Juan J. Paz-y-Miño Cepeda (Historia y Presente, 7-10-26)
Con la instauración de los Estados nacionales latinoamericanos, el siglo XIX consolidó regímenes oligárquicos con economías primario-exportadoras que, siendo precapitalistas, se rigieron por principios económicos liberales. De este modo, no existieron Estados que orientaran o intervinieran en la economía, porque las actividades productivas, de comercio, banca y otros servicios, estuvieron en manos de agentes privados. Lo que hoy denominamos como “sectores estratégicos” normalmente fueron controlados por capitales extranjeros, sobre todo británicos y estadounidenses, en varias áreas: ferrocarriles, puertos y, a fines del siglo, enclaves mineros, así como empresas petroleras.
El ascenso de los Estados Unidos, la segunda revolución industrial (petróleo, electricidad, máquinas basadas en su uso) y el inicial despegue de algunos países latinoamericanos hacia el desarrollo capitalista (Argentina, Brasil, Chile, México), alimentaron las posiciones nacionalistas, que reclamaron la soberanía sobre los recursos propios. El punto de partida fue la Revolución Mexicana (1910); pero ese camino se definió claramente después de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y, sobre todo, con motivo de la Gran Depresión de 1929. Precisamente fue México, con el gobierno de Lázaro Cárdenas, el primero en nacionalizar el petróleo (1938). Desde los años 30 del siglo XX se afirmó el principio del control estatal sobre los recursos naturales, bienes y servicios “estratégicos”, que fortalecieron los gobiernos “populistas” de Argentina, con Juan Domingo Perón y de Getulio Vargas en Brasil. Se trató de un proceso paralelo al impulso que tomó la industrialización por sustitución de importaciones (ISI). La Revolución Boliviana de 1952 igualmente tuvo el propósito de defender y controlar los recursos fundamentales del país.
Sin embargo, los procesos desarrollistas de la década de 1950 y, con más claridad y extensión el desarrollismo de los 60, condujeron a fortalecer las capacidades de los Estados y su control sobre los bienes y servicios estratégicos: telefonía y comunicación, correos, electricidad, petróleo, minas, aguas y otros recursos naturales. La Revolución Cubana (1959) siguió un camino diferenciado, porque las estatizaciones formaron parte de la construcción del socialismo y de las políticas para enfrentar la injerencia estadounidense y el brutal y creciente bloqueo a su economía, que Cuba logró contrarrestar, en buena parte y hasta fines de los 80, gracias al apoyo de la Unión Soviética. Sin embargo, en Chile fue el gobierno del demócratacristiano Eduardo Frei (1964-1970) el que nacionalizó el cobre. Y en Ecuador, una Junta Militar anticomunista y pronorteamericana (1963-1966) inauguró el desarrollismo, al mismo tiempo que definió los sectores estratégicos del país. Otro gobierno militar, el “Nacionalismo Revolucionario” encabezado por el general Guillermo Rodríguez Lara (1972-1976), distinto al militarismo macartista de la década pasada, literalmente nacionalizó el petróleo y fortaleció el control estatal de los bienes y servicios estratégicos.
Desde la década de los 80, al ciclo desarrollista sucedió el neoliberal, inducido por el FMI a partir de la crisis de la deuda externa, que estalló primero en México (1982) y prosiguió en todos los países latinoamericanos. Quien inauguró este proceso, aún antes de la crisis de la deuda, fue el régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990), que convirtió a Chile en ejemplo paradigmático de una economía neoliberal en la cual el mercado “libre” y la empresa privada pasaron a ser los amos de un modelo que surgió, en definitiva, sobre la muerte, el asesinato, la tortura y desaparición de personas, la arremetida contra las organizaciones sociales y de trabajadores, y la violación sistemática de los derechos humanos. Con semejantes antecedentes, se volvió una consigna empresarial la “privatización” de todo lo público. En distintos países latinoamericanos pasaron a manos privadas: comunicaciones, petróleo, minas, agua, electricidad, caminos, carreteras y calles, puertos, ferrocarriles, empresas públicas de todo tipo. Puede destacarse no solo a Chile, sino también Argentina, Brasil, Perú, México.
Como reacción a ese ciclo, que en la región significó modernización galopante de las empresas privadas, con reconcentración de la riqueza y prosperidad de los negocios y los mercados, pero con deterioro estructural de las condiciones de vida y trabajo de la población, el ingreso al siglo XXI latinoamericano trajo un nuevo e inédito ciclo de gobiernos progresistas. Ellos rechazaron la vía neoliberal y recobraron el papel económico del Estado, además de impulsar genuinas políticas sociales. Se trató de un esfuerzo concertado, con distintos ritmos, para establecer economías sociales con mercado y para el Buen Vivir, concepto que quedó fijado en las Constituciones de Ecuador (2008) y Bolivia (2009). Después nuevos gobiernos de las derechas políticas retomaron el rumbo de las economías empresariales mientras pocos países lograron conservar la vía de las economías sociales para el buen vivir, destacando, en particular, Brasil con Lula da Silva y, sobre todo, México con Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.
De todos modos, la dimensión tradicional sobre los bienes y servicios estratégicos se ha modificado aceleradamente. Los sistemas electrónicos, el internet, la inteligencia artificial (IA), la ciberseguridad, la geopolítica de la nube, los datos personales de los ciudadanos (registro civil) así como los de tipo médico y, además, ciertos recursos ecológicos como aguas, bosques, minerales críticos o tierras raras, han pasado a tener un valor estratégico innegable, que está obligando a los países latinoamericanos a tomar acciones para defender su soberanía nacional y preservar el desarrollo social. Algunos países (Brasil, Chile, México, Uruguay) han adelantado políticas sobre estos temas que aún son incipientes o no consideradas en el conjunto regional. Sin embargo, toda la región está expuesta al intervencionismo de la Doctrina Donroe del Corolario Trump, que considera como parte de la seguridad nacional de los Estados Unidos a toda la gama de bienes y servicios estratégicos.
En consecuencia, si bien los afanes privatizadores sobre los bienes y servicios estratégicos tradicionales continuarán en la región, las fuerzas progresistas tendrán que formular nuevas políticas para que los Estados fortalezcan las capacidades sobre esos sectores y ahora también sobre los nuevos del siglo XXI como los señalados, que no pueden estar sujetos a la administración privada y menos aún en manos exclusivas de gigantes empresas monopolistas que dominan en el ámbito internacional y que ya han despertado la alarma mundial.
Existen varios ejemplos significativos: subir información a la nube provoca la transferencia de datos al servicio de empresas extranjeras de EEUU, por lo cual Brasil y México endurecen regulaciones para que los datos nacionales no salgan de sus fronteras. Sin embargo, Microsoft Azure y Google Cloud se instalan localmente, ofreciendo una especie de “nubes soberanas”, pero que siguen bajo el gobierno de las gigantes empresas y no de los Estados. También los ataques de hackers se convierten en mayores amenazas con el uso de la IA, con capacidades para “apropiarse” de datos e informaciones ciudadanas y estatales (phishing, ransomware), que incluso pueden caer en manos de la “ciberextorsión”. Solo las instalaciones para la IA requieren enormes cantidades de energía eléctrica y millones de litros de agua dulce, con alta producción de ruido, lo cual afecta la relación humana con el medio ambiente, que es particularmente sensible en América Latina.
