Juan J. Paz-y-Miño Cepeda (Historia y Presente, 21-7-26)
Durante el siglo XX el desarrollo del capitalismo en América Latina fue acompasado por el nacimiento de una multiplicidad de nuevos partidos políticos, motivados incluso por el surgimiento de la izquierda marxista, pionera en ofrecer soluciones que alteraban las raíces del sistema (https://t.ly/ZZxKs). Los populismos clásicos definieron políticas sociales. Pero también aparecieron partidos democratacristianos y socialdemócratas que, inspirados en las corrientes europeas, extendieron esas ideologías a la región.
La democracia cristiana latinoamericana provino del antiguo conservadorismo. Buscó conciliar la doctrina social católica con la democracia de tipo liberal. Pensaba que el mercado y la empresa privada eran los elementos dinamizadores de la modernidad. Al mismo tiempo rechazó al marxismo, sobre todo por ateo y por su final búsqueda del “comunismo”.
Por su parte, la socialdemocracia incubó en sectores liberales y radicales, igualmente motivados por avanzar en caminos modernos de sociedad. Reivindicó una “tercera vía” entre capitalismo y comunismo, aunque siempre fue este último el gran fantasma a combatir. En todo caso confiaba en el papel regulador del Estado en distintas áreas económicas y avanzó en la preocupación por dotar a la sociedad con servicios públicos en educación, salud y vivienda.
Del ideario a la realidad hubo contradicciones insalvables. El Partido Demócrata Cristiano (PDC) fundado en Chile en 1957 fusionó la Falange Nacional, Partido Social Cristiano, Partido Nacional Cristiano y Partido Agrario Laborista. Adquirió relevancia en la década de 1960 por el reformismo social del gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970). Apoyó la ratificación de Salvador Allende a la presidencia (1970-1973), para pasar luego a la oposición; reconoció inicialmente a la dictadura de Augusto Pinochet, para romper luego e incluso sufrir la represión; y fue decisiva su labor para derrotar a Pinochet en el plebiscito de 1988 y también para lograr la presidencia de Patricio Aylwin (1990-1994) con quien se inauguró la época democrática. En el otro extremo, con José Napoleón Duarte (1980/82 en la Junta y 1984-1989 como presidente) en El Salvador gobernó la Democracia Cristiana, seriamente cuestionada por la impunidad de la Guardia Nacional, el paramilitarismo y la represión, que condujo a escandalosas matanzas de campesinos (masacre de El Mozote), y los asesinatos de cuatro monjas estadounidenses, de seis jesuitas de la Universidad Centroamericana y del arzobispo Óscar Arnulfo Romero. En otros países la democracia cristiana tuvo distintos impactos: en Venezuela con el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI, fundado en 1946); en México mediante el Partido Acción Nacional (PAN, 1939) que en 2000 logró romper la tradicional hegemonía del PRI (Partido Revolucionario Institucional, 1946); en Costa Rica con el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC, 1983 – antes PDC, 1967), y en Ecuador con el Partido Demócrata Cristiano (1964) que alcanzó la presidencia con Osvaldo Hurtado (1981-1984, por sucesión constitucional tras la muerte de Jaime Roldós) y que postulaba el “socialismo comunitario”, aunque el gobierno tuvo una clara dualidad, ya que si bien asumió algunas políticas sociales (por lo que era atacado de “comunista”), fue el primer gobierno de la época democrática que suscribió una carta de intención con el FMI, en clara avanzada neoliberal. En los 90 el partido abandonó su ideario original y finalmente se extinguió.
La socialdemocracia tuvo en el partido Acción Democrática (AD, fundado en 1941) en Venezuela a uno de sus mayores exponentes, que logró con el COPEI un sui géneris bipartidismo político alternándose en el poder gracias al acuerdo denominado “Pacto de Puntofijo” (1958). Destacaron sus presidentes Rómulo Betancourt (1959-1964) y Carlos Andrés Pérez (1974-1979), que aprovecharon del petróleo (bajo el control del Estado) para impulsar políticas sociales. Sin embargo, la segunda presidencia de Pérez (1989-1993) giró hacia el neoliberalismo, cuyas políticas provocaron el estallido social llamado “El Caracazo” (1989), reprimido en forma sangrienta y que también explica el levantamiento militar encabezado por Hugo Chávez en 1992. En Ecuador la Izquierda Democrática (1971) proclamaba el “socialismo democrático” y logró la presidencia con Rodrigo Borja (1988-1992), aunque en el siglo XXI esta organización abandonó sus postulados de origen y giró a posiciones contrarias a sus antiguos ideales, perdiendo así su importancia.
En distintos artículos se identifican como socialdemócratas al Frente Amplio (1971) de Uruguay; Partido Socialista (1933) y Partido por la Democracia (1987) de Chile; Partido de Liberación Nacional (1951) en Costa Rica y al Partido de los Trabajadores (1980) en Brasil. Pero también se cataloga como simples socialdemócratas a los gobiernos de la “marea rosa” latinoamericana del siglo XXI, destacando, en forma particular, a Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales. Esa etiquetación política es visible entre sectores de oposición de aquellas izquierdas que asumen ser las auténticas portadoras de las virtudes revolucionarias y anticapitalistas. Pero si bien en los gobiernos citados se puede encontrar rasgos socialdemócratas, así como desarrollistas y hasta keynesianos, no se ha reparado en las diferencias. La socialdemocracia idealizó Estados de bienestar que nunca adquirieron la dimensión de los europeos y peor de los países nórdicos. En esencia defendían un capitalismo regulado y rechazaron al “comunismo”. Los gobiernos que proclamaron el “socialismo del siglo XXI”, en cambio, se inclinaron por la sujeción del mercado a la sociedad, con Estados controlando una serie de recursos e inversiones y dotando a la población de servicios públicos gratuitos en educación y salud, además de procurar su universalización. Los progresistas afirmaron la necesaria redistribución de la riqueza con impuestos a los ricos. Chávez y Morales eran más “estatistas” que Correa. Y estos mandatarios condenaron el neoliberalismo de las décadas anteriores y cuestionaron al capitalismo, además de identificarse con un latinoamericanismo bolivariano de fuerte tendencia antimperialista, determinante para la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC, 2010) que enfrentó a la Doctrina Monroe. Hay que sumar el papel del progresismo de nueva izquierda que ha cumplido Gustavo Petro en Colombia y tanto Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum en México, un país que ha marcado una ruta ejemplar para la región.
Finalmente, democratacristianos y socialdemócratas no fueron un “peligro” para los Estados Unidos y varios de sus gobiernos recibieron apoyo y ayuda norteamericanos. No ha sido igual la actitud ante gobiernos de izquierda (Allende fue derrocado; Cuba vive un bloqueo inhumano) y está claro que en la era Trump los progresismos de nueva izquierda son considerados como potenciales amenazas. Para remate de la Doctrina Donroe bajo el Corolario Trump, el Secretario de Estado de los EE.UU., Marco Rubio, convocó recientemente a 66 países para definir el “resurgimiento del terrorismo transnacional de extrema izquierda”, denominación bajo la cual se incluye a fuerzas anarquistas, marxistas, comunistas y anticapitalistas (https://t.ly/x_bZd). Es una política que en América Latina hay que examinarla no solo por lo que se dice oficialmente, sino por lo que las palabras involucran y esconden en torno a los gobiernos actuales o futuros que no se ajusten a la seguridad nacional de los Estados Unidos.
