y una convocatoria a peregrinación nacional el 19 de abril para exigir el cese de sanciones.
Analizando cifras
Aunque medios y analistas transnacionales traten de restarle importancia, es indiscutible el impacto de las sanciones ejecutadas por parte de Estados Unidos y la Unión Europea contra Venezuela. La correlación entre la intensidad de estas medidas y el declive del ingreso nacional es directa, en particular, su implementación fue directo a los nudos críticos de una economía con debilidades estructurales.
Respecto a las cifras aportadas por la presidenta encargada, en 2016, cuando el PIB había caído a un 78% del registrado en 2012, las exportaciones cayeron a un 70%, de 97 669 millones de dólares a 28 737 millones de dólares. Hasta ese año se habían implementado 19 sanciones internacionales, por lo que el impacto de tales medidas apenas empezaba a hacer efecto sobre la economía nacional.
Las caídas interanuales más abruptas en las exportaciones fueron entre 2014 y 2015, desde 76 090 millones de dólares a 41 883 millones de dólares, 45% con solo una sanción implementada. Le sigue el descenso entre 2019 y 2020, de 21 905 millones de dólares a 8 724 millones de dólares, 60% con 294 sanciones aplicadas este último año —con las que se alcanzaron 611—. La tercera más abrupta fue entre 2018 y 2019 (43% con 171 sanciones, 317 acumuladas).
En 2020 las exportaciones cayeron 9% respecto a 2012 —8 724 millones de dólares—, el año anterior —2019— fue el de más sanciones: 294. El impacto ya era multidimensional dado que la infraestructura nacional, la seguridad alimentaria y los servicios básicos habían sufrido daños considerables que afectaron las condiciones de vida de la ciudadanía.
Si se suman las exportaciones acumuladas entre 2012 y 2016, Venezuela alcanzó 332 577 millones de dólares en esos cinco años, mientras que entre 2017 y 2025 —nueve años— se exportaron 212 019 millones de dólares, 65% de la anterior cifra.
La implementación brutal de sanciones en 2019 dejó un efecto negativo que se manifestó en 2020. Sin embargo, aunque ya se superó el PIB de 2020, en 2025 el país todavía no alcanzaba el PIB de 2019. A 12 años de la primera sanción implementada, Venezuela no logra recuperar su ingreso debido a que estas medidas ni sus efectos se pueden revertir de manera expedita. Sin embargo, la recuperación ha sido sostenida luego de diversas medidas económicas que han potenciado la producción petrolera, alimentaria, industrial y, sobre todo, la exportación.
Tres meses después del secuestro del presidente Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero de 2026, el gobierno apuesta por una apertura controlada hacia el capital extranjero —particularmente en hidrocarburos y minería— y por una estabilización macroeconómica gradual, condicionada necesariamente al levantamiento de restricciones financieras internacionales y a la recuperación de reservas congeladas en jurisdicciones extranjeras.
Falta mucho para que el país recupere su ingreso real y para que esto se manifieste en el ingreso familiar. Las medidas a implementar buscan atacar los mecanismos que provocan la desintegración de dicho ingreso, los cuales apuntan a los sectores que configuran la economía nacional y su voluntad de invertir de manera audaz y determinada apostando a asegurar su rentabilidad, generar producción real, a la vez que garantizan el empleo y el acceso al consumo por parte de la población.
